Una estrategia de desinformación

No tiene un pase que el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, general José Manuel Santiago, manifieste en una rueda de prensa que en materia de información en la lucha contra el coronavirus, una de las funciones del Cuerpo es «minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por el Gobierno».
No puede ser que en una rueda de prensa del presidente del Gobierno en la que sólo preguntan seis o siete medios se dé voz a una web denominada Voce d'Italia, que, como explica en su portada, es «il quotidiano degli italiani in Venezuela». Es decir, un medio digital venezolano dirigido a la comunidad italiana que vive en ese país, que en su mejor momento llegó a vender 15.000 ejemplares y que desde 2012 sólo tiene edición digital.

Es inaceptable que los medios y las asociaciones de periodistas tengan que movilizarse y amenazar con no acudir a las comparecencias del Gobierno si el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, no deja de seleccionar a su antojo las preguntas y los medios que las hacen. No puede ser que el propio Oliver afee a los periodistas que nos convirtamos «en fiscales que reconvenimos a los políticos» (¿para qué estamos si no?) como dijo en un encuentro con informadores en diciembre.

Las palabras del general Santiago, que no fueron un lapsus, como intentó convencernos el ministro del Interior, ni un bulo, como dijo Pablo Echenique, como los otros hechos señalados y algunos más, suenan mucho más inquietantes si recordamos el último discurso de investidura de Pedro Sánchez, cuando se refirió a ese fenómeno «dañino para la confianza en la que se asienta la convivencia civil que es la proliferación de las fake news». Y acto seguido el presidente anunció algo novedoso en nuestra democracia. Dijo que impulsaría una «estrategia nacional contra la desinformación», eso sí, «dentro del respeto escrupuloso a la libertad de expresión y de información». A esto hay que sumar que el cada vez más poderoso vicepresidente segundo del Gobierno considera que «la existencia de medios de comunicación privados ataca a la libertad de información» porque «es un riesgo que dos multimillonarios sean propietarios de lo que se puede leer, lo que se puede escuchar y lo que se puede leer». Y no se olviden de la pregunta 6 del CIS de abril, la de los «medios oficiales» para informar a la sociedad.

Lo que el Gobierno está impulsando no es una estrategia contra la desinformación, sino la estrategia de la desinformación.

(Publicado en El Mundo el 21 de abril de 2020)

Libertad de elegir, libertad para ofrecer

Evocando a Charles de Gaulle, cada vez está más claro que la educación es "un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los políticos". Al menos en España, donde es usual plantear el tema como arma ideológica y así no hay forma de avanzar en su desarrollo. Todo por el empeño de los partidos, y por diferentes razones, en tener un sistema de enseñanza que, en la medida de lo posible, no se les escape de las manos.
La inmersión lingüística es uno de esos ejemplos de control de la enseñanza con fines no estrictamente educativos, si se puede hablar así. Ocurre en Cataluña, donde los estudios en castellano prácticamente han desaparecido de la escuela pública obligatoria en aras de la defensa del catalán, a pesar de tantas sentencias judiciales. En el País Vasco y en Galicia la cosa no ha sido igual. Allí se han establecido modelos en los que más o menos conviven las dos lenguas y, la verdad, nadie piensa ahora que el euskera y el gallego estén en peligro de extinción, ni siquiera amenazados, por el castellano.
El desuso es el principal argumento utilizado por el nacionalismo para aplicar esa política de inmersión. Ahora, los gobiernos de izquierda de la Comunidad Valenciana y de Baleares, siguen la estela de Cataluña, suponemos que para hacer del catalán/valenciano y del catalán/balear los únicos idiomas vehiculares en sus regiones. Porque, claro, a estas alturas de la película, hay quien sigue pensando que las imposiciones centralistas hacen peligrar su supervivencia. Pero el camino emprendido lleva, si no se remedia, a que los ciudadanos de esas comunidades autónomas no tengan libertad para elegir en qué idioma estudiar.
Otro caballo de batalla de algunos políticos es la enseñanza concertada, la de los centros de titularidad privada que reciben recursos del Estado y, por tanto, ofrecen la educación gratuitamente -o deben hacerlo- a las familias que acuden a ellos. Estas semanas que se renuevan los conciertos escolares para el próximo curso leemos noticias de gobiernos autonómicos que, con unas u otras razones, tratan de reducir la enseñanza concertada, como un paso previo incluso para eliminarla. Hay otros que, en cambio, reconocen el papel que desarrollan estos centros y el ahorro de costes que supone a las arcas públicas, y los contemplan como un modelo complementario a la educación pública. 
En el sistema educativo que marca nuestra Constitución caben todas las posibilidades porque ésta consagra la libertad de enseñanza. Es decir, los padres tienen derecho a que sus hijos reciban educación gratuita según su forma de pensar, de hablar y de escribir. Se trata de un bien que merece la pena conservar.
Para que ese espíritu constitucional sea real hay que contar con que la libertad de oferta se acomode a la libertad de demanda... Es lo que nos hemos dado y, desde mi punto de vista, está funcionando adecuadamente. En España, la escuela privada, la concertada -religiosa y laica- y la pública conviven sin problemas... y éstos llegan precisamente cuando los políticos se empeñan en cercenar esas libertades. Exactamente igual que ocurre cuando los gobiernos se empeñan en coartar la libertad de quien quiere que sus hijos estudien en un determinado idioma oficial en su comunidad.
Es una torpeza tratar de cargarse por motivos espurios un modelo experimentado durante 30 años -lo implantó el PSOE en la Lode en 1985-, que ahorra recursos al Estado y que se ha demostrado que funciona. Pero existen los torpes. ¿Ven como será imposible llegar a un pacto educativo en España?

