¿Sabía que los CEO de Google, IBM, Microsoft, Nokia, Deloitte... y en breve Twitter son indios?

Esta lista es muy interesante, aunque resulte repetitiva: Sundar Pichai, consejero delegado de Google, es indio. Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft, es indio. Shantanu Narayen, presidente y consejero delegado de Adobe, es indio. Ajaypal Singh Banga, presidente ejecutivo de Mastercard, es indio. Rajeev Suri, presidente y consejero delegado de Nokia, es indio. Arvind Krishna, presidente y consejero delegado de IBM, es indio. Punit Renjen, consejero delegado de Deloitte, es indio. Rakesh Kapoor, primer ejecutivo de NetApp, es indio. Y se acaba de incorporar a este selecto grupo Parag Agrawal, que en mayo sucederá a Jack Dorsey como primer ejecutivo de Twitter.

Algunos de ellos iniciaron sus estudios universitarios de ingeniería en Estados Unidos, pero otros llegaron a ese país a trabajar o a realizar estudios de posgrado tras terminar en India. Universidades e institutos de ese país. Han estudiado en el Indian Institute of Management de Ahmedabad; en el Manipal Academy of Higher Education de la Universidad de Mangalore; en el Xavier School of Management de Jamshedpur, una escuela de negocios fundada por los jesuitas. Y, excepto Nokia, todas esas grandes multinacionales son estadounidenses.

En India hay más de 15.000 facultades de ingeniería que lanzan al mercado laboral unos 500.000 profesionales cada año, según datos de la National Association of Software and Service Companies (Nasscom) de ese país.

Todos estos datos hablan muy bien del sistema educativo indio y del modelo laboral de Estados Unidos, sobre todo también por la acogida de talento allá de donde venga.

En este número dedicamos un amplio reportaje a la estrategia de digitalización de las pymes españolas, con entrevista incluida a Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y responsable de llevarla a cabo. Dispone de 4.656 millones de euros para ello para los cuatro años y la propia Artigas reconoce que digitalizar las pymes españolas puede aumentar entre un 15% y un 20% los ratios españoles de productividad.

¿Qué tiene que ver la potencia de un país de 1.380 millones de habitantes, que exporta talento a las grandes multinacionales con las pequeñas y medianas empresas de un país de 47 millones de personas? Pues recordarnos que cualquier impulso a la digitalización del sector empresarial debe ir acompañado del esfuerzo por la formación de los trabajadores en esas competencias digitales. De nada sirve inundar de dinero a las pymes si en ellas no hay quien gestione objetivos claros, concretos y factibles para acometer la revolución digital.

(Publicado en Actualidad Económica el 5 de diciembre de 2021)

Google domina el mercado porque es el mejor

Ha ganado la vicepresidenta Magrethe Vestager, el azote de los GAFA. Le hacía falta una victoria tras el varapalo que sufrió el año pasado, cuando el Tribunal General de la UE anuló la devolución de 13.000 millones a Irlanda por parte de Apple, impuesta por la Comisión Europea, al considerar que ésta se había beneficiado de ayudas fiscales ilegales.

Ahora, ese mismo tribunal ha dado la razón a la Comisión en su demanda contra Alphabet, la matriz del buscador, por abuso de posición dominante en su servicio de compras por internet. Bruselas abrió esta investigación en 2010 y Vestager la cogió cuando asumió la cartera de Competencia. La Comisión consideraba que Google se beneficiaba al colocar mejor posicionados en el buscador los servicios de su comparador de precios, relegando a la competencia.

De esta forma, quienes buscaban un producto tenían de primera mano los que quería Google y no los, en principio, más favorables para el comprador. Se perjudicaba así a los compradores y a los vendedores que no estaban bajo el paraguas de la empresa de Mountain View. Algo muy significativo si tenemos en cuenta que Google tiene alrededor del 90% de las búsquedas en la mayoría de los países europeos.

La multa es cuantiosa: 2.420 millones de euros. Pero si tenemos en cuenta que Google facturó 151.000 millones de euros en 2020 y obtuvo un beneficio neto de 33.400 millones, la importancia del palo -si lo confirma el Tribunal de la UE- es relativa. Google tiene pendiente de resolución otros dos expedientes, también por abuso de posición dominante.

