Un mercado laboral dopado

Decía el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, hace unos días en una entrevista con el diario Financial Times que las previsiones de desempleo de la OCDE y del Banco de España que situaban el paro en España por encima del 20% al finalizar 2020 «habían fallado por completo». Técnicamente tiene razón, porque según la Encuesta de Población Activa (EPA) que conocimos ayer, la tasa de paro al cerrar el ejercicio pasado se situaba en España en el 16,13%, dos puntos y medio más que en 2019, pero muy cerca de la previsión del propio Gobierno y muy alejada de la del Banco de España.


Pero en la práctica la tasa de paro en España es mucho mayor y se acerca más a las estimaciones de la entidad presidida por Pablo Hernández de Cos. Porque, según la propia EPA, al finalizar el año pasado había en España unas 900.000 personas en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que las estadísticas contemplan como ocupados aunque en realidad sean parados temporales: trabajadores que están en el desempleo por una temporada –cobrando del Sepe– hasta que se solucione la situación financiera y de negocio de sus empresas.

Si sumamos esos desempleados temporales que según las estadísticas están ocupados, a la cifra de parados, tenemos que ésta subiría hasta los 4,7 millones de personas y la tasa de paro se situaría en España en el 21%, mucho más cerca de las previsiones del Banco de España que las del Ejecutivo. La realidad del número de parados en España en estos momentos está entre los 3,7 millones de desempleados oficiales y los 4,7 millones de personas que, pudiendo trabajar, no lo hacen.

Tenemos, pues, un mercado laboral dopado por los ERTE, que, por cierto, no son una invención de Yolanda Díaz ni de Fátima Báñez, sino que están regulados desde 1995, cuando José Antonio Griñán era ministro de Trabajo. Nadie sabe cuántos de esos 900.000 trabajadores irán al paro en los próximos meses y cuántos volverán a la actividad, aunque a la vista de la coyuntura no se puede ser optimista, porque la inmensa mayoría de los ERTE se dan en el sector servicios y la evolución de la pandemia hace presagiar que este año no va a ser el de la recuperación de la hostelería y el turismo.

Por ejemplo, la EPA refleja una cierta recuperación del mercado de trabajo en el último trimestre de 2020 gracias al levantamiento de la movilidad antes de que llegara la tercera ola del Covid-19. Una situación que cambiará para mal en el inicio de 2021 con el empeoramiento de las perspectivas sanitarias y el aumento de las restricciones. En unos días veremos la evolución del empleo en enero… y de lo que nos espera al me nos hasta el verano.

Esa es la primera cuestión que hay que preguntarse a la hora de hacer previsiones sobre el comportamiento del mercado de trabajo en 2021: ¿cuántos de los trabajadores en ERTE, los 900.000 actuales y los que vendrán, van a volver a sus empresas? Porque, como su propio nombre indica, son una solución temporal que no se puede prolongar, aunque los ERTE sean necesarios en un primer momento como medida urgente de contención de los despidos. Llegará un momento en el que el empresario tendrá que decidir si rescinde definitivamente los contratos que ahora están en suspenso. Sólo queda que empecemos a notar cuanto antes el efecto de las vacunas.

(Publicado en El Mundo el 29 de enero de 2021)

Hace falta una entrevista con el presidente

Hay que reconocer que es complicado organizar una rueda de prensa telemática o a control remoto como las que hace el presidente del Gobierno cada semana desde Moncloa La Secretaría de Estado de Comunicación tuvo que admitir las preguntas de los periodistas después de que El Mundo y otros medios se negaran a cubrirlas pero, aún así, todavía dejan mucho que desear, entre otras cosas, porque los informadores no tienen la capacidad de repreguntar. Así, si Pedro Sánchez, no quiere contestar a un asunto, nadie tiene capacidad de reorientarle para que responda a lo que se le ha preguntado. En realidad, eso debería hacerlo el moderador de la rueda de prensa, es decir, Miguel Ángel Oliver, pero claro...

Hoy, sábado 23 de mayo. Han quedado algunas cuestiones pendientes sobre preguntas realizadas. El presidente ha dicho que no hay contradicción entre el "acuerdo cristalino" y el "pacta sunt servanda" del vicepresidente segundo sobre la derogación de la reforma laboral y lo "absurdo y contraproducente" que sería hacerlo, según la vicepresidenta tercera.

