El Gobierno ha perdido una ocasión de oro para modernizar la economía española, ahora que tanto se habla del cambio de modelo productivo: la trasposición de la Directiva de Servicios -conocida como Directiva Bolkestein- a la legislaciòn nacional. En la práctica, las denominadas Ley Paraguas -que ya ha entrado en vigor- y Ley Omnibus -que se encuentra todavía en trámite parlamentario- que adaptarán la normativa española a la europea, se van a quedar a medio camino en este proceso liberalizador. Y ahora, el Ejecutivo hacernos creer que una Ley de Economía Sostenible será la panacea que solucione todos los males de la economía española.
La experiencia demuestra que, también en el sector servicios, la liberalización del mercado aumenta la competencia, reduce precios y beneficia al consumidor. España ha notado en sus carnes esta situación desde la entrada en el entonces Mercado Común, en 1985: el 'milagro español -¡qué lejos queda ya!- hubiera sido mucho más complicado sin la libre circulación de capitales, productos y personas que trajo consigo la incorporación a Europa. También en sectores tan tradicionales como el ladrillo: ¿hubieran comprado casa en nuestro país los cientos de miles de ciudadanos alemanes, británicos y nórdicos de otra forma?
Pero, el sector terciario no goza de la misma libertad que los capitales y las personas y la Comisión Europea considera que ese retraso impide una modernización efectiva de un gran número de actividades, que van desde el comercio de bienes hasta los servicios profesionales -abogados, notarios, arquitectos- pasando por la comercialización de energía, los transportes o la educación superior. Con esa intención promulgó en 2006 la Directiva Bolkestein que todos los estados deben tener adaptada antes de que finalice este año.
El Gobierno no ha querido afrontar las barreras nacionales, las trabas profesionales y, sobre todo, los obstáculos de las comunidades autónomas y ayuntamientos, a la libre competencia en el sector servicios. ¿Por qué, por ejemplo, hace falta una autorización administrativa para poner en marcha una línea de autobuses entre Madrid y Mérida, mientras que ese mismo servicio entre Madrid y Lisboa sólo exige una comunicación previa? Recomiendo leer las conclusiones de la intervención ante el Consejo Asesor de Expansión del presidente de la Comisión Nacional de Competencia, Luis Berenguer, el pasado mes de julio.
El mismo Gobierno, pues, que se ha echado para atrás ante determinados intereses en un aspecto clave que habría servido para modernizar una buena porción del sistema productivo quiere ahora hacerlo con una Ley de Economía Sostenible de la que, por ahora, sólo se sabe que va a aumentar los impuestos por la introducción de una supuesta 'tributación verde'. Esperemos al Consejo de Ministros del viernes, pero con estos antecedentes no me haría demasiadas ilusiones.
La Ley de Economía Sostenible que ha aprobado el Gobierno no profundiza en las reformas que necesita el país. Algo más de transparencia en los salarios de los altos ejecutivos no aporta nada a la modernización del tejido productivo; ni más agilidad en los reguladores, mientras sigan siendo nombrados como hasta ahora; ni mejorar determinadas condiciones del alquiler si los jóvenes van a seguir teniendo miedo a la inestabilidad laboral. Como se esperaba, la ley se queda en una intención. Lean el comentario que ha publicado hoty mismo el semanario 'The Economist' sobre la economía española: se titula Insustainable.
viernes, 27 de noviembre de 2009
Menos Ley de Economía Sostenible y más modernización
El 'cacao' de Bono sobre el aborto
Pero no entiendo al que en su conciencia sabe que el no nacido tiene vida propia y, a la vez, piensa que en aras de un supuesto bien mayor, esa vida puede ser eliminada. Me asombra, además, que en este razonamiento se mezcle la religión en un tema que, desde el punto de vista del origen de la vida, es meramente científico, aunque efectivamente de ese principio se deriven consecuencias éticas, morales, jurídicas, psicológicas y sociológicas.
Por eso me ha llamado la atención el artículo que el presidente del Congreso, José Bono, ha publicado hoy en el diario 'El País' titulado 'Aborto: ni derecho ni obligación'. Copio las primeras frases del escrito:
"Se diga lo que se diga, sabemos con certeza que el feto no es un órgano propio de la mujer, sino una realidad distinta de la mujer gestante. El feto es más un "alguien" que un "algo". No puedo negar sin mentirme que tengo la convicción de que en el seno materno se alberga una vida humana en formación que es digna de protección. Estamos ante un valor constitucional. El alto tribunal establece que el feto "en todo caso, es un bien no sólo constitucionalmente protegido sino que encarna un valor central del ordenamiento constitucional".