El primero, por el sistema Android, que utiliza el 80% de los móviles en el mundo. Android es un sistema operativo de Google y, según la Comisión, obliga a las empresas que lo adquieren a preinstalar aplicaciones como Google Search o Google Chrome, en detrimento de las de la competencia, por ejemplo. Vestager pide 4.800 millones de euros en este proceso.

Y tiene otro por el mismo motivo, con multa de 1.800 millones, esta vez en el mercado de la publicidad con su servicio Adsense. Estos dos últimos están pendientes de resolución por los tribunales europeos. En total 8.000 millones de euros, la cuarta parte de lo que Google ganó en 2020.

El problema no es de dinero, sino de concepto: si en la época de internet puede haber abuso de posición dominante cuando todo el mundo tiene todo al alcance de un clic. Y cuando sólo el buen hacer de una compañía es capaz de crear un ecosistema tan eficiente que es utilizado por la mayoría de la población.

El modelo Google, en el buscador, en la publicidad y en las compras, beneficia notablemente a los ciudadanos, a los anunciantes y a los vendedores de productos y servicios. Crea sus herramientas y las utiliza, pero no anula las de sus competidores, que tienen las suyas propias: nadie los echa del mercado.

Los jueces sustentan la necesidad de la multa en tres factores. El alcance del tráfico que genera Google; la actitud de los usuarios, que miran sólo los primeros resultados que les ofrece el buscador, y, por último, que la audiencia que lleva Google no puede ser sustituida. Todo ello, dicen, debilita la competencia. Si lo miramos bien, ninguno de los tres son culpa de Google. Al menos habría que considerar esta cuestión. 

(Publicado en El Mundo el 11 de noviembre de 2021)

Diez advertencias al Gobierno del gobernador del Banco de España

Esta columna la va a escribir el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Son algunas frases del discurso que pronunció el pasado lunes 25 de octubre en la Comisión de Presupuestos del Congreso. El discurso completo está disponible en la web del Banco de España (www.bde.es).

Crecimiento económico: «La recuperación de la actividad es todavía claramente incompleta». (Pág. 4).

Inflación: «Este aumento [de precios] se ha trasladado a los precios finales pagados por los hogares y las empresas, lo que comprime sus rentas reales y, por tanto, afecta negativamente al ritmo de la recuperación». (Pág. 9).

Solvencia empresarial: «Se ha observado un cierto deterioro de la calidad crediticia en algunas carteras de préstamos de los bancos y un repunte en el número de empresas que se encuentran en concurso de acreedores». (Pág. 12).

Ajuste fiscal: «Para el conjunto de las Administraciones Públicas este aumento del gasto entre 2019 y 2022 sería del 11,7%, de acuerdo al Plan Presupuestario, frente al incremento del 7% de los ingresos. Estas cifras ilustran la magnitud del reto del proceso de consolidación fiscal que habrá que acometer una vez se consolide la recuperación en la medida que este incremento del gasto tenga un componente estructural importante, es decir, que no esté ligado a gastos cíclicos o relacionados con la pandemia». (Pág. 24).

Deuda: «La implementación en el medio plazo de este plan de ajuste resulta indispensable. En este sentido, distintos ejercicios de simulación realizados por el Banco de España sugieren que, en los próximos 15 años, esta ratio permanecería en niveles cercanos al 115% del PIB si, durante este periodo, no se adoptaran medidas de consolidación presupuestaria adicionales». (Pág. 29).

Déficit: «Este deterioro de las finanzas públicas exige diseñar con rigor y comunicar con prontitud un plan de consolidación fiscal para su ejecución gradual una vez superada la crisis, que permita reducir de forma paulatina los elevados desequilibrios presupuestarios actuales reforzando la sostenibilidad de las cuentas públicas». (Pág. 29)

Pensiones: «Dada la evolución de la tasa de dependencia, en ausencia de medidas adicionales que permitan aumentar los ingresos del sistema y/o contener el incremento de los gastos como reducciones de la tasa de beneficio o aumentos de la edad efectiva de jubilación, el déficit estructural del sistema volverá a ampliarse en los próximos años. En este contexto, sigue siendo necesaria una revisión del sistema público de pensiones que garantice su sostenibilidad». (Pág. 34).

Fondos europeos (1): «La evolución de la economía española dependerá crucialmente de la movilización y asignación de los fondos del programa Next Generation EU (NGEU)». (Pág. 13).

Fondos europeos (2): «Si se quiere potenciar la capacidad transformadora de los NGEU, sería necesario que su ejecución se viera acompañada de la adopción de un amplio conjunto de reformas estructurales». (Pág. 37).

