Y el Gobierno no lo ha empezado bien. El ataque a la enseñanza concertada es el ejemplo más claro de que está anteponiendo la ideología a la, repito, mal llamada reconstrucción Porque el Congreso, con los votos del PSOE y de Podemos y la oposición del PP, Cs, JxCat y el PNV, ha aprobado que las ayudas públicas necesarias para adecuar los centros a la nueva etapa poscovid-19 solo se repartan entre los colegios e institutos públicos y no llegue nada a los concertados. La ausencia de ese dinero supone un grado más en el ahogamiento financiero de estos centros, sin ninguna razón.
Se da paradoja de que, por ejemplo, colegios públicos situados en zonas con alto nivel adquisitivo sí tendrán acceso a las ayudas, mientras que centros concertados ubicados en zonas más deprimidas -los hay, y muchos- se quedarán sin esa posibilidad. Esto deja a las familias que eligen este tipo de educación para sus hijos como ciudadanos de segunda, porque pagan sus impuestos como los demás y no reciben las mismas ayudas. Además, esa discriminación no se produce en el ámbito estrictamente educativo, sino en una cuestión que afecta directamente a la seguridad sanitaria de los trabajadores, profesores y alumnos de esos colegios.
¿Qué pasará en septiembre si un centro no puede hacer frente a las exigencias de la nueva situación -que puede suponer incluso contratar nuevos profesores- y las familias de ese colegio no tienen recursos para costearlas? ¿No sería más social repartir esos recursos -si no hay dinero para todos- por los colegios según el nivel de renta de las familias que están en ellos, sean estos públicos o concertados?