¿Sabía que los CEO de Google, IBM, Microsoft, Nokia, Deloitte... y en breve Twitter son indios?

Esta lista es muy interesante, aunque resulte repetitiva: Sundar Pichai, consejero delegado de Google, es indio. Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft, es indio. Shantanu Narayen, presidente y consejero delegado de Adobe, es indio. Ajaypal Singh Banga, presidente ejecutivo de Mastercard, es indio. Rajeev Suri, presidente y consejero delegado de Nokia, es indio. Arvind Krishna, presidente y consejero delegado de IBM, es indio. Punit Renjen, consejero delegado de Deloitte, es indio. Rakesh Kapoor, primer ejecutivo de NetApp, es indio. Y se acaba de incorporar a este selecto grupo Parag Agrawal, que en mayo sucederá a Jack Dorsey como primer ejecutivo de Twitter.

Algunos de ellos iniciaron sus estudios universitarios de ingeniería en Estados Unidos, pero otros llegaron a ese país a trabajar o a realizar estudios de posgrado tras terminar en India. Universidades e institutos de ese país. Han estudiado en el Indian Institute of Management de Ahmedabad; en el Manipal Academy of Higher Education de la Universidad de Mangalore; en el Xavier School of Management de Jamshedpur, una escuela de negocios fundada por los jesuitas. Y, excepto Nokia, todas esas grandes multinacionales son estadounidenses.

En India hay más de 15.000 facultades de ingeniería que lanzan al mercado laboral unos 500.000 profesionales cada año, según datos de la National Association of Software and Service Companies (Nasscom) de ese país.

Todos estos datos hablan muy bien del sistema educativo indio y del modelo laboral de Estados Unidos, sobre todo también por la acogida de talento allá de donde venga.

En este número dedicamos un amplio reportaje a la estrategia de digitalización de las pymes españolas, con entrevista incluida a Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y responsable de llevarla a cabo. Dispone de 4.656 millones de euros para ello para los cuatro años y la propia Artigas reconoce que digitalizar las pymes españolas puede aumentar entre un 15% y un 20% los ratios españoles de productividad.

¿Qué tiene que ver la potencia de un país de 1.380 millones de habitantes, que exporta talento a las grandes multinacionales con las pequeñas y medianas empresas de un país de 47 millones de personas? Pues recordarnos que cualquier impulso a la digitalización del sector empresarial debe ir acompañado del esfuerzo por la formación de los trabajadores en esas competencias digitales. De nada sirve inundar de dinero a las pymes si en ellas no hay quien gestione objetivos claros, concretos y factibles para acometer la revolución digital.

(Publicado en Actualidad Económica el 5 de diciembre de 2021)

Reforma laboral: Calviño tiene razón, miremos al futuro y no al pasado

Pedro Sánchez no perdió ni un solo segundo cuando fue elegido por primera vez secretario general del PSOE en anunciar qué pensaba sobre la reforma laboral del PP de 2012. Fue en julio de 2014: «La primera medida que tomará el próximo Gobierno socialista será la de derogar la reforma laboral de Rajoy, para recuperar cuanto antes los derechos de los trabajadores». Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno en junio de 2018 y la reforma laboral se mantiene impoluta en la legislación.

En este tiempo, ha promovido leyes tan complicadas, por lo que exigen de diálogo político y social, como la de educación o de eutanasia, pero no ha tumbado algo de lo que había hecho bandera y que, además, se incorporó al acuerdo de Gobierno con Podemos. «Derogaremos la reforma laboral», se lee en el punto 1.3: «Con carácter urgente derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo» y «a prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales». Ese acuerdo no contempla terminar con la fuerte reducción de las indemnizaciones por despido, por cierto.

La realidad es que la denostada reforma laboral de Fátima Báñez sigue vigente casi cuatro años después de que Pedro Sánchez alcanzara la presidencia del Gobierno. Aquel «derogar la reforma laboral» fue aguado por los socialistas por un «derogar los aspectos más lesivos» de la misma y, en estas semanas, todavía se ha diluido más en el concepto de «modernizarla».

Que siga vigente la legislación laboral del PP no es malo para la economía ni para los trabajadores. Ha logrado que en España se creara empleo neto por primera vez creciendo por debajo del 2% del PIB, y en los años de bonanza puso el caldo de cultivo para generar más de tres millones de puestos de trabajo más de 400.000 al año, algo nunca visto. Además, y al contrario de lo que podía parecer, en estos años ha aumentado el peso del empleo fijo sobre el temporal.

Por eso, es una imprudencia intentar cargarse lo que está funcionando y, sobre todo, es una temeridad hacerlo cuando España y los españoles necesitan que se cree empleo. Cuatro millones de parados, más de un millón de autónomos en cese de actividad y casi 900.000 trabajadores en ERTE son razones suficientes.