Fondos europeos (3): «La elección de los proyectos en los que emplear los recursos del NGEU debería descansar sobre un proceso apropiado y transparente de selección que conduzca a la implementación de los que presenten una mayor capacidad impulsora de la economía». (Pág. 37).

Todo queda dicho.

(Publicada en El Mundo el 28 de octubre de 2021)

La nueva, y buena, ley de Formación Profesional

Isabel Celaá dejó preparada antes de abandonar el Ministerio de Educación una ley que, aunque parezca mentira, fue bien acogida por la comunidad educativa: la Ley de Formación Profesional, cuyo proyecto aprobó el Consejo de Ministros el pasado 7 de septiembre.

Hay que ponerlo en el haber de currículum de la ex ministra, que tantos debes ha sumado en su trayectoria política. Porque parece que, al fin, se ha dado con la tecla para organizar en España un sistema de formación profesional (FP) homologable a los europeos. Algo fundamental en España porque somos los que peor aprovechamos la formación profesional entre los grandes países de la UE.

«Es una ley muy ambiciosa. Describe un sistema innovador, flexible, que responde a las necesidades de cualificación de la población tanto joven como adulta, y se adecua a las necesidades del mercado laboral», ha afirmado a la revista especializada Actualidad Docente Santiago García, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) -la principal organización empresarial del sector educativo, que reúne a miles de centros privados y concertados de toda España-, y uno de los expertos que mejor conoce los modelos de formación profesional en Europa. Aunque, por ser tan ambiciosa e innovadora, García reconoce que va a necesitar grandes esfuerzos por parte de todos para ponerla en práctica.

Algo no funciona en nuestro país cuando, con tasas de desempleo juvenil en el entorno del 40%, sólo el 12% de los jóvenes cursa algún tipo de formación profesional reglada. La media de la OCDE es del 29% y de la Unión Europea, del 25%. Otras cifras también muestran nuestro retraso: mientras que en España sólo el 34% de los estudiantes que finalizan la enseñanza obligatoria cursan formación profesional, en Alemania es el 48% y en Italia, el 56%.

La ley pone patas arriba, para bien, el actual modelo de formación profesional. Entre otras medidas, tiene el acierto de la estructuración de una nueva formación profesional dual, en la que empresa y centro educativo se corresponsabilizan de la formación del alumno, con contrato y cotización a la Seguridad Social incluidos en el caso de la FP dual avanzada. Algo que si se estructura bien facilitará el paso al mundo laboral de los estudiantes.

Lo mejor de esta nueva ley es la coordinación que establece entre el sector público -escuela- y la iniciativa privada -empresas- imprescindible para llevar a cabo ese proyecto de formación profesional dual y que es la clave del éxito para acoplar la oferta de trabajadores a la demanda de puestos de trabajo.

Que esta vez parece el Gobierno ha dado en el clavo lo atestigua que la firma de capital riesgo KKR comprara el pasado mes de agosto la empresa malagueña Medac, que gestiona 30 centros de FP, por 200 millones de euros para crear la mayor red de FP de España. Medac estaba valorada en 30 millones hace tres años: si los inversores entran en el sector significa que ven rendimientos.

Es una pena que el Gobierno proponga esa participación público-privada para la formación profesional y la niegue para la enseñanza obligatoria en la infausta Lomloe. Pero bueno, esperemos que, esta vez de verdad, al menos la FP empiece a funcionar en España.

(Publicado en El Mundo el 23 de septiembre de 2021)

El principio del fin de los 'haters'... o eso nos gustaría

¿Qué pasaría si la Justicia declarara que los medios de comunicación son responsables de los comentarios que hacen los lectores sobre las informaciones que suben a sus páginas de Facebook, Twitter y otras redes sociales? Sería un fastidio para los medios, pero es muy posible que también un paso importante para amortiguar el ruido agresivo que en demasiadas ocasiones se oye en las redes.

Pues ya ha ocurrido; muy lejos, en Australia, pero tiene toda la pinta de que se podría acercar hacia nosotros en poco tiempo. El hecho es el siguiente: en 2016, una investigación de la cadena ABC destapó casos de maltrato a los internos en el centro de detención de jóvenes de Don Dale, en Northern Territory.

