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jueves, 21 de mayo de 2020

"Los contribuyentes nos pagan para solucionar problemas"


La tasa de paro EPA pasó del 26,94% de la población activa en el primer trimestre de 2013 al 13,78% de final de 2019 gracias a la reforma laboral de 2012. ¿Han sido empleos precarios? Sí, pero probablemente no mucho más que los creados antes de la modificación. Por ejemplo, la temporalidad de la contratación no está en los niveles más altos de la historia reciente. Y según las estadísticas oficiales, el salario medio anual en España ha pasado de 24.160 euros en 2009 a 25.537 en 2019. 

Es cierto que se ha producido una devaluación de sueldos en trabajos menos cualificados y que, en una etapa de mucho paro, algunos salarios tienden a descender por el exceso de demanda. Pero la reforma laboral de Fátima Báñez no ha sido un fracaso. Claro que admite correcciones, pero pedir su derogación cuando ha conseguido una etapa de crecimiento del empleo como nunca en nuestro país es una irresponsabilidad. 

Como ha dicho el vicepresidente de lo social, en el acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE se hablaba de la derogación de la reforma laboral. Y, a continuación se especificaban los aspectos más urgentes para empezar:


"Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos.
En concreto y con carácter urgente:
-Derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad.
-Derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.
-Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales
.
Asimismo,
-Modificaremos el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.
-Limitaremos la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa.
-Revisaremos el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.


El documento no hablaba de la urgencia de eliminar, por ejemplo, la reducción de las indemnizaciones por despido, sino que hacía hincapié en la negociación colectiva, que quitaba poder a las cúpulas sindicales en la negociación de los convenios y lo trasladaba a los comités de empresa -o a las representaciones de los trabajadores donde no los hubiera-. Al menos, a ello hay que remitirnos porque, como dice Pablo Iglesias, está "cristalino" en el acuerdo. Ahí está para la izquierda el aspecto más lesivo de la reforma: la pérdida de poder, no de los sindicatos, sino de las cúpulas sindicales -sectoriales y territoriales- en el proceso de negociación colectiva.

Además de cargarse lo de "impulsaremos en el marco del diálogo social", el acuerdo entre el Gobierno y Bildu supone meterse en un berenjenal de cambios legislativos en el mercado de trabajo en un momento clave para España que es infantil. Cuando el 40% de la población activa -nueve millones de españoles- está en situación de paro, bien por que no tienen trabajo o porque se encuentran inmersos en expedientes temporales de regulación de empleo, es de suicidas plantear de forma unilateral una revisión total del mercado laboral.

Tiene razón la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, al calificar de "absurda" la derogación de la reforma laboral y explicar que "los contribuyentes nos pagan para solucionar problemas, no para crearlos". A la espera de que se pronuncie Pedro Sánchez sobre el asunto, Calviño 'for president', si no es otro miembro del Gobierno que miente, claro.

sábado, 21 de marzo de 2020

La guerra que no hemos vivido

Hablaba estos días con Iñaki Gil, corresponsal de ese periódico en París, y me decía que el coronavirus es la guerra que estas generaciones
-desde los baby boomers- no hemos vivido. Tiene razón. Es una crisis sanitaria de una magnitud planetaria que va a tener fatales consecuencias políticas, sociales y económicas. Como una guerra. La pregunta es si Europa está preparada para afrontarla. Y, lamentablemente, la respuesta no es positiva. Vimos un ejemplo el pasado jueves 12, cuando la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, afirmó que el BCE no estaba para to close spreads, es decir, para reducir las primas de riesgo que hay entre países. Esto, referido, como se refirió, al miembro de la Eurozona que peor lo estaba pasando por la crisis sanitaria provocó que se disparara la prima de Italia y el desplome de las bolsas.

Lagarde reconoció su error posteriormente, pero ya era tarde. Los inversores esperaban apoyo desde la autoridad monetaria y no lo encontraron. Hasta que el BCE rectificó en toda regla y puso el helicóptero a volar con ese plan de emergencia pandémica de 750.000 millones de euros. Un plan que trata de hacer creíble -hagan lo que hagan, el BCE estará detrás- para paliar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria.

Unas consecuencias que pueden ser calamitosas. Pedro Sánchez afirmó el miércoles en el Congreso que económicamente, este año va a tener nueve o diez meses. En otras palabras, eso quiere decir que el PIB se va a reducir entre una cuarta y una quinta parte. Es decir, España entrará en recesión. Como la Unión Europea.