Por eso hay que ponerse de parte de los empresarios, que consideran que no es el momento de tocar lo que ha funcionado y lo que volverá a funcionar cuando llegue la recuperación. Poner trabas a la contratación o dificultar la negociación colectiva en estos momentos es colocar palos en las ruedas del empleo. Es así, por mucho que los sindicatos y Podemos digan lo contrario, en especial las cúpulas sindicales no los comités de empresa, mucho más pragmáticos por moverse en la realidad de las compañías que continúan defendiendo al empleado con trabajo fijo y dejan de lado al que quiere incorporarse al mercado laboral, como los jóvenes y los parados.

Tiene razón Nadia Calviño al afirmar ayer en Onda Cero que hay que mirar al futuro del mercado laboral con dos líneas fuerza inexcusables: la reducción de la dualidad en los empleos entre fijos y temporales y el insoportable paro juvenil, que supera el 40%. Eso tiene poco que ver con la derogación de la reforma laboral del PP.

(Publicado el El Mundo el 19 de marzo de 2021)

Un mercado laboral dopado

Decía el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, hace unos días en una entrevista con el diario Financial Times que las previsiones de desempleo de la OCDE y del Banco de España que situaban el paro en España por encima del 20% al finalizar 2020 «habían fallado por completo». Técnicamente tiene razón, porque según la Encuesta de Población Activa (EPA) que conocimos ayer, la tasa de paro al cerrar el ejercicio pasado se situaba en España en el 16,13%, dos puntos y medio más que en 2019, pero muy cerca de la previsión del propio Gobierno y muy alejada de la del Banco de España.


Pero en la práctica la tasa de paro en España es mucho mayor y se acerca más a las estimaciones de la entidad presidida por Pablo Hernández de Cos. Porque, según la propia EPA, al finalizar el año pasado había en España unas 900.000 personas en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que las estadísticas contemplan como ocupados aunque en realidad sean parados temporales: trabajadores que están en el desempleo por una temporada –cobrando del Sepe– hasta que se solucione la situación financiera y de negocio de sus empresas.

Si sumamos esos desempleados temporales que según las estadísticas están ocupados, a la cifra de parados, tenemos que ésta subiría hasta los 4,7 millones de personas y la tasa de paro se situaría en España en el 21%, mucho más cerca de las previsiones del Banco de España que las del Ejecutivo. La realidad del número de parados en España en estos momentos está entre los 3,7 millones de desempleados oficiales y los 4,7 millones de personas que, pudiendo trabajar, no lo hacen.

Tenemos, pues, un mercado laboral dopado por los ERTE, que, por cierto, no son una invención de Yolanda Díaz ni de Fátima Báñez, sino que están regulados desde 1995, cuando José Antonio Griñán era ministro de Trabajo. Nadie sabe cuántos de esos 900.000 trabajadores irán al paro en los próximos meses y cuántos volverán a la actividad, aunque a la vista de la coyuntura no se puede ser optimista, porque la inmensa mayoría de los ERTE se dan en el sector servicios y la evolución de la pandemia hace presagiar que este año no va a ser el de la recuperación de la hostelería y el turismo.

Por ejemplo, la EPA refleja una cierta recuperación del mercado de trabajo en el último trimestre de 2020 gracias al levantamiento de la movilidad antes de que llegara la tercera ola del Covid-19. Una situación que cambiará para mal en el inicio de 2021 con el empeoramiento de las perspectivas sanitarias y el aumento de las restricciones. En unos días veremos la evolución del empleo en enero… y de lo que nos espera al me nos hasta el verano.

Esa es la primera cuestión que hay que preguntarse a la hora de hacer previsiones sobre el comportamiento del mercado de trabajo en 2021: ¿cuántos de los trabajadores en ERTE, los 900.000 actuales y los que vendrán, van a volver a sus empresas? Porque, como su propio nombre indica, son una solución temporal que no se puede prolongar, aunque los ERTE sean necesarios en un primer momento como medida urgente de contención de los despidos. Llegará un momento en el que el empresario tendrá que decidir si rescinde definitivamente los contratos que ahora están en suspenso. Sólo queda que empecemos a notar cuanto antes el efecto de las vacunas.

(Publicado en El Mundo el 29 de enero de 2021)

