Europa no tiene GAFAs

En este mundo del siglo XXI, los grandes vencedores desde el punto de vista empresarial son las grandes empresas tecnológicas, encarnadas en lo que se conoce con el acrónimo GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple), felizmente puesto por los analistas de un banco de inversión, creo que fue Morgan Stanley, en el inicio de la década pasada. Después se añadieron otras, como Microsoft (GAFAM) y Netflix (FANGAM). Todas se sitúan ahora entre las que tienen más valor bursátil del mundo, fundamentalmente porque sus fundadores y gestores han sabido adelantarse a lo que iban a necesitar los ciudadanos. Ahí radica exclusivamente su éxito, al margen de que hayan bordeado o no la ley para acaparar mercado. Y todas tienen otra cosa en común: son estadounidenses.

Pero hay otras GAFA, menos conocidas. China tiene su Google, que se llama Baidu. China tiene su Amazon, el gigante Alibaba, China cuenta con su Facebook, WeChat, la red social propiedad del gigante Tencent. Y China tiene sus Apple, como Huawei o Xiaomi. Todas son empresas de éxito, que cotizan en Bolsa con buenos resultados y con capitalizaciones importantes. Tencent y Alibaba, por ejemplo, valen más de 500.000 millones de dólares -5.000 zendales que diría Ayuso-: similar a lo que capitalizan las 35 empresas del español Ibex.

Lo malo para nosotros es que Europa no tiene un Amazon ni un Alibaba, un Google ni un Baidu, un Facebook ni un WeChat. Y esto es grave porque si los europeos no hemos sabido o no hemos podido posicionarnos en los sectores punteros de la economía actual nos arriesgamos a perder influencia en el planeta. Es cierto que ahora el mundo está globalizado y estas grandes multinacionales operan y generan empleo y riqueza allí donde están, pero qué duda cabe que la nacionalidad cuenta mucho a la hora de tomar decisiones. Véase los litigios que tienen casi todas con el pago de impuestos en la Unión Europea, algo que no se produciría si Facebook o Google fueran de capital europeo.

La OCDE acaba de publicar sus estimaciones de crecimiento económico para los países que forman parte de la organización. Sólo hay uno que va a terminar este año en positivo: China, cuyo PIB avanzará un 1,78%. Estados Unidos ocupa la décima posición en la clasificación, con una caída del 3,7%. En el otro lado, de los diez países que se van a ver afectados por la pandemia, siete son europeos: Austria, Portugal, Italia, Francia, Grecia, Reino Unido y España. Todos con descensos del PIB entre el 8% del país alpìno, y el 11,6% del nuestro.

Evidentemente, hay muchas razones que explican las diferencias de crecimiento entre países y zonas geográficas, pero da que pensar que entre las economías que mejor se comportan en estos momentos de grave crisis son las más dinámicas en los sectores tecnológicos --incluso en países sin libertad política- mientras que los rezagados en este campo sufren mucho más y pierden riqueza y empleo. El hecho es que Europa va a salir de la pandemia mucho más retrasada respecto a los dos gigantes.

(Publicado en El Mundo el 4 de diciembre de 2020)

Educar también es invertir para obtener un rendimiento

Ya sé que es un reduccionismo, pero si miramos el sistema educativo de un país desde un punto de vista estrictamente economicista, éste no es más que la inversión -el gasto- que hace la sociedad -familias y administraciones públicas- en la formación de las nuevas generaciones para que éstas, una vez instruidas, puedan devolver a esa sociedad esa inversión en forma de producción que genere ingresos para el país y, así, incrementar su riqueza. Esos ingresos se traducen en rentas privadas, en impuestos y en cotizaciones sociales.

Si nos ponemos en el mejor de los casos, lo ideal sería que todo alumno que hubiera recibido esa inversión durante su etapa educativa estuviera en condiciones de devolver a la sociedad lo que ha invertido en él con un puesto de trabajo acorde a su preparación. Devolver no lo vean como el crédito al que hay que hacer frente, sino la participación de ese profesional en la generación de riqueza del país con su trabajo, sus impuestos y sus cotizaciones.

Una sociedad que no consiga incorporar al mercado laboral a quienes terminan su etapa de aprendizaje, no sólo estará perdiendo posibilidades de crecer, sino que habrá malgastado su dinero. Y no es poco. Para hacernos una idea, y según los datos del Ministerio de Educación, en 2018 el Estado destinó 35.000 millones de euros a la enseñanza no universitaria para los 7,4 millones de estudiantes de esas etapas, lo que supone unos 4.700 euros por alumno. (A propósito, la media es de 5.300 euros en la pública y de 3.000 en la concertada, pero eso da para otro comentario). En los trece años que dura la educación obligatoria, pues, supone una inversión de más de 60.000 euros por alumno.

También por esta razón hay que pedir eficiencia al sistema educativo: que sea capaz de revertir a la sociedad lo que la sociedad le proporciona. Por eso, cuando todavía tenemos un 17,3% de abandono escolar temprano -en 2009 era del 30%-, la más alta todavía de la Unión Europea, cuya media se sitúa en el 10%, o cuando la tasa de desempleo juvenil es de un insoportable 40%, también récord entre los países de nuestro entorno, hay que deducir que algo no funciona en la preparación de las nuevas generaciones para ejercer en el mundo profesional.

Lo decía también el Banco de España hace unos días, refiriéndose a la Universidad: el alto desempleo de españoles entre 30 y 34 años que han estudiado una carrera en España -del 9,8%, frente al 5,8% de media en Europa- se debe a «una menor calidad de la educación superior».

Cuando somos los campeones de Europa, y de forma sostenible en el tiempo, en abandono escolar temprano, en desempleo juvenil y en paro de los licenciados hay que plantearse que nuestro modelo educativo, tanto en la enseñanza obligatoria como en la superior, no funciona. Lo que con una reducción economicista -repito- supone cientos de millones de euros que la sociedad no recupera.

Esto debería formar parte también del debate sobre el cambio de modelo de enseñanza en España y, para ello, es fundamental el concurso de todas las partes implicadas en el proceso educativo. Todas. Este Gobierno ha perdido otra oportunidad. Con la Lomloe de Isabel Celaá nada hace pensar que vayamos a salir de los puestos de cola en Europa. Porque esta ley es más de lo mismo que nos ha llevado hasta ahí abajo con mucha más carga ideológica.

La difícil economía de un país de jubilados

Los economistas José Ignacio Conde-Ruiz y Clarisa I. González acaban de publicar una entrada en el interesante blog Nadaesgratis.es sobre el futuro de la población española cuyo título ya previene para lo que va a pasar: «España ante un futuro demográfico envejecido por la longevidad». Los autores comparan los últimos estudios oficiales publicados por el INE, la AIReF y Eurostat. Los tres informes analizan la evolución demográfica en función de la tasa de fecundidad, de la esperanza de vida y los flujos migratorios. Con buen criterio, los autores consideran que «ser capaces de entender los cambios demográficos del futuro es fundamental para anticipar los principales retos a los que se va a enfrentar la economía en las próximas décadas». Es importante esto de «las próximas décadas», porque los políticos, generalmente, suelen tener la legislatura como unidad de tiempo político.

El resumen de los tres análisis es el siguiente: la tasa de fecundidad va a crecer algo de aquí a 2050, hasta 1,4 hijos por mujer fértil, pero seguirá muy lejos de los 2,1 hijos que se necesitan para garantizar el reemplazo generacional. La esperanza de vida seguirá aumentando hasta llegar en 2050 a los 90 años en las mujeres y los 85 años en los hombres. En cuanto a los flujos migratorios, serán las entradas netas de inmigrantes las que soporten el crecimiento de la población ya que «el saldo vegetativo (nacimientos menos fallecimientos) sería negativo en todo el periodo de proyección», es decir, hasta 2050, dicen Conde-Ruiz y González.

De esta forma, la tasa de dependencia a partir de 67 años -la relación entre los mayores de esa edad y la población que tiene entre 16 y 66 años- casi se va a duplicar en los próximos treinta años hasta alcanzar niveles del 50%: habrá casi tanta gente mayor de 67 años como personas entre 16 y 66.

Conde-Ruiz y González concluyen que la economía española se enfrenta a unos retos importantes. El primero es la "sostenibilidad de las finanzas públicas" por el inevitable aumento de las partidas destinadas a las pensiones, a la sanidad y a la dependencia. El segundo tiene que ver con "la productividad de una población cada vez más envejecida". Y el tercero, con la disminución de las tasas de ahorro, lógicamente "menores al aumentar la población de jubilados".

En otras palabras, el envejecimiento de la población va mucho más allá del mero sostenimiento del sistema de pensiones público. Están bien las medidas aprobadas en el Pacto de Toledo o última propuesta de José Luis Escrivá de colocar un plan de pensiones de empresa a cada trabajador. Pero eso es poner parches que no solucionan una situación preocupante.