(Publicado en El Mundo el 6 de abril de 2017)

Políticos con demasiado rencor

(Publicado en El Mundo el 3 de noviembre de 2016)

Mariano Rajoy hace pública hoy la composición del nuevo Gobierno. Casi todo el mundo está de acuerdo en que debería elegir a personas dialogantes, con las que sea relativamente fácil llegar a acuerdos. Porque ésta va a ser la legislatura del consenso. No queda más remedio. El paso del tiempo dirá, pero la esperanza está puesta en que, esta vez sí, desde el Gobierno y el Parlamento se puedan llevar a cabo esas "reformas estructurales que necesita el país". Aunque la frase haya quedado manida de tanto usarla.

Llega ahora otra etapa política... que no ha podido empezar peor. Ha nacido con diez meses de retraso porque, como hemos comprobado, las propias formaciones políticas todavía no saben manejarse cuando no hay bipartidismo.

Tras más de 300 días de retraso, el espectáculo que ha dado el Congreso en la investidura de Rajoy ha sido desesperanzador. Parecía de todo menos un Parlamento en el que los partidos van a necesitar hablar como nunca, ya sea para apoyar las iniciativas del Gobierno o para presentar otras de forma conjunta para hacer valer que el partido del Gobierno está en minoría. Fue la peor sesión de investidura de la que se tiene recuerdo. Por parte del candidato a presidente, con todo hecho ya, no hubo ni la más mínima autocrítica ni comunicación de sus planes de Gobierno. Y los partidos de la oposición -¿quién es la oposición?- ni siquiera se lo exigieron. Se dedicaron a zurrarse entre ellos de mala manera, echándose la culpa de que fuera Rajoy y no otro quien estuviera pidiendo la confianza de la Cámara.

Esa pelea fue con navajas en los discursos, en los gestos y en los ataques personales... Lo de menos era investir a un presidente del Gobierno. El objetivo era culpar al contrario del fracaso de la izquierda, que tan cerca tuvo alcanzar la presidencia. Recuerden: "Gonzalezzzzxxxx", "Una de cal otra de arena", "Búsquelo en Google, señor diputado", "Ahora tiene usted que ponerse a trabajar"...

La magnífica fotografía de Alberto Di Lolli en la que se ve a Juan Manuel Villegas gritando mientras es rodeado por un Pablo Iglesias que mira de arriba a abajo con gesto seriamente amenazante, mientras Irene Montero, Ramón Espinar y Carolina Bescansa se enfrentan con rostro crispado al diputado de Ciudadanos a propósito del terrorismo es una buena prueba de ese ambiente.