Entre el rigor y la propaganda

La parte de Podemos en el Gobierno, sobre todo, ha alardeado esta semana de haber empezado a derogar la reforma laboral del PP al evitar el despido por baja médica justificada. «Las bajas médicas, que justifican las ausencias cuando estamos enfermas y somos más vulnerables, ya no son causa de despido», ha dicho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Y el vicepresidente de lo social, Pablo Iglesias, tuiteó el miércoles que hay una medida que ha tomado este Gobierno de la que se siente «especialmente orgulloso: ningún compatriota tendrá que volver a elegir entre ir a trabajar enfermo o ser despedido». Lo malo es que tanto la ministra de Trabajo como el vicepresidente saben que esto no es así.
Porque lo que acaba de derogar el Ejecutivo es el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que decía que puede extinguirse el contrato de trabajo «por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el veinticinco por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce». Un artículo que, es cierto, fue modificado por el PP en la reforma laboral de 2012, eliminando las referencias a la empresa -las condiciones variaban en función del número de trabajadores de la compañía- y, por tanto, hizo más fácil el despido del trabajador.
Pero lo que la propaganda oficial lleva a creer es que gracias al Gobierno de coalición, los trabajadores enfermos ya no podrán ser despedidos en este país. Y eso es falso. Lo que hace la derogación de ese artículo es dejar de considerar la concatenación de bajas una «causa objetiva» para extinguir el contrato laboral.
Esto significa que el despido se considera improcedente y en vez de indemnizar al trabajador con 20 días por año trabajado, obliga a pagar 33 días por año. No tienen razón, pues, ni Iglesias, ni Díaz, ni toda la propaganda oficial: el trabajador enfermo puede ser despedido ahora igual que antes, solo que al empleador le sale más caro. Es bueno que se diga la verdad al ciudadano para que no se enfade cuando se tope con la realidad.
Algo similar ha pasado con el expediente que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha abierto a siete intermediarios de alquileres como Idealista, conocido el miércoles. En esta ocasión ha sido el ministro de Consumo, Alberto Garzón, también de la parte gubernamental de Podemos, uno de los que ha comentado el asunto: «Incrementar beneficios especulando con el derecho a la vivienda. La CNMC estudia si Look & Find, Idealista y Remax inflaron con algoritmos el precio de la vivienda». Tampoco es así, con lo que el ministro, como mínimo, se ha precipitado.
Lo que la CNMC estudia es si ha habido concertación de precios en el servicio de intermediación de estos portales inmobiliarios: «Se ha inspeccionado la sede de varias empresas que prestan servicios de intermediación inmobiliaria y empresas proveedoras de software inmobiliario, por la fijación de comisiones para la venta y el alquiler de inmuebles», decía la CNMC cuando abrió el expediente.
Es decir, las empresas no «inflaron con algoritmos el precio de la vivienda», sino que se ponían de acuerdo en las comisiones que cobraban, restringían la competencia y obligaban al comprador a pagar más por su servicio. Una práctica que hay que perseguir si se confirma, pero ni Idealista ni los demás inflaron los precios de los pisos, como nos quieren hacer ver, sino los de sus comisiones. La repercusión en el mercado de la vivienda de esta práctica, insana desde luego, es mucho menor.
A los ministros hay que exigirles más rigor y menos propaganda fácil. Incluso si son de Unidas Podemos.

(Publicado el 21 de febrero de 2020 en El Mundo)

Pensiones: nos engañan a corto o nos engañan a largo

Recordemos algunas noticias sobre las pensiones que hemos leído en los últimos días. No hace falta irse demasiado hacia a atrás en el tiempo. Una: La nómina mensual de las jubilaciones lleva dos meses subiendo a un ritmo anual del 5% y supera los 9,2 millones de euros, debido a que se aplica la revalorización con base en el IPC aprobada por el Gobierno de Rajoy. Dos: Los últimos Ejecutivos se han fumigado ya el préstamo de 15.000 millones de euros solicitado al Tesoro -hacerse trampas en el solitario, se llama- para pagar las pensiones y el Ministerio de Trabajo ha dicho que necesitará tirar del fondo de reserva para pagar los 7.000 millones que suponen la extra de diciembre, con lo que la denominada hucha de las pensiones pasará a mejor vida.
Tres: El déficit de la Seguridad Social va a superar los 18.000 millones de euros este ejercicio. Cuatro: Después de decenios en los que los distintos gobiernos se han cansado de decir que las pensiones están garantizadas, por fin una voz oficial autorizada baja a la realidad y afirma que el modelo actual no es viable más allá de los 10 años: «El sistema tiene arreglo para los próximos 10 años, pero luego habrá que volver a pensarlo», comentaba el miércoles el secretario general de la Seguridad Social, Octavio Granado. Y añadía la causa que éste y otros Ejecutivos se han negado a poner en primer plano hasta ahora: la evolución demográfica en España, que llevará en los próximos años a la jubilación de la generación del baby boom.