Dos periódicos, 'The Australian' y 'The Sydney Morning Herald', se hicieron eco de algunos casos concretos. Denunciaron la situación de Dylan Voller, un recluso que había aparecido en fotos sentado en una silla con una bolsa negra cubriendo su cabeza. Al contar su historia se dijo que Voller había protagonizado más de 200 incidentes en el centro.

Los dos periódicos subieron a las páginas que tienen en Facebook la noticia y, a la vista del currículum de Voller, los comentarios peyorativos y difamatorios de los lectores no se hicieron esperar. Los 'haters' y los'trolls' encontraron terreno abonado: poco le habían hecho para lo que merecía, venían a decir.

Voller, listo además de delincuente, demandó a los periódicos en los que se habían vertido esos comentarios. Los medios alegaron que ellos no habían publicado difamaciones y que no podían hacerse responsables de los comentarios que los lectores hacían en sus noticias subidas a Facebook.

El proceso llegó al Tribunal Supremo australiano y la semana pasada sentenció que, en efecto, los medios de comunicación son también legalmente responsables de los comentarios que hacen los lectores a las informaciones que suben a sus redes sociales. Los jueces consideran en el fallo que, a pesar de que no elaboran esos comentarios, sí facilitan la publicación de los mismos.

El mensaje del Supremo es claro: si un medio quiere tener presencia en las redes sociales se tiene que encargar de moderar todo el contenido de sus publicaciones. Y ese todo incluye los comentarios.

En realidad, como explica la propia sentencia, el Supremo conmina a los medios de comunicación no tanto a tener que moderar los comentarios de los lectores -«nosotros estamos para generar contenidos, no para desperdiciar recursos revisando respuestas», han afirmado en News Corp., la editora de The Australian- sino a que tengan cuidado en la redacción de sus informaciones -y de sus titulares- para evitar inflamar intencionadamente a las masas en sus respuestas: si los comentarios difamatarios de los lectores se pueden vincular a una incitación a esa respuesta agresiva por parte del medio, ese medio puede exponerse a un proceso penal. Ni que decir tiene que ante esta posibilidad los medios mirarán con lupa los comentarios.

El Supremo australiano pisa terreno pantanoso porque, más allá de la mera moderación de comentarios, su decisión afecta directamente a la libertad de información, pero a la vez abre un debate oportuno sobre una cuestión socialmente muy preocupante: cómo reducir el odio y la agresividad que circulan casi sin trabas por las redes sociales.

(Publicado en El Mundo el 16 de septiembre de 2021)

Reforma laboral: Calviño tiene razón, miremos al futuro y no al pasado

Pedro Sánchez no perdió ni un solo segundo cuando fue elegido por primera vez secretario general del PSOE en anunciar qué pensaba sobre la reforma laboral del PP de 2012. Fue en julio de 2014: «La primera medida que tomará el próximo Gobierno socialista será la de derogar la reforma laboral de Rajoy, para recuperar cuanto antes los derechos de los trabajadores». Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno en junio de 2018 y la reforma laboral se mantiene impoluta en la legislación.

En este tiempo, ha promovido leyes tan complicadas, por lo que exigen de diálogo político y social, como la de educación o de eutanasia, pero no ha tumbado algo de lo que había hecho bandera y que, además, se incorporó al acuerdo de Gobierno con Podemos. «Derogaremos la reforma laboral», se lee en el punto 1.3: «Con carácter urgente derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo» y «a prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales». Ese acuerdo no contempla terminar con la fuerte reducción de las indemnizaciones por despido, por cierto.

La realidad es que la denostada reforma laboral de Fátima Báñez sigue vigente casi cuatro años después de que Pedro Sánchez alcanzara la presidencia del Gobierno. Aquel «derogar la reforma laboral» fue aguado por los socialistas por un «derogar los aspectos más lesivos» de la misma y, en estas semanas, todavía se ha diluido más en el concepto de «modernizarla».

Que siga vigente la legislación laboral del PP no es malo para la economía ni para los trabajadores. Ha logrado que en España se creara empleo neto por primera vez creciendo por debajo del 2% del PIB, y en los años de bonanza puso el caldo de cultivo para generar más de tres millones de puestos de trabajo más de 400.000 al año, algo nunca visto. Además, y al contrario de lo que podía parecer, en estos años ha aumentado el peso del empleo fijo sobre el temporal.