Los malos modos saltaron del Hemiciclo y llegaron a las redes sociales y a los programas de televisión. Como ese enganchón en Twitter de Eduardo Maura (Podemos) y Juan Carlos Girauta, de Ciudadanos: "Girauta, mucho cuidado con lo que dices. Algunos venimos de allá y de muy lejos. El insulto barato envilece". "Cuéntame eso, diputado @edumaura, de que tengo que tener mucho cuidado contigo porque vienes del País Vasco". Trifulcas, en fin, más propias de una asamblea universitaria de los 70 o de una mala junta de vecinos, que empieza debatiendo la reforma del ascensor y termina hablando de lo guarra que es la familia del segundo porque saca la basura a destiempo.

El clima estaba tan crispado que Ana Oramas, de Coalición Canaria, dedicó su última réplica a resumir lo que había visto y oído. Se refería a Gabriel Rufián: "Es distinto ser contrincante político a enemigo político. No se puede negociar ni sacar adelante nada desde el odio y el rencor, sobre todo cuando se es joven". Fue la única mujer que intervino en los debates. A lo mejor por eso se dio cuenta de lo que pasaba, entre tanto macho alfa que intentaba asentar sus reales sobre los demás. Demasiado rencor en el inicio de la legislatura del consenso. Ya veremos en su transcurrir. Paradójico.

@vicentelozano

La vomitona

65 directivos y consejeros de Caja Madrid y de Bankia se sientan en el banquillo de los acusados por el uso fraudulento de unas tarjetas de crédito opacas a Hacienda. 37 políticos, empresarios y buscones adosados a ambos colectivos lo hacen por haberse quedado con millones de euros de dinero público: bien para uso personal, bien para dárselo al PP con el fin de intentar asegurar su éxito en las campañas electorales y así perpetuar el latrocinio.

Ha dado la casualidad de que las dos vistas orales de los procesos más representativos que juzgan aquellos maravillosos años en el ámbito político y en el financiero coincidan en el tiempo. Y en los interrogatorios y en las declaraciones vamos asistir al sriptease de esos comportamientos indeseables. Como si fuera la vomitona de los excesos de un banquete sin límites, que eso fue aquello. Y como ocurre en estos casos la escena no va a ser atractiva.

Dos ejemplos de estos días. El primero es de la Gürtel. El fiscal calcula que el considerado cabecilla de la trama, Francisco Correa, tiene unos 20 millones de euros en Suiza, producto de sus presuntos robos en comunidades autónomas y ayuntamientos. ¿No chirría al sentido común que Correa haya pedido autorización para reembolsar dos de esos 20 millones como gesto de buena voluntad de su intención de colaborar con la Justicia? ¿Se puede aceptar un 10% del producto de su latrocinio -siempre presunto- si con ello está reconociendo su culpabilidad y sigue manteniendo el 90% restante? Es cierto que Correa tiene bloqueado ese dinero, pero su gesto de calculada generosidad suena obsceno a la opinión pública: si se reconoce culpable y quiere colaborar, que renuncie a todo el dinero distraído y lo devuelva.

Tan sangrante o más es lo de las tarjetas black. Al fin y al cabo, Correa es un aprovechado que se acercó con éxito a los umbrales del sistema y entró en él tras engatusar con el dinero fácil a cómplices sin escrúpulos que estaban dentro y le abrieron las puertas de par en par. En cambio, quienes están acusados por el uso ilegal de las tarjetas eran los administradores legítimos que, en la mayoría de los casos, abdicaron de sus deberes profesionales y de sus principios éticos personales por unos miles de euros. Triste, pero así fue.

Es el segundo ejemplo. Rodrigo Rato y Estanislao Rodríguez Ponga se han defendido diciendo que esa tarjeta no era una dádiva, producto de una gestión tramposa y del aprovechamiento ilícito -los jueces determinarán si hubo delito-, sino que formaba parte de su retribución. ¿Es posible de verdad que quien fue vicepresidente económico de un Gobierno o un ex secretario de Estado de Hacienda confundan un medio de pago con una nómina? Una tarjeta de crédito legal nunca será una retribución: no es más que un medio de pago que se usa para gastar la retribución pactada. Si alguien te da una tarjeta para que hagas con ella lo que quieras sin dar cuenta a nadie -ni a la pareja, como se intuye a la vista de algunos cargos- queda claro que se trata de algo ilegal. Y si eres gestor de una caja de ahorros lo sabes.