En otras palabras, Granado dijo que o se le da la vuelta al sistema o se va al garete. Esto quiere decir que si usted tiene menos de 55 años -y a lo mejor lleva ya 25 cotizando- no tiene garantizada en estos momentos una jubilación digna... por la que ha estado pagando al Estado todos esos años de carrera profesional.
Y cinco: Con todo esto, es decir, con el sistema haciendo agua y con fecha de caducidad puesta ya casi oficialmente, los señores diputados del Pacto de Toledo deciden un acuerdo de revalorización anual que incluye una subida de las pensiones «en base al IPC real». Entre otras razones, porque «no nos ponemos permitir el lujo de tener pensionistas que sean pobres», como decía ayer la portavoz socialista en la comisión del Pacto de Toledo, Mercé Perea.
Pues bien, o esa revalorización «en base al IPC real» esconde alguna triquiñuela para que en la práctica no sea así, y los políticos nos están engañando a corto plazo, o vuelven a colocar otro peso sobre un modelo de pensiones públicas que ya no soporta nuevas cargas y nos están engañando a largo plazo.
Lo que no es de recibo es que, como decimos, a la vez que el Gobierno reconoce que esto no da más de sí, el Pacto de Toledo apruebe una medida que ahoga mucho más el sistema. No se me ocurre otra explicación que la electoral: hay que amarrar los votos de los nueve millones de pensionistas de hoy... ¿Dentro de 10 años? En política eso es un mundo, a pesar de la juventud de nuestros líderes políticos. Repito: si tiene menos de 55 años, póngase un poquito nervioso. Esta vez lo ha dicho el Gobierno, por fin.

(Publicado en El Mundo el 28 de septiembre de 2018: http://www.elmundo.es/economia/2018/09/28/5bad32eb22601dbd168b4679.html)

Realismo en Figueruelas

El acuerdo que han alcanzado Opel, ahora propiedad del grupo francés PSA, y los trabajadores por el que éstos sacrifican parte de sus ingresos futuros a cambio de que la empresa aumente la producción de la planta de Figueruelas es una muestra más del realismo que ha caracterizado las relaciones laborales en la industria de la automoción en España. Y esto ha sido y sigue siendo muy positivo para la economía.

Ese realismo empresarial y sindical ha hecho de España un país muy competitivo en este sector, algo especialmente importante porque en los últimos años se han sumado a la producción de automóviles países con mano de obra más barata que han puesto en dificultades el mantenimiento de las fábricas en España. Que las multinacionales del motor acepten mantener su producción en nuestro país con mejores condiciones laborales que en otros es porque la productividad de las plantas españolas es superior a la de nuestros competidores. Un responsable de Opel recordaba el miércoles que en Europa hay más de 200 factorías similares a las españolas, muchas de ellas con costes laborales más bajos.

El automóvil es imprescindible para España porque es clave para nuestro sector industrial. El peso de la industria en el PIB ha caído desde el 29% de 2008 al 23% en 2017. Pues bien, casi la mitad de ese 23% -un 11%-, procede de los coches. España cuenta con 19 factorías, emplea directa e indirectamente a unos 200.000 trabajadores y las exportaciones de vehículos representan alrededor del 15% del total de las ventas a exterior. Aquí están Volkswagen, Peugeot-Citroen, Ford, Daimler Benz, Nissan, Renault..., empresas que han inyectado en sus factorías más de 4.000 millones de euros en los últimos años. Los fabricantes dicen que aportan cada año al Estado en impuestos unos 25.000 millones de euros. Son cifras que avalan la importancia del sector de la automoción en España, un país, como decimos, que se desindustrializa por momentos, con la repercusión que tiene este proceso en la estabilidad de los empleos.

Las relaciones laborales en el sector automovilístico han sido modélicas casi siempre, pero especialmente en los años de la crisis. En todas las plantas, sindicatos y trabajadores han sido capaces de llegar a acuerdos en las retribuciones y en las condiciones laborales con los que han sorteado la recesión con resultados muy positivos, como se ve. Ha habido despidos -en condiciones aceptables-, desde luego, pero también se ha logrado conservar la carga de trabajo en las fábricas, lo que ha significado el mantenimiento de la mayoría de los puestos de trabajo y, lo que es muy importante, asegurarse la producción para los próximos años.

En el caso de la factoría de Figueruelas, los trabajadores han renunciado a algunas subidas y complementos salariales y, a cambio, la empresa se ha comprometido a llevar nuevos proyectos, de forma que la planta pueda colocarse a pleno rendimiento, lo que supone fabricar unos 478.000 vehículos al año. En 2017, Figueruelas puso en el mercado 387.000. Hay que felicitarse, pues, por el acuerdo y abogar porque se cumpla.

¿Qué fue de los sindicatos?

Probablemente éste haya sido el Primero de Mayo sindical más triste de los últimos años porque los sindicatos han perdido buena parte de la influencia social que han tenido en España desde la reinstauración de la democracia. Hoy, bajo el lema "Así no salimos de la crisis", UGT y CCOO han convocado manifestaciones en 80 localidades españolas, pero sus voces se van a oír menos que nunca. ¿Qué ha ocurrido para que en el momento de más precariedad laboral, con el desempleo todavía desbocado, con un paro juvenil en el 50%, los sindicatos pinten menos que nunca en el panorama económico nacional?

Hay factores, digamos, endógenos, que se refieren a su propio funcionamiento. Los escándalos de UGT en los cursos de formación y en los ERE han terminado por minar su credibilidad y ha arrastrado a la otra gran central, CCOO .

