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jueves, 6 de octubre de 2022

La cuestión es qué hacen los gobiernos con los impuestos

Los políticos pugnan por quedar bien con sus votantes cuando legislan para pedirles dinero, pero nunca les explican con claridad cómo han gastado esos recursos. 

La sociedad del Estado del bienestar se basa en la redistribución de la riqueza. Hoy nadie duda de que unos servicios básicos adecuados son imprescindibles para el desarrollo de la persona y esos servicios deben ser sufragados entre todos. Ni de que los que más tienen, más deben contribuir. Pero esa unanimidad se termina cuando se habla del dinero que cada ciudadano, en función de sus ingresos y de su riqueza, debe destinar a lo público... (Artículo completo en Aceprensa)

sábado, 30 de octubre de 2021

Diez advertencias al Gobierno del gobernador del Banco de España

Esta columna la va a escribir el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Son algunas frases del discurso que pronunció el pasado lunes 25 de octubre en la Comisión de Presupuestos del Congreso. El discurso completo está disponible en la web del Banco de España (www.bde.es).

Crecimiento económico: «La recuperación de la actividad es todavía claramente incompleta». (Pág. 4).

Inflación: «Este aumento [de precios] se ha trasladado a los precios finales pagados por los hogares y las empresas, lo que comprime sus rentas reales y, por tanto, afecta negativamente al ritmo de la recuperación». (Pág. 9).

Solvencia empresarial: «Se ha observado un cierto deterioro de la calidad crediticia en algunas carteras de préstamos de los bancos y un repunte en el número de empresas que se encuentran en concurso de acreedores». (Pág. 12).

Ajuste fiscal: «Para el conjunto de las Administraciones Públicas este aumento del gasto entre 2019 y 2022 sería del 11,7%, de acuerdo al Plan Presupuestario, frente al incremento del 7% de los ingresos. Estas cifras ilustran la magnitud del reto del proceso de consolidación fiscal que habrá que acometer una vez se consolide la recuperación en la medida que este incremento del gasto tenga un componente estructural importante, es decir, que no esté ligado a gastos cíclicos o relacionados con la pandemia». (Pág. 24).

Deuda: «La implementación en el medio plazo de este plan de ajuste resulta indispensable. En este sentido, distintos ejercicios de simulación realizados por el Banco de España sugieren que, en los próximos 15 años, esta ratio permanecería en niveles cercanos al 115% del PIB si, durante este periodo, no se adoptaran medidas de consolidación presupuestaria adicionales». (Pág. 29).

Déficit: «Este deterioro de las finanzas públicas exige diseñar con rigor y comunicar con prontitud un plan de consolidación fiscal para su ejecución gradual una vez superada la crisis, que permita reducir de forma paulatina los elevados desequilibrios presupuestarios actuales reforzando la sostenibilidad de las cuentas públicas». (Pág. 29)

Pensiones: «Dada la evolución de la tasa de dependencia, en ausencia de medidas adicionales que permitan aumentar los ingresos del sistema y/o contener el incremento de los gastos como reducciones de la tasa de beneficio o aumentos de la edad efectiva de jubilación, el déficit estructural del sistema volverá a ampliarse en los próximos años. En este contexto, sigue siendo necesaria una revisión del sistema público de pensiones que garantice su sostenibilidad». (Pág. 34).

Fondos europeos (1): «La evolución de la economía española dependerá crucialmente de la movilización y asignación de los fondos del programa Next Generation EU (NGEU)». (Pág. 13).

Fondos europeos (2): «Si se quiere potenciar la capacidad transformadora de los NGEU, sería necesario que su ejecución se viera acompañada de la adopción de un amplio conjunto de reformas estructurales». (Pág. 37).

Fondos europeos (3): «La elección de los proyectos en los que emplear los recursos del NGEU debería descansar sobre un proceso apropiado y transparente de selección que conduzca a la implementación de los que presenten una mayor capacidad impulsora de la economía». (Pág. 37).

Todo queda dicho.

(Publicada en El Mundo el 28 de octubre de 2021)

martes, 23 de marzo de 2021

Reforma laboral: Calviño tiene razón, miremos al futuro y no al pasado


Pedro Sánchez
no perdió ni un solo segundo cuando fue elegido por primera vez secretario general del PSOE en anunciar qué pensaba sobre la reforma laboral del PP de 2012. Fue en julio de 2014: «La primera medida que tomará el próximo Gobierno socialista será la de derogar la reforma laboral de Rajoy, para recuperar cuanto antes los derechos de los trabajadores». Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno en junio de 2018 y la reforma laboral se mantiene impoluta en la legislación.

En este tiempo, ha promovido leyes tan complicadas, por lo que exigen de diálogo político y social, como la de educación o de eutanasia, pero no ha tumbado algo de lo que había hecho bandera y que, además, se incorporó al acuerdo de Gobierno con Podemos. «Derogaremos la reforma laboral», se lee en el punto 1.3: «Con carácter urgente derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo» y «a prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales». Ese acuerdo no contempla terminar con la fuerte reducción de las indemnizaciones por despido, por cierto.

La realidad es que la denostada reforma laboral de Fátima Báñez sigue vigente casi cuatro años después de que Pedro Sánchez alcanzara la presidencia del Gobierno. Aquel «derogar la reforma laboral» fue aguado por los socialistas por un «derogar los aspectos más lesivos» de la misma y, en estas semanas, todavía se ha diluido más en el concepto de «modernizarla».

Que siga vigente la legislación laboral del PP no es malo para la economía ni para los trabajadores. Ha logrado que en España se creara empleo neto por primera vez creciendo por debajo del 2% del PIB, y en los años de bonanza puso el caldo de cultivo para generar más de tres millones de puestos de trabajo más de 400.000 al año, algo nunca visto. Además, y al contrario de lo que podía parecer, en estos años ha aumentado el peso del empleo fijo sobre el temporal.

Por eso, es una imprudencia intentar cargarse lo que está funcionando y, sobre todo, es una temeridad hacerlo cuando España y los españoles necesitan que se cree empleo. Cuatro millones de parados, más de un millón de autónomos en cese de actividad y casi 900.000 trabajadores en ERTE son razones suficientes.

Por eso hay que ponerse de parte de los empresarios, que consideran que no es el momento de tocar lo que ha funcionado y lo que volverá a funcionar cuando llegue la recuperación. Poner trabas a la contratación o dificultar la negociación colectiva en estos momentos es colocar palos en las ruedas del empleo. Es así, por mucho que los sindicatos y Podemos digan lo contrario, en especial las cúpulas sindicales no los comités de empresa, mucho más pragmáticos por moverse en la realidad de las compañías que continúan defendiendo al empleado con trabajo fijo y dejan de lado al que quiere incorporarse al mercado laboral, como los jóvenes y los parados.