Martin Wolf, jefe de análisis económico de Financial Times, describía el miércoles un panorama económico desolador, aunque especificaba que de duración limitada: «Es probable que muchos hogares y empresas se queden pronto sin dinero. Incluso en los países ricos, una gran parte de la población prácticamente no tiene ahorros líquidos. El sector privado -sobre todo el sector corporativo no financiero- también se ha endeudado en exceso. Por todo ello, la demanda de los consumidores se debilitará aún más. Quebrarán empresas. La gente se negará a vender a compañías que pueden quebrar, a menos que paguen por adelantado. Volverán las dudas sobre la salud del sistema financiero. Existe un riesgo de que se produzca un colapso de la demanda y de la actividad que va mucho más allá del impacto directo de la emergencia sanitaria».

Para evitar esto hace falta una economía de guerra. Y en la guerra hay que comportarse como en la guerra: con un mando único, un objetivo claro y sin escatimar medios para vencer. En Europa hemos visto que cada Gobierno está haciendo la guerra por su cuenta -a la fuerza ahorcan- con planes de estímulos milmillonarios para insuflar liquidez en la economía y evitar el colapso del que habla Wolf. Todos, cada uno con su magnitud en función de la economía de cada país, están bien enfocados, pero hace falta más por parte de la Unión Europea.

Lagarde ha enmendado su error con ese plan de 750.000 millones. Al final, respaldó así a Italia y al resto de países. Hace falta ese apoyo, sin preocuparse en estos momentos de lo que puede pasar después, porque si no se pone remedio ahora con medidas concretas, ese después puede asemejarse al escenario que hay tras de una guerra. La guerra que no hemos vivido los de ahora.

(Publicado en El Mundo el 20 de marzo de 2020)

domingo, 12 de enero de 2020

Esperar a los Presupuestos

Casi todos esperábamos que hoy se celebrara el primer Consejo de Ministros del primer Gobierno de coalición de la etapa democrática. Pero no. Pedro Sánchez ha preferido esperar para reorganizar su equipo. Y sólo conocemos de forma oficiosa la parte adosada del nuevo Ejecutivo, la de Unidas Podemos, que tiene mucho contenido social pero está por ver si estos ministerios tendrán contenido para necesitar un presupuesto o dependerán del área económica de la parte socialista del Gobierno. Por ejemplo, un Ministerio de Consumo, como el que parece que tendrá Alberto Garzón
-dejando de lado que con una secretaría de Estado bastaría, por aquello de la austeridad de la Administración-, con las competencias sobre el tema transferidas a las comunidades autónomas y sin capacidad real de gasto es más un ministerio-florero que otra cosa.

(Abro paréntesis. También es mala suerte que Consumo vaya a estar en manos de alguien que considera que «el único país cuyo modelo de consumo es sostenible y tiene desarrollo humano alto es... Cuba», como ha escrito. Aunque, bien mirado, puede tener razón, porque el mejor «consumo sostenible» es no poder consumir, como pasa en la isla. Garzón ha borrado ese tuit de su cuenta, pero no consta que lo haya hecho de su cabeza. Cierro paréntesis).

En realidad, tanto el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos como el discurso de investidura de Sánchez son más declaraciones de intenciones que programas concretos de Gobierno. Son música sin letra. Y, aunque la primera suene mal, habrá que ver la obra completa. Por ejemplo, la única fecha que aparece en el acuerdo para que el salario mínimo interprofesional llegue al 60% del salario medio al final de la legislatura, en 2023. En ningún caso supondría un aumento del 22% en un año como ocurrió la última vez. El acuerdo también dice que el Gobierno quiere elevar hasta el 5% del PIB el gasto en educación, pero no concreta cuándo.

En esas declaraciones hay una política de fuerte aumento de gasto que no se puede sostener sólo con las propuestas de incremento de impuestos. Eso supondría más déficit y más deuda, algo que no aceptaría la Unión Europea. Pero es distinto hacerlo en un ejercicio que en una legislatura. Con todo, CEOE calcula que si el nuevo Gobierno pone en marcha sus iniciativas este año el déficit crecerá en 12.000 millones de euros en 2020.

Pero la realidad es que la llegada del Gobierno socialista con el adosado podemita no ha conmocionado a los mercados... todavía. La prima de riesgo está hoy más baja que hace un mes y la Bolsa apenas se ha inmutado tras la investidura. Es más, ha vivido un buen año, a pesar del Gobierno en funciones y del anuncio del Gobierno de coalición del pasado 11 de noviembre.

Porque los inversores y los organismos internacionales -UE, FMI,...- esperan el primer presupuesto del nuevo Gobierno. Es ahí donde se concretan las propuestas; donde hay que poner negro sobre blanco lo que hasta ese momento sólo han sido intenciones. En las cuentas públicas de 2020 veremos hasta dónde llegan las medidas de gasto social, la magnitud de la subida de impuestos y el margen de maniobra real del Gobierno. Que aquí todos mienten más que hablan.