Con este preámbulo, que podría firmar cualquier activista provida, Bono sólo puede justificar después la introducción del derecho al aborto en España como la legitimación de un mal menor, que viene a decir que cuando se intenta conseguir un bien no pasa nada si por el camino se comete algún acto no demasiado recomendable.
Ese acto no demasiado recomendable es eliminar al no nacido en determinados casos. Y el propio Bono nos recuerda en su artículo que el Tribunal defiende al feto no sólo como un bien constitucionalmente protegido, sino que encarna un valor central del ordenamiento constitucional".
Ahí está la contradicción que debería explicar el presidente del Congreso: cómo puede considerarse un mal menor una acción encaminada a eliminar lo que él mismo está de acuerdo en considerar "un valor central del ordenamiento constitucional".
miércoles, 11 de noviembre de 2009
La cruel paradoja del periodismo
Esta es la situación que vive la profesión periodística en estos momentos: la aparición de una serie de competidores, jóvenes y ágiles al no tener herencias que soportar, que se van abriendo camino en la sociedad.
Además, muchos de estos nuevos protagonistas no son más que replicadores de los medios editoriales de siempre. Todos los buscadores y muchos blogs y páginas webs viven, sin apenas gastos, de servir a los ciudadanos lo que producen otros, necesitados de una estructura potente con la que se han posicionado en sus mercados.
Esto no tendría más importancia si los nuevos medios de comunicación social no tuvieran tal éxito de penetración que han focalizado la atención de los lectores y de los anunciantes. Por ejemplo, el mercado publicitario en Internet movió en el mundo 59.000 millones de dólares en 2008, pero el 65% de todo ese dinero fue a parar a Google. el 35% resante se lo repartieron los demás participantes en este nuevo negocio, entre ellos los medios editoriales tradicionales.
Y este es el drama. Los editores tradicionales -muchos de ellos puntas de lanza también en el uso de las nuevas tecnologías e Internet- tienen complicado competir con estas nuevas formas de comunicación. Entre ellos surge una respuesta que tiene dos movimientos. Uno defensivo -eliminar lo que consideran utilización fraudulenta de sus contenidos- y otro de ataque -empezar a cobrar por el acceso a esos contenidos propios y de valor añadido-.
Así de difíciles están la cosas. Rupert Murdoch, dueño del imperio mediático News Corp., es el editor que más se ha destacado en su lucha contra Google y demás nuevos participantes en el negocio perriodístico y por avisar de su intención de cobrar por los contenidos en Internet de sus diarios de información general. Quería empezar a partir del próximo junio, pero lo ha retrasado. Se le ha preguntado por la causa de esa dilación y ha contestado: "Todo".
martes, 3 de noviembre de 2009
El Optimun Population Trust es una organización que lucha contra el cambio climático con una premisa peculiar. La recojo en palabras de Roger Martin, uno de sus dirigentes: "Los 6.800 millones de habitantes emiten CO2 y si la población sigue aumentando aumentarán los emisores y las víctimas del cambio climático".
El razonamiento es teórica y técnicamente impecable: como el hombre ensucia, cuantos menos hombres haya en la tierra, más limpia estará ésta. Y la conclusión: hay que frenar el calentamiento de la tierra controlando la natalidad.
Voy a llevar al extremo este planteamiento, que me parece no sólo equivocado, sino absurdo. Imaginemos que un hipotético 'gobierno mundial', de esos que leemos en las novelas de ciencia ficción, consigue llevar a la práctica esta idea impecable pero descabellada.
El objetivo tiene que ser frenar el ritmo de crecimiento de la población. Y la única forma de conseguirlo es que la relación entre nacimientos y defunciones sea negativa. Veamos las posibles consecuencias:
b) En unas pocas generaciones, por tanto, el mundo estará habitado por personas mayores, con escasa capacidad de producción y muy demandantes de servicios.
c) Para evitar este envejecimiento y el colapso económico que supone -algunos efectos los estamos viendo ya en la sociedad occidental- ese gobierno mundial no tendría más remedio que volver a fomentar la natalidad para conseguir fuerza laboral nueva capaz de producir bienes y servicios.
d) Pero como la premisa es que la población no crezca sin control para preservar el medio ambiente, si queremos que nazcan muchos niños sin que aumente la población, hay que eliminar parte de los 'excedentes' de más edad. Una segmento que, gracias a una vida más saludable, vivirá más tiempo.
e) En cuanto las nuevas generaciones -más numerosas que las viejas- llegaran a la edad de procrear nacerían más niños, por lo que habría que volver al principio, pero partiendo de una población global mucho menos numerosa.
Así, en unos miles de años habríamos conseguido el planeta más limpio del Universo... pero sin nadie que lo pudiera disfrutar.
Propongo un ejercicio:
-El fracaso escolar.
-La prostitución.
-La corrupción política.