Tiene razón Nadia Calviño al afirmar ayer en Onda Cero que hay que mirar al futuro del mercado laboral c
on dos líneas fuerza inexcusables: la reducción de la dualidad en los empleos entre fijos y temporales y el insoportable paro juvenil, que supera el 40%. Eso tiene poco que ver con la derogación de la reforma laboral del PP.

domingo, 4 de octubre de 2020

La ministra de Hacienda improvisa o miente

"El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". Es el punto 3 del artículo 134 de la Constitución, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a incumplir. Esto significa que, con toda probabilidad, habrá que prorrogar en 2021, aunque sea unas semanas, los Presupuestos que Cristóbal Montoro elaboró para el año 2018, en una situación totalmente distinta a la actual, sin pandemia y con una economía en crecimiento.

El recorrido de las cuentas públicas durante el pasado septiembre en boca de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue el siguiente. El miércoles 23 declaraba que "la semana que viene o la siguiente estaremos en condiciones de traer el techo de gasto para que sus señorías puedan empezar el debate sobre la tramitación de los Presupuestos". Según esta afirmación todavía estaríamos a tiempo, porque la segunda semana desde aquel miércoles se cumple el 11 de octubre.

Pero es que el martes 29 de septiembre Montero, tras comentar que "mantenemos el calendario", añadía: "Es pretensión del Gobierno traer en las próximas semanas la aprobación del techo de gasto". Es decir, del ese 11 de octubre que finalizaba la primera fecha que ella misma se dio, Montero retrasó a "las próximas semanas", empezando a contar desde el 29 de septiembre. Un plazo mucho más difuso que podía extenderse sin problemas hasta noviembre, por ejemplo.

A más a más, el miércoles 30 -un día después-, cuando vencía el plazo que da la Constitución para que los Presupuestos lleguen al Congreso, Montero decidía suspender las reglas fiscales para 2020 y 2021, es decir, dejar sin efecto el techo de gasto y los objetivos de déficit y deuda pública de todas las administraciones. Es decir, esas "próximas semanas" del martes se pasó a un nunca en apenas 24 horas. Con la suspensión de las reglas fiscales Montero consigue agilizar el trámite parlamentario de los Presupuestos porque se quita de en medio el debate de la senda del déficit y del techo de gasto, pero somete a la economía española a un riesgo que no debería asumir.

Hay que decir que el Gobierno cuenta con la laxitud que ha aprobado Bruselas a causa de los estragos económicos que está provocando la pandemia para permitir un cierto descontrol de las cuentas públicas en esta etapa. Pero lo podía haber programado antes, como han hecho muchos de los países de la UE, no cuando se le ha echado el tiempo encima.

Y eso es lo preocupante. En primer lugar, porque habría que saber si Montero ha improvisado en estos diez días sus cambios de criterio. Si tenía claro lo que iba a hacer con la regla de gasto, ha estado engañando a la opinión pública. Y eso es grave. Después, porque la decisión de suspender en 2020 y 2021 las reglas fiscales es hacerse trampas en el solitario, ya que el tremendo descuadre de deuda y déficit que tenemos, y que se incrementará, tendremos que pagarlo antes o después.

Porque el hecho constatable es que entramos en octubre sin techo de gasto, sin objetivo de déficit ni de deuda pública actualizado, sin vislumbrar los Presupuestos, con la deuda en un histórico 110% del PIB y con un déficit creciente, que ya supera los 60.000 millones de euros. Y esto acaba de empezar. Si por lo menos lo estuvieran haciendo bien en el plano sanitario...

martes, 29 de septiembre de 2020

Unos Presupuestos que "no gustarán a la derecha"


Los Presupuestos anuales son algo muy serio para tomarlos como un arma contra el adversario político. Siempre son fundamentales para la marcha del país, pero en plena recesión -propia de una guerra- el Gobierno debe hacer un esfuerzo en concitar el máximo consenso posible para poner en marcha la política económica que exige la precaria situación a la que nos ha conducido la pandemia. Sería ideal que todos los partidos, con los dos más votados a la cabeza, contribuyeran a dotar al país de los instrumentos económicos que necesita para salir cuanto antes de esta crisis que, en la más optimista de las previsiones, va a durar toda la legislatura.

Por eso, no puede ser que el vicepresidente de lo social se jacte de que los Presupuestos que prepara el Gobierno "no van a gustar a la derecha". Da la impresión de que Iglesias, que no se baja de sus planteamientos puramente ideológicos, no sabe de qué va el Covid al seguir planteando la pelea contra las consecuencias económicas de la pandemia como esa lucha de clases que tanto le gusta. Es desesperanzador que se siga haciendo politiqueo barato con la crisis. Gobernar contra alguien es no saber gobernar.

No sé si algunos señores del Gobierno son conscientes de que el Producto Interior Bruto se hundió un 17,8% en el segundo trimestre en términos interanuales, que el consumo privado se desplomó un 24,4%, que la inversión cayó un 24,6%, y que las exportaciones se despeñaron un 38,4% y las importaciones un 33,1%, como acaba de hacer público en Instituto Nacional de Estadística. Es cierto que éstas son las cifras del confinamiento, pero ningún analista piensa que se vayan a recuperar a medio plazo.

Se trata de que la economía vuelva a funcionar al mejor ritmo posible
y para ello es imprescindible no excluir a nadie en la recuperación. Pero ya sabemos que esto, ni siquiera en estos momentos dramáticos, es imposible en nuestro país. Pablo Iglesias la goza intentando soliviantar a lo que llama derecha. Incluso con sentencias totalitarias como la que pronunció el miércoles en el Congreso dirigiéndose al PP: "No volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país", como si tuviera en mente que en España ya no se van a convocar más elecciones democráticas.

Esta vez, es el Ejecutivo el que tiene la culpa de no llegar a acuerdos. ¿Cómo va a aceptar la derecha española el ofrecimiento de María Jesús Montero a negociar las cuentas públicas si, a la vez, Pablo Iglesias dice que no van a gustar a la propia derecha, Arrimadas incluida?

Estos Presupuestos son clave para que Bruselas -y todos los países del euro- vean plasmados los planes económicos del Gobierno de coalición español. Y este tema es muy serio. Qué mejor aval para Europa que presentar unas cuentas públicas contra la crisis apoyadas por la mayoría del arco parlamentario, capaces de poner los cimientos de las reformas que de verdad necesita el país.