Evidentemente, los acusados tienen todo el derecho a defenderse como crean más oportuno. Pero produce náuseas la obscenidad con la que tratan de explicar lo inexplicable quienes tenían la obligación de haber custodiado los ahorros de los clientes de Caja Madrid y de Bankia, y se dedicaron a gastarlo en lencería, cacerías, cenas y puros... o a sacar dinero de madrugada en cajeros sospechosamente cercanos a lujosos locales con "mujeres en situación de prostitución", como quiere Manuela Carmena que digamos. Lo dicho, contemplar la vomitona no va a ser agradable.
(Publicado en El Mundo el 7 de octubre de 2016)

@vicentelozano

El problema no es Sánchez, es el socialismo

(Publicado en El Mundo el 29-9-2016. Antes de la caída, pero sigue vigente).

LA QUERIDA Actualidad Económica ha dedicado la portada de su número de septiembre a la crisissocialista. Con el título de ¿Cuándo se jodió el PSOE?, poco original pero efectivo, dedica un editorial y cinco páginas llenas de testimonios y de datos sobre la historia reciente del partido.Los autores del reportaje destacan dos momentos importantes en los últimos años de la formación de Ferraz. El primero es un día concreto: el 12 de mayo de 2010. Un Zapatero agobiado ya por las repercusiones de la crisis y apremiado desde casi todas partes del mundo -llamada telefónica del presidente Obama incluida- presenta en el Congreso su plan de recorte de 15.000 millones de euros, con unas medidas que incluyen dos pecados mortales para la moral política socialista, la congelación de las pensiones y bajada de sueldo a los funcionarios. Además de la retirada de una serie de beneficios sociales aprobados poco antes -dispendios les llamarían otros- como el cheque bebé. De repente, el PSOE se derechizó. «Acabamos de perder las próximas elecciones», dicen que dijo un entonces un destacado barón socialista.

El segundo momento clave de esta historia tiene nombre de día, pero es una movilización: el 15-M. Un movimiento que estaba ya larvado, pero que se manifestó justo un año después del «mayor recorte social de la democracia» en forma de concentración asamblearia en la madrileña Puerta del Sol. En el PSOE se vio esa movilización como la posibilidad de congraciarse con la izquierda social tras aquel 12-M de 2010. En la Puerta del Sol estaba «la misma gente que nos había llevado en volandas a La Moncloa después de que le prometiéramos 'no te fallaré'», recuerda José Maria Barreda en el reportaje. Había que aprovechar esa marea. Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro del Interior, permitió que creciera aquella concentración... hasta que a los socialistas se les fue de las manos y apareció Podemos. En ese zigzag a derecha e izquierda entre 2010 y 2011 el PSOE ha perdido casi seis millones de votos: los que van de los 11,28 millones de papeletas de la segunda victoria de Zapatero a los 5,42 millones de la segunda derrota de Sánchez.

Para recuperarlos va a tener que hacer algo mucho más radical que cambiar al secretario general. Porque el problema de fondo del PSOE no es el liderazgo de Sánchez, sino la crisis de identidad de la socialdemocracia desde finales de siglo, que se ha acentuado durante la crisis económica. Es la gran paradoja de la recesión vivida en estos años: una depresión motivada por la desregulación financiera del sistema capitalista ha hecho mucho más daño a la izquierda política que a la derecha. ¿Por qué? Habrá que recordar, por ejemplo, cómo la administración republicana de Bush nacionalizó la banca del país tras la caída de Lehman. Es decir en la cuna del sistema capitalista se aplicaron recetas socialistas para frenar la sangría. Después, muchos gobiernos de izquierda se vieron forzados a aplicar políticas de recortes sociales contrarias a sus planteamientos. Los ciudadanos perdieron las referencias.

