La política de competencia de la UE en un mercado digital sin barreras

La economía digital difumina las barreras de entrada en los mercados de productos y servicios y dificulta las prácticas anticompetitivas. Los ciudadanos vivimos mejor con Google Play, Amazon o Apple Store, a pesar de que tengan posiciones dominantes en sus mercados. Con todo, el Reglamento de Mercados Digitales que prepara la Comisión Europea pretende trasladar las reglas de competencia tradicionales al negocio en internet.

Los monopolios, y los oligopolios en su caso, no son adecuados en una economía de mercado, porque siempre perjudican a los consumidores. Cuando una empresa domina la distribución de productos y servicios en un determinado sector, puede situar sus precios en el nivel que desee y el consumidor no tendrá más remedio que adaptarse a ellos, sobre todo si se trata de servicios de primera necesidad. Y eso se da en todos los niveles. Una única empresa eléctrica en una región actuará con los precios más altos que puedan pagar sus clientes. Como, si se diera el caso, la panadería que estuviera sin competencia en un pueblo haría lo mismo con sus productos: el tope de los precios está en el nivel en el que los ciudadanos dejan de comprar el pan porque ya no pueden pagarlo.

La aparición de otra empresa eléctrica o de otra panadería en el mismo lugar implica que el nuevo actor tendrá que ofrecer precios más bajos para ganar cuota de mercado. Y si los competidores son varios, ni que decir tiene que la posibilidad de elegir ofrece a los ciudadanos una vida mejor: pagar menos por productos similares.

Por eso, la falta de capacidad de elección ha sido uno de los grandes males contra los que ha luchado la economía de mercado desde siempre. Es imposible la competencia sin competidores y, en ese caso, siempre sufre el ciudadano. Y esta es una de las causas del desastre de los modelos colectivistas: una empresa de servicios, incluso si es de propiedad pública, sin competencia no va a mirar por el bien de los ciudadanos. Cuba o Venezuela son ejemplos que vemos todos los días.

Bien. Esto es así en, digamos, la “economía física” cuando el consumidor está atado a su proveedor y no tiene capacidad real de buscar otro. En el ejemplo de la panadería, la única solución sería ir a comprar en otro pueblo, lo que probablemente haría más onerosa la barra de pan. ¿Pero qué ocurre en el mundo digital?

Imaginemos que en ese hipotético pueblo un emprendedor monta una plataforma en Internet de venta de pan, con un servicio de puerta a puerta al que puedan apuntarse todas las panaderías de la comarca y ofrecer desde esa plataforma sus productos. Lógicamente, para poder quedar incluido en esa plataforma, los panaderos tendrán que cumplir las condiciones que ponga el propietario de la plataforma: comisiones, calidad de los productos, etc.

¿Qué supondrá para los ciudadanos del pueblo la aparición de esa plataforma de venta de pan? Una rebaja de precios, la comodidad de que le lleven el pan a casa y una mejora de la calidad de los productos. Aunque sólo exista una plataforma en el mercado digital, es obvio que el habitante de ese pueblo vivirá mejor con ella que sin ella.

Y si el nuevo servicio es beneficioso para el consumidor, ¿por qué hay que cambiarlo artificialmente desde las autoridades públicas?

(Artículo completo en Aceprensa)

Google domina el mercado porque es el mejor

Ha ganado la vicepresidenta Magrethe Vestager, el azote de los GAFA. Le hacía falta una victoria tras el varapalo que sufrió el año pasado, cuando el Tribunal General de la UE anuló la devolución de 13.000 millones a Irlanda por parte de Apple, impuesta por la Comisión Europea, al considerar que ésta se había beneficiado de ayudas fiscales ilegales.

Ahora, ese mismo tribunal ha dado la razón a la Comisión en su demanda contra Alphabet, la matriz del buscador, por abuso de posición dominante en su servicio de compras por internet. Bruselas abrió esta investigación en 2010 y Vestager la cogió cuando asumió la cartera de Competencia. La Comisión consideraba que Google se beneficiaba al colocar mejor posicionados en el buscador los servicios de su comparador de precios, relegando a la competencia.

De esta forma, quienes buscaban un producto tenían de primera mano los que quería Google y no los, en principio, más favorables para el comprador. Se perjudicaba así a los compradores y a los vendedores que no estaban bajo el paraguas de la empresa de Mountain View. Algo muy significativo si tenemos en cuenta que Google tiene alrededor del 90% de las búsquedas en la mayoría de los países europeos.

