Actualidad Económica, crónica de una historia de éxito

El número 1.494 de Actualidad Económica salió a la calle el 26 de febrero de 1987. La revista estaba en la mitad de su historia. José María García-Hoz, entonces director, se hacía eco en su artículo semanal -era como el editorial de la revista- de la pugna entablada entre el secretario de Estado de Economía, Guillermo de la Dehesa, y el ministro de Industria, Luis Carlos Croissier, sobre la necesidad de una segunda reconversión industrial en España. La primera, auspiciada por Carlos Solchaga unos años antes, había dejado muchas heridas económicas y sociales en el país. 

En ese número se entrevistaba a Manuel Luque, director general del fabricante de detergentes Camp y el primer directivo que salió en una campaña de publicidad en televisión. Aquel "busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo" que recordarán los más viejos del lugar. Y también en ese número, la revista daba la exclusiva de la salida a cotizar de Telefónica en la Bolsa de Nueva York. Esa semana empecé a escribir en la Económica.

Actualidad Económica ha plasmado la crónica de la vida empresarial, financiera y social de España desde finales de los años 50. Nació con el Plan de Estabilización de Mariano Navarro Rubio y llega a su número 3.000 inmersa en la digitalización y todo lo que ese proceso tecnológico influye en el mundo. En el trabajo -teletrabajo, reducción de horas laborales-, en los procesos productivos, en las relaciones comerciales y financieras -globalización, desintermediación, 'fintech', criptomonedas-.

La crónica de estas décadas es una historia de éxito. En 1958, España era una dictadura que luchaba aislada del mundo por la supervivencia económica. Hoy esa una democracia plenamente asentada y se cuenta entre las principales economías del mundo. En apenas una generación, la sociedad española se ha equiparado en derechos y libertades a las del mundo desarrollado. Evidentemente, el país tiene problemas que solucionar. 

Hay grandes asuntos estructurales, como la educación, el modelo de estado, la libertad económica, la reforma de instituciones como la Justicia o la reducción del poder de los partidos políticos en la sociedad, que es necesario reformar. Por el bien de todos, esperemos que se den pasos para ello. España es una historia de éxito, a pesar de los pesares. Actualidad Económica también.

(Publicado en Actualidad Económica el 12 de junio de 2022)

¿Sabía que los CEO de Google, IBM, Microsoft, Nokia, Deloitte... y en breve Twitter son indios?

Esta lista es muy interesante, aunque resulte repetitiva: Sundar Pichai, consejero delegado de Google, es indio. Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft, es indio. Shantanu Narayen, presidente y consejero delegado de Adobe, es indio. Ajaypal Singh Banga, presidente ejecutivo de Mastercard, es indio. Rajeev Suri, presidente y consejero delegado de Nokia, es indio. Arvind Krishna, presidente y consejero delegado de IBM, es indio. Punit Renjen, consejero delegado de Deloitte, es indio. Rakesh Kapoor, primer ejecutivo de NetApp, es indio. Y se acaba de incorporar a este selecto grupo Parag Agrawal, que en mayo sucederá a Jack Dorsey como primer ejecutivo de Twitter.

Algunos de ellos iniciaron sus estudios universitarios de ingeniería en Estados Unidos, pero otros llegaron a ese país a trabajar o a realizar estudios de posgrado tras terminar en India. Universidades e institutos de ese país. Han estudiado en el Indian Institute of Management de Ahmedabad; en el Manipal Academy of Higher Education de la Universidad de Mangalore; en el Xavier School of Management de Jamshedpur, una escuela de negocios fundada por los jesuitas. Y, excepto Nokia, todas esas grandes multinacionales son estadounidenses.

En India hay más de 15.000 facultades de ingeniería que lanzan al mercado laboral unos 500.000 profesionales cada año, según datos de la National Association of Software and Service Companies (Nasscom) de ese país.

Todos estos datos hablan muy bien del sistema educativo indio y del modelo laboral de Estados Unidos, sobre todo también por la acogida de talento allá de donde venga.

En este número dedicamos un amplio reportaje a la estrategia de digitalización de las pymes españolas, con entrevista incluida a Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y responsable de llevarla a cabo. Dispone de 4.656 millones de euros para ello para los cuatro años y la propia Artigas reconoce que digitalizar las pymes españolas puede aumentar entre un 15% y un 20% los ratios españoles de productividad.