(Publicado en El Mundo el viernes 10 de enero de 2020)

miércoles, 8 de marzo de 2017

"El Estado del Bienestar está en un callejón sin salida"




El economista Juan José Toribio (1940) es optimista, pero plantea con realismo los retos que tienen las sociedades occidentales, desde el difícil mantenimiento de la protección social hasta el populismo, pasando por el proteccionismo y la revolución tecnológica. Liberal formado en Chicago, dice que la creación de empleo es la mejor forma de acabar con la desigualdad que la crisis ha dejado en España.

-¿Qué ha quedado tras la mayor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial? -Seguramente la crisis ya ha pasado, pero nos ha dejado unas consecuencias importantes, una sociedad muy distinta a la de antes. Ahora vivimos en sociedades muy endeudadas, en las que ha desaparecido una parte importante del tejido empresarial que ya no puede renovarse. Como consecuencia, se ha generado desempleo, en unos países más que en otros y en España especialmente. Ello ha creado desigualdad, tensiones sociales y populismo. Y todo esto se refleja en cambios en el pensamiento económico y en las formulaciones políticas.

-Nada de optimismos entonces...
-En el pensamiento económico gana terreno la idea de que el mundo ha entrado en lo que Larry Summers ha definido como «estancamiento secular». Se debe al legado de la crisis y a otras por dos razones. Una es la demografía. La población del mundo crece a un ritmo desacelerado y está envejeciendo. Con una población estancada y envejecida, el consumo no va a ser dinámico. La otra razón es tecnológica. La revolución digital exige muy bajos niveles de inversión, entendida como formación bruta de capital fijo -aunque sí en capital humano-. Si el consumo no despega por la demografía y la inversión tampoco por la tecnología, obviamente el PIB mundial estaría condenado a un estancamiento. Yo no participo de ese pesimismo, pero debemos reflexionar seriamente sobre ello.

-Coincidirá en que el resultado de la crisis ha sido un incremento de la desigualdad social. 
-Sí, pero con matices. La desigualdad en el mundo ha disminuido notablemente: hoy la renta per cápita de los países emergentes se ha acercado a la de los desarrollados y no se ha producido por iniciativas caritativas, sino por la globalización. Dentro de los países avanzados sí ha tenido lugar ese estancamiento de las rentas de las clases medias a la vez que se ha incrementado la de las clases más elevadas que han sabido acomodarse a las exigencias de la globalización: los nombres que hoy están entre las mayores fortunas del mundo no son los de antes, sino los empresarios que han sabido aprovechar esa globalización.

-¿Y en España? 
-España ha sido el país en el que la crisis ha impactado más en el empleo por la rigidez de nuestro mercado laboral. En otros sitios se reflejó en reducciones de salarios, trabajos a tiempo parcial, etc. Aquí no, y eso ha dado lugar a una fuerte caída de las rentas más bajas, que por eso han soportado mucho peor la crisis. Entonces, si el paro es la mayor causa del incremento de la desigualdad, la mejor forma de luchar contra ella es generar empleo. No hay otra.

-Para nivelar esa desigualdad algunos políticos propugnan las rentas básicas.
-La idea de una renta básica viene del liberalismo, de Milton Friedman, en los 60. Pero lo que entonces se preconizaba era una renta generalizada para sustituir a los esquemas de protección: educación y sanidad públicas, etc. Otra cosa muy distinta es una renta básica que se suma a la protección social habitual. Esto es mucho más discutible, porque no es viable. Cuando vivimos en sociedades como la española con un endeudamiento público superior al 100% del PIB e inevitablemente aumentando se impone un cálculo racional y profundo sobre su coste. Además, hay que ver si una renta de ese tipo tiene sentido en una sociedad en la que ya tenemos otras formas de protección social.

-Si eso no es posible, se condena a los de abajo. 
-Algunos hablan de un complemento al salario para los jóvenes -algo así como una subvención al trabajo- para facilitar el empleo. Creo que antes de pensar en subvencionar el trabajo hay que dejar de penalizarlo. En España son tales y tantas las regulaciones en el mercado laboral que generar empleo es difícil, y con un alto paro surgen los problemas de distribución de la renta y los populismos. Por eso el populismo español es distinto al de los países centroeuropeos. Aquél es de clases medias que han sufrido con la globalización y se basa en el nacionalismo. El populismo español es el de los expulsados del mercado de trabajo, que lo son por las distorsiones que tenemos y no por la maldad de los empresarios y de las clases altas. Y no tiene ningún sentido nacionalista.