Estamos ante una coyuntura histórica y le ha tocado a Sánchez lidiar con ella. Sus primeros Presupuestos deberían ser el punto de partida para modernizar el país. Pero la realidad es que a finales de septiembre, de los Presupuestos de 2021 conocemos que ya están «consensuados al 80%», como ha dicho Montero, que serán "expansionistas" (por expansivos), y también sectarios porque «no le van a gustar a la derecha». Así no se hacen las cosas.

martes, 25 de agosto de 2020

A finales de agosto casi todo llega tarde

La segunda ola de la pandemía, que todo el mundo sabía que se iba a producir tarde o temprano, ha llegado en verano y ha pillado a los gobernantes de improviso. Y esto debería ser considerado un delito. La primera vez, puede pasar que se tarde en reaccionar; la segunda denota dejadez, falta de previsión y, por lo tanto, ineptitud. Llevamos con la pandemia desde el comienzo de 2020 y estamos terminando el octavo mes del año. 

A estas alturas de la película, a finales de agosto, los españoles no tienen claro quién lleva el timón de la operación, si el Gobierno o las comunidades autónomas porque, a finales de agosto, el Gobierno descarga en las autonomías la responsabilidad en el control de la pandemia, posibilidad de solicitar el estado de alarma en su territorio incluido. A finales de agosto, cuando llevamos semanas con los casos de contagio disparados, el presidente del Gobierno anuncia que el Ejército se pone a disposición de las CCAA para los rastreos.  A finales de agosto no sabemos los planes de contingencia que tienen preparados las autonomías si en unas semanas se disparan las hospitalizaciones y los ingresos en las UCI. 

A finales de agosto todavía se están anunciando apresuradamente planes para el curso escolar... que empieza en menos de dos semanas, a la espera de una conferencia autonómica sobre Educación que todavía no se ha producido. A finales de agosto, los ministros de Educación  de Universidades no han dado una sola explicación pública sobre el inicio del curso. 

A finales de agosto el presidente del Gobierno propone una reunión con los líderes políticos para coordinar no se sabe qué y determinar una estrategia común ante unos Presupuestos... que en apenas un mes deberían entrar en el Parlamento. 

Por eso, a finales de agosto Bloomberg y The Wall Street Journal nos vuelven a poner como ejemplo de improvisación  y de mala gestión en la lucha contra el coronavirus. Porque, a finales de agosto, volvemos a estar entre los países más castigados del mundo en términos de contagiados por habitante.

No es cuestión de culpar ahora al Gobierno o a las autonomías  de la falta de respuesta adecuada y puntuial. Me parece que se trata de algo más profundo, porque esta crisis ha dejado al descubierto que las costuras del Estado nacido en 1978 se han empezado a descoser. Pero eso puede ser bueno si se aprovecha para reforzarlas.


miércoles, 24 de junio de 2020

Sánchez habla de una tasa "contra" las grandes empresas tecnológicas


Se le ha escapado -o no- al presidente del Gobierno esta mañana, en la sesión de control al Gobierno. Respondía a Pablo Casado que el PP no ha apoyado al Ejecutivo durante la pandemia y le animaba a aprobar "la tasa digital contra las grandes corporaciones tecnológicas". Es la primera vez que oigo a un presidente reconocer que un impuesto va contra algo. ¿Se imaginan que hubiera dicho que le ayudara a aprobar el impuesto contra las grandes fortunas que también tiene en mente el Gobierno?
Decía que a Sánchez se le ha escapado esa frase, pero creo que no. Sinceramente, pienso que es lo que algunos miembros de este Gobierno piensan de los empresarios: depredadores que buscan todos los subterfugios para obtener más beneficios a costa de los clientes y de los empleados. 
Es lo que se trasluce del comentario de la ministra de Trabajo. Yolanda Díaz, a propósito del teletrabajo. Ese "a las empresas no les va a salir gratis" la nueva situación denota lo mismo, que Díaz piensa en las empresas como aprovechadas que quieren sacar ventaja del cambio de hábitos laborales, aherrojando más a sus empleados.
Puede que en algunos casos sea así y para evitarlo está la legislación, pero que este Gobierno dé esa sensación de que el empresario es el enemigo a batir y a controlar no hace bien a la economía, justo en el momento en que más falta hace para hacer frente a lo que tenemos encima.

lunes, 22 de junio de 2020

La 'verdad socialista', una forma trapacera de hacer política

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno ha inaugurado este fin de semana la precampaña electoral de Galicia para el PSOE con una afirmación que recogió el propio partido en un tuit: "Todas las CCAA mantuvieron sus competencias. Que no nos engañen. Este Gobierno hizo acopio material sanitario, lo entregó a las CCAA, porque era muy complicado encontrar material en plena pandemia". 
Se refería Montero, en concreto a la polémica sobre la nefasta gestión que se ha realizado en las residencias de ancianos, donde gobiernos autonómicos- sobre todo el de Madrid- y el central se echan las culpas y, lo que es triste, se tiran los muertos a la cabeza. 
La frase de Montero hay que cogerla con pinzas, porque es cierto que no se retiraron competencias a las CCAA, pero también lo es que durante el estado de alarma éstas se subordinaron a lo que dispusiera el Gobierno central. Si no, no se explica, sin ir más lejos, que el propio presidente del Gobierno anunciara el 31 de mayo que "la capacidad de decisión en esta última fase 3 corresponde a cada autonomía". Si Sánchez devolvía esa "capacidad de decisión" a las autonomías es porque antes no la tenían, ¿no? ¿Para qué si no el estado de alarma?
La ministra portavoz conocía todo esto, pero no le importó faltar a la verdad o, mejor, inventarse una verdad. Y me recordó a aquella Carmen Calvo que a finales de 2018 distinguió entre la forma de pensar del Pedro líder de la oposición con la del presidente Sánchez al cambiar de criterio sobre el delito de rebelión de los líderes políticos catalanes encausados por el 1-0. En definitiva, se puede apoyar una cosa y la contraria según las necesidades de cada momento. El discurso del político deja de ser veraz -deja de ajustarse a la realidad- para atenerse a lo que le interese en cada momento. 
No es nueva esta estrategia. Escribí sobre el tema en El Mundo cuando lo de Calvo: "La sorprendente salida de la vicepresidenta del Gobierno el pasado viernes para intentar justificar el cambio de criterio del presidente del Gobierno sobre el delito de rebelión para los encausados por el procés es mucho más que una desgraciada anécdota de quien se queda sin recursos para explicar lo inexplicable. Tiene una inmensa carga de profundidad, por la que Calvo está dispuesta incluso a hacer el ridículo ante los periodistas en la sala de prensa de La Moncloa y ante la sociedad entera. Es el concepto de que no hay más realidad que la que yo creo y, por tanto, la verdad es relativa en función de esa realidad artificialmente creada.
Porque si aceptamos ese cambio de criterio entre lo que en mayo era un delito de rebelión para el líder de la oposición no lo sea cinco meses después para el presidente del Gobierno sólo por el hecho de que ahora es presidente del Gobierno se abre una forma de hacer política sobre la que no se puede objetar nada, salvo su reducción al absurdo".
"Decimos que estamos en la era de la posverdad y de la desinformación -no son conceptos sinónimos- y echamos la culpa a algunos medios o a las redes sociales, como si éstas tuvieran vida propia. Pero también hay muchos gobernantes que intentan tergiversar la realidad para acomodarla a sus intereses. Y esto no es sólo propio de Trump, Bolsonaro, Salvini, Farage o Le Pen. Calvo quiso distorsionar la verdad con el Vaticano y le salió mal. Y el viernes lo volvió a intentar. No son anécdotas. Es una forma trapacera de hacer política". Montero lo ha vuelto a hacer.