¿Qué tiene que ver la potencia de un país de 1.380 millones de habitantes, que exporta talento a las grandes multinacionales con las pequeñas y medianas empresas de un país de 47 millones de personas? Pues recordarnos que cualquier impulso a la digitalización del sector empresarial debe ir acompañado del esfuerzo por la formación de los trabajadores en esas competencias digitales. De nada sirve inundar de dinero a las pymes si en ellas no hay quien gestione objetivos claros, concretos y factibles para acometer la revolución digital.

(Publicado en Actualidad Económica el 5 de diciembre de 2021)

"Los contribuyentes nos pagan para solucionar problemas"

La tasa de paro EPA pasó del 26,94% de la población activa en el primer trimestre de 2013 al 13,78% de final de 2019 gracias a la reforma laboral de 2012. ¿Han sido empleos precarios? Sí, pero probablemente no mucho más que los creados antes de la modificación. Por ejemplo, la temporalidad de la contratación no está en los niveles más altos de la historia reciente. Y según las estadísticas oficiales, el salario medio anual en España ha pasado de 24.160 euros en 2009 a 25.537 en 2019. 

Es cierto que se ha producido una devaluación de sueldos en trabajos menos cualificados y que, en una etapa de mucho paro, algunos salarios tienden a descender por el exceso de demanda. Pero la reforma laboral de Fátima Báñez no ha sido un fracaso. Claro que admite correcciones, pero pedir su derogación cuando ha conseguido una etapa de crecimiento del empleo como nunca en nuestro país es una irresponsabilidad. 

Como ha dicho el vicepresidente de lo social, en el acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE se hablaba de la derogación de la reforma laboral. Y, a continuación se especificaban los aspectos más urgentes para empezar:

"Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos.
En concreto y con carácter urgente:
-Derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad.
-Derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.
-Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

Asimismo,
-Modificaremos el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.
-Limitaremos la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa.
-Revisaremos el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.

El documento no hablaba de la urgencia de eliminar, por ejemplo, la reducción de las indemnizaciones por despido, sino que hacía hincapié en la negociación colectiva, que quitaba poder a las cúpulas sindicales en la negociación de los convenios y lo trasladaba a los comités de empresa -o a las representaciones de los trabajadores donde no los hubiera-. Al menos, a ello hay que remitirnos porque, como dice Pablo Iglesias, está "cristalino" en el acuerdo. Ahí está para la izquierda el aspecto más lesivo de la reforma: la pérdida de poder, no de los sindicatos, sino de las cúpulas sindicales -sectoriales y territoriales- en el proceso de negociación colectiva.

Además de cargarse lo de "impulsaremos en el marco del diálogo social", el acuerdo entre el Gobierno y Bildu supone meterse en un berenjenal de cambios legislativos en el mercado de trabajo en un momento clave para España que es infantil. Cuando el 40% de la población activa -nueve millones de españoles- está en situación de paro, bien por que no tienen trabajo o porque se encuentran inmersos en expedientes temporales de regulación de empleo, es de suicidas plantear de forma unilateral una revisión total del mercado laboral.

Tiene razón la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, al calificar de "absurda" la derogación de la reforma laboral y explicar que "los contribuyentes nos pagan para solucionar problemas, no para crearlos". A la espera de que se pronuncie Pedro Sánchez sobre el asunto, Calviño 'for president', si no es otro miembro del Gobierno que miente, claro.

Hablemos del plurinacionalismo

En condiciones normales -en el sentido químico del término, es decir sin elementos que distorsionen el experimento- lo que el ciudadano debe pedirle a la clase política que gobierna es que le facilite la vida. Con ello entiendo, por una parte, que nos la haga lo más asequible posible, tanto por el lado de los ingresos -trabajo y pensiones dignos...- como por el de los gastos -impuestos, servicios...-. Y, por otra, que nos la haga lo más libre posible, es decir, que tengamos la posibilidad real de elegir en lo fundamental y optar por lo que mejor consideremos desde nuestras propias convicciones. Y junto a ello, que el Estado tenga la obligación y la capacidad de empujar para que nadie se quede atrás en esta búsqueda de progreso y libertad. Por eso me pongo nervioso cuando los políticos se dedican a crear más problemas de los que ya de por sí tenemos los ciudadanos.