Las informaciones destapadas por este periódico sobre el despilfarro ugetista de dinero público para los parados en Andalucía -cenas con gambas y rebujitos, o regalos de bolsos de marca pirateados, incluidos-, que han tenido ramificaciones en otras federaciones como la extremeña, la madrileña o la balear, han llevado la imagen sindical a mínimos históricos, que dirían los analistas. Tampoco ha ayudado la aparición de destacados dirigentes de los dos sindicatos en procesos penales un tanto vergonzosos como el caso de las tarjetas black de la antigua Caja Madrid. Y, en estos tiempos en los que se exige claridad en las cuentas públicas y en las organizaciones, las centrales tampoco han sido un adalid de la transparencia.

Pero también hay otras razones externas que explican esta caída de la influencia de los sindicatos. España es de los países de la OCDE con menos afiliación sindical, que nunca ha superado el 15,9% de los trabajadores. En 2014, por ejemplo, UGT y CCOO decían que contaban entre ambos con dos millones de afiliados. Sobre una población activa de 22,8 millones de personas, supone apenas un 8,7% del total. Es posible que el fuerte aumento del paro haya provocado una salida masiva de afiliados, pero en ningún caso el nivel de representación se corresponde con el inmenso poder que han tenido UGT y CCOO en la política española.

¿De dónde viene, pues, esa tremenda influencia? Básicamente, de un sistema de negociación colectiva en el que los sindicatos han llevado la voz cantante. El modelo en cascada, que otorgaba más peso al convenio nacional o general que a los acuerdos que alcanzaran los comités en cada empresa, dejaba en manos de las cúpulas sindicales -más alejadas como de la realidad concreta de cada compañía- decisiones clave para la vida empresarial como las subidas salariales, la remuneración de la productividad o la flexibilidad de la jornada laboral. A esto se añade la ultraactividad de los convenios, que es la aplicación automática de un convenio vencido o denunciado más allá de la vigencia prevista en los acuerdos, lo que podía prolongar sine die unas condiciones laborales pactadas dos o tres años antes pero a lo mejor ya no válidas cuando había que negociar uno nuevo.

La reforma laboral de 2012 decretada por el PP terminó con este modelo al primar los convenios de empresa sobre cualquier otro, con lo que se facilitó el denominado descuelgue; es decir, la posibilidad de no aplicar en una compañía las condiciones pactadas en el convenio colectivo sectorial o territorial aduciendo simplemente causas económicas. Además, la reforma de Báñez rebajó considerablemente la ultraactividad de los convenios, al reducir a un año la renovación automática de las condiciones pactadas. Probablemente estos dos cambios son mucho más determinantes para el mercado laboral que el abaratamiento del despido o los nuevos tipos de contratos. Y el objetivo de esas dos medidas ha sido restar poder a los sindicatos. Se entiende así que una de las medidas clave de las propuestas laborales de Pedro Sánchez es devolver a la negociación colectiva el poder que le ha quitado el PP.

A las consecuencias de la reforma laboral se unirá la pérdida del control sindical -y también empresarial- de los fondos de formación, que como se ha comprobado en los últimos años, ha nutrido de forma fraudulenta las cuentas de las centrales sindicales. Sin la negociación colectiva y sin fondos de la formación los sindicatos no son lo que fueron.

Twitter: @vicentelozano

(Publicado en El Mundo el 1 de mayo de 2015. La foto es de El Norte de Castilla)

Preguntas a Ciudadanos

El cambio de modelo del mercado de trabajo que propone Ciudadanos es radical. Lo que explicaron el miércoles Luis Garicano, Manuel Conthe y Albert Rivera no es una reforma más, sino una nueva forma de contemplar las relaciones laborales en España, con iniciativas que han dado resultado en otros países, pero que aquí no se han experimentado. Por eso, para analizar esas iniciativas son necesarias previamente algunas respuestas.

1. Ciudadanos plantea un "seguro contra el despido mediante las aportaciones empresariales a una cuenta individual de cada trabajador de un 1% de su salario", a modo de lo que se ha denominado mochila austríaca, aunque no sea exactamente lo mismo. ¿Se trata de una nueva cotización empresarial? ¿Si es así, no puede convertirse en una nueva traba a la contratación? ¿El importe ahorrado se suma a la pensión pública?

2. Ciudadanos propone el contrato único para reducir la "precariedad laboral". Desde luego, es la mejor aportación para eliminar la dualidad que existe en el mercado laboral español entre los trabajadores indefinidos y los temporales, que hace que en las crisis siempre sufran mucho más éstos últimos. Pero, en la práctica, el contrato único hace temporales a todos los trabajadores. Si parte de la precariedad laboral se debe a los contratos de cortísima duración, ¿por qué el contrato único va a dar más estabilidad a los trabajadores en una economía, como la española, con sectores de por sí muy temporales y con una altísima rotación laboral, como el turismo, la hostelería y la construcción?

3. Ciudadanos quiere una bonificación a las empresas que despidan menos. También esto merece una explicación pormenorizada ¿Cuáles serán los criterios para conceder esa bonificación? ¿En función de los sectores, por tamaño, por situación financiera de la sociedad?

