El suceso de la capilla universitaria de Somosaguas (Madrid) ha vuelto a traer a colación el debate sobre la laicidad del Estado, si es que alguna vez se había abandonado. ¿Tiene cabida un oratorio de una confesión religiosa en un espacio público? Hay quien dice que no porque la Constitución establece que España es un estado aconfesional y, por lo tanto, la religión y sus manifestaciones debe quedar relegada al ámbito privado.
De acuerdo con ese pensamiento, hay que eliminar cualquier acto o manifestación que signifique algún tipo de creencia y que pueda molestar a los no creyentes. Si es Estado es neutral, no puede admitir capillas o crucifijos en las universidades, colegios y hospitales que dependen del erario.
Me cuesta bastante entender este planteamiento. En primer lugar, porque los recursos públicos que sostienen la educación, la sanidad o que se invierten en infraestructuras no son propiedad de un ente etéreo llamado Estado, ni siquiera del Gobierno que lo administra. Ese dinero es de todos los españoles que pagan impuestos, y entre ellos hay millones de católicos – no conviene olvidar que unos seis millones de ciudadanos acuden a todos los domingos a misa- que, en principio, sí quieren esas manifestaciones.
Un ejemplo. La televisión pública es neutral en materia política cuando informa sobre todas las opciones legales en función de su representación oficial. ¿Qué pensaríamos si, invocando esa neutralidad, abandonara la información sobre los partidos y el Gobierno para no herir la sensibilidad de ningún ciudadano?
La neutralidad del Estado en lo confesional se debe concretar en el acogimiento de todas formas de pensar y de creer que acaten la ley y en el apoyo a sus manifestaciones en función de su arraigo social. Nunca debería esgrimirse como arma, ideológica pero arma al fin y al cabo, para cercenar la libertad de otros, Pero lo que nunca me he explicado es que esa beligerancia intolerante se practique por quienes se autodenominan ‘tolerantes’.