El envejecimiento de la población afecta a toda la economía del país, desde la reducción de ingresos públicos, porque el Estado recaudará menos impuestos -habrá menos nóminas que coticen y menos consumo-, hasta el aumento constante de las partidas de gasto social con esos ingresos cada vez más escasos. Gasto necesario, pero que va en detrimento del más productivo como la educación, la ciencia, o la inversión industrial. Sin olvidar la paulatina debilitación de una fuerza laboral cada vez más envejecida. En ello hay que pensar fundamentalmente para planificar la España de 2050.

(Publicado en El Mundo el 13 de noviembre de 2020)

Google, contra el gran buscador

Probablemente, la crítica más radical que se puede hacer a la demanda que ha interpuesto un tribunal federal de Washington (EEUU) contra Alphabet, la matriz de Google, por abuso de posición dominante en el negocio de los buscadores es que está fundamentada en la Sherman Antitrust Act, del 2 de julio de ¡1890! 

Esa ley se aprobó con el fin de limitar los acuerdos o los monopolios en distintas industrias para que no terminaran haciendo subir los precios y perjudicando a los consumidores, que pagarían menos por los productos en una situación de concurrencia plena. Fue la primera medida que adoptó el Gobierno estadounidense en este sentido, para defender a la sociedad en el momento en el que empezaban a florecer las grandes empresas en la energía, el tabaco o las telecomunicaciones.

Es lógico que las autoridades traten de evitar perjuicios al ciudadano cuando una compañía se hace con la práctica totalidad de un mercado y, de esa forma, puede poner los precios que quiera a sus productos y servicios. ¿Pero qué pasa cuando esa compañía, como ocurre con Google, no cobra ningún precio a sus usuarios? En los tiempos de internet, quizá haga falta dar una vuelta a unas normativas antimonopolio que se han quedado obsoletas.

La acusación contra Google se basa en que ha obligado a los fabricantes de teléfonos móviles que usan el sistema Android -de Google- a que instalen el buscador de la propia compañía. Ha conseguido así el 90% del mercado. De esta forma, las empresas que quieran anunciarse en buscadores no tendrán más remedio que ir al gigante, porque los demás apenas tienen audiencia. La demanda, además, recoge también el acuerdo con Apple, por el que el buscador de Google es instalado por defecto en los iPhone a cambio de dinero. 

En definitiva, una empresa que quiera anunciarse en Internet, o lo hace a través del Google o tendrá muy difícil dar a conocer sus productos. Google es «la puerta de entrada a internet, un gigante de las búsquedas y de la publicidad que ha mantenido su poder de monopolio a través de prácticas que dañan la competencia», ha dicho Jeffrey Rosen, del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El problema llega cuando esas supuestas prácticas monopolísticas no solo no perjudican al consumidor, sino que le facilitan la vida. Google ha creado todo un sistema de información que él pone el canal -el buscador- y sienta las bases para su difusión -los acuerdos con fabricantes de móviles- que dificulta el acceso al mercado de sus competidores. ¿Y qué si lo consigue porque lo hace mejor? Además, su modelo proporciona a muchas empresas unas capacidades de venta y de desarrollo impensables antes de la llegada de internet. Es la primera respuesta que dio la compañía fundada por Larry Page y Sundai Pichar a la demanda: «Es profundamente errónea. La gente usa Google porque así lo desea, no porque se vea obligada a hacerlo o porque no pueda encontrar alternativas».

Las autoridades estadounidenses han estado un año estudiando la demanda. Tiene que de estar fundamentada, pero si los monopolios se persiguen porque perjudican al consumidor, la paradoja está en que con Google se acusa de una posición de dominio que, al contrario, le hace la vida más fácil y más barata al ciudadano.

La ministra de Hacienda improvisa o miente

"El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". Es el punto 3 del artículo 134 de la Constitución, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a incumplir. Esto significa que, con toda probabilidad, habrá que prorrogar en 2021, aunque sea unas semanas, los Presupuestos que Cristóbal Montoro elaboró para el año 2018, en una situación totalmente distinta a la actual, sin pandemia y con una economía en crecimiento.

El recorrido de las cuentas públicas durante el pasado septiembre en boca de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue el siguiente. El miércoles 23 declaraba que "la semana que viene o la siguiente estaremos en condiciones de traer el techo de gasto para que sus señorías puedan empezar el debate sobre la tramitación de los Presupuestos". Según esta afirmación todavía estaríamos a tiempo, porque la segunda semana desde aquel miércoles se cumple el 11 de octubre.

Pero es que el martes 29 de septiembre Montero, tras comentar que "mantenemos el calendario", añadía: "Es pretensión del Gobierno traer en las próximas semanas la aprobación del techo de gasto". Es decir, del ese 11 de octubre que finalizaba la primera fecha que ella misma se dio, Montero retrasó a "las próximas semanas", empezando a contar desde el 29 de septiembre. Un plazo mucho más difuso que podía extenderse sin problemas hasta noviembre, por ejemplo.

A más a más, el miércoles 30 -un día después-, cuando vencía el plazo que da la Constitución para que los Presupuestos lleguen al Congreso, Montero decidía suspender las reglas fiscales para 2020 y 2021, es decir, dejar sin efecto el techo de gasto y los objetivos de déficit y deuda pública de todas las administraciones. Es decir, esas "próximas semanas" del martes se pasó a un nunca en apenas 24 horas. Con la suspensión de las reglas fiscales Montero consigue agilizar el trámite parlamentario de los Presupuestos porque se quita de en medio el debate de la senda del déficit y del techo de gasto, pero somete a la economía española a un riesgo que no debería asumir.

Hay que decir que el Gobierno cuenta con la laxitud que ha aprobado Bruselas a causa de los estragos económicos que está provocando la pandemia para permitir un cierto descontrol de las cuentas públicas en esta etapa. Pero lo podía haber programado antes, como han hecho muchos de los países de la UE, no cuando se le ha echado el tiempo encima.

Y eso es lo preocupante. En primer lugar, porque habría que saber si Montero ha improvisado en estos diez días sus cambios de criterio. Si tenía claro lo que iba a hacer con la regla de gasto, ha estado engañando a la opinión pública. Y eso es grave. Después, porque la decisión de suspender en 2020 y 2021 las reglas fiscales es hacerse trampas en el solitario, ya que el tremendo descuadre de deuda y déficit que tenemos, y que se incrementará, tendremos que pagarlo antes o después.

Porque el hecho constatable es que entramos en octubre sin techo de gasto, sin objetivo de déficit ni de deuda pública actualizado, sin vislumbrar los Presupuestos, con la deuda en un histórico 110% del PIB y con un déficit creciente, que ya supera los 60.000 millones de euros. Y esto acaba de empezar. Si por lo menos lo estuvieran haciendo bien en el plano sanitario...

(Publicado en El Mundo el 2 de octubre de 2020)

Unos Presupuestos que "no gustarán a la derecha"

Los Presupuestos anuales son algo muy serio para tomarlos como un arma contra el adversario político. Siempre son fundamentales para la marcha del país, pero en plena recesión -propia de una guerra- el Gobierno debe hacer un esfuerzo en concitar el máximo consenso posible para poner en marcha la política económica que exige la precaria situación a la que nos ha conducido la pandemia. Sería ideal que todos los partidos, con los dos más votados a la cabeza, contribuyeran a dotar al país de los instrumentos económicos que necesita para salir cuanto antes de esta crisis que, en la más optimista de las previsiones, va a durar toda la legislatura.

Por eso, no puede ser que el vicepresidente de lo social se jacte de que los Presupuestos que prepara el Gobierno "no van a gustar a la derecha". Da la impresión de que Iglesias, que no se baja de sus planteamientos puramente ideológicos, no sabe de qué va el Covid al seguir planteando la pelea contra las consecuencias económicas de la pandemia como esa lucha de clases que tanto le gusta. Es desesperanzador que se siga haciendo politiqueo barato con la crisis. Gobernar contra alguien es no saber gobernar.

No sé si algunos señores del Gobierno son conscientes de que el Producto Interior Bruto se hundió un 17,8% en el segundo trimestre en términos interanuales, que el consumo privado se desplomó un 24,4%, que la inversión cayó un 24,6%, y que las exportaciones se despeñaron un 38,4% y las importaciones un 33,1%, como acaba de hacer público en Instituto Nacional de Estadística. Es cierto que éstas son las cifras del confinamiento, pero ningún analista piensa que se vayan a recuperar a medio plazo.

Se trata de que la economía vuelva a funcionar al mejor ritmo posible y para ello es imprescindible no excluir a nadie en la recuperación. Pero ya sabemos que esto, ni siquiera en estos momentos dramáticos, es imposible en nuestro país. Pablo Iglesias la goza intentando soliviantar a lo que llama derecha. Incluso con sentencias totalitarias como la que pronunció el miércoles en el Congreso dirigiéndose al PP: "No volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país", como si tuviera en mente que en España ya no se van a convocar más elecciones democráticas.