Hay que ser pragmáticos. En términos de derecho positivo, que España sea una nación indisoluble, al final, depende de los políticos... y de los ciudadanos. Ahora que recordamos el cuadragésimo aniversario de las primeras elecciones democráticas, es bueno pensar que fueron los políticos y la sociedad quienes cambiaron aquello de que "España es una unidad de destino en lo universal. El servicio a la unidad, grandeza y libertad de la Patria es deber sagrado y tarea colectiva de todos los españoles", de los Principios Fundamentales del Movimiento, por el "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». Y antes que todo esto fuimos aquello de 1931: "España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones". Ahora llega la plurinacionalidad de España, que ha adoptado como doctrina política el partido que más ha gobernado en esta etapa democrática.

El lunes pasado, Carlos Alsina preguntó en Más de Uno de Onda Cero a Adriana Lastra por algún país del mundo en el que se dé ese caracter plurinacional que predica el PSOE. Balbuceó que podría ser Alemania con Baviera, aunque no es el caso. Y sólo pudo acordarse de Bolivia, que efectivamente recoge el término "plurinacional" en la Constitución promovida por Evo Morales. El artículo 1 dice: "Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías...". Bolivia recoge bajo esa definición a varias decenas de pueblos indígenas, algunos con menos de 40 ciudadanos. No sé si el PSOE va por ahí. Me gustaría preguntar a los 1.035 delegados que asistieron al Congreso el pasado fin de semana cómo definen el "Estado plurinacional". Nos íbamos a asombrar.

En nuestro convulso siglo XX fuimos una "república democrática de trabajadores", después -y a la fuerza- una "unidad de destino en lo universal", y más tarde un "estado social y democrático de Derecho". Incluso podrá llegar el momento en el que, impulsados por los gobernantes -como siempre-, los ciudadanos aprobemos que España sea un "Estado plurinacional". Recuerdo aquel programa de El mundo por montera de Fernando Sánchez Dragó en el que un Fernando Arrabal un tanto perjudicado interrumpía constantemente con su "hablemos del milenarismo". A eso me suena todo esto. De momento, hablemos del plurinacionalismo... y generemos otro problema.

La fuerza o la política en Cataluña

Hay una viñeta de Mafalda, la genial creación de Quino, en la que se ve cómo un trajeado anciano observa asustado a un hippie con melena, flores en el pelo, sandalias y una mochila. "¡Esto es el acabose!", grita el señor. Y Mafalda le mira circunspecta: "No. Es el continuose del empezose de ustedes". Pues eso. Estos días de declaración judicial de Artur Mas y dos ex consejeras nos retrotraen a 1984, cuando Jordi Pujol se envolvió en la senyera para defenderse de un problema personal con la Justicia. El resultado fue que quedó exonerado de sus responsabilidades en el desfalco de Banca Catalana. "Ahí se empezó a atacar el Estado de Derecho, ante el silencio general de la sociedad y de los partidos catalanes, con la complacencia de los dos grandes partidos españoles", escribía el martes Francesc de Carreras en El País. El lunes comprobamos que el discípulo ha aprendido la lección de su maestro... cambiando la senyera por la estelada.

Lo que sí ha cambiado en estos 33 años es que ahora tenemos la sensación de que el temido choque de trenes entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central se acerca inexorablemente. Tarde o temprano, los políticos que ahora dirigen Cataluña tomarán una decisión que el Gobierno de la nación no podrá aceptar.

¿Se podrá buscar una solución segundos antes de ese big bang? ¿Es factible todavía lo que se llama la vía política, es decir, que ambas partes se avengan a negociar? Sólo si la Generalitat, que sabe que sus pretensiones son ilegales, da su brazo a torcer es posible el acuerdo, porque es lógico pensar que ningún representante del Estado va a acordar nada que suponga su desmembramiento. Apelar hoy a la vía política es pedir la rendición de la Generalitat. Quien lo ha apostado todo a la independencia no se va a conformar con un simple cambio constitucional que coloque a Cataluña como un primus inter pares con el resto de las autonomías, que es a lo máximo que puede llevar la solución política ante el proceso.

Por ello hay quien piensa que la negociación ya es una utopía, que tenía que haber empezado antes, aquel 20 de septiembre de 2012, cuando tras la excepcional demostración popular en una Diada perfectamente preparada al efecto, Artur Mas se presentó en La Moncloa con su propuesta de pacto fiscal. Rajoy se negó a considerarla y el entonces presidente de la Generalitat contestó que ese día se iniciaba "un proyecto nuevo para Cataluña".

