martes, 25 de agosto de 2020

A finales de agosto casi todo llega tarde

La segunda ola de la pandemía, que todo el mundo sabía que se iba a producir tarde o temprano, ha llegado en verano y ha pillado a los gobernantes de improviso. Y esto debería ser considerado un delito. La primera vez, puede pasar que se tarde en reaccionar; la segunda denota dejadez, falta de previsión y, por lo tanto, ineptitud. Llevamos con la pandemia desde el comienzo de 2020 y estamos terminando el octavo mes del año. 

A estas alturas de la película, a finales de agosto, los españoles no tienen claro quién lleva el timón de la operación, si el Gobierno o las comunidades autónomas porque, a finales de agosto, el Gobierno descarga en las autonomías la responsabilidad en el control de la pandemia, posibilidad de solicitar el estado de alarma en su territorio incluido. A finales de agosto, cuando llevamos semanas con los casos de contagio disparados, el presidente del Gobierno anuncia que el Ejército se pone a disposición de las CCAA para los rastreos.  A finales de agosto no sabemos los planes de contingencia que tienen preparados las autonomías si en unas semanas se disparan las hospitalizaciones y los ingresos en las UCI. 

A finales de agosto todavía se están anunciando apresuradamente planes para el curso escolar... que empieza en menos de dos semanas, a la espera de una conferencia autonómica sobre Educación que todavía no se ha producido. A finales de agosto, los ministros de Educación  de Universidades no han dado una sola explicación pública sobre el inicio del curso. 

A finales de agosto el presidente del Gobierno propone una reunión con los líderes políticos para coordinar no se sabe qué y determinar una estrategia común ante unos Presupuestos... que en apenas un mes deberían entrar en el Parlamento. 

Por eso, a finales de agosto Bloomberg y The Wall Street Journal nos vuelven a poner como ejemplo de improvisación  y de mala gestión en la lucha contra el coronavirus. Porque, a finales de agosto, volvemos a estar entre los países más castigados del mundo en términos de contagiados por habitante.

No es cuestión de culpar ahora al Gobierno o a las autonomías  de la falta de respuesta adecuada y puntuial. Me parece que se trata de algo más profundo, porque esta crisis ha dejado al descubierto que las costuras del Estado nacido en 1978 se han empezado a descoser. Pero eso puede ser bueno si se aprovecha para reforzarlas.


lunes, 10 de agosto de 2020

Los rastreadores 'privados' de Ayuso

El asunto de la contratación del grupo Quirón por 194.000 euros en tres meses para que 22 personas se encarguen de hacer los imprescindibles rastreos de contagiados para prevenir la extensión de la pandemia en cuatro comentarios:

1. Contratar a una empresa privada para un servicio público está a la orden del día en cualquier administración. El tema es que se haga con transparencia, que sea eficaz y que salga más barato al erario.

2. Otra cosa es analizar cómo se llega a ello y por qué la Comunidad de Madrid no ha podido por sí misma proporcionar ese servicio clave para luchar contra la pandemia. La semana pasada no logró voluntarios que trabajaran gratuitamente. 

3. Y si no he hecho mal los números, la Comunidad pagará 2.939 euros por rastreador y mes (lo que no quiere decir que sea su sueldo).

4. Lo que tiene difícil explicación es que la Comunidad justifique esta contratación apresurada de rastreadores en el sector privado en que "no ha tenido tiempo" de organizarla desde el sector público. Porque esta 'segunda ola' o rebrote de los contagios se sabía que sucedería desde mayo.

Y 5. El Gobierno del PSOE y Podemos a través de Aena ya contrató al mismo grupo -junto a otra empresa-  en junio para reforzar los controles en Barajas: el importe en esta ocasión fue de 20 millones de euros. Era imprescindible y lo hizo, como lo ha hecho hoy la Comunidad de Madrid