sábado, 23 de mayo de 2020

Hace falta una entrevista con el presidente

Hay que reconocer que es complicado organizar una rueda de prensa telemática o a control remoto como las que hace el presidente del Gobierno cada semana desde Moncloa La Secretaría de Estado de Comunicación tuvo que admitir las preguntas de los periodistas después de que El Mundo y otros medios se negaran a cubrirlas pero, aún así, todavía dejan mucho que desear, entre otras cosas, porque los informadores no tienen la capacidad de repreguntar. Así, si Pedro Sánchez, no quiere contestar a un asunto, nadie tiene capacidad de reorientarle para que responda a lo que se le ha preguntado. En realidad, eso debería hacerlo el moderador de la rueda de prensa, es decir, Miguel Ángel Oliver, pero claro...

Hoy, sábado 23 de mayo. Han quedado algunas cuestiones pendientes sobre preguntas realizadas. El presidente ha dicho que no hay contradicción entre el "acuerdo cristalino" y el "pacta sunt servanda" del vicepresidente segundo sobre la derogación de la reforma laboral y lo "absurdo y contraproducente" que sería hacerlo, según la vicepresidenta tercera.

Ha hablado en tres ocasiones sobre ese acuerdo firmado por su partido con Bildu... sin citar a Bildu. Ha referido que en el pleno del miércoles pasado sólo se trataba de prorrogar el estado de alarma y por eso hubo que firmar ese pacto con Blidu ,-¡cuyo primer punto trataba sobre la reforma laboral!-.

No ha comentado nada sobre la polémica sobre el uso obligatorio de las mascarillas, que ha estado esta semana en la opinión publica, después de que Fernando Simón dijera que no se recomendó su uso porque no había suficientes para los ciudadanos. Y le ha dado un repaso importante a su ministro de Consumo cuando ha hablado sobre el turismo, sin que haya habido oportunidad de preguntarle sobre el tema.

Las ruedas de prensa no deberían ser fáciles para un político, para cualquier político. Éstas lo están siendo para el presidente del Gobierno y no porque los periodistas no saquen los temas que están en la opinión pública, sino porque no le está siendo complicado escaquearse de las cuestiones incómodas. Ahora que la tormenta parece que empieza a amainar, el país agradecería una entrevista con Pedro Sánchez con dos o tres periodistas avezados. Como las que los políticos suelen conceder en las campañas electorales. Más o menos.

jueves, 21 de mayo de 2020

"Los contribuyentes nos pagan para solucionar problemas"


La tasa de paro EPA pasó del 26,94% de la población activa en el primer trimestre de 2013 al 13,78% de final de 2019 gracias a la reforma laboral de 2012. ¿Han sido empleos precarios? Sí, pero probablemente no mucho más que los creados antes de la modificación. Por ejemplo, la temporalidad de la contratación no está en los niveles más altos de la historia reciente. Y según las estadísticas oficiales, el salario medio anual en España ha pasado de 24.160 euros en 2009 a 25.537 en 2019. 

Es cierto que se ha producido una devaluación de sueldos en trabajos menos cualificados y que, en una etapa de mucho paro, algunos salarios tienden a descender por el exceso de demanda. Pero la reforma laboral de Fátima Báñez no ha sido un fracaso. Claro que admite correcciones, pero pedir su derogación cuando ha conseguido una etapa de crecimiento del empleo como nunca en nuestro país es una irresponsabilidad. 

Como ha dicho el vicepresidente de lo social, en el acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE se hablaba de la derogación de la reforma laboral. Y, a continuación se especificaban los aspectos más urgentes para empezar:


"Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos.
En concreto y con carácter urgente:
-Derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad.
-Derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.
-Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales
.
Asimismo,
-Modificaremos el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.
-Limitaremos la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa.
-Revisaremos el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.


El documento no hablaba de la urgencia de eliminar, por ejemplo, la reducción de las indemnizaciones por despido, sino que hacía hincapié en la negociación colectiva, que quitaba poder a las cúpulas sindicales en la negociación de los convenios y lo trasladaba a los comités de empresa -o a las representaciones de los trabajadores donde no los hubiera-. Al menos, a ello hay que remitirnos porque, como dice Pablo Iglesias, está "cristalino" en el acuerdo. Ahí está para la izquierda el aspecto más lesivo de la reforma: la pérdida de poder, no de los sindicatos, sino de las cúpulas sindicales -sectoriales y territoriales- en el proceso de negociación colectiva.

Además de cargarse lo de "impulsaremos en el marco del diálogo social", el acuerdo entre el Gobierno y Bildu supone meterse en un berenjenal de cambios legislativos en el mercado de trabajo en un momento clave para España que es infantil. Cuando el 40% de la población activa -nueve millones de españoles- está en situación de paro, bien por que no tienen trabajo o porque se encuentran inmersos en expedientes temporales de regulación de empleo, es de suicidas plantear de forma unilateral una revisión total del mercado laboral.

Tiene razón la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, al calificar de "absurda" la derogación de la reforma laboral y explicar que "los contribuyentes nos pagan para solucionar problemas, no para crearlos". A la espera de que se pronuncie Pedro Sánchez sobre el asunto, Calviño 'for president', si no es otro miembro del Gobierno que miente, claro.

miércoles, 20 de mayo de 2020

Echenique no se acuerda de que es Gobierno

El vídeo (de @DavidJar_) se ha hecho viral en Twitter: en la calle Núñez de Balboa de Madrid, núcleo de las primeras manifestaciones contra el Gobierno en el barrio de Salamanca, una señora mayor hurga en los cubos de la basura mientras un grupo de ciudadanos pasa a su lado con cacerolas y banderas de España en la cintura o atadas a modo de capas al grito de "libertad". Según se iba difundiendo, las imágenes recogían comentarios de todo tipo: "la España de hoy". "España en 39 segundos", "la España que quiere la ultraderecha", "la España del Gobierno socialcomunista"...

