'Papá, ¿por qué somos españoles?'

La agencia de publicidad Sra. Rushmore ideó un genial anuncio de televisión para promocionar el club Atlético de Madrid en 2001. El famosísimo «Papá, ¿por qué somos del Atleti?», que un niño dirigía a su padre, sin que éste fuera capaz de contestarle. Esa pregunta refleja la actitud de quien ha vivido en un mundo ideal y, de repente, se da cuenta de que lo suyo no es lo mejor. Que la realidad ha puesto en su sitio parte de sus sueños, aunque durante un tiempo se hubiera creído el rey del universo. Es posible que muchos españoles se sientan así, especialmente en las dos últimas semanas. Cuando parecía que con ajustes y sacrificios la cosa se iba encarrilando, da la sensación de que hemos retrocedido buena parte de lo avanzado; no sólo desde que Rajoy tomara las riendas de este tinglado, sino desde aquel fin de semana de mayo de 2010 en el que Zapatero recibió su baño de realidad.

La crisis de Bankia dice que la reforma del sistema financiero no ha terminado y la desviación de los déficits de Madrid y la Comunidad Valenciana ponen en duda los logros del Consejo de Política Fiscal y Financiera. No es de extrañar, pues, que la prima de riesgo se haya olvidado estos días de la reforma laboral, de la bancaria, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de los ajustes o de las subidas de impuestos. El marcapasos está disparado mientras que el país se encuentra al borde de la depresión social.

Es lógico que cuando los mercados nos colocan más cerca que nunca de Grecia o de Portugal que de Francia o Alemania sintamos un cierto desasosiego interior . ¿No estuvimos a punto de formar parte del agraciado club del G-8? ¿No protagonizamos durante veinte años lo que se denominó milagro económico español? ¿No fuimos la sensación del mundo cuando el 70% del empleo que se creaba en la UE se generaba en España? ¿Cómo se ha desintegrado como un azucarillo en agua casi todo lo conseguido? Sencillamente, porque la etapa del esplendor no sirvió para poner las bases que necesitaba una economía sólida y moderna. Por eso, puede parecer obsceno pedir al Gobierno que piense también a 25 años vista cuando tiene que estar apagando incendios cada cinco minutos, pero es la única forma de poner los cimientos para construir con firmeza el futuro. Y para eso le pagamos.

Un ejemplo puede ilustrarlo. Entre 2000 y el tercer timestre de 2007 se crearon en España un millón de puestos de trabajo en la construcción. Un auténtico récord, sí, pero en su momento nadie cayó en que cientos de miles de estos empleos fueron para jóvenes que dejaron sus estudios porque en las obras se ganaba mucho dinero. Desde esa fecha se han perdido 1,5 millones de empleos y cientos de miles de ellos corresponden a trabajadores entre 25 y 40 años sin formación porque no acabaron sus estudios y, por tanto, con escasas posibilidades de encontrar trabajos estables.

Hay que recordar cuando el entonces ministro de Trabajo Jesús Caldera volvía de Bruselas muy ufano porque sus colegas le habían felicitado al ver las impresionantes cifras de la creación de empleo en España durante su mandato. Pero aquel Gobierno -y los anteriores y los posteriores- cometió el inmenso error de creérselo y de no modificar un sistema educativo que registraba tasas inaceptables de abandono escolar y de un mercado de trabajo absolutamente volátil, que creaba empleos temporales y sin cualificación que han desaparecido con más rapidez que con la que se crearon. Hoy vemos las consecuencias.

Este Gobierno parte con la ventaja de conocer los errores pasados y ha dado muestras de querer acometer esas reformas profundas. Lo grave es que tiene que ocuparse de lo urgente sin olvidar lo importante. Y lograr que los hijos de nuestros hijos puedan decir, sin patrioterismos, «Papá, ¡somos españoles!».

Banca y poder, amistades peligrosas

En Too big to fail -posiblemente la mejor crónica que se ha escrito sobre la crisis bancaria en EEUU tras la quiebra de Lehman-, el periodista de The New York Times Andrew R. Sorkin narra el momento clave que, sin duda, salvó al mundo del colapso financiero. Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal, y Henry Paulson, secretario del Tesoro, habían aceptado lo que sólo unos días antes consideraban una propuesta indecente de un asesor de ese departamento: la nacionalización de la banca norteamericana.