Esta vez, es el Ejecutivo el que tiene la culpa de no llegar a acuerdos. ¿Cómo va a aceptar la derecha española el ofrecimiento de María Jesús Montero a negociar las cuentas públicas si, a la vez, Pablo Iglesias dice que no van a gustar a la propia derecha, Arrimadas incluida?

Estos Presupuestos son clave para que Bruselas -y todos los países del euro- vean plasmados los planes económicos del Gobierno de coalición español. Y este tema es muy serio. Qué mejor aval para Europa que presentar unas cuentas públicas contra la crisis apoyadas por la mayoría del arco parlamentario, capaces de poner los cimientos de las reformas que de verdad necesita el país.

Estamos ante una coyuntura histórica y le ha tocado a Sánchez lidiar con ella. Sus primeros Presupuestos deberían ser el punto de partida para modernizar el país. Pero la realidad es que a finales de septiembre, de los Presupuestos de 2021 conocemos que ya están «consensuados al 80%», como ha dicho Montero, que serán "expansionistas" (por expansivos), y también sectarios porque «no le van a gustar a la derecha». Así no se hacen las cosas.

A finales de agosto casi todo llega tarde

La segunda ola de la pandemía, que todo el mundo sabía que se iba a producir tarde o temprano, ha llegado en verano y ha pillado a los gobernantes de improviso. Y esto debería ser considerado un delito. La primera vez, puede pasar que se tarde en reaccionar; la segunda denota dejadez, falta de previsión y, por lo tanto, ineptitud. Llevamos con la pandemia desde el comienzo de 2020 y estamos terminando el octavo mes del año. 

A estas alturas de la película, a finales de agosto, los españoles no tienen claro quién lleva el timón de la operación, si el Gobierno o las comunidades autónomas porque, a finales de agosto, el Gobierno descarga en las autonomías la responsabilidad en el control de la pandemia, posibilidad de solicitar el estado de alarma en su territorio incluido. A finales de agosto, cuando llevamos semanas con los casos de contagio disparados, el presidente del Gobierno anuncia que el Ejército se pone a disposición de las CCAA para los rastreos.  A finales de agosto no sabemos los planes de contingencia que tienen preparados las autonomías si en unas semanas se disparan las hospitalizaciones y los ingresos en las UCI. 

A finales de agosto todavía se están anunciando apresuradamente planes para el curso escolar... que empieza en menos de dos semanas, a la espera de una conferencia autonómica sobre Educación que todavía no se ha producido. A finales de agosto, los ministros de Educación  de Universidades no han dado una sola explicación pública sobre el inicio del curso. 

A finales de agosto el presidente del Gobierno propone una reunión con los líderes políticos para coordinar no se sabe qué y determinar una estrategia común ante unos Presupuestos... que en apenas un mes deberían entrar en el Parlamento. 

Por eso, a finales de agosto Bloomberg y The Wall Street Journal nos vuelven a poner como ejemplo de improvisación  y de mala gestión en la lucha contra el coronavirus. Porque, a finales de agosto, volvemos a estar entre los países más castigados del mundo en términos de contagiados por habitante.

No es cuestión de culpar ahora al Gobierno o a las autonomías  de la falta de respuesta adecuada y puntuial. Me parece que se trata de algo más profundo, porque esta crisis ha dejado al descubierto que las costuras del Estado nacido en 1978 se han empezado a descoser. Pero eso puede ser bueno si se aprovecha para reforzarlas.

Los rastreadores 'privados' de Ayuso

El asunto de la contratación del grupo Quirón por 194.000 euros en tres meses para que 22 personas se encarguen de hacer los imprescindibles rastreos de contagiados para prevenir la extensión de la pandemia en cuatro comentarios:

1. Contratar a una empresa privada para un servicio público está a la orden del día en cualquier administración. El tema es que se haga con transparencia, que sea eficaz y que salga más barato al erario.

2. Otra cosa es analizar cómo se llega a ello y por qué la Comunidad de Madrid no ha podido por sí misma proporcionar ese servicio clave para luchar contra la pandemia. La semana pasada no logró voluntarios que trabajaran gratuitamente. 

3. Y si no he hecho mal los números, la Comunidad pagará 2.939 euros por rastreador y mes (lo que no quiere decir que sea su sueldo).

4. Lo que tiene difícil explicación es que la Comunidad justifique esta contratación apresurada de rastreadores en el sector privado en que "no ha tenido tiempo" de organizarla desde el sector público. Porque esta 'segunda ola' o rebrote de los contagios se sabía que sucedería desde mayo.

Y 5. El Gobierno del PSOE y Podemos a través de Aena ya contrató al mismo grupo -junto a otra empresa-  en junio para reforzar los controles en Barajas: el importe en esta ocasión fue de 20 millones de euros. Era imprescindible y lo hizo, como lo ha hecho hoy la Comunidad de Madrid 

Concertada: cuando la ideología prima sobre la reconstrucción

Lo peor que puede pasar es que en este tiempo de la mal llamada reconstrucción, el Gobierno de coalición socialista y populista aprovechara la situación para imbuir de su ideología el proceso. Un proceso en el que se necesita el concurso de todos en la política, en lo económico y en lo social para que esta etapa sea lo más breve y lo menos pernicioso posible para el país, es decir, para los españoles.

Y el Gobierno no lo ha empezado bien. El ataque a la enseñanza concertada es el ejemplo más claro de que está anteponiendo la ideología a la, repito, mal llamada reconstrucción Porque el Congreso, con los votos del PSOE y de Podemos y la oposición del PP, Cs, JxCat y el PNV, ha aprobado que las ayudas públicas necesarias para adecuar los centros a la nueva etapa poscovid-19 solo se repartan entre los colegios e institutos públicos y no llegue nada a los concertados. La ausencia de ese dinero supone un grado más en el ahogamiento financiero de estos centros, sin ninguna razón.

Se da paradoja de que, por ejemplo, colegios públicos situados en zonas con alto nivel adquisitivo sí tendrán acceso a las ayudas, mientras que centros concertados ubicados en zonas más deprimidas -los hay, y muchos- se quedarán sin esa posibilidad. Esto deja a las familias que eligen este tipo de educación para sus hijos como ciudadanos de segunda, porque pagan sus impuestos como los demás y no reciben las mismas ayudas. Además, esa discriminación no se produce en el ámbito estrictamente educativo, sino en una cuestión que afecta directamente a la seguridad sanitaria de los trabajadores, profesores y alumnos de esos colegios. 

¿Qué pasará en septiembre si un centro no puede hacer frente a las exigencias de la nueva situación -que puede suponer incluso contratar nuevos profesores- y las familias de ese colegio no tienen recursos para costearlas? ¿No sería más social repartir esos recursos -si no hay dinero para todos- por los colegios según el nivel de renta de las familias que están en ellos, sean estos públicos o concertados?

El Mundo publica hoy un buen editorial sobre el tema. Y también hay hoy una acertada tribuna sobre la concertada y la libertad de educación en El País.

Sánchez habla de una tasa "contra" las grandes empresas tecnológicas

Se le ha escapado -o no- al presidente del Gobierno esta mañana, en la sesión de control al Gobierno. Respondía a Pablo Casado que el PP no ha apoyado al Ejecutivo durante la pandemia y le animaba a aprobar "la tasa digital contra las grandes corporaciones tecnológicas". Es la primera vez que oigo a un presidente reconocer que un impuesto va contra algo. ¿Se imaginan que hubiera dicho que le ayudara a aprobar el impuesto contra las grandes fortunas que también tiene en mente el Gobierno?

Decía que a Sánchez se le ha escapado esa frase, pero creo que no. Sinceramente, pienso que es lo que algunos miembros de este Gobierno piensan de los empresarios: depredadores que buscan todos los subterfugios para obtener más beneficios a costa de los clientes y de los empleados. 

Es lo que se trasluce del comentario de la ministra de Trabajo. Yolanda Díaz, a propósito del teletrabajo. Ese "a las empresas no les va a salir gratis" la nueva situación denota lo mismo, que Díaz piensa en las empresas como aprovechadas que quieren sacar ventaja del cambio de hábitos laborales, aherrojando más a sus empleados.

Puede que en algunos casos sea así y para evitarlo está la legislación, pero que este Gobierno dé esa sensación de que el empresario es el enemigo a batir y a controlar no hace bien a la economía, justo en el momento en que más falta hace para hacer frente a lo que tenemos encima.