-¿No se están diluyendo las fronteras entre el liberalismo y la socialdemocracia? 
-A nivel intelectual no, pero sí a la hora de afrontar los problemas. La aplicación de la ideología socialdemócrata en los últimos decenios nos ha llevado a una especie de callejón sin salida. Es muy difícil que podamos avanzar todavía más en el Estado de Bienestar porque requiere más subidas de impuestos. Por otro lado, ya es imposible desmontar la protección social. Así estamos. Los socialdemócratas son incapaces de proponer nada más porque han agotado su ideología y los liberales no encuentran fórmulas que den marcha atrás para hacer viable el sistema. Estamos en un momento de desconcierto. De ahí el Brexit, el proteccionismo, el independentismo...

-Ha citado el 'Brexit', que ya ha cambiado la historia de la UE.
-El problema del Brexit es que se trata de un proceso que nadie quería haber emprendido. No lo quería el Gobierno británico de Cameron y tampoco Europa. Dicho esto, los británicos tienen un punto fuerte en la negociación que es el superávit comercial que tiene la UE con el Reino Unido, de manera que si se cierran mercados sufriríamos más que ellos. Nuestra fortaleza es el sector financiero: el pasaporte único bancario, la libertad de movimientos de capital y de prestación de servicios bancarios. Este sector es casi un 9% del PIB británico. Por eso la City votó no al Brexit. Al Reino Unido le interesa casi exclusivamente el control de la circulación de personas. Para la UE, además, el problema no es sólo la mera negociación con el Reino Unido sino el peligro del contagio. Sobre todo, de que vuelva la desconfianza sobre la continuidad de la eurozona y del euro como moneda.

-Un riesgo que es real. En Francia, Marine Le Pen ya ha anunciado un referéndum para la salida.
-Y en Austria, en Holanda y en Alemania hay movimientos importantes en este sentido... Es un riesgo que para España y los países del sur sería catastrófico porque la simple sospecha de ruptura puede elevar otra vez las primas de riesgo. Debemos analizar qué tipo de Europa queremos. Si lo sabemos hacer bien, el paso siguiente será ir hacia más unión, pero en 2017 y 2018 el riesgo está ahí. Es el problema más importante ahora en la Unión Europea.

-Decía que una de las consecuencias de este callejón sin salida es el proteccionismo. Y Donald Trump es ahora quien mejor lo encarna.
-Sí, pero afortunadamente Trump lo va a tener muy difícil. Pretende instaurar no sólo un proteccionismo arancelario, sino también uno industrial -de localización de obras y servicios-, y un proteccionismo fiscal. Pero el comercio hoy es mucho más complejo de lo que Trump parece creer. Ya no es de bienes y servicios finales. Es un comercio de bienes intermedios llevado a cabo por empresas transnacionales, muchas con sede en Estados Unidos, que han establecido centros de producción en aquellas partes del mundo donde consideran que hacen una mayor contribución a la cadena de valor. Por tanto, lo que llaman importaciones en Estados Unidos son simples transferencias de empresas norteamericanas que están produciendo en el exterior para continuar haciéndolo en su país. Trump perjudicará así a muchas compañías estadounidenses transnacionales.

-¿Pero bajar impuestos es positivo, no? 
-Sí, pero la reducción impositiva de Trump viene acompañada de una fuerte subida del gasto público, sobre todo en infraestructuras, lo que supone un incremento del déficit y del endeudamiento. Esto, junto con la política más disciplinada de la Reserva Federal puede dar lugar a una subida seria de los tipos de interés de mercado y a un alza del tipo de cambio del dólar que puede hacer perder competitividad a los Estados Unidos y yugular la expansión que Trump pretendía con esta política. Así le ocurrió a Reagan.

-Usted es docente de una escuela de negocios. ¿Cómo adecuar el sistema educativo al mercado de trabajo en un modelo productivo como el español? 
-En primer lugar, hay que decir que el sistema productivo español ha sufrido un cambio importante como consecuencia de la crisis. Ahora tenemos una economía basada en la formación de capital y en la exportación. El incremento de las ventas fuera ha sido espectacular y el número de empresas exportadoras es enorme. Todo eso significa competitividad. Pero ha sido un cambio con un enorme coste social. El fuerte aumento de la productividad se ha producido por la caída de los costes laborales unitarios, debido al descenso de los salarios y, sobre todo, al aumento del paro. No podemos quedarnos ahí. Hay que impulsar que el incremento de la productividad, y por tanto de la competitividad, no sea pasivo, por desempleo, sino activo, por generación de nuevo capital humano adaptado a las necesidades de la economía. Y eso pasa inevitablemente por el proceso educativo.