Ha hablado en tres ocasiones sobre ese acuerdo firmado por su partido con Bildu... sin citar a Bildu. Ha referido que en el pleno del miércoles pasado sólo se trataba de prorrogar el estado de alarma y por eso hubo que firmar ese pacto con Blidu ,-¡cuyo primer punto trataba sobre la reforma laboral!-.

No ha comentado nada sobre la polémica sobre el uso obligatorio de las mascarillas, que ha estado esta semana en la opinión publica, después de que Fernando Simón dijera que no se recomendó su uso porque no había suficientes para los ciudadanos. Y le ha dado un repaso importante a su ministro de Consumo cuando ha hablado sobre el turismo, sin que haya habido oportunidad de preguntarle sobre el tema.

Las ruedas de prensa no deberían ser fáciles para un político, para cualquier político. Éstas lo están siendo para el presidente del Gobierno y no porque los periodistas no saquen los temas que están en la opinión pública, sino porque no le está siendo complicado escaquearse de las cuestiones incómodas. Ahora que la tormenta parece que empieza a amainar, el país agradecería una entrevista con Pedro Sánchez con dos o tres periodistas avezados. Como las que los políticos suelen conceder en las campañas electorales. Más o menos.

Una subida de impuestos de 80.000 millones... para todos

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado en El País que tenemos margen para una subida fiscal: “España tiene una distancia de presión fiscal en la media europea y nuestro país ha de abordarlo. Llegar a esa recaudación nos colocaría casi en 80.000 millones de euros más [al año]”.

Díaz comenta a la vez que, como hay que proteger a las clases trabajadoras, "necesitamos tener margen de actuación para bajar impuestos a clases medias, autónomos y pequeñas empresas", para concluir que en España “hay consciencia de una enorme injusticia fiscal, de que las rentas salariales soportan sustancialmente los recursos tributarios. Los que más tienen, deben aportar más”.

El resumen es: en España hay margen para recaudar 80.000 millones de euros más a través de impuestos, pero no se lo vamos a pedir a la clase trabajadora, sino a los que más tienen. Perfecto. Pero eso es una contradictio in terminis. Para recaudar 80.000 millones más hay que pedírselos a todos los contribuyentes.

Veamos. En 2019, la recaudación por impuestos ascendió a 212.000 millones de euros. De ellos, 86.000 millones de debieron al Impuesto sobre la Renta, 71.000 millones al IVA y 23.000 millones, al Impuesto sobre Sociedades. El resto se lo llevan otros menores.

Conseguir 80.000 millones más al año es como si se recaudara de un año para otro el doble por el IRPF o se multiplicara por cuatro el de Sociedades o se duplicaran los ingresos fiscales por IVA.

Es materialmente imposible aumentar la recaudación en esos 80.000 millones pensando solo en los ricos y en las empresas. Si esa idea se pusiera en marcha, el hachazo fiscal -y qué hachazo- sería para todos los ciudadanos.

La guerra que no hemos vivido

Hablaba estos días con Iñaki Gil, corresponsal de ese periódico en París, y me decía que el coronavirus es la guerra que estas generaciones
-desde los baby boomers- no hemos vivido. Tiene razón. Es una crisis sanitaria de una magnitud planetaria que va a tener fatales consecuencias políticas, sociales y económicas. Como una guerra. La pregunta es si Europa está preparada para afrontarla. Y, lamentablemente, la respuesta no es positiva. Vimos un ejemplo el pasado jueves 12, cuando la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, afirmó que el BCE no estaba para to close spreads, es decir, para reducir las primas de riesgo que hay entre países. Esto, referido, como se refirió, al miembro de la Eurozona que peor lo estaba pasando por la crisis sanitaria provocó que se disparara la prima de Italia y el desplome de las bolsas.

Lagarde reconoció su error posteriormente, pero ya era tarde. Los inversores esperaban apoyo desde la autoridad monetaria y no lo encontraron. Hasta que el BCE rectificó en toda regla y puso el helicóptero a volar con ese plan de emergencia pandémica de 750.000 millones de euros. Un plan que trata de hacer creíble -hagan lo que hagan, el BCE estará detrás- para paliar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria.

Unas consecuencias que pueden ser calamitosas. Pedro Sánchez afirmó el miércoles en el Congreso que económicamente, este año va a tener nueve o diez meses. En otras palabras, eso quiere decir que el PIB se va a reducir entre una cuarta y una quinta parte. Es decir, España entrará en recesión. Como la Unión Europea.