Por eso, es una imprudencia intentar cargarse lo que está funcionando y, sobre todo, es una temeridad hacerlo cuando España y los españoles necesitan que se cree empleo. Cuatro millones de parados, más de un millón de autónomos en cese de actividad y casi 900.000 trabajadores en ERTE son razones suficientes.

Por eso hay que ponerse de parte de los empresarios, que consideran que no es el momento de tocar lo que ha funcionado y lo que volverá a funcionar cuando llegue la recuperación. Poner trabas a la contratación o dificultar la negociación colectiva en estos momentos es colocar palos en las ruedas del empleo. Es así, por mucho que los sindicatos y Podemos digan lo contrario, en especial las cúpulas sindicales no los comités de empresa, mucho más pragmáticos por moverse en la realidad de las compañías que continúan defendiendo al empleado con trabajo fijo y dejan de lado al que quiere incorporarse al mercado laboral, como los jóvenes y los parados.

Tiene razón Nadia Calviño al afirmar ayer en Onda Cero que hay que mirar al futuro del mercado laboral con dos líneas fuerza inexcusables: la reducción de la dualidad en los empleos entre fijos y temporales y el insoportable paro juvenil, que supera el 40%. Eso tiene poco que ver con la derogación de la reforma laboral del PP.

(Publicado el El Mundo el 19 de marzo de 2021)

Un mercado laboral dopado

Decía el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, hace unos días en una entrevista con el diario Financial Times que las previsiones de desempleo de la OCDE y del Banco de España que situaban el paro en España por encima del 20% al finalizar 2020 «habían fallado por completo». Técnicamente tiene razón, porque según la Encuesta de Población Activa (EPA) que conocimos ayer, la tasa de paro al cerrar el ejercicio pasado se situaba en España en el 16,13%, dos puntos y medio más que en 2019, pero muy cerca de la previsión del propio Gobierno y muy alejada de la del Banco de España.


Pero en la práctica la tasa de paro en España es mucho mayor y se acerca más a las estimaciones de la entidad presidida por Pablo Hernández de Cos. Porque, según la propia EPA, al finalizar el año pasado había en España unas 900.000 personas en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que las estadísticas contemplan como ocupados aunque en realidad sean parados temporales: trabajadores que están en el desempleo por una temporada –cobrando del Sepe– hasta que se solucione la situación financiera y de negocio de sus empresas.

Si sumamos esos desempleados temporales que según las estadísticas están ocupados, a la cifra de parados, tenemos que ésta subiría hasta los 4,7 millones de personas y la tasa de paro se situaría en España en el 21%, mucho más cerca de las previsiones del Banco de España que las del Ejecutivo. La realidad del número de parados en España en estos momentos está entre los 3,7 millones de desempleados oficiales y los 4,7 millones de personas que, pudiendo trabajar, no lo hacen.

Tenemos, pues, un mercado laboral dopado por los ERTE, que, por cierto, no son una invención de Yolanda Díaz ni de Fátima Báñez, sino que están regulados desde 1995, cuando José Antonio Griñán era ministro de Trabajo. Nadie sabe cuántos de esos 900.000 trabajadores irán al paro en los próximos meses y cuántos volverán a la actividad, aunque a la vista de la coyuntura no se puede ser optimista, porque la inmensa mayoría de los ERTE se dan en el sector servicios y la evolución de la pandemia hace presagiar que este año no va a ser el de la recuperación de la hostelería y el turismo.

Por ejemplo, la EPA refleja una cierta recuperación del mercado de trabajo en el último trimestre de 2020 gracias al levantamiento de la movilidad antes de que llegara la tercera ola del Covid-19. Una situación que cambiará para mal en el inicio de 2021 con el empeoramiento de las perspectivas sanitarias y el aumento de las restricciones. En unos días veremos la evolución del empleo en enero… y de lo que nos espera al me nos hasta el verano.

Esa es la primera cuestión que hay que preguntarse a la hora de hacer previsiones sobre el comportamiento del mercado de trabajo en 2021: ¿cuántos de los trabajadores en ERTE, los 900.000 actuales y los que vendrán, van a volver a sus empresas? Porque, como su propio nombre indica, son una solución temporal que no se puede prolongar, aunque los ERTE sean necesarios en un primer momento como medida urgente de contención de los despidos. Llegará un momento en el que el empresario tendrá que decidir si rescinde definitivamente los contratos que ahora están en suspenso. Sólo queda que empecemos a notar cuanto antes el efecto de las vacunas.