4. Ciudadanos incluye en sus propuestas un Complemento Salarial Anual Garantizado (CSAG) para completar la renta de los trabajadores con sueldos más bajos y empleos más precarios. Se trata de una especie de crédito fiscal, que tiene una ventaja: sólo lo cobrará quién esté trabajando, por lo que difiere mucho del renta básica universal, que utópicamente han propuesto algunos movimientos de izquierda. Desde luego esta iniciativa tiene mucho más sentido. Ciudadanos considera que supondrá unos 10.000 millones de euros al año. Ciudadanos dice que no supondrá más gasto público porque con el incremento del empleo se reducirá la partida destinada al subsidio de paro. Si las prestaciones por desempleo suman unos 25.000 millones de euros al año, para conseguir que no incremente el gasto habrá que reducir esa partida nada menos que a 15.000 millones. ¿Se va a sufragar mientras incrementando el déficit?

5. En cuanto al novedoso -en España- modelo de formación de los parados, que deja en manos del trabajador la responsabilidad de su recapacitación profesional mediante un cheque para pagar cursos y tutorías ¿Cómo asegurarse que el parado va a aprovechar esos recursos para formarse si la experiencia demuestra que el modelo actual no ha funcionado y apenas se conocen denuncias de quienes se consideran estafados por ese sistema?

Volvemos al principio. La apuesta de Ciudadanos es arriesgada y tan novedosa que hacer un pronóstico sobre su viabilidad es una aventura. Pero se agradece este aire fresco. Y la última pregunta, ¿alguien puede decir si el sistema propuesto es liberal o socialdemócrata?

@vicentelozano

(Publicado en @elmundo_orbyt el 19 de febrero de 2015. La fotografía es de Javier Barbancho.)

'Papá, ¿por qué somos españoles?'

La agencia de publicidad Sra. Rushmore ideó un genial anuncio de televisión para promocionar el club Atlético de Madrid en 2001. El famosísimo «Papá, ¿por qué somos del Atleti?», que un niño dirigía a su padre, sin que éste fuera capaz de contestarle. Esa pregunta refleja la actitud de quien ha vivido en un mundo ideal y, de repente, se da cuenta de que lo suyo no es lo mejor. Que la realidad ha puesto en su sitio parte de sus sueños, aunque durante un tiempo se hubiera creído el rey del universo. Es posible que muchos españoles se sientan así, especialmente en las dos últimas semanas. Cuando parecía que con ajustes y sacrificios la cosa se iba encarrilando, da la sensación de que hemos retrocedido buena parte de lo avanzado; no sólo desde que Rajoy tomara las riendas de este tinglado, sino desde aquel fin de semana de mayo de 2010 en el que Zapatero recibió su baño de realidad.

La crisis de Bankia dice que la reforma del sistema financiero no ha terminado y la desviación de los déficits de Madrid y la Comunidad Valenciana ponen en duda los logros del Consejo de Política Fiscal y Financiera. No es de extrañar, pues, que la prima de riesgo se haya olvidado estos días de la reforma laboral, de la bancaria, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de los ajustes o de las subidas de impuestos. El marcapasos está disparado mientras que el país se encuentra al borde de la depresión social.

Es lógico que cuando los mercados nos colocan más cerca que nunca de Grecia o de Portugal que de Francia o Alemania sintamos un cierto desasosiego interior . ¿No estuvimos a punto de formar parte del agraciado club del G-8? ¿No protagonizamos durante veinte años lo que se denominó milagro económico español? ¿No fuimos la sensación del mundo cuando el 70% del empleo que se creaba en la UE se generaba en España? ¿Cómo se ha desintegrado como un azucarillo en agua casi todo lo conseguido? Sencillamente, porque la etapa del esplendor no sirvió para poner las bases que necesitaba una economía sólida y moderna. Por eso, puede parecer obsceno pedir al Gobierno que piense también a 25 años vista cuando tiene que estar apagando incendios cada cinco minutos, pero es la única forma de poner los cimientos para construir con firmeza el futuro. Y para eso le pagamos.

Un ejemplo puede ilustrarlo. Entre 2000 y el tercer timestre de 2007 se crearon en España un millón de puestos de trabajo en la construcción. Un auténtico récord, sí, pero en su momento nadie cayó en que cientos de miles de estos empleos fueron para jóvenes que dejaron sus estudios porque en las obras se ganaba mucho dinero. Desde esa fecha se han perdido 1,5 millones de empleos y cientos de miles de ellos corresponden a trabajadores entre 25 y 40 años sin formación porque no acabaron sus estudios y, por tanto, con escasas posibilidades de encontrar trabajos estables.