La 'verdad socialista', una forma trapacera de hacer política

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno ha inaugurado este fin de semana la precampaña electoral de Galicia para el PSOE con una afirmación que recogió el propio partido en un tuit: "Todas las CCAA mantuvieron sus competencias. Que no nos engañen. Este Gobierno hizo acopio material sanitario, lo entregó a las CCAA, porque era muy complicado encontrar material en plena pandemia". 

Se refería Montero, en concreto a la polémica sobre la nefasta gestión que se ha realizado en las residencias de ancianos, donde gobiernos autonómicos- sobre todo el de Madrid- y el central se echan las culpas y, lo que es triste, se tiran los muertos a la cabeza. 

La frase de Montero hay que cogerla con pinzas, porque es cierto que no se retiraron competencias a las CCAA, pero también lo es que durante el estado de alarma éstas se subordinaron a lo que dispusiera el Gobierno central. Si no, no se explica, sin ir más lejos, que el propio presidente del Gobierno anunciara el 31 de mayo que "la capacidad de decisión en esta última fase 3 corresponde a cada autonomía". Si Sánchez devolvía esa "capacidad de decisión" a las autonomías es porque antes no la tenían, ¿no? ¿Para qué si no el estado de alarma?

La ministra portavoz conocía todo esto, pero no le importó faltar a la verdad o, mejor, inventarse una verdad. Y me recordó a aquella Carmen Calvo que a finales de 2018 distinguió entre la forma de pensar del Pedro líder de la oposición con la del presidente Sánchez al cambiar de criterio sobre el delito de rebelión de los líderes políticos catalanes encausados por el 1-0. En definitiva, se puede apoyar una cosa y la contraria según las necesidades de cada momento. El discurso del político deja de ser veraz -deja de ajustarse a la realidad- para atenerse a lo que le interese en cada momento. 

No es nueva esta estrategia. Escribí sobre el tema en El Mundo cuando lo de Calvo: "La sorprendente salida de la vicepresidenta del Gobierno el pasado viernes para intentar justificar el cambio de criterio del presidente del Gobierno sobre el delito de rebelión para los encausados por el procés es mucho más que una desgraciada anécdota de quien se queda sin recursos para explicar lo inexplicable. Tiene una inmensa carga de profundidad, por la que Calvo está dispuesta incluso a hacer el ridículo ante los periodistas en la sala de prensa de La Moncloa y ante la sociedad entera. Es el concepto de que no hay más realidad que la que yo creo y, por tanto, la verdad es relativa en función de esa realidad artificialmente creada.
Porque si aceptamos ese cambio de criterio entre lo que en mayo era un delito de rebelión para el líder de la oposición no lo sea cinco meses después para el presidente del Gobierno sólo por el hecho de que ahora es presidente del Gobierno se abre una forma de hacer política sobre la que no se puede objetar nada, salvo su reducción al absurdo".

"Decimos que estamos en la era de la posverdad y de la desinformación -no son conceptos sinónimos- y echamos la culpa a algunos medios o a las redes sociales, como si éstas tuvieran vida propia. Pero también hay muchos gobernantes que intentan tergiversar la realidad para acomodarla a sus intereses. Y esto no es sólo propio de Trump, Bolsonaro, Salvini, Farage o Le Pen. Calvo quiso distorsionar la verdad con el Vaticano y le salió mal. Y el viernes lo volvió a intentar. No son anécdotas. Es una forma trapacera de hacer política". Montero lo ha vuelto a hacer.

Hace falta una entrevista con el presidente

Hay que reconocer que es complicado organizar una rueda de prensa telemática o a control remoto como las que hace el presidente del Gobierno cada semana desde Moncloa La Secretaría de Estado de Comunicación tuvo que admitir las preguntas de los periodistas después de que El Mundo y otros medios se negaran a cubrirlas pero, aún así, todavía dejan mucho que desear, entre otras cosas, porque los informadores no tienen la capacidad de repreguntar. Así, si Pedro Sánchez, no quiere contestar a un asunto, nadie tiene capacidad de reorientarle para que responda a lo que se le ha preguntado. En realidad, eso debería hacerlo el moderador de la rueda de prensa, es decir, Miguel Ángel Oliver, pero claro...

Hoy, sábado 23 de mayo. Han quedado algunas cuestiones pendientes sobre preguntas realizadas. El presidente ha dicho que no hay contradicción entre el "acuerdo cristalino" y el "pacta sunt servanda" del vicepresidente segundo sobre la derogación de la reforma laboral y lo "absurdo y contraproducente" que sería hacerlo, según la vicepresidenta tercera.

Ha hablado en tres ocasiones sobre ese acuerdo firmado por su partido con Bildu... sin citar a Bildu. Ha referido que en el pleno del miércoles pasado sólo se trataba de prorrogar el estado de alarma y por eso hubo que firmar ese pacto con Blidu ,-¡cuyo primer punto trataba sobre la reforma laboral!-.

No ha comentado nada sobre la polémica sobre el uso obligatorio de las mascarillas, que ha estado esta semana en la opinión publica, después de que Fernando Simón dijera que no se recomendó su uso porque no había suficientes para los ciudadanos. Y le ha dado un repaso importante a su ministro de Consumo cuando ha hablado sobre el turismo, sin que haya habido oportunidad de preguntarle sobre el tema.

Las ruedas de prensa no deberían ser fáciles para un político, para cualquier político. Éstas lo están siendo para el presidente del Gobierno y no porque los periodistas no saquen los temas que están en la opinión pública, sino porque no le está siendo complicado escaquearse de las cuestiones incómodas. Ahora que la tormenta parece que empieza a amainar, el país agradecería una entrevista con Pedro Sánchez con dos o tres periodistas avezados. Como las que los políticos suelen conceder en las campañas electorales. Más o menos.

"Los contribuyentes nos pagan para solucionar problemas"

La tasa de paro EPA pasó del 26,94% de la población activa en el primer trimestre de 2013 al 13,78% de final de 2019 gracias a la reforma laboral de 2012. ¿Han sido empleos precarios? Sí, pero probablemente no mucho más que los creados antes de la modificación. Por ejemplo, la temporalidad de la contratación no está en los niveles más altos de la historia reciente. Y según las estadísticas oficiales, el salario medio anual en España ha pasado de 24.160 euros en 2009 a 25.537 en 2019. 

Es cierto que se ha producido una devaluación de sueldos en trabajos menos cualificados y que, en una etapa de mucho paro, algunos salarios tienden a descender por el exceso de demanda. Pero la reforma laboral de Fátima Báñez no ha sido un fracaso. Claro que admite correcciones, pero pedir su derogación cuando ha conseguido una etapa de crecimiento del empleo como nunca en nuestro país es una irresponsabilidad. 

Como ha dicho el vicepresidente de lo social, en el acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE se hablaba de la derogación de la reforma laboral. Y, a continuación se especificaban los aspectos más urgentes para empezar:

"Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos.
En concreto y con carácter urgente:
-Derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad.
-Derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.
-Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

Asimismo,
-Modificaremos el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.
-Limitaremos la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa.
-Revisaremos el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.

El documento no hablaba de la urgencia de eliminar, por ejemplo, la reducción de las indemnizaciones por despido, sino que hacía hincapié en la negociación colectiva, que quitaba poder a las cúpulas sindicales en la negociación de los convenios y lo trasladaba a los comités de empresa -o a las representaciones de los trabajadores donde no los hubiera-. Al menos, a ello hay que remitirnos porque, como dice Pablo Iglesias, está "cristalino" en el acuerdo. Ahí está para la izquierda el aspecto más lesivo de la reforma: la pérdida de poder, no de los sindicatos, sino de las cúpulas sindicales -sectoriales y territoriales- en el proceso de negociación colectiva.

Además de cargarse lo de "impulsaremos en el marco del diálogo social", el acuerdo entre el Gobierno y Bildu supone meterse en un berenjenal de cambios legislativos en el mercado de trabajo en un momento clave para España que es infantil. Cuando el 40% de la población activa -nueve millones de españoles- está en situación de paro, bien por que no tienen trabajo o porque se encuentran inmersos en expedientes temporales de regulación de empleo, es de suicidas plantear de forma unilateral una revisión total del mercado laboral.

Tiene razón la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, al calificar de "absurda" la derogación de la reforma laboral y explicar que "los contribuyentes nos pagan para solucionar problemas, no para crearlos". A la espera de que se pronuncie Pedro Sánchez sobre el asunto, Calviño 'for president', si no es otro miembro del Gobierno que miente, claro.

Echenique no se acuerda de que es Gobierno

El vídeo (de @DavidJar_) se ha hecho viral en Twitter: en la calle Núñez de Balboa de Madrid, núcleo de las primeras manifestaciones contra el Gobierno en el barrio de Salamanca, una señora mayor hurga en los cubos de la basura mientras un grupo de ciudadanos pasa a su lado con cacerolas y banderas de España en la cintura o atadas a modo de capas al grito de "libertad". Según se iba difundiendo, las imágenes recogían comentarios de todo tipo: "la España de hoy". "España en 39 segundos", "la España que quiere la ultraderecha", "la España del Gobierno socialcomunista"...