(Publicado en El Mundo el 29 de enero de 2021)

Zuckerberg no debió callar a Trump

En la tarde del 3 de noviembre, cuando todavía se estaban contando votos en algunas zonas de Estados Unidos y el escrutinio se empezaba a decantar hacia Joe Biden, el presidente Donald Trump compareció desde la Casa Blanca para denunciar que "si contamos los votos legales, ganamos fácilmente. Si cuentas los ilegales nos van a tratar de robar". Era una acusación tan grave al sistema electoral del país -base de la democracia- que tres grandes cadenas de televisión, CNN, ABC y CBS, decidieron interrumpir la rueda de prensa y dar paso a los presentadores de esos especiales informativos, que denunciaron acto seguido el ataque sin base probatoria que estaba haciendo el presidente contra los pilares democráticos de Estados Unidos.

La decisión fue aplaudida por muchos periodistas, profesores de comunicación y analistas. ¿Para qué servir de altavoz de un político que mentía flagrantemente y podía soliviantar a sus seguidores? En cambio, otros muchos criticaron el corte, al considerar que la misión informativa de un medio de comunicación es, precisamente, dar voz a los protagonistas de la actualidad. Luego vendrá la opinión para criticar o alabar lo que ese protagonista ha dicho.

Este debate sobre la libertad de expresión de un político no es nuevo, pero la brutalidad -llamémosle así- de las declaraciones de Trump, que se ha saltado todas la barreras en estos cuatro años de mandato, lo ha enardecido de tal forma que ha llegado al final de su presidencia, no ya criticado por la mayoría de los medios de comunicación, sino expulsado de las redes sociales, como ha ocurrido con Facebook e Instagram. Una decisión que conviene preguntarse si tiene razón de ser, por muy Trump que sea Trump.

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y dueño de Instagram, nunca había sido partidario de controlar los contenidos que circulaban por sus redes sociales. "No queremos ser árbitros de la verdad ni desalentar el intercambio de opiniones", decía cuanto empezó a plantearse cambios en Facebook. Zuckerberg, creo que con razón, quería que Facebook siguiera siendo una herramienta para "compartir todo con todos" y no tener que vigilar el incontrolable flujo de comunicaciones que circula por la red. Fueron precisamente las críticas que surgieron a raíz del papel de Facebook y otras redes sociales en la ascensión y victoria de Donald Trump en 2016 -escándalo Cambridge Analytica incluido- lo que hizo cambiar de opinión al fundador.

En los primeros días de enero de cada año, Zuckerberg escribe un post sobre lo que espera de Facebook para ese año. En 2018, acosado ya por las críticas, incluyó que su propósito era "arreglar Facebook": "Mi desafío personal para 2018 es centrarme en solucionar estos problemas importantes. No evitaremos todos los fallos o abusos al aplicar nuestras políticas y evitar el uso indebido de nuestras herramientas pero ahora cometemos demasiados errores". Y decidió crear un consejo asesor compuesto por 20 personalidades de todo el mundo que se encargan de vigilar la libertad de expresión en Facebook, nada menos. Entre esos expertos está uno de los periodistas más relevantes de los últimos años, Alan Rusbridger, director de The Guardian durante veinte años.

Y el último paso de ese "arreglar Facebook" ha sido el cierre temporal de las cuentas de Donald Trump, tras su vergonzoso alentamiento del asalto al Capitolio. Esta decisión es trascendental en la historia de Facebook, porque por primera vez aplica la censura previa a un líder político mundial democráticamente elegido. Se puede discrepar sobre la eliminación del post o del tuit de un político si incita al odio o la violencia, pero ¿qué papel se arroga una red social cuando decide aplicar esa censura previa a un presidente de EEUU, por muy peligroso que sea ese presidente de EEUU? ¿Ha dejado de ser esa red social una plataforma para "compartir todo con todos" para convertirse en medio de comunicación al uso, con una línea ideológica predeterminada? ¿Terminará la cosa en Trump, o seguirá con otros líderes populistas -como Bolsonaro, Orban, Maduro o Correa- o no populistas pero cuyas opiniones disgusten a una determinada red social?

¿Se admitirán desde ahora comentarios como el que hacía el hoy ministro Alberto Garzón en Twitter en enero de 2013: "Hay opciones no parlamentarias: materializar en la calle la deslegitimación de este sistema. Forzar la dimisión y nuevas elecciones" ¿Quedará esa censura previa en las incitaciones a la violencia y al odio o tratarán también las mentiras? Porque aquí no habrá político que resista un análisis de su página o de su timeline.