Así, convocan a Jamie Dimon, presidente de JP Morgan; Lloyd Blankfein, de Goldman; John Mack, de Morgan Stanley; John Thain, de Merrill y Vikram Pandit, de Citi. Cuando están sentados en la mesa y los tienen enfrente, les distribuyen un folio y les dicen que escriban qué cantidad de dinero necesitan recibir del Estado para sanear sus balances.

El estupor entre los banqueros es mayúsculo y las reticencias iniciales, brutales. Pero cuando firmó el primero, todos acabaron aceptando la propuesta, con sus consecuencias: el Estado entraría en el consejo y los convocados perderían el control de sus bancos mientras no devolvieran lo solicitado. Los EEUU del neocon Bush acababan de nacionalizar su sistema financiero.

En España, Elena Salgado, ministra de Economía, y Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, en ningún momento llamaron a Emilio Botín, Francisco González, Isidro Fainé, Miguel Blesa, Ángel Ron, Narcís Serra, José Luis Olivas para plantearles algo similar. Pero si se hubiera celebrado esa reunión -como si ahora la convocara Luis de Guindos- ¿creen que los banqueros españoles aceptarían el ultimátum del Gobierno y del Banco de España?

Lo he hablado con analistas y todos me han dicho que no. Porque ni Salgado, ni Ordóñez ni Guindos tendrán nunca la ascendencia de Paulson y Bernanke. Porque banca y poderes públicos tienen en España unas relaciones demasiado intrincadas. Y porque, como escribía Simon Nixon en The Wall Street Journal al analizar la última reforma, el Gobierno se ha visto influido por la presión ejercida por los grandes bancos, para los cuales «cualquier recapitalización con dinero público podría provocar el fin de sus imperios». Quizá el problema actual de la banca española no sea sólo culpa de los políticos. Y Rato y otros nacionalizados no eran banqueros.

@vicentelozano

¿Salvarán PNV y CiU al Estado?

Cualquiera que analice el Estado de las Autonomías debe basarse en tres claves sin las que no se entiende por qué hemos llegado a la trágica situación en la que nos encontramos. La primera y fundamental es que en España hay dos comunidades autónomas cuyo objetivo -mejor, el objetivo de las mayorías políticas dominantes- es su separación del Estado central. Es decir, la búsqueda de la independencia, con un horizonte más o menos lejano.
La segunda es que PNV y CiU, parte de esas mayorías políticas dominantes, han sido los asideros a los que se han agarrado los ejecutivos centrales cuando han necesitado apoyos para asegurar la gobernabilidad del Estado. Esto ha supuesto que en legislaturas con gobiernos en minoría, esos partidos regionales han sacado todo el jugo posible a su apoyo institucional consiguiendo para sus regiones -y por ende, para todas las demás- unas dosis de autogobierno y de capacidad legislativa que muchos analistas consideran que superan el mandato constitucional.
La tercera clave muestra a la perfección nuestra particular forma de ser: si el Ejecutivo de una comunidad autónoma no es del mismo signo político que el Gobierno central, inmediatamente pasa a gestionar su región como si fuera oposición: lo normal es que haga lo contrario de lo que llegue desde Madrid. Son tres principios que, juntos, no encontramos en ningún estado federal o confederal del mundo desarrollado. Ni en la Canadá del Quebec independentista. Ningún estado de EEUU aspira a independizarse de Washington y no sabemos de ningún land alemán que haga de la oposición a Angela Merkel la bandera de su política económica.
Esto significa que cualquier intento de reforma profunda del Estado necesita, claro, el acuerdo entre el PP y PSOE, que debe extenderse a todos los gobiernos autonómicos que cada uno mantiene. Pero también es indispensable la participación del PNV -en las próximas elecciones vascas veremos si también de la izquierda abertzale- y de CiU en el proceso. Y como nadie se imagina que estos partidos estén dispuestos a devolver una sola de las competencias asumidas en estos casi cuarenta años de democracia, esa reforma sólo tiene dos caminos: la desaparición del café para todos en las autonomías, de forma que en el futuro las comunidades no históricas -las que no cuentan con partidos nacionalistas fuertes, no nos engañemos- rebajen considerablemente su autogobierno, o que ese «repensar» el Estado autonómico, que dice Rajoy, sea una redistribución de funciones administrativas para conseguir una mayor eficiencia y eficacia del sector público.
En estos momentos cruciales, España necesita para su supervivencia financiera a los dos partidos que más interés manifiestan por debilitarla. Es una paradoja. Pero es nuestra paradoja. La que nos hemos dado.