El que más me ha sorprendido de los que he leído ha sido el de Pablo Echenique, que retuiteaba el vídeo en cuestión con el comentario "En resumen", Es decir, el portavoz parlamentario de Podemos compendiaba en esa imagen -como mucha gente- lo que está pasando estos días en el país. Supongo que quería contraponer la imagen de los 'cayetanos' del centro de la capital con la de la señora -del mismo barrio- que busca comida.

Pero no sé si de dio cuenta de que ese "en resumen" va directamente contra el Gobierno del que su partido forma parte. Porque las protestas -aunque sean de pijos del barrio de Salamanca- se dirigen  contra la gestión del Ejecutivo de Sánchez e Iglesias en la pandemia y porque si la señora del cubo de basura está ahí es porque el Gobierno de Sánchez e Iglesias ha sido incapaz todavía de darle la cobertura social necesaria: la España, pues, que refleja ese vídeo es la España del PSOE y de Podemos.

Decía César Calderón hace unos días en un coloquio que será difícil que Podemos aguante desde el Gobierno la oleada de protestas sociales que vendrán al hilo de la depresión económica. Están empezando a sentirlas y parece que algunos de sus líderes piensan que la cosa no va con ellos.

Una subida de impuestos de 80.000 millones... para todos

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado en El País que tenemos margen para una subida fiscal: “España tiene una distancia de presión fiscal en la media europea y nuestro país ha de abordarlo. Llegar a esa recaudación nos colocaría casi en 80.000 millones de euros más [al año]”.

Díaz comenta a la vez que, como hay que proteger a las clases trabajadoras, "necesitamos tener margen de actuación para bajar impuestos a clases medias, autónomos y pequeñas empresas", para concluir que en España “hay consciencia de una enorme injusticia fiscal, de que las rentas salariales soportan sustancialmente los recursos tributarios. Los que más tienen, deben aportar más”.

El resumen es: en España hay margen para recaudar 80.000 millones de euros más a través de impuestos, pero no se lo vamos a pedir a la clase trabajadora, sino a los que más tienen. Perfecto. Pero eso es una contradictio in terminis. Para recaudar 80.000 millones más hay que pedírselos a todos los contribuyentes.

Veamos. En 2019, la recaudación por impuestos ascendió a 212.000 millones de euros. De ellos, 86.000 millones de debieron al Impuesto sobre la Renta, 71.000 millones al IVA y 23.000 millones, al Impuesto sobre Sociedades. El resto se lo llevan otros menores.

Conseguir 80.000 millones más al año es como si se recaudara de un año para otro el doble por el IRPF o se multiplicara por cuatro el de Sociedades o se duplicaran los ingresos fiscales por IVA.

Es materialmente imposible aumentar la recaudación en esos 80.000 millones pensando solo en los ricos y en las empresas. Si esa idea se pusiera en marcha, el hachazo fiscal -y qué hachazo- sería para todos los ciudadanos.

Facebook como árbitro de la libertad de expresión

En enero de 2018, en el post que sube todos los inicios de año Mark Zuckerberg para los usuarios de la red, incluyó un propósito para el ejercicio que acababa de empezar: “arreglar Facebook” (to fix Facebook): “Mi desafío personal para 2018 es centrarme en solucionar estos problemas importantes. No evitaremos todos los fallos o abusos al aplicar nuestras políticas y evitar el uso indebido de nuestras herramientas, pero ahora cometemos demasiados errores”. Todavía no había saltado el escándalo de Cambridge Analytica, pero la red social por antonomasia ya era criticada por su papel en el ascenso a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump un par de años antes.

No le apetecía demasiado la idea al fundador. Zuckerberg reconocía que los problemas que tenía enfrente eran complejos “técnica y filosóficamente”, porque afectaban a la razón de ser de Facebook: de ofrecer una herramienta para poder “compartir todo con todos”, a tener que dirigir y controlar ese tremendo flujo de comunicaciones. “No queremos ser árbitros de la verdad ni desalentar el intercambio de opiniones”, decía.

Pero no ha tenido mas remedio que claudicar. Y, además de otras cuestiones importantes en el desarrollo de la red social, su fundador ha creado un consejo editorial/tribunal supremo/consejo asesor compuesto por 20 personalidades de todo el mundo, que se encargarán, nada menos, de vigilar la libertad de expresión en Facebook. Su nombre oficial es oversight board. Es independiente de Facebook, con presupuesto propio -aunque se lo proporciona la propia red social- y está compuesto por personas relevantes del mundo del derecho, de internet y del periodismo. Ellos serán los responsables de decidir qué es libertad de expresión en Facebook.

Alan Rusbridger, director de The Guardian durante una veintena de años, es uno de los miembros de ese consejo. Publicó en su página de Medium las razones que le han llevado a aceptar el nombramiento:

“¿Por qué he aceptado unirme? La crisis mundial de Covid-19 que vivimos ejemplifica los peligros mortales de un mundo de caos informativo. Las sociedades y las comunidades no pueden funcionar a menos que haya un consenso sobre los hechos y la verdad. Y el coronavirus es, de alguna manera, simplemente un ensayo general para los desafíos aún mayores como el cambio climático.

Al mismo tiempo, hay una crisis de libertad de expresión, con oligarcas, líderes populistas y algunas corporaciones que tratan de deslegitimar y reprimir las voces de quienes los desafían. Finalmente, hay una crisis del periodismo: tanto el modelo económico que lo sustenta como los niveles generalmente bajos de confianza que goza en gran medida. Facebook se encuentra en el centro de estas crisis entrelazadas, y no es difícil ver por qué está atado tratando de resolver algunas de ellas”.

“¿Funcionará?”, termina Rusbridger: “En mi opinión, no hay excusa para no intentarlo. El equilibrio entre la libertad de expresión y la necesidad de una plaza pública mejor organizada es una de las causas más urgentes que puedo imaginar”.

Facebook tiene más de 2.000 millones de usuarios registrados en todo el mundo. Junto con Google, concentran más del 60% de la publicidad digital que se mueve en el planeta. Es un monstruo de la comunicación que va a estar asesorado por veinte personas -serán cuarenta en el futuro- sobre qué contenidos se pueden mover libremente por la red y cuáles no. Un grupo de escogidos que va decidir qué pueden contar los ciudadanos y qué no en todo el mundo. El propósito es apasionante, pero suena inquietante y peligroso.
Muchas repercusiones en el mundo de la política y de los medios. Seguiremos comentando.

El tuit de la revancha

A Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, no le han salido bien las cosas desde el punto de vista político en los últimos días. Ha tenido que rectificar lo que en un principio fue uno de sus éxitos: dar comida a los niños de la familias necesitadas que se habían quedado la del colegio, y le ha dimitido su directora general de Salud, Yolanda Fuertes, porque no estaba dispuesta a firmar la petición de la Comunidad de pasar a la Fase 1 de la desescalada.

La razón es que Ayuso consideraba que estaba en condiciones de controlar un posible repunte de la pandemia y prefería que la región volviera cuanto antes a la actividad económica. Fuentes decía que no, que todavía había que fortalecer el sistema sanitario antes que dar el siguiente paso. Al final, el propio consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, reconoció que Madrid no podía pasar el día 11 a la fase 1 del plan de desescalada. Como ha ocurrido.

Y al PSOE, el partido del Gobierno, le ha faltado tiempo para politizar de forma rastrera este tema y caer en la misma actitud que critica desde el Ejecutivo a los partidos de la oposición: tirarse a la cara los muertos. Ese "el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ejemplo de gestión ineficaz e irresponsable ante la crisis del Covid" suena a revancha, ante una gestión que desde los ciudadanos era mucho mejor vista que la del propio Gobierno. El PSOE quiere hacer del grave error de Ayuso un arma de revancha para tapar las propias miserias. Las que lleva acumulando desde el inicio de la crisis. Y cae en el error del que deberíamos salir todos: la politización del dolor.

Sí. Lo hacen casi todos los partidos contra el Gobierno. Pero ahora sería muy cínico que el propio Gobierno lo criticara.

Una estrategia de desinformación

No tiene un pase que el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, general José Manuel Santiago, manifieste en una rueda de prensa que en materia de información en la lucha contra el coronavirus, una de las funciones del Cuerpo es «minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por el Gobierno».
No puede ser que en una rueda de prensa del presidente del Gobierno en la que sólo preguntan seis o siete medios se dé voz a una web denominada Voce d'Italia, que, como explica en su portada, es «il quotidiano degli italiani in Venezuela». Es decir, un medio digital venezolano dirigido a la comunidad italiana que vive en ese país, que en su mejor momento llegó a vender 15.000 ejemplares y que desde 2012 sólo tiene edición digital.

