La inmersión lingüística es uno de esos ejemplos de control de la enseñanza con fines no estrictamente educativos, si se puede hablar así. Ocurre en Cataluña, donde los estudios en castellano prácticamente han desaparecido de la escuela pública obligatoria en aras de la defensa del catalán, a pesar de tantas sentencias judiciales. En el País Vasco y en Galicia la cosa no ha sido igual. Allí se han establecido modelos en los que más o menos conviven las dos lenguas y, la verdad, nadie piensa ahora que el euskera y el gallego estén en peligro de extinción, ni siquiera amenazados, por el castellano.
El desuso es el principal argumento utilizado por el nacionalismo para aplicar esa política de inmersión. Ahora, los gobiernos de izquierda de la Comunidad Valenciana y de Baleares, siguen la estela de Cataluña, suponemos que para hacer del catalán/valenciano y del catalán/balear los únicos idiomas vehiculares en sus regiones. Porque, claro, a estas alturas de la película, hay quien sigue pensando que las imposiciones centralistas hacen peligrar su supervivencia. Pero el camino emprendido lleva, si no se remedia, a que los ciudadanos de esas comunidades autónomas no tengan libertad para elegir en qué idioma estudiar.
Otro caballo de batalla de algunos políticos es la enseñanza concertada, la de los centros de titularidad privada que reciben recursos del Estado y, por tanto, ofrecen la educación gratuitamente -o deben hacerlo- a las familias que acuden a ellos. Estas semanas que se renuevan los conciertos escolares para el próximo curso leemos noticias de gobiernos autonómicos que, con unas u otras razones, tratan de reducir la enseñanza concertada, como un paso previo incluso para eliminarla. Hay otros que, en cambio, reconocen el papel que desarrollan estos centros y el ahorro de costes que supone a las arcas públicas, y los contemplan como un modelo complementario a la educación pública.
En el sistema educativo que marca nuestra Constitución caben todas las posibilidades porque ésta consagra la libertad de enseñanza. Es decir, los padres tienen derecho a que sus hijos reciban educación gratuita según su forma de pensar, de hablar y de escribir. Se trata de un bien que merece la pena conservar.
Para que ese espíritu constitucional sea real hay que contar con que la libertad de oferta se acomode a la libertad de demanda... Es lo que nos hemos dado y, desde mi punto de vista, está funcionando adecuadamente. En España, la escuela privada, la concertada -religiosa y laica- y la pública conviven sin problemas... y éstos llegan precisamente cuando los políticos se empeñan en cercenar esas libertades. Exactamente igual que ocurre cuando los gobiernos se empeñan en coartar la libertad de quien quiere que sus hijos estudien en un determinado idioma oficial en su comunidad.
Es una torpeza tratar de cargarse por motivos espurios un modelo experimentado durante 30 años -lo implantó el PSOE en la Lode en 1985-, que ahorra recursos al Estado y que se ha demostrado que funciona. Pero existen los torpes. ¿Ven como será imposible llegar a un pacto educativo en España?
(Publicado en El Mundo el 6 de abril de 2017)