El que más me ha sorprendido de los que he leído ha sido el de Pablo Echenique, que retuiteaba el vídeo en cuestión con el comentario "En resumen", Es decir, el portavoz parlamentario de Podemos compendiaba en esa imagen -como mucha gente- lo que está pasando estos días en el país. Supongo que quería contraponer la imagen de los 'cayetanos' del centro de la capital con la de la señora -del mismo barrio- que busca comida.

Pero no sé si de dio cuenta de que ese "en resumen" va directamente contra el Gobierno del que su partido forma parte. Porque las protestas -aunque sean de pijos del barrio de Salamanca- se dirigen  contra la gestión del Ejecutivo de Sánchez e Iglesias en la pandemia y porque si la señora del cubo de basura está ahí es porque el Gobierno de Sánchez e Iglesias ha sido incapaz todavía de darle la cobertura social necesaria: la España, pues, que refleja ese vídeo es la España del PSOE y de Podemos.

Decía César Calderón hace unos días en un coloquio que será difícil que Podemos aguante desde el Gobierno la oleada de protestas sociales que vendrán al hilo de la depresión económica. Están empezando a sentirlas y parece que algunos de sus líderes piensan que la cosa no va con ellos.

sábado, 16 de mayo de 2020

Una subida de impuestos de 80.000 millones... para todos

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado en El País que tenemos margen para una subida fiscal: “España tiene una distancia de presión fiscal en la media europea y nuestro país ha de abordarlo. Llegar a esa recaudación nos colocaría casi en 80.000 millones de euros más [al año]”.

Díaz comenta a la vez que, como hay que proteger a las clases trabajadoras, "necesitamos tener margen de actuación para bajar impuestos a clases medias, autónomos y pequeñas empresas", para concluir que en España “hay consciencia de una enorme injusticia fiscal, de que las rentas salariales soportan sustancialmente los recursos tributarios. Los que más tienen, deben aportar más”.

El resumen es: en España hay margen para recaudar 80.000 millones de euros más a través de impuestos, pero no se lo vamos a pedir a la clase trabajadora, sino a los que más tienen. Perfecto. Pero eso es una contradictio in terminis. Para recaudar 80.000 millones más hay que pedírselos a todos los contribuyentes.

Veamos. En 2019, la recaudación por impuestos ascendió a 212.000 millones de euros. De ellos, 86.000 millones de debieron al Impuesto sobre la Renta, 71.000 millones al IVA y 23.000 millones, al Impuesto sobre Sociedades. El resto se lo llevan otros menores.

Conseguir 80.000 millones más al año es como si se recaudara de un año para otro el doble por el IRPF o se multiplicara por cuatro el de Sociedades o se duplicaran los ingresos fiscales por IVA.

Es materialmente imposible aumentar la recaudación en esos 80.000 millones pensando solo en los ricos y en las empresas. Si esa idea se pusiera en marcha, el hachazo fiscal -y qué hachazo- sería para todos los ciudadanos.

miércoles, 22 de abril de 2020

Una estrategia de desinformación

No tiene un pase que el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, general José Manuel Santiago, manifieste en una rueda de prensa que en materia de información en la lucha contra el coronavirus, una de las funciones del Cuerpo es «minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por el Gobierno».
No puede ser que en una rueda de prensa del presidente del Gobierno en la que sólo preguntan seis o siete medios se dé voz a una web denominada Voce d'Italia, que, como explica en su portada, es «il quotidiano degli italiani in Venezuela». Es decir, un medio digital venezolano dirigido a la comunidad italiana que vive en ese país, que en su mejor momento llegó a vender 15.000 ejemplares y que desde 2012 sólo tiene edición digital.

Es inaceptable que los medios y las asociaciones de periodistas tengan que movilizarse y amenazar con no acudir a las comparecencias del Gobierno si el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, no deja de seleccionar a su antojo las preguntas y los medios que las hacen. No puede ser que el propio Oliver afee a los periodistas que nos convirtamos «en fiscales que reconvenimos a los políticos» (¿para qué estamos si no?) como dijo en un encuentro con informadores en diciembre.

Las palabras del general Santiago, que no fueron un lapsus, como intentó convencernos el ministro del Interior, ni un bulo, como dijo Pablo Echenique, como los otros hechos señalados y algunos más, suenan mucho más inquietantes si recordamos el último discurso de investidura de Pedro Sánchez, cuando se refirió a ese fenómeno «dañino para la confianza en la que se asienta la convivencia civil que es la proliferación de las fake news». Y acto seguido el presidente anunció algo novedoso en nuestra democracia. Dijo que impulsaría una «estrategia nacional contra la desinformación», eso sí, «dentro del respeto escrupuloso a la libertad de expresión y de información». A esto hay que sumar que el cada vez más poderoso vicepresidente segundo del Gobierno considera que «la existencia de medios de comunicación privados ataca a la libertad de información» porque «es un riesgo que dos multimillonarios sean propietarios de lo que se puede leer, lo que se puede escuchar y lo que se puede leer». Y no se olviden de la pregunta 6 del CIS de abril, la de los «medios oficiales» para informar a la sociedad.

Lo que el Gobierno está impulsando no es una estrategia contra la desinformación, sino la estrategia de la desinformación.

(Publicado en El Mundo el 21 de abril de 2020)