Es inaceptable que los medios y las asociaciones de periodistas tengan que movilizarse y amenazar con no acudir a las comparecencias del Gobierno si el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, no deja de seleccionar a su antojo las preguntas y los medios que las hacen. No puede ser que el propio Oliver afee a los periodistas que nos convirtamos «en fiscales que reconvenimos a los políticos» (¿para qué estamos si no?) como dijo en un encuentro con informadores en diciembre.

Las palabras del general Santiago, que no fueron un lapsus, como intentó convencernos el ministro del Interior, ni un bulo, como dijo Pablo Echenique, como los otros hechos señalados y algunos más, suenan mucho más inquietantes si recordamos el último discurso de investidura de Pedro Sánchez, cuando se refirió a ese fenómeno «dañino para la confianza en la que se asienta la convivencia civil que es la proliferación de las fake news». Y acto seguido el presidente anunció algo novedoso en nuestra democracia. Dijo que impulsaría una «estrategia nacional contra la desinformación», eso sí, «dentro del respeto escrupuloso a la libertad de expresión y de información». A esto hay que sumar que el cada vez más poderoso vicepresidente segundo del Gobierno considera que «la existencia de medios de comunicación privados ataca a la libertad de información» porque «es un riesgo que dos multimillonarios sean propietarios de lo que se puede leer, lo que se puede escuchar y lo que se puede leer». Y no se olviden de la pregunta 6 del CIS de abril, la de los «medios oficiales» para informar a la sociedad.

Lo que el Gobierno está impulsando no es una estrategia contra la desinformación, sino la estrategia de la desinformación.

(Publicado en El Mundo el 21 de abril de 2020)

Morir solos

Nos estamos dando de bruces con la muerte. Claro que cada uno ha notado en su vida la experiencia del fallecimiento de familiares y amigos, pero la brutalidad de la pandemia hace que la veamos mucho más agresiva, aunque fallezcan personas que no conocemos. Morir sin la familia en una UCI o en la habitación de una residencia no debería ocurrirle a nadie.

Hemos informado sobre los necesarios protocolos médicos a la hora de elegir a qué paciente hay que tratar antes cuando no hay recursos para todos. Y nos hemos escandalizado con las declaraciones del jefe de Epidemiología Clínica del hospital de la Universidad de Leiden (Países Bajos), Franz Rosendaal, cuando afirmó que en Italia, «la capacidad de las UCI se gestiona de manera bien distinta. Ellos admiten a personas que nosotros no incluiríamos porque son demasiado viejas. Los ancianos tienen una posición muy diferente en la cultura italiana». Que es exactamente la misma, añado yo, que la que tienen en España.

La jefa de Geriatría del hospital Universitario de Gante, Nele van den Noortgate, lo explicaba de otra forma: «No traigan pacientes débiles y ancianos al hospital. No podemos hacer más por ellos que brindarles los buenos cuidados paliativos que les estarán dando en sus centros de mayores. Traerlos al hospital para morir es inhumano». Países Bajos ha realizado un estudio para analizar el impacto social de una posible legalización de la eutanasia para los ancianos que estén «cansados» de vivir.

Efectivamente, la «posición cultural» respecto a los ancianos en los Países Bajos -y en parte del norte de Europa- es muy distinta que en España e Italia y en otros países del sur. Recuerdo el documental del italosueco Erik Gandini, 'La teoría sueca del amor', en el que relataba una de las conclusiones del experimento en la sociedad socialdemócrata sueca de los setenta y ochenta, en la que el Estado sustituía a la familia en proveer todo lo necesario al individuo: unas décadas después, la cuarta parte de los suecos muere en soledad...y nadie reclama su cuerpo.

Quizá la próxima generación de españoles se parezca más a la actual neerlandesa en esto de los ancianos enfermos que a la nuestra de hoy, pero me quedo con la tradición latinocatólica que resumía Lucía Méndez en su columna del sábado: «Estamos preparados para superar el duelo por la muerte de nuestros padres y madres. Pero necesitamos despedirnos de ellos, llorar mientras tocamos su féretro». Y, antes, darles ese beso helado que se queda en los labios para siempre.

(Publicado en El Mundo el 31 de marzo de 2020)

#unanoticiapositiva

DESDE el inicio del confinamiento, y con la etiqueta #unanoticiapositiva, subo a Twitter cada día algo que nos dé un poco de esperanza en este tiempo de penuria. Son estadísticas, gestos personales o actitudes colectivas que pueden suponer un cierto alivio. Hay muchas más, pero éstas son algunas de las que me he encontrado cuando repaso la prensa y las redes sociales.

17 de marzo. El consejero delegado de Delta Airlines, Ed Bastian, renuncia a seis meses de salario para reducir costes a la empresa, en crisis por la caída del transporte aéreo.

18 de marzo. Primer día sin ningún contagiado local en China desde que se inició la pandemia en Wuhan.

19 de marzo. Inditex anuncia que pagará el sueldo íntegro a su plantilla hasta el 15 de abril. Arturo Calle, empresario textil colombiano, dice que mientras tenga caja abonara los salarios a sus 6.000 empleados.

20 de marzo. Los aplausos en los balcones hacen caer el consumo de internet en toda España. Todas las tardes, a las 20.00 horas, baja la gráfica porque una inmensa mayoría deja de navegar para mostrar su apoyo al personal sanitario.

20 de marzo. El presidente de Huawei dona a España un millón de mascarillas. Eran para su plantilla, pero ya no le hacen falta ante la mejoría en su país.

21 de marzo. Se extuba al primer paciente del coronavirus en la UCI del hospital Clínico de Madrid. El día siguiente, en el hospital General de Castellón el personal de la UCI despidió con aplausos al primer paciente que abandonaba la unidad.

21 de marzo. Los vecinos de una urbanización de Badalona aplauden larga y espontáneamente a la chica que acude a vaciar las papeleras públicas, limpiar la calle y recoger las bolsas de basura que hay junto a los contenedores.

22 de marzo. La Comunidad de Madrid cubre en un día todas las plazas de voluntariado para el coronavirus. Se apuntaron más de 7.000 personas.

22 de marzo. Una alianza entre el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, HP Seat y el centro tecnológico Leitat desarrolla un respirador de campaña construido mediante impresión 3D y podrá fabricar hasta cien unidades diarias.

23 de marzo. May, joven enfermera de UCI en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla y madre de un bebé, pide adscribirse voluntariamente al «equipo específico del coronavirus».

24 de marzo. Hubei, el epicentro de la pandemia en China, pone fin al confinamiento.
ró la pandemia.o

Es un reflejo de los miles de gestos que palpamos estos días en todos los sectores de la sociedad.

(Publicado en El Mundo el 24 de marzo. Después he añadido cosas, claro)

La guerra que no hemos vivido

Hablaba estos días con Iñaki Gil, corresponsal de ese periódico en París, y me decía que el coronavirus es la guerra que estas generaciones
-desde los baby boomers- no hemos vivido. Tiene razón. Es una crisis sanitaria de una magnitud planetaria que va a tener fatales consecuencias políticas, sociales y económicas. Como una guerra. La pregunta es si Europa está preparada para afrontarla. Y, lamentablemente, la respuesta no es positiva. Vimos un ejemplo el pasado jueves 12, cuando la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, afirmó que el BCE no estaba para to close spreads, es decir, para reducir las primas de riesgo que hay entre países. Esto, referido, como se refirió, al miembro de la Eurozona que peor lo estaba pasando por la crisis sanitaria provocó que se disparara la prima de Italia y el desplome de las bolsas.

Lagarde reconoció su error posteriormente, pero ya era tarde. Los inversores esperaban apoyo desde la autoridad monetaria y no lo encontraron. Hasta que el BCE rectificó en toda regla y puso el helicóptero a volar con ese plan de emergencia pandémica de 750.000 millones de euros. Un plan que trata de hacer creíble -hagan lo que hagan, el BCE estará detrás- para paliar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria.

Unas consecuencias que pueden ser calamitosas. Pedro Sánchez afirmó el miércoles en el Congreso que económicamente, este año va a tener nueve o diez meses. En otras palabras, eso quiere decir que el PIB se va a reducir entre una cuarta y una quinta parte. Es decir, España entrará en recesión. Como la Unión Europea.

Martin Wolf, jefe de análisis económico de Financial Times, describía el miércoles un panorama económico desolador, aunque especificaba que de duración limitada: «Es probable que muchos hogares y empresas se queden pronto sin dinero. Incluso en los países ricos, una gran parte de la población prácticamente no tiene ahorros líquidos. El sector privado -sobre todo el sector corporativo no financiero- también se ha endeudado en exceso. Por todo ello, la demanda de los consumidores se debilitará aún más. Quebrarán empresas. La gente se negará a vender a compañías que pueden quebrar, a menos que paguen por adelantado. Volverán las dudas sobre la salud del sistema financiero. Existe un riesgo de que se produzca un colapso de la demanda y de la actividad que va mucho más allá del impacto directo de la emergencia sanitaria».