En ésas estamos. El espacio político socialista -socialdemócrata, si queremos- se ha comprimido casi hasta el ahogo, apretado por la izquierda y la derecha. La cuestión es mucho más profunda que formar Gobierno con Podemos o dejar gobernar al PP. Es un tema de fondo que no se arregla sólo con el cambio de líder. Tiempo habrá para comprobarlo, pero dudo de que un programa electoral presentado por Susana Díaz difiriera mucho de los de Sánchez. Ése es el verdadero drama del PSOE. Y también de la socialdemocracia europea.

@vicentelozano

Desafío yihadista y cortedad de miras

(Publicado en El Mundo el 28 de julio de 2016)

Había pensado escribir esta semana sobre los 30.000 españoles que seguían cobrando una pensión de jubilación a la que no tenían derecho porque sus beneficiarios habían fallecido, quedándose con un dinero que no les correspondía. Es decir, quitándoselo al resto de los ciudadanos.

Me reforzó esta idea conocer que Hacienda ha detectado a través de drones ¡1,7 millones de inmuebles! con datos falseados, por los que los presupuestos de los ayuntamientos dejaban de ingresar más de 1.200 millones de euros: dinero que no se emplea en servicios a los ciudadanos. O que España es el país de la Unión Europea más afectado por la falsificación de bebidas alcohólicas, que hace perder al Tesoro 90 millones en impuestos al año y a las compañías fabricantes casi 300 millones. Merecía la pena hacer una reflexión sobre si hay alguna relación entre la corrupción política y esa cierta podredumbre social a la que no prestamos demasiada atención pero que existe y está más extendida de lo que parece. Aquí está apuntado, aunque la reflexión quede para mejor ocasión.

Necesariamente tenemos que fijarnos en los trágicos y cercanos acontecimientos de estos días. Porque el yihadismo ha trasladado ya definitivamente el campo de batalla a Europa. Como ha afirmado el presidente francés tras el asesinato del sacerdote Jacques Hamel, "el Estado Islámico nos ha declarado la guerra", recalcando aquel "esto es un acto de guerra" con el que calificó los atroces crímenes de París en noviembre de 2015. El terrorismo islamista actúa en Europa desde 2004 y no hay que olvidar que los atentados de Atocha en Madrid siguen siendo los más graves por número de víctimas causados por el yihadismo en el continente. Después fue Londres en 2005 y en 2013. Y desde el ataque a la revista Charlie Hebdó, en París en enero del año pasado, Europa central se ha convertido en un escenario bélico para el IS: tras Francia, llegó Bélgica y, ahora, Alemania.

A los europeos nos preocupa más ahora porque ya tenemos el terrorismo dentro. Pero ha llegado mientras sigue arrasando territorios enteros, tras matar a diestro y siniestro y someter a cientos de miles de personas a sus dictados intransigentes, en Siria, en Irak, en Afganistán, en Mali, en Nigeria, en Sudán del Sur... El martes nos sobrecogíamos con la degollación de Hamel al pie del altar en una iglesia de Normandía, pero el obispo católico de Alepo, por ejemplo, lleva tiempo denunciando que en esa ciudad había 260.000 cristianos -católicos y ortodoxos- antes de empezar la guerra en Siria y hoy no quedan más de 50.000. Muchos han conseguido huir. Otros han sido masacrados.

No creo que ésta sea una guerra de religión. Los terroristas que han cometido los últimos atentados en Europa dicen que matan en nombre de Alá, pero no se comportan como quiere Alá. Se trata de un choque entre unos exaltados que atacan a fuego y cuchillo, literalmente, frente a una inmensa mayoría que intenta defenderse -en Oriente Próximo, en África, en Asia y en Europa- con la ley y el respeto a los derechos humanos. Un conflicto no declarado que ha supuesto ya el mayor número de muertos y de desplazados desde la Segunda Guerra Mundial. El desafío es titánico y exige que los Gobiernos empleen los cinco sentidos durante las veinticuatro horas del día para tratar de superarlo por todos los medios.

Ante este reto por garantizar la libertad y la seguridad de los ciudadanos, qué cortísimos de miras quedan unos líderes políticos que llevan siete meses perdiendo el tiempo, incapaces de formar un Gobierno en nuestro país.

@vicentelozano