-¿Y cómo se cambia ese modelo de enseñanza tan denostado? 
-La clave está en formar, estimular e impulsar al estamento docente. Los modelos educativos punteros en el mundo, como el finlandés o el coreano, se diferencian en el tratamiento que se hace de los profesores: se les forma, se les retribuye, se les incentiva y se les exige. También deberíamos avanzar mucho más en la educación dual. Parte importante de esa cualificación debe adquirirse dentro de la empresa. Después, hay que reconocer la importancia de la globalización y de la revolución tecnológica, de manera que los estudiantes deben profundizar mucho más en el conocimiento de la tecnología y en la apertura hacia resto del mundo. Nunca he entendido que la salida de jóvenes al extranjero se considere una desgracia.

-El problema está cuando se van obligados...
-Pero eso ha pasado siempre. Eso es lo que movió el sueño americano. Lo que hay que hacer es estar preparados para triunfar en esos nuevos ambientes. Cuando el que emigra no sabe hacer nada y tampoco conoce el idioma lleva una vida miserable y eso sí es una desgracia. Pero si es una persona preparada, seguramente tiene una vida mejor.

-¿Están garantizadas las pensiones públicas? 
-Las pensiones es el mejor ejemplo de ese callejón sin salida hacia donde nos ha llevado la socialdemocracia. El modelo actual es inviable por una simple razón demográfica. Se pueden buscar soluciones pero siempre serán parciales. Ahora las pensiones se financian con las cotizaciones sociales, que son un impuesto al trabajo, y en una sociedad con un 18% de paro y envejeciendo esto no tiene sentido. Otra cosa sería ir hacia un modelo de capitalización, complementado con un sistema de transferencias mínimas para aquellas personas que han alcanzado una cierta edad y no tienen otra fuente de ingresos. Esto último sí puede ser financiado con varios impuestos y no necesariamente con cotizaciones. Este plan de capitalización puede ser voluntario u obligatorio y puede ser gestionado por entidades privadas, concesionarias, o directamente públicas, pero siempre en régimen de capitalización. En Suecia lo han hecho así. Me temo que el debate político aquí no está planteado así.

-¿Hacia dónde lleva la revolución tecnológica?
-La revolución tecnológica no va a cambiar sólo la economía, sino toda la sociedad. Obviamente cambia la economía si sumamos los elementos de una conectividad cada vez mayor, el big data, la inteligencia artificial, las impresoras 3D... todo eso que llamamos economía digital y que se refleja no sólo en distintas fórmulas de comercialización, sino en todos los procesos de negocio. Pero esto está ya cambiando la sociedad, aparecen nuevas formas de trabajo y tendrán que cambiar las leyes laborales, la mentalidad sindical, etc. Un trabajo que los sindicatos llaman de calidad, que quiere decir un empleo de por vida haciendo siempre lo mismo hasta que uno se jubila, ya no se da y no va a volver.

-Usted ha sido asesor de la Asociación Española de Banca. Los bancos tienen ahora un serio problema de reputación.
-Sí, pero es un problema sobrevenido de otras áreas geográficas, como EEUU, y de otras instituciones, como las cajas de ahorros. Los bancos españoles lo han hecho razonablemente bien y no han tenido escándalos. Pero la sociedad no lo ha percibido así, aunque es lógico que los bancos sean populares a la hora de pedir un crédito y muy impopulares al pagar los intereses. No me parece justa la crítica que se hace a los bancos. A lo mejor, la banca no ha tenido la habilidad suficiente para hacer comprender a la sociedad cuál ha sido el verdadero problema. Y si toda la sociedad tiene esa percepción, también la tienen los gobernantes y los jueces, que forman parte de esa sociedad. No estoy de acuerdo en absoluto con algunas de las decisiones judiciales que se han tomado últimamente en relación las cláusulas suelo o las preferentes, por ejemplo. Hay mucho que matizar.

(Publicado en El Mundo el 4 de marzo de 2017)
@vicentelozano








martes, 24 de enero de 2017

Pisamos territorio inexplorado

(Publicado en El Mundo el 19 de enero de 2017)

Entramos en territorio inexplorado. Eso significa que nadie sabe cómo hay que transitarlo y de dónde surgirán los peligros. Mañana, a media tarde en España, Donald Trump será presidente de Estados Unidos. Inaugurará una forma de gobernar desconocida en el primer país del mundo. ¿Qué consecuencias pueden tener los actos de un presidente que con un solo tuit es capaz de cambiar el destino de la inversión millonaria de una multinacional?

Pero Trump no es lo único nuevo en este inicio de 2017. El Gobierno británico acaba de presentar su hoja de ruta para desconectar de la Unión Europea. Otra situación inédita en el mundo desarrollado, y trascendental, de la que nadie es capaz todavía de predecir sus consecuencias. Trump y el Brexit tienen un origen común: son producto de las consecuencias que la crisis económica ha tenido en la clase media occidental que vive hoy peor que antes de la recesión. La clase media que votaba moderación -en la izquierda o en la derecha- y que ahora se decanta hacia los extremos.