Hay que recordar cuando el entonces ministro de Trabajo Jesús Caldera volvía de Bruselas muy ufano porque sus colegas le habían felicitado al ver las impresionantes cifras de la creación de empleo en España durante su mandato. Pero aquel Gobierno -y los anteriores y los posteriores- cometió el inmenso error de creérselo y de no modificar un sistema educativo que registraba tasas inaceptables de abandono escolar y de un mercado de trabajo absolutamente volátil, que creaba empleos temporales y sin cualificación que han desaparecido con más rapidez que con la que se crearon. Hoy vemos las consecuencias.

Este Gobierno parte con la ventaja de conocer los errores pasados y ha dado muestras de querer acometer esas reformas profundas. Lo grave es que tiene que ocuparse de lo urgente sin olvidar lo importante. Y lograr que los hijos de nuestros hijos puedan decir, sin patrioterismos, «Papá, ¡somos españoles!».

El preocupante desvarío de Zapatero

La intervención de Zapatero en la conferencia organizada por el Fondo Monetario Internacional en Oslo fue muy, muy preocupante. Que el presidente del Gobierno acuda a una reunión internacional sobre el el crecimiento y el emoleo y no se le ocurra proponer más que las ideas peregrínas del ofrecer España como "laboratorio" de ideas contra el desempleo y de la "formación como trabajo" indica que ya no sabe qué hacer para reducir el paro en nuestro país.

Esto es lo más grave de lo ocurrido en Oslo. España se presentó allí con la tasa de paro más alta de los países desarrollados, con un desempleo juvenil que alcanza el 40% de la población de esa edad, con más de 2,7 millones de puestos de trabajo destruidos en tres años... y el presidente fue incapaz de aportar una sola idea o iniciativa que ayude a revertir la situación.

Dicen que Zapatero improvisó. Si es así, la reacción de la opinión públida de hoy le tiene que hacer reconsiderar que hay temas serios que hay que llevar estudiados a las reuniones internacionales. Porque ayer los analistas estaban pendientes de las recetas que podría aportar Zapatero contra el paro, de alguna idea -no hacía falta que fuera propia- que proporcionarac pistas de lo que el Gobierno considera que hay que hacer para reactivar el mercado de trabajo en España. Al margen, claro de ese abaratamiento del despido que ha supuesto la reforma laboral.

Pero el presidente no dijo nada interesante sobre la movilidad laboral, sobre la negociación colectiva, sobre estímulos fiscales a las empresas, sobre planes de reconversión de sectores agotados, sobre innovación y formación -la idea de los parados se califica por sí misma-, sobre inversión en I+D,...

Efectivamente, el mercado laboral español pasa por una situación muy complicada. Vivía de la construcción, del turismo y de otros sectores -como el automovilístico- que no volverán a ser como antes, Y muchos empleos que se han perdido en los servicios -sector financiero, por ejemplo- tampoco tienen visos de recuperación a corto plazo. Pero el Gobierno no puede dar la impresión de haber tirado la toalla como hizo ayer Zapatero. Hay solución, seguro. Pero, al menos hay que crear el clima para ello. Ni el presidente ni sus ministros están en condiciones de hacerlo.

Primero de mayo con 4,6 millones de parados, ¿dónde están los sindicatos?

"¿Tú crees que los sindicatos se dedican sólo a defender a los trabajadores con empleo fijo y pasan de los parados?", me preguntó un amigo la semana pasada. Me pensé poco la respuesta. "Desde luego, si no es así hacen muchos esfuerzos para que lo parezca".
¿Por qué? Porque su negativa a aceptar cualquier propuesta de flexibilización del mercado laboral está retrasando el inicio de la recuperación del empleo en España. Bajo la consigna de no perder ningún derecho social, los sindicatos están consiguiendo que miles de personas, sobre todo jóvenes no puedan ejercer el derecho básico a trabajar.

Me lo ha demostrado esta mañana el secretario general de UGT, Cándido Méndez en unas declaraciones radiofónicas. A ser preguntado sobre la tasa de paro del primer trimestre, que superaría el 20% de la población activa, y las medidas que adoptaría para paliar esta situación, su respuesta ha sido. Lo primero, mantener y en algunos casos aumentar las prestaciones y subsidios por desempleo. Lo segundo, no eliminar los incentivos fiscales que están ayudando a generar empleo. Lo tercero, no empeñarse en reducir el déficit público tan rápidamente como quiere el Gobierno.

No ha hablado para nada de cambios para hacer más ágil la contratación, de modificaciones en un sistema de negociación colectiva nefasto, de medidas concretas para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral, de apoyar al Gobierno y a los empresarios en el tránsito hacia una economía basada en los sectores de futuro...

Las propuestas de Méndez van en la dirección contraria a la que piden los organismos nacionales -el Banco de España- e internacionales -BCE. FMI. Comisión Europea- a la economía española y lo único que conseguirán es más déficit, más deuda y, por lo tanto, más dificultades para salir de la recesión y más paro. Hoy mismo, el Banco Central Europeo ha vuelto a advertir a España sobre el excesivo déficit. El vicepresidente Lucas Papademos ha señalado como "imperativa" la necesidad de ajustar el déficit público al 3% del PIB lo antes posible. Méndez dice que esa reducción, que el Gobierno quiere alcanzar en 2013, debería retrasarse hasta 2020. ¿Lo entienden?