Para evitar esto hace falta una economía de guerra. Y en la guerra hay que comportarse como en la guerra: con un mando único, un objetivo claro y sin escatimar medios para vencer. En Europa hemos visto que cada Gobierno está haciendo la guerra por su cuenta -a la fuerza ahorcan- con planes de estímulos milmillonarios para insuflar liquidez en la economía y evitar el colapso del que habla Wolf. Todos, cada uno con su magnitud en función de la economía de cada país, están bien enfocados, pero hace falta más por parte de la Unión Europea.

Lagarde ha enmendado su error con ese plan de 750.000 millones. Al final, respaldó así a Italia y al resto de países. Hace falta ese apoyo, sin preocuparse en estos momentos de lo que puede pasar después, porque si no se pone remedio ahora con medidas concretas, ese después puede asemejarse al escenario que hay tras de una guerra. La guerra que no hemos vivido los de ahora.

(Publicado en El Mundo el 20 de marzo de 2020)

Lo mejor de nosotros mismos

Todos, en todo el mundo, estamos anonadados. Vemos cómo un virus que aparece un día en una ciudad china es capaz de paralizar, literalmente, medio planeta. El mundo desarrollado, donde más se ha cebado la pandemia, vive escenas casi apocalípticas, similares a las narradas por Michael Crichton en La amenaza de Andrómeda (1969), que Robert Wise convirtió en imágenes en 1971: casi todo desierto y personal con trajes de seguridad patrullando por las calles de un pueblo -en la novela- de ciudades con millones de personas -en la realidad-.
Y nos cuesta entender. Esta sociedad tecnológica, la del iPhone, la del coche autónomo, la del 5G, la de los algoritmos, la del viaje a Marte puede verse paralizada. No todo está al alcance del hombre. No somos autosuficientes. No somos todopoderosos, aunque en algún momento nos hubiera parecido que sí. Como escribía Pedro Cuartango, lo que nos está ocurriendo es "una lección de humildad" que pone en evidencia la fragilidad de la condición humana. Pero en esa fragilidad -y a pesar de ella- hay hombres y mujeres que afloran lo mejor de sí mismos y dan lecciones de vida. Con ello hay que quedarse.
Con el personal sanitario que trabaja todo lo que haya que trabajar sin reparar en el cansancio. Con quienes tienen la misión de preservar el orden público en el estado de alarma. Con los ciudadanos que dedican horas y horas en todos los oficios en condiciones precarias para que no falte nada a los demás. Con quienes que se han ofrecido a ayudar a los que tienen necesidad de algo, desde hacerles la compra, dar clases por internet hasta distribuir medicinas a quien no puede valerse. Con los pequeños empresarios y autónomos que hacen todo lo posible por preservar los puestos de trabajo en estas circunstancias. Con los grandes empresarios que ponen al servicio de la sociedad sus productos o sus servicios sin ánimo de lucro.
Con todos los que han respondido al aviso de que hacía falta sangre en los hospitales. Con los que siguen al pie de la letra las indicaciones oficiales para no propagar el virus ni colapsar los hospitales. Con los enfermos y sus familias, que son conscientes de las circunstancias extraordinarias en las que se encuentran y no exigen lo que el sentido común no puede exigir. Con las familias de las víctimas. Con quienes se esfuerzan por tener bien informada a la sociedad. Con los políticos -también-, que tienen que liderar y dar la cara ante la sociedad por una situación muy difícil y sin precedentes. Con...
(Publicado en El Mundo el 17 de marzo de 2020)

Somos vulnerables

UN VIRUS nos está mostrando lo vulnerables que somos. Una gripe desconocida hasta ahora puede paralizar el mundo. Literalmente. Se nota en la reducción de los movimientos de personas, en la cancelación de eventos multitudinarios y en el frenazo económico. Hemos visto la repercusión que ha tenido la suspensión del Mobile World Congress de Barcelona y veremos qué pasa con los Juegos Olímpicos, la celebración emblema de nuestra época.
El coronavirus logra lo que no consigue ni el racismo -suspender competiciones deportivas- ni el odio a la religión, que no haya misas. Incluso un emblema como el museo del Louvre ha cerrado sus puertas. La epidemia llegará a todo el mundo antes o después, como vaticinan los expertos, a la vez repiten que su incidencia mortal es mínima. El coronavirus está atacando la libertad de movimientos de las personas.
También estamos viendo lo vulnerables que somos en la economía. Las bolsas ha perdido alrededor del 10% de su valor en la última semana, la peor desde la crisis del euro en 2010. El dinero, que vagaba por todo el mundo, también tiene miedo, ha decidido recluirse en sus cuarteles. Se refugia en lo conocido. ¿Quién invierte ahora en la bolsa china? Por temor al coronavirus los capitales dejan de moverse libremente por todo el mundo.
Hay grandes empresas, casi inamovibles, como Apple, que ya han anunciado que no podrán conseguir el objetivo previsto de ventas y beneficios por el coronavirus ante la dificultad de que lleguen los componentes que necesita para fabricar sus dispositivos. Y como Apple, miles de compañías de todos los sectores. La epidemia también está frenando la libertad de movimiento de mercancías.
Hasta la OCDE habla de riesgo de recesión. Un virus está consiguiendo restringir la libertad de movimientos de las personas, de los capitales y de las mercancías. Aquello por lo que ha soñado el liberalismo de los últimos tiempos y que también se ha denominado la globalización. Se están tomando decisiones que ni en caso de guerra. Hay una sensación cierta de que el mundo se está parando.
Todo ello se da en un momento en la que la' libertad de movimientos' de la información es mayor que nunca. Somos vulnerables y es bueno que pensemos sobre ello.
Y otro asunto. El Gobierno del diálogo que dialoga sólo de lo que le interesa aprueba hoy una ley de enseñanza -la enésima- sin consenso de la comunidad educativa ni de la oposición. Será otro fracaso. El enésimo.

(Publicado en El Mundo el 4 de marzo de 2020)

Entre el rigor y la propaganda

La parte de Podemos en el Gobierno, sobre todo, ha alardeado esta semana de haber empezado a derogar la reforma laboral del PP al evitar el despido por baja médica justificada. «Las bajas médicas, que justifican las ausencias cuando estamos enfermas y somos más vulnerables, ya no son causa de despido», ha dicho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Y el vicepresidente de lo social, Pablo Iglesias, tuiteó el miércoles que hay una medida que ha tomado este Gobierno de la que se siente «especialmente orgulloso: ningún compatriota tendrá que volver a elegir entre ir a trabajar enfermo o ser despedido». Lo malo es que tanto la ministra de Trabajo como el vicepresidente saben que esto no es así.
Porque lo que acaba de derogar el Ejecutivo es el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que decía que puede extinguirse el contrato de trabajo «por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el veinticinco por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce». Un artículo que, es cierto, fue modificado por el PP en la reforma laboral de 2012, eliminando las referencias a la empresa -las condiciones variaban en función del número de trabajadores de la compañía- y, por tanto, hizo más fácil el despido del trabajador.
Pero lo que la propaganda oficial lleva a creer es que gracias al Gobierno de coalición, los trabajadores enfermos ya no podrán ser despedidos en este país. Y eso es falso. Lo que hace la derogación de ese artículo es dejar de considerar la concatenación de bajas una «causa objetiva» para extinguir el contrato laboral.
Esto significa que el despido se considera improcedente y en vez de indemnizar al trabajador con 20 días por año trabajado, obliga a pagar 33 días por año. No tienen razón, pues, ni Iglesias, ni Díaz, ni toda la propaganda oficial: el trabajador enfermo puede ser despedido ahora igual que antes, solo que al empleador le sale más caro. Es bueno que se diga la verdad al ciudadano para que no se enfade cuando se tope con la realidad.
Algo similar ha pasado con el expediente que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha abierto a siete intermediarios de alquileres como Idealista, conocido el miércoles. En esta ocasión ha sido el ministro de Consumo, Alberto Garzón, también de la parte gubernamental de Podemos, uno de los que ha comentado el asunto: «Incrementar beneficios especulando con el derecho a la vivienda. La CNMC estudia si Look & Find, Idealista y Remax inflaron con algoritmos el precio de la vivienda». Tampoco es así, con lo que el ministro, como mínimo, se ha precipitado.
Lo que la CNMC estudia es si ha habido concertación de precios en el servicio de intermediación de estos portales inmobiliarios: «Se ha inspeccionado la sede de varias empresas que prestan servicios de intermediación inmobiliaria y empresas proveedoras de software inmobiliario, por la fijación de comisiones para la venta y el alquiler de inmuebles», decía la CNMC cuando abrió el expediente.
Es decir, las empresas no «inflaron con algoritmos el precio de la vivienda», sino que se ponían de acuerdo en las comisiones que cobraban, restringían la competencia y obligaban al comprador a pagar más por su servicio. Una práctica que hay que perseguir si se confirma, pero ni Idealista ni los demás inflaron los precios de los pisos, como nos quieren hacer ver, sino los de sus comisiones. La repercusión en el mercado de la vivienda de esta práctica, insana desde luego, es mucho menor.
A los ministros hay que exigirles más rigor y menos propaganda fácil. Incluso si son de Unidas Podemos.