Hay una alteración de valores sociales que se creían asentados que desconcierta a los ciudadanos. Da la impresión de que casi todo está en revisión. Conceptos como el desarrollo a través de la globalización, el Estado del Bienestar, la estabilidad en el empleo o la educación como garantía de ascenso social, y sobre los que ha crecido la clase media en las últimas décadas, ahora están en discusión.

En la primera cumbre del G-20 tras la caída de Lehman, celebrada en Washington en diciembre de 2008, los países se reunieron con la idea madre de "refundar el capitalismo". El presidente del Foro de Davos -ese G-20 del sector privado empresarial y financiero- ha acogido esta misma semana a sus invitados con la misma idea: "Reparar las deficiencias del capitalismo", que tanto se notan en esta etapa postcrisis. Algo no se ha hecho bien, pues. Pero esa clase media ha reaccionado castigando casi por igual a partidos liberalconservadores -Cameron perdió el referéndum sobre el Brexit- y a socialdemócratas -Trump es el presidente de EEUU y no Hillary Clinton-.

Martin Wolf, economista jefe del diario Financial Times, explica en La gran crisis: causas y consecuencias las dos fases de las respuestas que dieron los gobiernos y las instituciones internacionales en la UE durante la recesión. Hasta 2009, los líderes decidieron aplicar una solución política y desarrollaron aquellos multimillonarios planes de rescate. A partir de 2010, giraron 180 grados y pusieron el acento en la reducción de los déficits y de la deuda.

La primera preocupación dejó de ser el crecimiento -y el empleo- y pasó a concentrarse en el control de las cuentas públicas. Y todo ello al margen del color de cada gobierno. Por ejemplo, Rajoy aceptó una gran subida de impuestos -en contra de su programa electoral- y el Gobierno comunista de Alexis Tsipras decretó un bestial recorte de pensiones y de sueldos a los funcionarios. Después llegó el BCE.

Hoy, los postulados casi inamovibles hasta hace unos años se tambalean. Los ciudadanos todavía no saben a qué atenerse y los políticos van detrás de los votantes, allí donde pueden votar, claro. ¿No es inaudito que el Partido Conservador y el Laborista coincidan en la necesidad de cerrar las fronteras del Reino Unido incluso a ciudadanos de la UE? Era imposible imaginar hace diez años que, en 2017, el presidente de EEUU iba a ser un proteccionista comercial y el primer mandatario chino, un defensor de la apertura económica en el mundo. Todavía falta por conocer quién va a gestionar ese cambio de paradigma. Pero el último que ha llegado es Trump. Terreno desconocido.

@vicentelozano

domingo, 3 de abril de 2016

No sufran, es imposible ahorrar 24.000 millones


Tras conocerse la grave desviación del déficit público en 2015, todas las miradas se han puesto en el próximo Gobierno y su margen de acción para reorientar las cuentas públicas. Rajoy y Montoro dejan un pufo de 24.000 millones de euros que habría que eliminar este año si queremos, por primera vez en la historia reciente, cumplir los compromisos pactados con Bruselas, es decir, dejar el déficit en el 2,8% al final de este ejercicio.

Pero no se preocupen porque eso es prácticamente imposible, a no ser que el próximo Ejecutivo deje ya en la raspa a los españoles. Veamos algún ejemplo.

¿Se acuerdan de aquel histórico 12 de mayo de 2010 en el que el presidente Zapatero se cayó del caballo socialdemócrata? Ese día, el líder socialista, después de haber hablado con dirigentes de todo el mundo, y ante la gravísima situación económica, anunció medidas drásticas para reducir el gasto de forma inmediata. Éstas fueron algunas:

1. Reducción del 5% de las nóminas de los funcionarios en 2010 y congelación para 2011.Afectó a 2,5 millones de españoles y el ahorro estimado era de 4.000 millones de euros.

2.Se suspendió para 2011 la revalorización de las pensiones. Afectó a unos 8,6 millones de españoles. El ahorro era de 1.500 millones.

3.Eliminación del recién creado cheque-bebé. Otros 1.500 millones de euros

4. Recorte de 600 millones en Ayuda oficial al Desarrollo y de 6.045 millones en inversión pública industrial.

5.Reducción de otros 1.500 millones en transferencias a las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

6. Se eliminó la retroactividad en el cobro de las prestaciones por dependencia. Sin cuantificar.

Si suman todo este paquete de medidas, como ven, ambicioso, y que a la postre le costó al año siguiente las elecciones al PSOE, el recorte de gasto previsto era de ¡15.000 millones de euros! en planes que tenían dos años de vigencia.