Decía ayer Stephen Hawkings que si vinieran extraterrestres a este mundo lo mejor sería no hacerles caso ni entablar relaciones con ellos. A veces pienso que los extraterrestres están más cerca de lo que se cree y algunos son sindicalistas. Desde luego, parecen de otro planeta.

Es imposible reducir el paro al 8% en cinco años

Por mucho que se empeñe el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. No hay más que hacer un ejercicio de realismo histórico. El gráfico adjunto recoge la evolución anual del Producto Interior Bruto (PIB) desde 1995 y el comportamiento del empleo, medido en términos de EPA en el mismo periodo. Veamos: una tasa de paro similar a la actual -que es del 19% de la población activa- se registró en 1998 y la economía española necesitó nueve años para reducirla al mínimo del periodo: 7,95%. ¿Qué caracterizó a esos once años que propiciaron la más fuerte creación de puestos de trabajo en la historia de España?

En ese periodo -ver de nuevo el gráfico- el Producto Interior Bruto (PIB) aumentó a ritmos superiores al tres por ciento en términos anuales con estas características:

-La construcción creció a ritmos históricos y generó empleos como nunca en la historia de España. Se dieron años en los que se construyeron 700.000 viviendas, que todos los expertos consideran que no volverán nunca. A esto hay que sumar los puestos de trabajo creados por la industria auxiliar de la construcción -electrodomésticos, saneamientos, industria cerámica,...-, también en niveles de récord.

-Los mejores años en la historia del turismo. Esta actividad aportó cientos de miles de empleos en los sectores directamente relacionados, como la hostelería y la restauración, y sustentó también parte del incremento de ventas, como el automóvil, espoleado por la demanda de vehículos de alquier. La fuerte actividad en el turismo incide también, por ejemplo en el transporte aéreo.

-Auge del consumo. Los bajos tipos de interés impulsaron como nunca, además de la inversión en vivienda, el consumo de todo tipo de bienes. La distribución comercial vivió una de mejores etapas con la creación de centros comerciales y grandes superficies, pequeños establecimientos, etc.

Todo esto es seguro que no se va a volver a repetir de aquí a 2015 y es muy poco probable que ocurra hasta 2020. porque estos sectores motores de la última etapa de crecimiento no van a volver a tirar de la economía en el mismo grado hasta dentro de mucho tiempo, si es que vuelven a esos niveles en algún momento.

Si el Gobierno apenas se ha planteado cómo cambiar el patrón de actividad, porque la Ley de Economia Sostenible se dedica a otras cosas, y ningún analista prevé un crecimiento medio anual superior al 3% de aquí a 2015, es metafísicamente imposible recortar la tasa de paro al 8% en los próximos cinco años, ni siquiera volver al ritmo de creación de empleo de los primeros años del siglo.

Al que esté más interesado en el asunto, recomiendo el trabajo que acaba de publicar Fedea titulado 'Propuesta para la reactivación del mercado de trabajo en España', que podéis encontrar en www.crisis09.es/propuesta.

¿La economía española crecía 'muy bien' cuando crecía?

En mi ignorancia, me atrevo a comentar el artículo publicado hoy en Expansión por el profesor del IESE Eduardo Martínez Abascal en el afirma que la economía española lo hizo muy bien entre 1996 y 2007.

Efectivamente, los datos que ofrece son irrefutables: crecimiento promedio por encima de la media de la UE durante doce años seguidos, acercándonos además en renta per capita a nuestros competidores. Pero las dudas me asaltan cuando pienso que si tan bien lo hicimos, por qué hemos caído en un pozo mucho más profundo que nuestros vecinos y del que nos va a costar salir más tiempo.

La economía española creció por encima de su potencial en esos años y generó mucho empleo, pero ¿fueron un crecimiento y una generación de empleo 'sanos'? ¿No suponían en esos momentos los sectores tradicionales -construcción y turismo, intensivos en mano de obra sin capacitación profesional- demasiado porcentaje sobre el PIB y no se hizo nada por evitarlo? ¿Se destinaron recursos, públicos y privados, suficientes a la educación, a la innovación, a la investigación?

¿Se aprovecharon las 'vacas gordas' para cambiar el modelo productivo, concepto tan manoseado en los últimos meses? ¿Se acometió la reforma del mercado laboral -un mercado dual entre la contratación fija y la eventual- que ahora casi todo el mundo pregona, menos el presidente del Gobierno y su guardia pretoriana?

En esos doce años dorados crecimos más que la media europea, pero no sé si hicimos los deberes. Avanzamos, pero no sé si en la dirección adecuada. Seguro que, el profesor Martínez Abascal tiene razones para fundamentar su afirmación y tengan por seguro que le haré caso si las explica.