Desde entonces se intensificaron las voces que pedían la vía de la fuerza para terminar con la deriva secesionista. Es decir, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por la que el Estado central asumiría todas o parte de las competencias autonómicas. Algo que, no nos engañemos, sólo podrá ser eficaz si, en algún momento, las fuerzas del orden -ya sean unos mossos dirigidos desde Interior, o la propia Guardia Civil- impiden el ejercicio de sus funciones a los dirigentes autonómicos. Pero ese big bangsería tan catastrófico para las dos partes que, probablemente, es implanteable. Por eso el independentismo tendrá que claudicar de sus postulados más radicales.

Es una pena este despilfarro de fuerzas, porque a Cataluña le va muy bien dentro de España. Martí Saballs escribía esta semana en el diario Expansión que la economía catalana ha crecido un 3,5%, más que la media española, gracias al incremento de la producción industrial: "Los defensores más acérrimos del proceso independentista aún van por ahí diciendo que los catalanes somos una colonia explotada y avasallada. Que se lo hagan ver, pero que no hagan el ridículo contando su peculiar deformación de la realidad". Tiene razón.

@vicentelozano

(Publicado en El Mundo el 9 de febrero de 2017)

"Yo no fui, la culpa la tuvo el otro"

Se me ocurre una idea para abaratar el coste de la campaña electoral de ¡dos meses! que se nos avecina. Diseñar gifs de cuatro colores -azul, rojo, morado y naranja- con un lema único para todos los partidos: "Yo no fui, la culpa la tuvo el otro". Difundirlos por todos los canales virtuales y ya está. Sin mítines, sin debates.

Este fin de curso político nos pilla muy cansados tras una campaña electoral que empezó el pasado 9 de mayo de 2014 con las elecciones europeas y no ha tenido solución de continuidad. El miércoles terminó una legislatura y ya nos encontramos con las primeras declaraciones preelectorales. De nuevo los candidatos se presentarán a los ciudadanos ¡a partir del próximo 9 de junio! con su "voy a hacer propuestas a los españoles", que a la hora de la verdad volverán a correr el riesgo de quedarse en nada en cuanto se pongan los guantes y suban al cuadrilátero.

Digan lo que digan los partidos, lo que ha quedado claro de estos meses en punto muerto político ante la opinión pública han sido los vetos y las aspiraciones personales. "Yo no me quito porque he ganado", "si hay un gobierno de progreso lo tengo que liderar yo, que soy el primero de las fuerzas progresistas", "te dejo gobernar si yo soy vicepresidente", "apoyo a cambio de que se vaya quien ganó las elecciones"... Y se intentaron alianzas imposibles porque las premisas eran imposibles.

Ésta era la primera ocasión desde la etapa de la Transición en que los españoles obligaban a negociar de verdad a los políticos para formar Gobierno y el fiasco ha sido monumental. Me dirán que en años pasados ha habido Ejecutivos en minoría con apoyos de otros partidos. Pero aquéllo no era una negociación de verdad porque el partido ganador de las elecciones conseguía el visto bueno de un aliado nacionalista a cambio de concesiones legales -la educación, por ejemplo- y transferencias de dinero a esas autonomías.

Ha sido una ocasión perdida porque estábamos en la mejor de las situaciones posibles para llegar a acuerdos de fondo y duraderos sobre los temas clave del país: la educación, el Estado del bienestar, el mercado laboral, el modelo de Estado o el desafío económico y social que representa el cambio tecnológico... Una legislación en estos temas consensuada y con amplio respaldo parlamentario nos hubiera ayudado a dar un gran salto adelante competitivo y no ha sido posible. Y esto hay que ponerlo más en el debe del PSOE que del PP.

Pero no seamos negativos del todo. De las experiencias se aprende. Los partidos saben que los ciudadanos no soportarían otro fracaso como éste y sólo por eso, empezaremos a ver un cambio de actitud entre los líderes para reabrir las puertas que se han cerrado en estos meses. Mantendrán esos enfrentamientos tácticos propios de una campaña electoral, pero variarán su estrategia de fondo.

Ayer, Pedro Sánchez reconoció por primera vez y con toda claridad a Carlos Herrera en la Cope que se equivocó cuando le dijo a Mariano Rajoy que no era un político decente en aquel infausto debate de diciembre que descompuso las relaciones personales entre quien todavía es presidente del Gobierno en funciones y el lider de la oposición.