La multa es cuantiosa: 2.420 millones de euros. Pero si tenemos en cuenta que Google facturó 151.000 millones de euros en 2020 y obtuvo un beneficio neto de 33.400 millones, la importancia del palo -si lo confirma el Tribunal de la UE- es relativa. Google tiene pendiente de resolución otros dos expedientes, también por abuso de posición dominante.

El primero, por el sistema Android, que utiliza el 80% de los móviles en el mundo. Android es un sistema operativo de Google y, según la Comisión, obliga a las empresas que lo adquieren a preinstalar aplicaciones como Google Search o Google Chrome, en detrimento de las de la competencia, por ejemplo. Vestager pide 4.800 millones de euros en este proceso.

Y tiene otro por el mismo motivo, con multa de 1.800 millones, esta vez en el mercado de la publicidad con su servicio Adsense. Estos dos últimos están pendientes de resolución por los tribunales europeos. En total 8.000 millones de euros, la cuarta parte de lo que Google ganó en 2020.

El problema no es de dinero, sino de concepto: si en la época de internet puede haber abuso de posición dominante cuando todo el mundo tiene todo al alcance de un clic. Y cuando sólo el buen hacer de una compañía es capaz de crear un ecosistema tan eficiente que es utilizado por la mayoría de la población.

El modelo Google, en el buscador, en la publicidad y en las compras, beneficia notablemente a los ciudadanos, a los anunciantes y a los vendedores de productos y servicios. Crea sus herramientas y las utiliza, pero no anula las de sus competidores, que tienen las suyas propias: nadie los echa del mercado.

Los jueces sustentan la necesidad de la multa en tres factores. El alcance del tráfico que genera Google; la actitud de los usuarios, que miran sólo los primeros resultados que les ofrece el buscador, y, por último, que la audiencia que lleva Google no puede ser sustituida. Todo ello, dicen, debilita la competencia. Si lo miramos bien, ninguno de los tres son culpa de Google. Al menos habría que considerar esta cuestión. 

(Publicado en El Mundo el 11 de noviembre de 2021)

Google, contra el gran buscador

Probablemente, la crítica más radical que se puede hacer a la demanda que ha interpuesto un tribunal federal de Washington (EEUU) contra Alphabet, la matriz de Google, por abuso de posición dominante en el negocio de los buscadores es que está fundamentada en la Sherman Antitrust Act, del 2 de julio de ¡1890! 

Esa ley se aprobó con el fin de limitar los acuerdos o los monopolios en distintas industrias para que no terminaran haciendo subir los precios y perjudicando a los consumidores, que pagarían menos por los productos en una situación de concurrencia plena. Fue la primera medida que adoptó el Gobierno estadounidense en este sentido, para defender a la sociedad en el momento en el que empezaban a florecer las grandes empresas en la energía, el tabaco o las telecomunicaciones.

Es lógico que las autoridades traten de evitar perjuicios al ciudadano cuando una compañía se hace con la práctica totalidad de un mercado y, de esa forma, puede poner los precios que quiera a sus productos y servicios. ¿Pero qué pasa cuando esa compañía, como ocurre con Google, no cobra ningún precio a sus usuarios? En los tiempos de internet, quizá haga falta dar una vuelta a unas normativas antimonopolio que se han quedado obsoletas.

La acusación contra Google se basa en que ha obligado a los fabricantes de teléfonos móviles que usan el sistema Android -de Google- a que instalen el buscador de la propia compañía. Ha conseguido así el 90% del mercado. De esta forma, las empresas que quieran anunciarse en buscadores no tendrán más remedio que ir al gigante, porque los demás apenas tienen audiencia. La demanda, además, recoge también el acuerdo con Apple, por el que el buscador de Google es instalado por defecto en los iPhone a cambio de dinero. 

En definitiva, una empresa que quiera anunciarse en Internet, o lo hace a través del Google o tendrá muy difícil dar a conocer sus productos. Google es «la puerta de entrada a internet, un gigante de las búsquedas y de la publicidad que ha mantenido su poder de monopolio a través de prácticas que dañan la competencia», ha dicho Jeffrey Rosen, del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El problema llega cuando esas supuestas prácticas monopolísticas no solo no perjudican al consumidor, sino que le facilitan la vida. Google ha creado todo un sistema de información que él pone el canal -el buscador- y sienta las bases para su difusión -los acuerdos con fabricantes de móviles- que dificulta el acceso al mercado de sus competidores. ¿Y qué si lo consigue porque lo hace mejor? Además, su modelo proporciona a muchas empresas unas capacidades de venta y de desarrollo impensables antes de la llegada de internet. Es la primera respuesta que dio la compañía fundada por Larry Page y Sundai Pichar a la demanda: «Es profundamente errónea. La gente usa Google porque así lo desea, no porque se vea obligada a hacerlo o porque no pueda encontrar alternativas».