lunes, 24 de febrero de 2020

Entre el rigor y la propaganda

La parte de Podemos en el Gobierno, sobre todo, ha alardeado esta semana de haber empezado a derogar la reforma laboral del PP al evitar el despido por baja médica justificada. «Las bajas médicas, que justifican las ausencias cuando estamos enfermas y somos más vulnerables, ya no son causa de despido», ha dicho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Y el vicepresidente de lo social, Pablo Iglesias, tuiteó el miércoles que hay una medida que ha tomado este Gobierno de la que se siente «especialmente orgulloso: ningún compatriota tendrá que volver a elegir entre ir a trabajar enfermo o ser despedido». Lo malo es que tanto la ministra de Trabajo como el vicepresidente saben que esto no es así.
Porque lo que acaba de derogar el Ejecutivo es el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que decía que puede extinguirse el contrato de trabajo «por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el veinticinco por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce». Un artículo que, es cierto, fue modificado por el PP en la reforma laboral de 2012, eliminando las referencias a la empresa -las condiciones variaban en función del número de trabajadores de la compañía- y, por tanto, hizo más fácil el despido del trabajador.
Pero lo que la propaganda oficial lleva a creer es que gracias al Gobierno de coalición, los trabajadores enfermos ya no podrán ser despedidos en este país. Y eso es falso. Lo que hace la derogación de ese artículo es dejar de considerar la concatenación de bajas una «causa objetiva» para extinguir el contrato laboral.
Esto significa que el despido se considera improcedente y en vez de indemnizar al trabajador con 20 días por año trabajado, obliga a pagar 33 días por año. No tienen razón, pues, ni Iglesias, ni Díaz, ni toda la propaganda oficial: el trabajador enfermo puede ser despedido ahora igual que antes, solo que al empleador le sale más caro. Es bueno que se diga la verdad al ciudadano para que no se enfade cuando se tope con la realidad.
Algo similar ha pasado con el expediente que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha abierto a siete intermediarios de alquileres como Idealista, conocido el miércoles. En esta ocasión ha sido el ministro de Consumo, Alberto Garzón, también de la parte gubernamental de Podemos, uno de los que ha comentado el asunto: «Incrementar beneficios especulando con el derecho a la vivienda. La CNMC estudia si Look & Find, Idealista y Remax inflaron con algoritmos el precio de la vivienda». Tampoco es así, con lo que el ministro, como mínimo, se ha precipitado.
Lo que la CNMC estudia es si ha habido concertación de precios en el servicio de intermediación de estos portales inmobiliarios: «Se ha inspeccionado la sede de varias empresas que prestan servicios de intermediación inmobiliaria y empresas proveedoras de software inmobiliario, por la fijación de comisiones para la venta y el alquiler de inmuebles», decía la CNMC cuando abrió el expediente.
Es decir, las empresas no «inflaron con algoritmos el precio de la vivienda», sino que se ponían de acuerdo en las comisiones que cobraban, restringían la competencia y obligaban al comprador a pagar más por su servicio. Una práctica que hay que perseguir si se confirma, pero ni Idealista ni los demás inflaron los precios de los pisos, como nos quieren hacer ver, sino los de sus comisiones. La repercusión en el mercado de la vivienda de esta práctica, insana desde luego, es mucho menor.
A los ministros hay que exigirles más rigor y menos propaganda fácil. Incluso si son de Unidas Podemos.

(Publicado el 21 de febrero de 2020 en El Mundo)

jueves, 30 de enero de 2020

Principios

Una de las cosas enternecedoras de este nuevo Gobierno de coalición es ver cómo desde Podemos se intentan justificar comportamientos de ministros que en circunstancias anteriores supondrían una crítica feroz. Esto decía Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, echando barro a diestra y siniestra, ante la todavía inexplicada visita del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez: «Lo más brutal de la máquina del fango hoy disparando todo el día contra Ábalos desde teles, radios y digitales no es ya el olor a fosa séptica y el 'modus operandi' protogolpista. Lo más brutal es el mensaje implícito ultra-autoritario: Hablar es un crimen. Está prohibido hablar». En su defensa del ministro, Echenique acusaba de «protogolpistas» y «ultra-totalitarios» a las «teles, radios y digitales». Es decir, a todos los medios.

Con razón Echenique ha tenido que borrar todos sus tuits escritos antes del 10 de noviembre. Porque no soportarían la más mínima comparación con los posteriores. Echenique no es más que un ejemplo de cómo una determinada coyuntura política -un Gobierno de coalición- puede hacer variar 180 grados la valoración de una actuación como mínimo controvertida sobre la que un ministro cuatro versiones distintas en 24 horas sólo porque el que miente ahora es de los tuyos.

No es una cuestión anecdótica que un político, cualquier político, no pueda aguantar su discurso de siempre porque las circunstancias han cambiado. Y, aunque desafortunadamente nos estemos acostumbrando, estos vaivenes hacen mucho mal a la política porque lo que ven los ciudadanos es que los principios, los valores de cada uno, no existen.

Una cosa es ceder en una negociación para llegar a un acuerdo -la reciente subida del salario mínimo a 950 euros mensuales en vez de los 1.000 prometidos es un ejemplo- y otra abdicar de tus propios principios por mantener el poder cuando lo has alcanzado con postulados totalmente contrarios: la intención de reformar el Código Penal defendida por el presidente del Gobierno para rebajar las penas a los condenados por el 'procés', cuando hace dos meses el propio Sánchez defendía lo contrario. La política no es borrar tuits que ya no valen, porque llegarán nuevas elecciones en las que el ciudadano no sabrá a qué atenerse. O sí. Puede buscar opciones que le ofrezcan claridad en las propuestas y firmeza en los planteamientos, aunque estén equivocados. Y así se van nutriendo de votos los partidos radicales.

(Publicado en El Mundo el 28 de enero de 2020)

domingo, 12 de enero de 2020

Esperar a los Presupuestos

Casi todos esperábamos que hoy se celebrara el primer Consejo de Ministros del primer Gobierno de coalición de la etapa democrática. Pero no. Pedro Sánchez ha preferido esperar para reorganizar su equipo. Y sólo conocemos de forma oficiosa la parte adosada del nuevo Ejecutivo, la de Unidas Podemos, que tiene mucho contenido social pero está por ver si estos ministerios tendrán contenido para necesitar un presupuesto o dependerán del área económica de la parte socialista del Gobierno. Por ejemplo, un Ministerio de Consumo, como el que parece que tendrá Alberto Garzón
-dejando de lado que con una secretaría de Estado bastaría, por aquello de la austeridad de la Administración-, con las competencias sobre el tema transferidas a las comunidades autónomas y sin capacidad real de gasto es más un ministerio-florero que otra cosa.

(Abro paréntesis. También es mala suerte que Consumo vaya a estar en manos de alguien que considera que «el único país cuyo modelo de consumo es sostenible y tiene desarrollo humano alto es... Cuba», como ha escrito. Aunque, bien mirado, puede tener razón, porque el mejor «consumo sostenible» es no poder consumir, como pasa en la isla. Garzón ha borrado ese tuit de su cuenta, pero no consta que lo haya hecho de su cabeza. Cierro paréntesis).

En realidad, tanto el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos como el discurso de investidura de Sánchez son más declaraciones de intenciones que programas concretos de Gobierno. Son música sin letra. Y, aunque la primera suene mal, habrá que ver la obra completa. Por ejemplo, la única fecha que aparece en el acuerdo para que el salario mínimo interprofesional llegue al 60% del salario medio al final de la legislatura, en 2023. En ningún caso supondría un aumento del 22% en un año como ocurrió la última vez. El acuerdo también dice que el Gobierno quiere elevar hasta el 5% del PIB el gasto en educación, pero no concreta cuándo.

