sábado, 23 de diciembre de 2017

Ahora, licencias también para Uber

El Tribunal de Justicia Europeo ha sentenciado que Uber es un servicio de transporte -que no una empresa- y no una simple aplicación que sirve para poner en contacto a conductores y clientes con el fin realizar un trayecto determinado con una contraprestación de por medio.

Es una decisión importante porque supone que Uber tiene que adaptarse a las legislaciones de los países miembros como si fuera, en este caso, un servicio de taxi más. Es decir, deberá obtener las preceptivas licencias para operar, y los conductores deberán cumplir con todos los requisitos que se pide a cualquier trabajador, sea éste asalariado o autónomo, como cotizar a la Seguridad Social o pagar los preceptivos impuestos por su actividad.
Bien. En realidad, lo que la justicia europea ha echado para atrás era el agresivo servicio Uberpop, con el que la plataforma llegó a las principales ciudades europeas hace años y que provocó las protestas, sobre todo, de los taxistas. Pero Uberpop ya no operaba como tal ni en España ni en otros países de la UE. Hoy, en España Uber es ya un servicio legal, como Cabify y otros servicios similares.

Muchos consideran la sentencia un acierto porque, dicen, evita la suprema precarización del trabajo. Otros pensamos que -siempre dentro de la normativa- la economía colaborativa es una oportunidad para incorporarse al mercado laboral o al mercado de servicios -en el caso de las aplicaciones de pisos compartidos- y de generar riqueza con algo hasta entonces improductivo -un coche parado o un apartamento-. Veremos cómo afecta esta resolución sobre el transporte a otros sectores como el turismo.

Por eso, una vez que la justicia se ha pronunciado y están claras las reglas del juego para todos, lo que hay que pedir a los gobiernos es que, efectivamente, sea así. Es decir, que Uber, como Cabify y otros servicios que han surgido en los últimos años, puedan competir con el taxi con libertad y con las mismas condiciones. La tecnología permite que entren nuevos actores en un mercado hasta ahora cerrado y esto revoluciona todo. Habrá que preguntarse si siguen haciendo falta licencias para operar -quizá baste con una autorización- y, en todo caso, cualquier servicio, sea Uber, Cabify o los que vengan, deberían tener las mismas condiciones de acceso al servicio de transporte de pasajeros que el taxi. Redundaría en beneficio de los ciudadanos, que es de lo que se trata.

Y esto ya no es cuestión de la justicia, sino de que cada Gobierno adapte la normativa y la abra a los nuevos negocios que genera la economía digital. En nuestro caso, eso lo que propone la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia y lo que no le gusta al Ejecutivo de Rajoy. Pero el caso Uber -mejor, el caso Uberpop- es otra muestra de la diferencia que existe entre la forma de entender la economía digital en Estados Unidos y en la UE. Y así nos va.


(Publicado en El Mundo el 22 de diciembre de 2017: http://www.elmundo.es/economia/2017/12/22/5a3bfdae22601de6498b45e4.html)

sábado, 9 de diciembre de 2017

Renta básica o renta mínima universal

El Congreso ha debatido esta semana la posible introducción de una renta básica de 426 euros mensuales para las familias sin recursos. El secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, fue radical para rechazarla: calculó que su coste podría elevarse hasta 15.000 millones, lo que significaría la quiebra de Hacienda y del estado del bienestar. A pesar de ello, el debate está planteado y hay quien considera esa renta básica necesaria para evitar un incremento de la pobreza y de la desigualdad que, a la postre, supone también un enorme coste para el Estado.
Pero lo que ahora está sobre la mesa de las propuestas sociales en el mundo desarrollado no es esa renta básica temporal para quien no tenga otros recursos, sino una renta mínima universal que se repartiría entre todos los ciudadanos de un país por el mero hecho de vivir y durante toda la vida. Así como suena.
Los partidarios de esta propuesta dicen que los cambios que va a traer la tecnología en el mundo laboral harán necesaria esa renta para evitar un crecimiento de la desigualdad y la aparición de enormes bolsas de pobreza en esas sociedades avanzadas. Un estudio de la Universidad de Oxford de 2016 concluía que el 57% de la fuerza laboral de los países de la OCDE está en riesgo de desaparecer por los nuevos procesos tecnológicos. Y hay quien dice que para preservar la cohesión social con tanta gente sin trabajo será más efectiva esa renta mínima que las subvenciones al desempleo y otros gastos sociales, que se convertirían en perpetuos ante la práctica imposibilidad del parado de encontrar otro trabajo.
Hay que hacer números, pero sus defensores explican que con la renta mínima el Estado se ahorraría mucho dinero en otras prestaciones. Finlandia comenzó en enero un proyecto piloto de dos años y distribuyó una renta de 560 euros a 2.000 ciudadanos, que seguirán recibiendo aunque encuentren un trabajo. Veremos, porque aún no hay conclusiones.
Es significativo ver quiénes defienden esa renta universal. Gente tan poco sospechosa como Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates o Pierre Omidyar. Todos millonarios de la nueva economía, sí, pero también conocedores de los cambios sociales que se avecinan. ¿Tendrán razón?
@vicentelozano
(Publicado en El Mundo el 1 de diciembre de 2017)