jueves, 29 de octubre de 2020

Google, contra el gran buscador

Probablemente, la crítica más radical que se puede hacer a la demanda que ha interpuesto un tribunal federal de Washington (EEUU) contra Alphabet, la matriz de Google, por abuso de posición dominante en el negocio de los buscadores es que está fundamentada en la Sherman Antitrust Act, del 2 de julio de ¡1890! 

Esa ley se aprobó con el fin de limitar los acuerdos o los monopolios en distintas industrias para que no terminaran haciendo subir los precios y perjudicando a los consumidores, que pagarían menos por los productos en una situación de concurrencia plena. Fue la primera medida que adoptó el Gobierno estadounidense en este sentido, para defender a la sociedad en el momento en el que empezaban a florecer las grandes empresas en la energía, el tabaco o las telecomunicaciones.

Es lógico que las autoridades traten de evitar perjuicios al ciudadano cuando una compañía se hace con la práctica totalidad de un mercado y, de esa forma, puede poner los precios que quiera a sus productos y servicios. ¿Pero qué pasa cuando esa compañía, como ocurre con Google, no cobra ningún precio a sus usuarios? En los tiempos de internet, quizá haga falta dar una vuelta a unas normativas antimonopolio que se han quedado obsoletas.

La acusación contra Google se basa en que ha obligado a los fabricantes de teléfonos móviles que usan el sistema Android -de Google- a que instalen el buscador de la propia compañía. Ha conseguido así el 90% del mercado. De esta forma, las empresas que quieran anunciarse en buscadores no tendrán más remedio que ir al gigante, porque los demás apenas tienen audiencia. La demanda, además, recoge también el acuerdo con Apple, por el que el buscador de Google es instalado por defecto en los iPhone a cambio de dinero. 

En definitiva, una empresa que quiera anunciarse en Internet, o lo hace a través del Google o tendrá muy difícil dar a conocer sus productos. Google es «la puerta de entrada a internet, un gigante de las búsquedas y de la publicidad que ha mantenido su poder de monopolio a través de prácticas que dañan la competencia», ha dicho Jeffrey Rosen, del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El problema llega cuando esas supuestas prácticas monopolísticas no solo no perjudican al consumidor, sino que le facilitan la vida. Google ha creado todo un sistema de información que él pone el canal -el buscador- y sienta las bases para su difusión -los acuerdos con fabricantes de móviles- que dificulta el acceso al mercado de sus competidores. ¿Y qué si lo consigue porque lo hace mejor? Además, su modelo proporciona a muchas empresas unas capacidades de venta y de desarrollo impensables antes de la llegada de internet. Es la primera respuesta que dio la compañía fundada por Larry Page y Sundai Pichar a la demanda: «Es profundamente errónea. La gente usa Google porque así lo desea, no porque se vea obligada a hacerlo o porque no pueda encontrar alternativas».

Las autoridades estadounidenses han estado un año estudiando la demanda. Tiene que de estar fundamentada, pero si los monopolios se persiguen porque perjudican al consumidor, la paradoja está en que con Google se acusa de una posición de dominio que, al contrario, le hace la vida más fácil y más barata al ciudadano.

domingo, 4 de octubre de 2020

La ministra de Hacienda improvisa o miente

"El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". Es el punto 3 del artículo 134 de la Constitución, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a incumplir. Esto significa que, con toda probabilidad, habrá que prorrogar en 2021, aunque sea unas semanas, los Presupuestos que Cristóbal Montoro elaboró para el año 2018, en una situación totalmente distinta a la actual, sin pandemia y con una economía en crecimiento.

El recorrido de las cuentas públicas durante el pasado septiembre en boca de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue el siguiente. El miércoles 23 declaraba que "la semana que viene o la siguiente estaremos en condiciones de traer el techo de gasto para que sus señorías puedan empezar el debate sobre la tramitación de los Presupuestos". Según esta afirmación todavía estaríamos a tiempo, porque la segunda semana desde aquel miércoles se cumple el 11 de octubre.

Pero es que el martes 29 de septiembre Montero, tras comentar que "mantenemos el calendario", añadía: "Es pretensión del Gobierno traer en las próximas semanas la aprobación del techo de gasto". Es decir, del ese 11 de octubre que finalizaba la primera fecha que ella misma se dio, Montero retrasó a "las próximas semanas", empezando a contar desde el 29 de septiembre. Un plazo mucho más difuso que podía extenderse sin problemas hasta noviembre, por ejemplo.

A más a más, el miércoles 30 -un día después-, cuando vencía el plazo que da la Constitución para que los Presupuestos lleguen al Congreso, Montero decidía suspender las reglas fiscales para 2020 y 2021, es decir, dejar sin efecto el techo de gasto y los objetivos de déficit y deuda pública de todas las administraciones. Es decir, esas "próximas semanas" del martes se pasó a un nunca en apenas 24 horas. Con la suspensión de las reglas fiscales Montero consigue agilizar el trámite parlamentario de los Presupuestos porque se quita de en medio el debate de la senda del déficit y del techo de gasto, pero somete a la economía española a un riesgo que no debería asumir.

Hay que decir que el Gobierno cuenta con la laxitud que ha aprobado Bruselas a causa de los estragos económicos que está provocando la pandemia para permitir un cierto descontrol de las cuentas públicas en esta etapa. Pero lo podía haber programado antes, como han hecho muchos de los países de la UE, no cuando se le ha echado el tiempo encima.

Y eso es lo preocupante. En primer lugar, porque habría que saber si Montero ha improvisado en estos diez días sus cambios de criterio. Si tenía claro lo que iba a hacer con la regla de gasto, ha estado engañando a la opinión pública. Y eso es grave. Después, porque la decisión de suspender en 2020 y 2021 las reglas fiscales es hacerse trampas en el solitario, ya que el tremendo descuadre de deuda y déficit que tenemos, y que se incrementará, tendremos que pagarlo antes o después.

Porque el hecho constatable es que entramos en octubre sin techo de gasto, sin objetivo de déficit ni de deuda pública actualizado, sin vislumbrar los Presupuestos, con la deuda en un histórico 110% del PIB y con un déficit creciente, que ya supera los 60.000 millones de euros. Y esto acaba de empezar. Si por lo menos lo estuvieran haciendo bien en el plano sanitario...