Las autoridades estadounidenses han estado un año estudiando la demanda. Tiene que de estar fundamentada, pero si los monopolios se persiguen porque perjudican al consumidor, la paradoja está en que con Google se acusa de una posición de dominio que, al contrario, le hace la vida más fácil y más barata al ciudadano.

Entre el rigor y la propaganda

La parte de Podemos en el Gobierno, sobre todo, ha alardeado esta semana de haber empezado a derogar la reforma laboral del PP al evitar el despido por baja médica justificada. «Las bajas médicas, que justifican las ausencias cuando estamos enfermas y somos más vulnerables, ya no son causa de despido», ha dicho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Y el vicepresidente de lo social, Pablo Iglesias, tuiteó el miércoles que hay una medida que ha tomado este Gobierno de la que se siente «especialmente orgulloso: ningún compatriota tendrá que volver a elegir entre ir a trabajar enfermo o ser despedido». Lo malo es que tanto la ministra de Trabajo como el vicepresidente saben que esto no es así.
Porque lo que acaba de derogar el Ejecutivo es el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que decía que puede extinguirse el contrato de trabajo «por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el veinticinco por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce». Un artículo que, es cierto, fue modificado por el PP en la reforma laboral de 2012, eliminando las referencias a la empresa -las condiciones variaban en función del número de trabajadores de la compañía- y, por tanto, hizo más fácil el despido del trabajador.
Pero lo que la propaganda oficial lleva a creer es que gracias al Gobierno de coalición, los trabajadores enfermos ya no podrán ser despedidos en este país. Y eso es falso. Lo que hace la derogación de ese artículo es dejar de considerar la concatenación de bajas una «causa objetiva» para extinguir el contrato laboral.
Esto significa que el despido se considera improcedente y en vez de indemnizar al trabajador con 20 días por año trabajado, obliga a pagar 33 días por año. No tienen razón, pues, ni Iglesias, ni Díaz, ni toda la propaganda oficial: el trabajador enfermo puede ser despedido ahora igual que antes, solo que al empleador le sale más caro. Es bueno que se diga la verdad al ciudadano para que no se enfade cuando se tope con la realidad.
Algo similar ha pasado con el expediente que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha abierto a siete intermediarios de alquileres como Idealista, conocido el miércoles. En esta ocasión ha sido el ministro de Consumo, Alberto Garzón, también de la parte gubernamental de Podemos, uno de los que ha comentado el asunto: «Incrementar beneficios especulando con el derecho a la vivienda. La CNMC estudia si Look & Find, Idealista y Remax inflaron con algoritmos el precio de la vivienda». Tampoco es así, con lo que el ministro, como mínimo, se ha precipitado.
Lo que la CNMC estudia es si ha habido concertación de precios en el servicio de intermediación de estos portales inmobiliarios: «Se ha inspeccionado la sede de varias empresas que prestan servicios de intermediación inmobiliaria y empresas proveedoras de software inmobiliario, por la fijación de comisiones para la venta y el alquiler de inmuebles», decía la CNMC cuando abrió el expediente.
Es decir, las empresas no «inflaron con algoritmos el precio de la vivienda», sino que se ponían de acuerdo en las comisiones que cobraban, restringían la competencia y obligaban al comprador a pagar más por su servicio. Una práctica que hay que perseguir si se confirma, pero ni Idealista ni los demás inflaron los precios de los pisos, como nos quieren hacer ver, sino los de sus comisiones. La repercusión en el mercado de la vivienda de esta práctica, insana desde luego, es mucho menor.
A los ministros hay que exigirles más rigor y menos propaganda fácil. Incluso si son de Unidas Podemos.

(Publicado el 21 de febrero de 2020 en El Mundo)

Todos contra Google, pero Google sigue cabalgando

Jill Hazelbaker, directora de comunicación de Google.

Hace unas semanas Google -iba a escribir el buscador Google, pero ya es mucho más que eso- anunció el fichaje de un nuevo responsable de relaciones públicas y comunicación. Y eligió a Jill Hazelbaker, una joven y experta 'comunicóloga' que había sido directora de comunicación y mano derecha del senador John McCain durante la campaña de las elecciones presidenciales de 2008.

Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Google, sabía perfectamente lo que hacía con este nombramiento. Google necesita ahora alguien profundamente conocedor de lo que se denomina en el argot 'public affairs' -asuntos públicos-. Es decir, capaz de dirigir y controlar las relaciones con los gobiernos, con los partidos políticos, con las administraciones públicas... Porque ahí está el principal riesgo del gigante de internet: las trabas que le pueden poner las autoridades para desarrollar su negocio. Hazelbaker no ha trabajado directamente en temas relacionados con Internet o las telecomunicaciones hasta ahora, pero sabe moverse muy bien en los despachos oficiales.

A Google no le preocupa la competencia -avanza varios años por delante de ella-, ni, por ejemplo, tener que pagar por los contenidos que coloca en su buscador -sería relativamente fácil llegar a un acuerdo con los editores-. Google teme que los gobiernos se sumen a la guerra que determinadas empresas han iniciado contra él y, que a base de legislación 'ad hoc', traten de poner piedras en su camino.

El último ejemplo lo tenemos en España. Ayer, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, reconocía que se puede analizar la propuesta lanzada por el presidente de Telefónica, César Alierta, de cobrar a los buscadores por el uso de las redes. Al margen de China, países europeos como Francia y Alemania, por ejemplo, también ha entrado en conflicto con Google por cuestiones similares.

Curiosamente, esos conflictos apenas existen con la Administración norteamericana, que incluso ha visto con buenos ojos la intención del buscador de crear su propia red de comunicaciones, mucho màs rápida además que las actuales de las operadoras tradicionales. Éstas, lógicamente, van a luchar a brazo partido para defender su territorio.

Google ha puesto Internet al alcance de todos. Ha creado un nuevo modelo de negocio y seguirá expandiéndose como quiera. Pero sería una lástima que por el anquilosamiento de unos o el miedo a futuro de otros se frenara el crecimiento de algo que, en mi opinión, traspasa ya el mero negocio y ha inaugurado una nueva forma de trabajar y, en algunos aspectos, de vivir.

Aquí se vuelve a hacer realidad esa sentencia universal del Quijote: "Ladran, Sancho, luego cabalgamos". Pues dejen que Google siga cabalgando, lo agradeceremos todos.

¿Perderán las autonomías el control de las cajas?

Es un movimiento larvado hasta el momento. Quizá no ha trascendido todavía al debate social, pero en numerosos ambientes políticos, académicos, empresariales... cala cada vez más la idea de que hay que restar poder legislativo a las comunidades autónomas. La fuerza de las autonomías, dicen, quizá tuviera su razón de ser en los primeros momentos democráticos, pero con el paso de tiempo se ha convertido en un lastre competitivo.

Este sentimento se exarcerbó durante la pasada legislatura con la modificación del Estatuto de Cataluña y los que vinieron después. El debate sobre las lenguas españolas en las regiones con idioma propio y los excesos de algunos gobiernos autonómicos es el que más ha trascendido hasta el momento.

Pero también hay quien critica el intervencionismo en el comercio, la ruptura de un sistema educativo homogéneo para todo el Estado, la regulación del control del agua, la aparición de un sistema sanitario público por cada autonomía..., amén del quebradero de cabeza que supone la financiación autonómica o el incremento del gasto que supone mantener cientos de miles de funcionarios que, además, crecen sin parar.

Y ahora llega la reforma de las cajas de ahorros. Es injusto generalizar, pero cualquier experto independiente dice que la crisis ha afectado mucho más a las cajas que a los bancos precisamente por la influencia de los políticos de las comunidades autónomas en su gestión. Cada autonomía ha legislado sobre sus cajas de ahorros en la mayoría de los casos esas leyes han supeditado la gestión profesional a los intereses políticos de los gobiernos de turno.

Es algo que algunos hemos denunciado incluso en la etapa de las 'vacas gordas'. Ahora, casi todo el mundo está de acuerdo en que cualquier reforma del estatus jurídico de las cajas de ahorros pasa por separarlas jurídicamente de los gobiernos autonómicos.

Por supuesto, las autonomías se rebelan y de quién gane en esta pelea entre el Estado central y las comunidades va a depender la marcha del estado autonómico en el futuro. Si los gobiernos regionales 'pierden' las cajas, después puede venir la educación, el control de los ríos, la política comercial... Al tiempo, aunque todo esto todavía se vea muy lejano.