Una cuestión de libertad

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha situado la tasa Google o el canon AEDE -según se mire- en el ámbito de la defensa de la libertad de mercado y, si me apuran, de la libertad de información. Su dictamen contrario al artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, que establece el «derecho irrenunciable a percibir una compensación equitativa» a través de las «entidades de gestión», es inapelable. En primer lugar, porque «existen soluciones técnicas» para que el titular de los derechos decida que «la agregación se realice o no». Es decir, si estos medios deciden voluntariamente que sus contenidos formen parte de las búsquedas de Google y otros agregadores ¿por qué hay que hacer obligatorio que reciban una compensación por ello? Si no quieren estar, nada les impide abandonar el sistema.

Además, Competencia conoce muy bien el terreno que pisa. Cuestiona que «todos los editores consideren competidores directos a los agregadores» y afirma que «el tráfico obtenido gracias a la agregación puede generar ingresos distintos de la suscripción, principalmente publicitarios». Más claro, el agua: regular la tasa Google -o el canon AEDE- restringe la competencia y, por tanto, la libertad.

El Gobierno debería tomar nota de este dictamen y los editores que quieren la tasa también. Es mucho más sensato ponerse del lado de Arthur Sulzberger Jr., editor de The New York Times, que decía el pasado 12 de mayo en la sede del IESE de Nueva York: si los buscadores «toman nuestro contenido y lo publican en otras webs, están ofreciendo a otras personas una oportunidad de que conozcan el NYT. Y esto es muy valioso para nosotros».

Empeñarse en el pago del canon por parte de los buscadores que enlazan las noticias -cosa distinta es la difusión de un plagio o de una copia del contenido- es volar muy bajo. Si finalmente llega a aprobarse, ¿cuánto dinero va a recibir un diario? ¿Dos o tres millones de euros en el mejor de los casos? Ninguna cuenta de resultados se va a arreglar así.

Los medios deberían aprovechar la potencia de Google -causante de la tasa, no nos engañemos - para desarrollar conjuntamente acuerdos con los que enfocar el nuevo modelo de negocio. La compañía de Mountain View sabe -y mucho- de fidelización de usuarios, de monetización de contenidos y del incremento de su visibilidad, del empleo del móvil y de las tabletas..., cuestiones clave para el futuro de los medios impresos. ¿No sería más sensato sacar partido de ese conocimiento?

@vicentelozano

(Publicado en El Mundo el 28 de mayo de 2014)

Supenso en transparencia de los partidos

La transparencia de los partidos políticos cuando informan de sus estados financieros progresa, pero en absoluto lo hace adecuadamente. «La mayoría de los partidos sigue manteniendo unos grados de opacidad alarmantes en áreas de especial relevancia», afirma Javier Martín Cavanna, director de laFundación Compromiso y Transparencia y responsable del informe Transparencia, el mejor eslogan, que analiza la información que ofrecen a la sociedad los partidos de sí mismos. La fundación se creó hace cinco años para fomentar «el buen gobierno y la rendición de cuentas» en las instituciones públicas.

(Aquí el informe completo en PDF: el resumen, en la págs. 41-42)

Lo paradójico de esta situación es que se produce a pesar de que en los últimos años se ha reformado dos veces la Ley sobre Financiación de Partidos Políticos, para obligar a los partidos a rendir cuentas del dinero público que manejan. Pero ni así. El estudio se ha realizado entre los meses de marzo y abril, por lo que los partidos han tenido tiempo para adaptarse a la nueva legislación.

El informe analiza las páginas webs de todos los partidos políticos con representación parlamentaria y estudia ocho factores: quiénes somos, estructura directiva, cargos electos, programa, cumplimiento del programa e información económica. A su vez, cada uno de esos aspectos se divide en factores significativos como el perfil de los cargos directivos, la declaración de bienes de los cargos electos, si publica el número de afiliados y los canales de comunicación con el partido, el grado de cumplimiento del programa electoral si está gobernando. En el plano financiero, el informe analiza si las formaciones incluyen en sus webs el balance de situación, los ingresos y gastos, los informes de auditoria y del Tribunal de Cuentas o los créditos concedidos y condonados.

En definitiva, se trata de analizar si los políticos, que juegan con dinero público -de todos los españoles que pagan impuestos-, cumplen con los requisitos que ellos mismos exigen, por ejemplo, a las empresas cotizadas, que al fin y al cabo funcionan con dinero de los particulares.

El resultado es desolador. En el cuadro anexo se resumen los resultados y las conclusiones son llamativas. Por ejemplo, ningún partido publica el número de sus afiliados, como tampoco ninguno hace público el informe de gestión y sólo dos informan de su código de buen gobierno. Tampoco ninguno de los partidos que tienen responsabilidades de gobierno informa sobre el grado de cumplimiento del programa electoral. Pero donde la transparencia se vuelve opacidad es en la información económico-financiera. Martín Cavanna señala que ha aumentado el número de partidos que facilitan esa información -CCO,ERC, IU, EUiA, PP y UPyD-, pero sólo ERC y UPyD presentan el último informe del Tribunal de Cuentas y ninguno adjunta la auditoría independiente.

UPyD es, un año más, el partido más transparente de los que tienen representación en el Congreso al aprobar en 19 de los 25 criterios analizados. Le siguen los independentistas de ERC. En el lado contrario, el partido más opaco es Amaiur, que obtiene un punto de 25 posibles -desde luego, la transparencia no está entre sus prioridades- y CiU, que sólo saca tres. El PSOE logra 11 puntos y el PP, ocho, ambos en la parte media de la tabla, pero los dos suspenden en la información sobre sus estados financieros, un hecho especialmente grave porque son los que más recursos públicos aglutinan.

¿Soluciones? El Tribunal de Cuentas. Pero Cavanna dice que «carece de las condiciones de independencia y eficacia necesarias para cumplir la legalidad», y mientras que no se acometa una profunda reforma «será imposible avanzar en esta materia».

@vicentelozano

(Publicado en El Mundo el 23 de mayo de 2014)