Hoy, para cumplir, el Gobierno que llegue -si es que llega...- debería buscarse las mañas para reducir el déficit, como decimos, en 24.000 millones: 9.000 más que entonces y en sólo seis meses, suponiendo que se formara ya un Ejecutivo con capacidad de actuación. Si tenemos en cuenta que por el lado de los ingresos hay poco margen, ¿qué plan de recortes debería preparar para conseguirlo? Imposible, como ven, por mucha tijera que blandiera el sucesor de Montoro. Bruselas tendrá que seguir haciendo excepciones.

Por eso, el Banco de España prevé un déficit del 4,4% para este año, sólo ocho décimas por debajo del registrado en 2015.

@vicentelozano

domingo, 6 de marzo de 2016

"¿Reformas? Se acabaron en 2013"



Uno de los primeros pasos que tendrá que dar el próximo Gobierno es presentarse en la Comisión para convalidar su programa económico. Afortunadamente, España tiene los Presupuestos de 2016 aprobados, pero estos incluyen un objetivo de déficit público que ya se sabe que no se va a alcanzar. Así, el ministro de Economía que ocupe en unas semanas el despacho del Ministerio tendrá que negociar un objetivo más laxo. Y esta petición se sumará a que tampoco en 2015 el Gobierno del PP ha sido capaz de cumplir con lo pactado por Bruselas, porque el año pasado el déficit se fue por encima del 4,5% cuando debía rebajarlo al 4,2%.

En realidad, el PP no ha cumplido con sus compromisos ni un solo año de los que ha gobernado. Aunque es cierto que pasarse en el déficit se consideraba muy grave cuando se trataba de ajustar la economía en plena recesión, mientras que ahora que crecemos con fuerza hay mucha más complacencia por parte de Bruselas… y del propio Gobierno.

La cuestión es, pues, qué clima vamos a encontrar en Bruselas cuando España presente sus planes económicos. Y no parece que vaya ser el mejor de los posibles. Lo recordaba el miércoles Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión: “La situación política no libera a un país de sus obligaciones fiscales”. En abril, España tiene que enviar sus cuentas a Bruselas, como siempre, y en ellas deberá contemplar el ajuste adicional por la desviación del déficit de este año, que puede ascender a 9.000 millones de euros.

Aunque es cierto que la economía española es ahora la que más crece entre los grandes países del euro, en la Comisión se piensa que si un Gobierno amigo de la estabilidad presupuestaria y con mayoría absoluta ha sido incapaz de llegar a los objetivos pactados previamente, el Ejecutivo que llegue pondrá mucho peor las cosas.


Ni que decir tiene que los 96.000 millones en cuatro años que propone Podemos no están ni en el más remoto de los pensamientos de los políticos de Bruselas, pero tampoco gusta que todos los partidos que pueden estar implicados en la formación de un nuevo Gobierno -PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos-, tengan como una de sus primeras intenciones solicitar de la Comisión una flexibilización de los objetivos de déficit para, en el mejor de los casos, retrasar un año -hasta 2017- llegar hasta la meta ideal del 3%, como se lee en el Acuerdo firmado entre el PSOE y Ciudadanos. También en el documento que el PP presentó al resto de partidos para negociar se habla de “cumplir con la senda de estabilidad presupuestaria acordada con la UE, pero haciendo uso de la flexibilidad que permite la normativa europea”.

¿Cómo negociar con Bruselas esa flexibilización de los objetivos de déficit? Hay dos caminos: ofrecer a la Comisión más ajustes o proponerle nuevas reformas. No es aventurado pensar que el Gobierno que se forme en las próximas semanas -esperemos que sean semanas- no va a estar por la labor de incluir más recortes en sus Presupuestos, por lo que habrá que fiarlo todo a las reformas… y aquí está el gran escollo que ve Bruselas. Porque cuando preguntas en la Comisión sobre las reformas realizadas por el Ejecutivo de Rajoy, lo que responden es que “se dejaron de hacer en 2013”. Y tiene toda la razón.

El planteamiento en los despachos de Bruselas es similar al que se hacen con el déficit. Si un Gobierno reformista -”el más reformista de la historia”, ha llegado a decir Rajoy-, con mayoría absoluta en el Parlamento y con el control de la mayoría de las CCAA y de los principales ayuntamientos se ha dejado en el tintero reformas clave, ¿las va a poner en marcha un Ejecutivo que va a necesitar siempre poner de acuerdo al menos a tres partidos para sacar las leyes más conflictivas?