Martin Wolf, jefe de análisis económico de Financial Times, describía el miércoles un panorama económico desolador, aunque especificaba que de duración limitada: «Es probable que muchos hogares y empresas se queden pronto sin dinero. Incluso en los países ricos, una gran parte de la población prácticamente no tiene ahorros líquidos. El sector privado -sobre todo el sector corporativo no financiero- también se ha endeudado en exceso. Por todo ello, la demanda de los consumidores se debilitará aún más. Quebrarán empresas. La gente se negará a vender a compañías que pueden quebrar, a menos que paguen por adelantado. Volverán las dudas sobre la salud del sistema financiero. Existe un riesgo de que se produzca un colapso de la demanda y de la actividad que va mucho más allá del impacto directo de la emergencia sanitaria».

Para evitar esto hace falta una economía de guerra. Y en la guerra hay que comportarse como en la guerra: con un mando único, un objetivo claro y sin escatimar medios para vencer. En Europa hemos visto que cada Gobierno está haciendo la guerra por su cuenta -a la fuerza ahorcan- con planes de estímulos milmillonarios para insuflar liquidez en la economía y evitar el colapso del que habla Wolf. Todos, cada uno con su magnitud en función de la economía de cada país, están bien enfocados, pero hace falta más por parte de la Unión Europea.

Lagarde ha enmendado su error con ese plan de 750.000 millones. Al final, respaldó así a Italia y al resto de países. Hace falta ese apoyo, sin preocuparse en estos momentos de lo que puede pasar después, porque si no se pone remedio ahora con medidas concretas, ese después puede asemejarse al escenario que hay tras de una guerra. La guerra que no hemos vivido los de ahora.

(Publicado en El Mundo el 20 de marzo de 2020)

Elecciones con un paro del 14%

Como todo, esto es según el cristal con el que se mire. El paro en España se encuentra situado ahora en el 14%, una cifra moderada si se considera que hemos llegado hasta el 23% en el peor momento de la crisis, pero inaceptable si vemos que en el mejor momento de nuestro mercado laboral, el desempleo bajó hasta el 7%, la mitad que el actual. Objetivamente, este nivel de paro es alto y más si se compara con el de los países de nuestro entorno. La media de la UE es del 7,8%, en países como Alemania se encuentra por debajo del 4%, el Francia es del 8,8% y sólo Italia se acerca algo, con el 10%.

Lo malo también es que la tendencia decreciente del desempleo en España se va a truncar, como acaba de decir el Fondo Monetario Internacional. Fruto de la desaceleración de la economía mundial, dice el organismo internacional, el paro terminará el año 2020 en el mismo nivel que ahora: por encima del 14%. Es decir, mantendremos los tres millones de desempleados por lo menos un año y medio más. Es un pronóstico duro de aceptar, a pesar de que Nadia Calviño diga que el FMI se equivoca con España. Es cierto que hay ocasiones en las que ha fallado en los datos, pero no en las tendencias.

Es un defecto que sigue teniendo la economía española: en etapas de crecimiento es capaz de generar millones de puestos de trabajo, que se van con la misma facilidad cuando se tuercen las cosas. Así, por ejemplo, el paro en Francia empezó la crisis en el 7,4%, subió hasta el 10% y ha bajado hasta el 8,8% actual. En España, la oscilación ha sido del 7% al 23%, para caer solo hasta el 14% que registra ahora. Por eso el principal esfuerzo que debe hacer el próximo Gobierno en materia económica es facilitar al máximo que España siga creando empleo, a pesar de la etapa de desaceleración que se acerca. Para ello, hace falta realismo y considerar que si la reforma laboral ha dado frutos, de una u otra forma, hay que seguir contando con ella. Por eso el PSOE se ha resistido a derogarla hasta ahora, a pesar de las presiones sindicales y de los partidos que están más a su izquierda, porque cualquier analista sabe es que con una reducción del crecimiento de la economía el ritmo de creación de empleo tiene que resentirse. El ejemplo está en los expedientes de regulación de empleo que se han anunciado en los últimos meses -en el automóvil o o en la banca- una situación que no se veía desde lo más profundo de la crisis.