A lo mejor es una muestra de que algo puede estar cambiando. Si es así y después del 26-J podemos hablar de que en España somos capaces de constituir un Gobierno con amplio respaldo parlamentario y comprometido con las reformasque necesita el país, no todo habrá sido en vano. Habrá merecido la pena pagar la novatada. Soñemos hasta entonces. Después, ya veremos.

(Publicado en El Mundo el 28 de abril de 2016)

@vicentelozano

Por qué no nos creen fuera.

Nos quejamos de que Monti o Sarkozy identifiquen a España como la mala de la película económica. Fastidia, pero quizá tengan un poco de razón porque...

Porque el jefe de los funcionarios tilda de gandules e indolentes a todos los empleados públicos ante la sociedad y sin ningún pudor al amenazar con ese «se ha acabado el cafelito y el leer el periódico». Porque el despacho del alcalde en el Ayuntamiento de Madrid, ahora ocupado por Ana Botella, es mucho más grande que el del presidente de Estados Unidos. Porque una entrada de fútbol cuesta dos veces más en España que en Alemania, con un nivel de vida en nuestro país claramente inferior. Porque hemos invertido 1.700 millones en 18 desaladoras y sólo cinco se han puesto en funcionamiento. Porque esas desaladoras producen el agua casi cinco veces más cara, los agricultores no pueden pagarla y se sigue invirtiendo en ellas.

Porque en España existen 77 universidades. Porque los 77 rectores de esas universidades no tienen que dar cuenta a nadie de cómo gestionan sus 77 presupuestos. Porque mientras que en todo Estados Unidos hay sólo 2 institutos de nanotecnología, en España existen 7: creó uno una comunidad autónoma, y otro la de al lado, y otro, y otro... Porque Castilla-La Mancha es la única región ¡del mundo! que tiene todas sus capitales de provincia conectadas por AVE.

Porque alguien proyectó cinco autopistas radiales de peaje en Madrid que no tienen tráfico y ahora el erario tendrá que asumir las pérdidas. Porque el Estado licita una autopista de peaje y cuando está construida una autonomía construye una autovía en paralelo y le hunde el tráfico. Porque el recientemente remozado Aeropuerto de Huesca registró un tráfico de ¡18 pasajeros! en un mes. Porque el Aeropuerto de Ciudad Real, privado pero costeado con dinero público, acaba de cerrar sus pistas. Porque el de Castellón ni siquiera las ha abierto. Porque un español que vive en el País Vasco no puede ser atendido en un hospital de La Rioja aunque viva a unos cientos de metros del mismo.

Porque el gobernador del Banco de España dice en público sin ponerse colorado que la CAM es «lo peor de lo peor» cuando su obligación era evitar que lo fuera. Porque el propio Banco de España permite que los consejos de administración de las nuevas cajas de ahorros estén compuestos casi por las mismas personas que las llevaron a la ruina. Porque el Ministerio de Cultura subvenciona películas de cine que no se llegan a estrenar. Y otras se estrenan y recaudan menos que la propia subvención que han recibido.

Porque un grupo de pilotos se pone de huelga y el Estado no tiene resortes para evitar que tomen como rehenes a los ciudadanos y a todo un sector estratégico como el turismo. Porque a nadie se le ocurre que una caída del 25% en el presupesto público en I+D se puede compensar con el incremento de las aportaciones del sector privado. Porque una simple llamada del inspector de Trabajo al domicilio sirve para que cientos de funcionarios vuelvan a sus puestos de trabajo al día siguiente.

Porque las promesas oficiales del Gobierno de inversión en infraestructuras en una región son directamente proporcionales a la cercanía de unas elecciones autonómicas. Porque el expresidente que deja una comunidad autónoma en la bancarrota responde que «soy un político, no un contable» cuando se le piden explicaciones por su nefasta gestión.

Porque un ayuntamiento organiza un referéndum para cultivar marihuana y así reducir su déficit con la venta de la plantita. Porque todo un ministro de Asuntos Exteriores deja que un presidente extranjero insulte a su país con la excusa de que como se refiere a un Gobierno anterior...

Porque un recorte de 10.000 millones de euros -el 1% del PIB- se anuncia mediante una simple nota de prensa y se presenta apenas diez días después de la elaboración de los Presupuestos. Porque la presidenta de una comunidad autónoma reconoce que las ineficiencias en las administraciones le cuestan al Estado 48.000 millones de euros. Porque... (incluir aquí alguna experiencia particular).