Un ejemplo. ¿Podrá Pedro Sánchez derogar la misma reforma laboral que es alabada por la Comisión Europea porque ha sido capaz de crear 450.000 puestos de trabajo en un año? Muy difícil si, además, la reducción del altísimo nivel de paro sigue siendo la principal exigencia europea hacia España. Cabe preguntarse para qué tanta negociación interna en los temas económicos entre los partidos que servirán para poco si no reciben el visto bueno de Bruselas. Que se lo digan si no a Alexis Tsipras.

@vicentelozano

(Publicado en El Mundo el 5 de marzo de 2016)

domingo, 3 de mayo de 2015

¿Qué fue de los sindicatos?


Probablemente éste haya sido el Primero de Mayo sindical más triste de los últimos años porque los sindicatos han perdido buena parte de la influencia social que han tenido en España desde la reinstauración de la democracia. Hoy, bajo el lema "Así no salimos de la crisis", UGT y CCOO han convocado manifestaciones en 80 localidades españolas, pero sus voces se van a oír menos que nunca. ¿Qué ha ocurrido para que en el momento de más precariedad laboral, con el desempleo todavía desbocado, con un paro juvenil en el 50%, los sindicatos pinten menos que nunca en el panorama económico nacional?

Hay factores, digamos, endógenos, que se refieren a su propio funcionamiento. Los escándalos de UGT en los cursos de formación y en los ERE han terminado por minar su credibilidad y ha arrastrado a la otra gran central, CCOO .

Las informaciones destapadas por este periódico sobre el despilfarro ugetista de dinero público para los parados en Andalucía -cenas con gambas y rebujitos, o regalos de bolsos de marca pirateados, incluidos-, que han tenido ramificaciones en otras federaciones como la extremeña, la madrileña o la balear, han llevado la imagen sindical a mínimos históricos, que dirían los analistas. Tampoco ha ayudado la aparición de destacados dirigentes de los dos sindicatos en procesos penales un tanto vergonzosos como el caso de las tarjetas black de la antigua Caja Madrid. Y, en estos tiempos en los que se exige claridad en las cuentas públicas y en las organizaciones, las centrales tampoco han sido un adalid de la transparencia.

Pero también hay otras razones externas que explican esta caída de la influencia de los sindicatos. España es de los países de la OCDE con menos afiliación sindical, que nunca ha superado el 15,9% de los trabajadores. En 2014, por ejemplo, UGT y CCOO decían que contaban entre ambos con dos millones de afiliados. Sobre una población activa de 22,8 millones de personas, supone apenas un 8,7% del total. Es posible que el fuerte aumento del paro haya provocado una salida masiva de afiliados, pero en ningún caso el nivel de representación se corresponde con el inmenso poder que han tenido UGT y CCOO en la política española.

¿De dónde viene, pues, esa tremenda influencia? Básicamente, de un sistema de negociación colectiva en el que los sindicatos han llevado la voz cantante. El modelo en cascada, que otorgaba más peso al convenio nacional o general que a los acuerdos que alcanzaran los comités en cada empresa, dejaba en manos de las cúpulas sindicales -más alejadas como de la realidad concreta de cada compañía- decisiones clave para la vida empresarial como las subidas salariales, la remuneración de la productividad o la flexibilidad de la jornada laboral. A esto se añade la ultraactividad de los convenios, que es la aplicación automática de un convenio vencido o denunciado más allá de la vigencia prevista en los acuerdos, lo que podía prolongar sine die unas condiciones laborales pactadas dos o tres años antes pero a lo mejor ya no válidas cuando había que negociar uno nuevo.

La reforma laboral de 2012 decretada por el PP terminó con este modelo al primar los convenios de empresa sobre cualquier otro, con lo que se facilitó el denominado descuelgue; es decir, la posibilidad de no aplicar en una compañía las condiciones pactadas en el convenio colectivo sectorial o territorial aduciendo simplemente causas económicas. Además, la reforma de Báñez rebajó considerablemente la ultraactividad de los convenios, al reducir a un año la renovación automática de las condiciones pactadas. Probablemente estos dos cambios son mucho más determinantes para el mercado laboral que el abaratamiento del despido o los nuevos tipos de contratos. Y el objetivo de esas dos medidas ha sido restar poder a los sindicatos. Se entiende así que una de las medidas clave de las propuestas laborales de Pedro Sánchez es devolver a la negociación colectiva el poder que le ha quitado el PP.

A las consecuencias de la reforma laboral se unirá la pérdida del control sindical -y también empresarial- de los fondos de formación, que como se ha comprobado en los últimos años, ha nutrido de forma fraudulenta las cuentas de las centrales sindicales. Sin la negociación colectiva y sin fondos de la formación los sindicatos no son lo que fueron.

Twitter: @vicentelozano

(Publicado en El Mundo el 1 de mayo de 2015. La foto es de El Norte de Castilla)