Un ejemplo de ayer. Twitter eliminó los tuits de Trump en los que atizaba la rebelión y el asalto al Capitolio del pasado miércoles. Sin embargo, ayer sí dejó que Trump publicara su declaración sobre la condena de los hechos, sabiendo, como sabemos todos dentro y fuera de Estados Unidos, que esa condena es una flagrante mentira.

Es el problema de convertirse en un censor-moderador de los contenidos: la delgadísima línea roja entre la censura y la libertad. No es la razón de ser de una red social, por mucho que nos molesten las opiniones de algunos usuarios. Sobre todo, porque alguien tiene que decidir qué se publica y qué no y quién puede escribir libremente y a quién hay que censurar. Y eso, en un servicio que ha enganchado a miles de millones de ciudadanos es muy muy peligroso.

(Publicado en El Mundo el 9 de enero de 2021)

De Eurovegas a BCN World

Ha muerto Sheldon Adelson. El magnate de los casinos de Las Vegas, republicano en Estados Unidos y uno de los principales financiadores de Donald Trump. Adelson protagonizó un episodio en España hace apenas nueve años sobre el que hay cosas que comentar. Buscaba un lugar en Europa para expandir su lucrativo negocio y pensó en España.

La idea era crear un macrocomplejo de juego y turismo en el que invertiría 35.000 millones de dólares para construir seis grandes casinos y doce zonas vacacionales con 3.000 habitaciones hoteleras cada una. Se trataba de levantar un nuevo Las Vegas, que, según las estimaciones de los impulsores, atraería unos 11 millones de turistas cada año, que dejarían unos 15.000 millones de euros anuales. Y generaría más de 200.000 puestos de trabajo. Eso sí, allí donde colocara su proyecto, las autoridades deberían ofrecerle unas condiciones tributarias que hacían del complejo casi un paraíso fiscal.

Era 2012. Se fijó primero en Cataluña, pero allí se desechó la cosa a las primeras de cambio, sobre todo por discrepancias con la Generalitat -con Artur Mas a la cabeza- en la ubicación del complejo. Y el proyecto llegó a Madrid, donde fue acogido con entusiasmo por la Comunidad, presidida en esa etapa por Ignacio González. El Gobierno regional eligió los terrenos en Alcorcón, cuyo alcalde era el hoy consejero de Vivienda, David Pérez.

El entonces consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano decía que Madrid era idónea para acoger el proyecto por su "entorno fiscal favorable". Pero Adelson quería más: la práctica exención fiscal de las actividades que se desarrollaran en su complejo, como reconocía el propio Manglano: "No se ha puesto encima de la mesa que no se pague ningún tipo de impuesto. Se van a pagar impuestos si esta inversión se hace en España, lo que no está cerrado todavía es de qué tipos estaríamos hablando".

Al final, el macrocomplejo que tanto quería la Comunidad de Madrid y para el que ya tenía casi comprometidos los terrenos se vino abajo porque el Gobierno de Mariano Rajoy entendió que no se podía crear un paraíso fiscal dentro de España y, sobre todo, dentro de la Unión Europea. El sueño apenas duró dos años: Adelson renunciaba al mismo a finales de 2013.

Pero hay más. Madrid estuvo tan cerca de hacerse con los casinos que a la Generalitat de Cataluña le entró envidia y se decidió a poner en marcha su propio macrocomplejo de ocio. En 2012 encargó a al otrora empresario inmobiliario valenciano Enrique Bañuelos -se hizo de oro con Astroc en los años del boom, cayó y se levantó invirtiendo otros países- que liderara junto a La Caixa y la propia Generalitat un proyecto similar al de Adelson, BCN World, que, a pesar del nombre, se situaría en Tarragona, junto al parque de atracciones Port Aventura.

Ni Eurovegas existe porque a aquella Comunidad de Madrid no le dejaron llevar al límite sus propuestas de rebajas de impuestos. Ni se espera tampoco a BCN World, cuyo proyecto no tuvo ninguna razón económica -ha enterrado millones de euros y todavía hay quien quiere resucitarlo- sino simplemente que Madrid no adelantara en riqueza y en exposición internacional a Cataluña. Ninguno de los dos proyectos tenían sentido tal y como se plantearon. Y todo ocurrió hace menos de diez años.