Un fracaso que debe ser una lección

Quizá sin darnos cuenta, los medios de comunicación -lo que queda de ellos- estamos narrando día a día la crónica de un fracaso. El de una forma de hacer política en España. Esa manera de gobernar que casi nunca ha tenido un horizonte más lejano que los cuatro años que dura una legislatura. Que ha colocado la ideología como patrón de comportamiento, impidiendo así acuerdos en las cuestiones básicas para la sociedad. Que, por eso, fue incapaz de predecir que el milagro de crecimiento español de los 90 se basó en el dinero que llegó de Bruselas y en la construcción, sin pensar en lo que llegaría después.

Sin entrar en la corrupción política, esta historia cotidiana del fracaso se escribe con palabras como imprudencia, despilfarro, deudas, déficit..., en todos los ámbitos de la Administración y en todos los territorios. Incluso ahora, cuando la crisis parece no tocar fondo, el paro parece desbocado y todavía no se otean signos de crecimiento, los políticos son incapaces de ponerse de acuerdo para ofrecer a esta sociedad deprimida algo más profundo que reformas económicas: una solución conjunta a los problemas reales del país. Al contrario, hemos visto cómo mientras la prima de riesgo amenazaba con desestabilizar la economía del país, la respuesta de los principales partidos ha sido lanzarse mutuamente unos vídeos cuyo único argumento es el infantil ¡y tú más!

Y que cuando el Gobierno popular dice que no se creará empleo en los próximos cuatro o cinco años, los responsables socialistas se lanzan a su yugular, olvidándose de que abandonaron el poder con una tasa de paro del 22% en la legislatura que ellos mismos bautizaron -cartel electoral incluido- como la «del pleno empleo». Los españoles no entienden que el ministro de Economía se niegue a pronunciar la palabra IVA cuando anuncia una subida de los «impuestos al consumo». Y también preguntan qué tipo de política responsable hará Izquierda Unida en Andalucía si pierde el trasero para aliarse en el poder con los que tildaba de corruptos hace apenas unos días.

No tiene ningún sentido que cuando los partidos nacionales deberían estar negociando las grandes reformas que a medio y largo plazo necesita el país -educación, investigación, modelo de Estado, servicios públicos...-, no sean capaces ni de ponerse de acuerdo en la persona que dirigirá RTVE. O que por safisfacer meros intereses personales, Asturias, una de las autonomías menos desarrolladas de España, lleve más de un año sin un Gobierno estable.

Hoy, más que nunca, la sociedad necesita referencias y no las encuentra en la mayoría de los líderes políticos. Porque pierden su prestigio día a día con decisiones inexplicables y los ciudadanos no les ven con derecho a pedirles esfuerzos si ellos no están dispuestos a sacrificar sus intereses personales y de partido. Dirigentes que no aceptan, digan lo que digan, que la única forma de salir de este tornado debe ser la de empujar todos juntos para alejarse del vórtice.

Conmemorar este Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo -con perdón- con más de 5,6 millones de parados en España -y subiendo- es un buen momento para reflexionar. Si los políticos tuvieran esa decencia profesional que se les supone deberían empezar a aplicar una nueva forma de administrar la cosa pública, distinta a la que ha regido hasta ahora y que nos ha colocado al borde del abismo. La solución de esta crisis va mucho más allá de un plan de ajuste y de la aplicación de unas reformas. Hace falta una regeneración de la clase dirigente en España. Si al menos aprenden esta lección...