En esas declaraciones hay una política de fuerte aumento de gasto que no se puede sostener sólo con las propuestas de incremento de impuestos. Eso supondría más déficit y más deuda, algo que no aceptaría la Unión Europea. Pero es distinto hacerlo en un ejercicio que en una legislatura. Con todo, CEOE calcula que si el nuevo Gobierno pone en marcha sus iniciativas este año el déficit crecerá en 12.000 millones de euros en 2020.

Pero la realidad es que la llegada del Gobierno socialista con el adosado podemita no ha conmocionado a los mercados... todavía. La prima de riesgo está hoy más baja que hace un mes y la Bolsa apenas se ha inmutado tras la investidura. Es más, ha vivido un buen año, a pesar del Gobierno en funciones y del anuncio del Gobierno de coalición del pasado 11 de noviembre.

Porque los inversores y los organismos internacionales -UE, FMI,...- esperan el primer presupuesto del nuevo Gobierno. Es ahí donde se concretan las propuestas; donde hay que poner negro sobre blanco lo que hasta ese momento sólo han sido intenciones. En las cuentas públicas de 2020 veremos hasta dónde llegan las medidas de gasto social, la magnitud de la subida de impuestos y el margen de maniobra real del Gobierno. Que aquí todos mienten más que hablan.

(Publicado en El Mundo el viernes 10 de enero de 2020)

domingo, 22 de diciembre de 2019

Tics autoritarios en el Gobierno con el periodismo

Es cierto que la prensa -y el periodismo- no pasa por su mejor momento. Es cierto que hay una crisis de lectores y de publicidad que desestabilizan las cuentas de las empresas periodísticas y provocan una cierta precariedad en el ejercicio de la profesión. Es cierto que internet y sus nuevos canales de comunicación perjudican al oficio periodístico al colocar casi al mismo nivel a piratas pagados que a profesionales que intentan ejercer su profesión con ese sentido ético que da saber que estás sirviendo a la sociedad como depositario del ejercicio de un derecho fundamental -no se rían, los hay-.
Pero esos no son motivos suficiente para que desde el poder se nos fustigue, como si no tuviéramos derecho a nada. Ya lo hacen con fruición los ciudadanos desde las redes sociales cada vez que nos equivocamos, o creen que nos hemos equivocado, aunque no nos hayamos equivocado.
Porque fustigarnos es lo que hizo el secretario de Estado de Comunicación, el periodista Miguel Ángel Oliver, en su intervención en la jornada sobre ética y periodismo organizada por KPMG la semana pasada. Fue una bronquilla más que un discurso. Nos llamó -bueno, en principio solo a los colegas que siguen al presidente- “tertulianos” y me quedó la duda si el desprecio para éstos o para los periodistas. Pero, sobre todo, se quejó de que los periodistas quisieran hacer más de dos preguntas por intervención al presidente del Gobierno, algo que Oliver tomó con una provocación: “¿Alguien puede imaginar esas intervenciones sin un límite, como una sucesión interminable de cuestiones?”. Entre dos y una “sucesión interminable” de preguntas hay un justo medio que es lo que pedían los compañeros.
Lo grave es que el tema de las preguntas no es más que el síntoma de una forma de ver el periodismo muy peligrosa: la de creer que está al servicio del poder. Por eso me chocó más que Oliver se asombrara, como dijo, de que los periodistas nos estuviéramos “convirtiendo en fiscales que reconvenimos a los políticos”. (Reconvenir (DRAE: reprender a alguien por lo que ha hecho o dicho) ¡Si eso es precisamente lo que debemos hacer!, sobre todo si esos políticos son los que mandan. Como supongo que Oliver haría cuando ejercía el oficio. Como esa decisión de prohibir que los informadores gráficos hicieran fotografías de la reunión entre el PSOE y Bildu para que a los ciudadanos sólo llegaran las que quisiera el partido -caras de funeral de Simancas y Lastra incluidas-. Son tics autoritarios, no lo llamen de otra forma. 

lunes, 15 de julio de 2019

Políticos insensatos



La economía de un país necesita un rumbo para progresar. Ese rumbo puede estar dirigido por un Gobierno de izquierdas, que buscará más avanzar mediante un gasto público suficiente que asegure el crecimiento del bienestar social, o por uno de derechas, que pretenderá dar más libertad económica a los ciudadanos -dejando más dinero en sus bolsillos, fundamentalmente- para su desarrollo. Hablo grosso modo. Los dos caminos son válidos. Pero nadie duda de que una economía para crecer necesita una dirección y alguien que vigile que no se desvíe.

No nos podemos dejar llevar por el espejismo de que sin Gobierno seguimos creciendo, como está ocurriendo en estos últimos años, porque es la inercia de una maquinaria que tarde o temprano se frenará si nadie le pega un acelerón. Ocurre en el desempleo, que continúa al alza, pero cada vez más despacio. Y comprobamos también lo pernicioso de estar sin Gobierno en la evolución de las ventas de coches, que empezaron a caer tras las nefastas declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre los «días contados» del diésel y no se recuperan porque nadie sabe qué política va a seguir con el automóvil éste o el Gobierno que llegue.

El país necesita cada año unos Presupuestos que concreten la política económica del Ejecutivo. Y precisa también un Gobierno que sea capaz de pensar más allá y emprenda reformas que nos hagan más competitivos. La educación en todos sus niveles, las pensiones públicas, el mercado de trabajo, la digitalización, la transición energética... son asuntos que precisan de un Gobierno decidido a tomar medidas que duren más de una legislatura.

Por eso es inexplicable el espectáculo que están dando los líderes políticos en las negociaciones para formar gobiernos. No tiene ningún sentido que 75 días después de unas elecciones generales hayan sido incapaces de lograr ni el más mínimo acuerdo para empezar una legislatura en condiciones. No hay excusas. Ni siquiera que en España no estamos acostumbrados a negociar acuerdos de gobierno, gobiernos de coalición, de cooperación o medio pensionistas. Dice mucho de la talla política de los líderes actuales que sean incapaces de sentarse para pactar. Y produce vergüenza ajena ver que los mismos que por su mirada de bajo vuelo bloquean una investidura propongan un cambio de leyes -incluso de la Constitución-para... evitar bloqueos en las investiduras, ¿lo entienden?