No es pesimismo ni derrotismo. Es el realismo de reconocer dónde estamos para empezar a rectificar.

'Encontrarás dragones' o la lucha del hombre contra sí mismo

La productora de 'There be dragons' (Encontrarás Dragones), la última película de Roland Joffe que se estrena el próximo 25 de marzo, me invitó amablemente a un pase previo de la película, como ha hecho con tantos periodistas y críticos. Me gustó. No soy crítico de cine ni lo pretendo, pero ésta es mi visión de lo que he visto.

He visto a un gran director de cine que se atreve con un trabajo absolutamente complejo, sobre todo para la sociedad española: rodar una película sobre el bien y el mal; mejor, sobre la capacidad del hombre para amar y para odiar, basada en la figura del fundador del Opus Dei y ambientada en unos años atroces y hostiles como los de la Guerra Civil de 1936.

Joffé es un británico de origen francés, lo que complica un poco el conocimiento de las causas de nuestra contienda y sus consecuencias. Ha dicho en otras ocasiones que si hubiera participado en esa guerra lo habría hecho con los milicianos del bando republicano. Y en la película se nota. Joffé, que habla del bien y del mal, sitúa a buenos y malos en los dos bandos. Hay milicianos jóvenes e idealistas, capaces de amar en medio de aquel tormento y, a la vez, otros que matan a un cura a sangre fría en una calle madrileña. Como vemos a personas del bando alzado que sufren al pillarles el levantamiento en zonas que se mantuvieron fieles al Gobierno, a la vez que se refleja la brutalidad de algunos militares fascistas.

Joffé es agnóstico declarado y, como he dicho, de origen judío. Pero en la película plasma perfectamente el sentido cristiano del dolor, del amor a todos independientemente de la forma de pensar y capta especialmente bien el concepto católico de redención: nadie está predestinado para el mal y toda persona tiene oportunidades para convertirse. Una forma de ser reflejada a través de los acontecimientos vividos por Josemaria Escrivá antes y durante la contienda: su trabajo con los enfermos en Madrid, la fundación del Opus, la llegada de los primeros jóvenes que se le acercaron y su peripecia durante la guerra.

Todo ello tratado, y ahí considero que está el gran mérito de Roland Joffé, con transparencia, con credibilidad, sin prejuicios políticos ni religiosos. Cuenta los hechos de tal forma que te crees absolutamente que así hubieran sucedido… quizá porque así fue como sucedieron. Id a ver la película. Habla de sentimientos tan íntimos para todos que no os defraudará.

Krugman dice que España debe bajar los salarios

El Premio Nobel de Economía Paul Krugman, uno de los economistas de cabecera del presidente del Gobierno español, ha escrito en su blog que España no tiene más remedio que reducir los salarios para comenzar la recuperación económica.

El economista norteamericano acaba de escribir una entrada en el blog The Conscience of a liberal que tiene en el diario 'The New York Times' titulada Would cutting the minimun wage raise employment?, sobre el salario mínimo en Estados Unidos. Viene a propósito del debate que se ha abierto en ese país sobre si el Gobierno debe recortar el salario mínimo interprofesional para estimular el mercado de trabajo. De esto se habló en la reunión que tuvo el presidente Obama con empresarios sobre el tema en la Casa Blanca a principios de semana.

La tesis es que el salario mínimo impone un suelo en la negociación de salarios que, irremediablemente, provoca unos costes laborales más altos en los países que lo mantienen respecto a otras que no lo regulan. Krugman sostiene que en Estados Unidos no hace falta rebajar el salario mínimo porque la economía tiene otras palancas para controlar la pérdida de competitividad en caso de aumento de los costes de producción: la fluctuación del dólar, fundamentalmente.

Pero un lector le ha preguntado en el blog si esto sirve también para España. Krugman ha titulado su respuesta Pain in Spain. Y viene a decir: España no puede devaluar su moneda porque forma parte del euro. Sus salarios son demasiado altos en comparación con los de otros miembros de la eurozona, ahora que se han acabado el boom de la construcción y la entrada masiva de capitales. Si la peseta siguiera existiendo, yo aconsejaría una devaluación. Desde que eso no es posible, la rebaja de salarios tiene que tomar el testigo.

El confidencial económico Eurointelligence, del que recojo este asunto, comenta: "Si usted piensa que Paul Krugman estaría más cerca de la izquierda económica, tiene que leer lo que piensa sobre España". ¿Seguirá el Gobierno el consejo del profesor?