(Publicado el 21 de febrero de 2020 en El Mundo)

Principios

Una de las cosas enternecedoras de este nuevo Gobierno de coalición es ver cómo desde Podemos se intentan justificar comportamientos de ministros que en circunstancias anteriores supondrían una crítica feroz. Esto decía Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, echando barro a diestra y siniestra, ante la todavía inexplicada visita del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez: «Lo más brutal de la máquina del fango hoy disparando todo el día contra Ábalos desde teles, radios y digitales no es ya el olor a fosa séptica y el 'modus operandi' protogolpista. Lo más brutal es el mensaje implícito ultra-autoritario: Hablar es un crimen. Está prohibido hablar». En su defensa del ministro, Echenique acusaba de «protogolpistas» y «ultra-totalitarios» a las «teles, radios y digitales». Es decir, a todos los medios.

Con razón Echenique ha tenido que borrar todos sus tuits escritos antes del 10 de noviembre. Porque no soportarían la más mínima comparación con los posteriores. Echenique no es más que un ejemplo de cómo una determinada coyuntura política -un Gobierno de coalición- puede hacer variar 180 grados la valoración de una actuación como mínimo controvertida sobre la que un ministro cuatro versiones distintas en 24 horas sólo porque el que miente ahora es de los tuyos.

No es una cuestión anecdótica que un político, cualquier político, no pueda aguantar su discurso de siempre porque las circunstancias han cambiado. Y, aunque desafortunadamente nos estemos acostumbrando, estos vaivenes hacen mucho mal a la política porque lo que ven los ciudadanos es que los principios, los valores de cada uno, no existen.

Una cosa es ceder en una negociación para llegar a un acuerdo -la reciente subida del salario mínimo a 950 euros mensuales en vez de los 1.000 prometidos es un ejemplo- y otra abdicar de tus propios principios por mantener el poder cuando lo has alcanzado con postulados totalmente contrarios: la intención de reformar el Código Penal defendida por el presidente del Gobierno para rebajar las penas a los condenados por el 'procés', cuando hace dos meses el propio Sánchez defendía lo contrario. La política no es borrar tuits que ya no valen, porque llegarán nuevas elecciones en las que el ciudadano no sabrá a qué atenerse. O sí. Puede buscar opciones que le ofrezcan claridad en las propuestas y firmeza en los planteamientos, aunque estén equivocados. Y así se van nutriendo de votos los partidos radicales.

(Publicado en El Mundo el 28 de enero de 2020)

No jodamos el periodismo

El 18 de enero de 2019, en la Marcha por la Vidaorganizada en Washington por distintas asociaciones antiabortistas de Estados Unidos, se produjeron unos altercados entre un grupo de jóvenes provida de un colegio católico de Kentucky y algunos activistas indígenas. Una fotografía circuló con profusión. La de un estudiante católico, Nick Sandmann, con la gorra roja del Make America great again, que aparentemente se mofaba en la cara de Nathan Phillips, un conocido activista indio que participaba en otra manifestación. La imagen dio la vuelta al país en cuestión de minutos.

A buena parte de la prensa estadounidense se le hicieron los ojos chiribitas: un católico seguidor de Trump y en una manifestación antiabortista amenazando con gritos racistas a indios con frases como «construiremos ese muro». Y se lanzaron a difundir, sin contrastar, lo que ya circulaba con profusión por las redes sociales. El eco fue bestial y hasta la dirección del colegio católico y la diócesis a la que pertenece el centro criticaron la conducta de los estudiantes. Estos intentaron por todos los medios defender su inocencia, sin ningún resultado.

Pero hete aquí que apareció otro vídeo en el que se veía claramente lo contrario de lo que pareció ocurrir en el primero. Fueron los indios quienes se acercaron al grupo de estudiantes con insultos, mientras que éstos aguantaron la provocación sin inmutarse y sin responder. Y tampoco se ve en la grabación que los chavales se refirieran ni una sola vez al famoso muro.

Los padres de Sandmann decidieron demandar a algunos medios que habían publicado la noticia falsa. Pidieron 800 millones de dólares al Washington Post, a la NBC y a la CNN por los daños psíquicos causados a su hijo y a la familia. En concreto, solicitaban a la CNN 275 millones de dólares. Pues bien, el jueves pasado la cadena de televisión reconoció que ha llegado a un acuerdo extrajudicial para que los Sandmann retiraran la demanda. Aunque oficialmente no ha trascendido, la CNN ha podido pagar más de 200 millones para zanjar el tema. Ahora, el abogado de Sandmann ha comentado que presentará demandas contra otros 13 medios, entre los que se encuentran ABC, CBS, The Guardian y The Huffington Post, por difundir esa fake news. De lo más granado del oficio.

Todo este desaguisado por no contrastar al principio una ¿información? que circulaba por las redes. Somos los periodistas los principales enemigos potenciales del periodismo. Ni Facebook, ni Google, ni los gobiernos. No lo jodamos.

(Publicado en El Mundo el 13 de enero de 2020)

Esperar a los Presupuestos

Casi todos esperábamos que hoy se celebrara el primer Consejo de Ministros del primer Gobierno de coalición de la etapa democrática. Pero no. Pedro Sánchez ha preferido esperar para reorganizar su equipo. Y sólo conocemos de forma oficiosa la parte adosada del nuevo Ejecutivo, la de Unidas Podemos, que tiene mucho contenido social pero está por ver si estos ministerios tendrán contenido para necesitar un presupuesto o dependerán del área económica de la parte socialista del Gobierno. Por ejemplo, un Ministerio de Consumo, como el que parece que tendrá Alberto Garzón

-dejando de lado que con una secretaría de Estado bastaría, por aquello de la austeridad de la Administración-, con las competencias sobre el tema transferidas a las comunidades autónomas y sin capacidad real de gasto es más un ministerio-florero que otra cosa.

(Abro paréntesis. También es mala suerte que Consumo vaya a estar en manos de alguien que considera que «el único país cuyo modelo de consumo es sostenible y tiene desarrollo humano alto es... Cuba», como ha escrito. Aunque, bien mirado, puede tener razón, porque el mejor «consumo sostenible» es no poder consumir, como pasa en la isla. Garzón ha borrado ese tuit de su cuenta, pero no consta que lo haya hecho de su cabeza. Cierro paréntesis).

En realidad, tanto el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos como el discurso de investidura de Sánchez son más declaraciones de intenciones que programas concretos de Gobierno. Son música sin letra. Y, aunque la primera suene mal, habrá que ver la obra completa. Por ejemplo, la única fecha que aparece en el acuerdo para que el salario mínimo interprofesional llegue al 60% del salario medio al final de la legislatura, en 2023. En ningún caso supondría un aumento del 22% en un año como ocurrió la última vez. El acuerdo también dice que el Gobierno quiere elevar hasta el 5% del PIB el gasto en educación, pero no concreta cuándo.

En esas declaraciones hay una política de fuerte aumento de gasto que no se puede sostener sólo con las propuestas de incremento de impuestos. Eso supondría más déficit y más deuda, algo que no aceptaría la Unión Europea. Pero es distinto hacerlo en un ejercicio que en una legislatura. Con todo, CEOE calcula que si el nuevo Gobierno pone en marcha sus iniciativas este año el déficit crecerá en 12.000 millones de euros en 2020.

Pero la realidad es que la llegada del Gobierno socialista con el adosado podemita no ha conmocionado a los mercados... todavía. La prima de riesgo está hoy más baja que hace un mes y la Bolsa apenas se ha inmutado tras la investidura. Es más, ha vivido un buen año, a pesar del Gobierno en funciones y del anuncio del Gobierno de coalición del pasado 11 de noviembre.

Porque los inversores y los organismos internacionales -UE, FMI,...- esperan el primer presupuesto del nuevo Gobierno. Es ahí donde se concretan las propuestas; donde hay que poner negro sobre blanco lo que hasta ese momento sólo han sido intenciones. En las cuentas públicas de 2020 veremos hasta dónde llegan las medidas de gasto social, la magnitud de la subida de impuestos y el margen de maniobra real del Gobierno. Que aquí todos mienten más que hablan.

(Publicado en El Mundo el viernes 10 de enero de 2020)