(Publicado en El Mundo el  12 de julio de 2019)

viernes, 10 de febrero de 2017

La fuerza o la política en Cataluña


Hay una viñeta de Mafalda, la genial creación de Quino, en la que se ve cómo un trajeado anciano observa asustado a un hippie con melena, flores en el pelo, sandalias y una mochila. "¡Esto es el acabose!", grita el señor. Y Mafalda le mira circunspecta: "No. Es el continuose del empezose de ustedes". Pues eso. Estos días de declaración judicial de Artur Mas y dos ex consejeras nos retrotraen a 1984, cuando Jordi Pujol se envolvió en la senyera para defenderse de un problema personal con la Justicia. El resultado fue que quedó exonerado de sus responsabilidades en el desfalco de Banca Catalana. "Ahí se empezó a atacar el Estado de Derecho, ante el silencio general de la sociedad y de los partidos catalanes, con la complacencia de los dos grandes partidos españoles", escribía el martes Francesc de Carreras en El País. El lunes comprobamos que el discípulo ha aprendido la lección de su maestro... cambiando la senyera por la estelada.

Lo que sí ha cambiado en estos 33 años es que ahora tenemos la sensación de que el temido choque de trenes entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central se acerca inexorablemente. Tarde o temprano, los políticos que ahora dirigen Cataluña tomarán una decisión que el Gobierno de la nación no podrá aceptar.

¿Se podrá buscar una solución segundos antes de ese big bang? ¿Es factible todavía lo que se llama la vía política, es decir, que ambas partes se avengan a negociar? Sólo si la Generalitat, que sabe que sus pretensiones son ilegales, da su brazo a torcer es posible el acuerdo, porque es lógico pensar que ningún representante del Estado va a acordar nada que suponga su desmembramiento. Apelar hoy a la vía política es pedir la rendición de la Generalitat. Quien lo ha apostado todo a la independencia no se va a conformar con un simple cambio constitucional que coloque a Cataluña como un primus inter pares con el resto de las autonomías, que es a lo máximo que puede llevar la solución política ante el proceso.

Por ello hay quien piensa que la negociación ya es una utopía, que tenía que haber empezado antes, aquel 20 de septiembre de 2012, cuando tras la excepcional demostración popular en una Diada perfectamente preparada al efecto, Artur Mas se presentó en La Moncloa con su propuesta de pacto fiscal. Rajoy se negó a considerarla y el entonces presidente de la Generalitat contestó que ese día se iniciaba "un proyecto nuevo para Cataluña".

Desde entonces se intensificaron las voces que pedían la vía de la fuerza para terminar con la deriva secesionista. Es decir, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por la que el Estado central asumiría todas o parte de las competencias autonómicas. Algo que, no nos engañemos, sólo podrá ser eficaz si, en algún momento, las fuerzas del orden -ya sean unos mossos dirigidos desde Interior, o la propia Guardia Civil- impiden el ejercicio de sus funciones a los dirigentes autonómicos. Pero ese big bangsería tan catastrófico para las dos partes que, probablemente, es implanteable. Por eso el independentismo tendrá que claudicar de sus postulados más radicales.

Es una pena este despilfarro de fuerzas, porque a Cataluña le va muy bien dentro de España. Martí Saballs escribía esta semana en el diario Expansión que la economía catalana ha crecido un 3,5%, más que la media española, gracias al incremento de la producción industrial: "Los defensores más acérrimos del proceso independentista aún van por ahí diciendo que los catalanes somos una colonia explotada y avasallada. Que se lo hagan ver, pero que no hagan el ridículo contando su peculiar deformación de la realidad". Tiene razón.

@vicentelozano

(Publicado en El Mundo el 9 de febrero de 2017)

viernes, 16 de diciembre de 2016

Entre PISA y el paro

El informe PISA que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es el mejor termómetro que tenemos para evaluar sistemas educativos y compararlos. Es un examen colectivo que se realiza cada tres años y en esta ocasión, que corresponde a los datos obtenidos en 2015, hay una cierta satisfacción en la mayoría de las instancias oficiales. España ha roto por primera vez "la brecha educativa y se sitúa, por primera vez en la historia, entre los países más avanzados del mundo", escribió en un tuit el presidente del Gobierno.

Pero eso es una verdad a medias, que puede ser la mentira más peligrosa si te la crees. Lo bueno que tiene un estudio cuando está bien hecho es que te permite sacar conclusiones que, en esta ocasión, siguen sin invitar al optimismo.

La primera es que, en 2015, España está en las calificaciones de PISA exactamente en el mismo nivel que en 2000, cuando se empezó a hacer el estudio: en Ciencias empezó en 491 y está en 488; en comprensión lectora ha pasado de 493 a 496 y en matemáticas, de 476 a 484. Es decir, si estamos comparativamente mejor es porque los otros han empeorado. Triste consuelo, pues, alegrarse por ello. No creo que sean resultados "muy satisfactorios", como dijo ayer el ministro Íñigo Méndez de Vigo.

Otra conclusión desmonta una falacia, esta vez propugnada desde los partidos de izquierda: no hay relación proporcional entre el gasto educativo y los resultados académicos. Así, entre 2000 y 2009 -lo decíamos la semana pasada- los presupuestos para la enseñanza, las becas, las ayudas para libros crecieron entre el 70% y el 100% y eso no se notó en PISA. En cambio, entre 2012 y 2015, los recortes ha afectado considerablemente a la educación... y permanecemos en los mismos parámetros de siempre. Por supuesto que el Estado debe proporcionar los recursos adecuados para atender al sistema, pero llegado a un nivel, el problema ya no es incrementar más o menos el presupuesto, sino asegurar la eficiencia en la utilización de esos recursos.

La tercera conclusión es el tremendo agujero que se abre entre comunidades autónomas. Las autoridades deben averiguar las causas, que serán muchas y variopintas. Tendrá que ver con la descentralización de competencias educativas que hace que, en la práctica, el nivel de exigencia sea distinto en territorios diferentes. Habrá que analizar el nivel de desarrollo económico y social de cada región: su actividad, los sectores que impulsan su crecimiento, el nivel educativo de las anteriores generaciones... También, y muy importante, tendremos que saber por qué, por regla general, las regiones con peores calificaciones en PISA coindicen con las que el paro es más alto.

Ésta es la última conclusión que me parece relevante. El gran fracaso de la enseñanza en España no es que estemos más o menos abajo en las clasificaciones internacionales. El gran fracaso es que, hoy, la tasa de paro de los menores de 20 años es del 54% y la de los españoles entre 20 y 24 años es del 39%. Es decir, existe una grave brecha entre el sistema educativo español y el modelo productivo que es imprescindible reparar. Porque cuando las expectativas para encontrar un empleo al finalizar la etapa escolar son tan escasas, es lógico que cunda el desánimo entre los estudiantes y aumente el abandono de las aulas. Si la escuela no te prepara para el mundo laboral, ¿para qué sirve estudiar?

Mucho que hablar sobre PISA ahora que los partidos se sientan para hablar del pacto educativo. Si es que llegan a sentarse, claro.

@vicentelozano
(Publicado en El Mundo el 8 de diciembre de 2016)