Es necesario que el nuevo Gobierno ataque de forma proactiva el mercado de trabajo. Con la inercia ya no va a bastar para seguir reduciendo el desempleo y de ello es de lo que alerta el Fondo. El hecho es que España necesita seguir creciendo por encima del 2% para rebajar su elevada tasa de paro y, por eso, quizá sea el momento de plantearse cómo dinamizar más la creación de empleos.

Una solución factible para fomentar la contratación, y en la que podrían estar de acuerdo todos los partidos políticos, sería reducir ese impuesto al trabajo que son las cotizaciones sociales. La pérdida de recaudación por esa rebaja se debería compensar con una subida de la imposición indirecta o con la puesta en marcha de nuevos impuesto como los medioambientales. Pero así se lograría abaratar el coste del empleo, que es de lo que se trata para que los empresarios generen nuevos puestos de trabajo.

(Publicado en El Mundo el 12 de abril de 2019: https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/04/12/5caf7420fc6c83ee7f8b4769.html

Italia 2018, como Grecia 2009

Hace diez meses, Olivier Blanchard, ex economista jefe del FMI, y otros investigadores del Peterson Institute for International Economics se preguntaban en un informe si un incremento de los tipos de interés por parte del BCE podría desencadenar una crisis de deuda en Italia. La respuesta fue que «no», siempre que se cumplieran dos condiciones. La primera, que esa subida de tipos viniera como consecuencia del crecimiento económico de la Eurozona y de Italia. La segunda, que el Gobierno italiano estuviera dispuesto a cooperar con las autoridades europeas -la UE y el BCE- para controlar la supuesta pérdida de confianza del mercado.

Pues, bien, como reconoce el propio Blanchard en otro informe publicado esta semana, «no se han dado ninguna de las dos condiciones». Aunque los tipos todavía no han empezado a subir, se da por hecho que lo harán en los próximos meses e Italia no se encuentra preparada para ello. Y la formación de un Gobierno eurófobo y populista de la Liga y del Movimiento 5 Estrellas deja claro que se será muy difícil cumplir la segunda.

El tema es tan grave que ha ocasionado tomas de posición inauditas tanto dentro como fuera de Italia. La primera fue la decisión del presidente de la República, Sergio Mattarella, de no aceptar al ministro de Economía propuesto por el presidente del Gobierno legítimo y la posterior designación de un tecnócrata para que tratara de hacerlo. La segunda, de menor calado pero también significativa de cómo están los nervios en Bruselas y en Fráncfort, fue la extemporánea reacción del pasado martes del comisario de Planificación Financiera y Presupuestos, el alemán Günther Oettinger, cuando quiso hacer ver a los italianos «que no deben dar a los populistas de derecha o de izquierda ninguna responsabilidad de Gobierno», a la vista de la reacción de los mercados. Lo dijo el día en que la prima de riesgo del país subía hasta 290 puntos, nivel que no se veía desde 2013; la Bolsa caía un 2,65% y la rentabilidad de los bonos italianos -que se mueve de forma inversa al precio- se disparaba hasta cotas no vistas casi desde la etapa de las turbulencias tras la crisis griega. Ese día, el interés exigido al bono a dos años, por ejemplo, sufrió su mayor subida diaria en más de 25 años. Recuerda a los inicios de la crisis griega en 2009.

Italia ha dado el primer gran susto a la Unión Europea desde el rescate de Grecia. Y lo ha hecho por una razón similar: la falta de control de las cuentas públicas y el anquilosamiento económico. Pero Italia son palabras mayores. Es la tercera economía del euro, con una deuda pública que se ha descontrolado desde el 99% del PIB en 2007 al 132% en 2017 y sin gobiernos capaces de embridar los desequilibrios.

Afortunadamente para los italianos, su país está dentro del euro, porque, como dice Blanchard, un Italexit -se llegó a hablar de ello en las negociaciones para formar el Gobierno nonnato- sería muy malo para la UE y nefasto para Italia. Pero lo que ocurre en ese país va más allá de un determinado Gobierno. Lo ha descrito Miguel Otero, analista del Real Instituto Elcano, con crudeza: «El problema está en la falta de meritocracia, la excesiva burocracia y corrupción, la baja productividad, el abandono escolar, la mala formación profesional, la poca inversión en I+D, la evasión fiscal, la competencia de China y los otros emergentes en un mundo cada vez más global... ¿les suena?». A pesar de todo. esperemos que el nuevo Ejecutivo luche contra todo esto.

(Publicado en El Mundo el 1 de junio de 2018)

¿Qué fue de los sindicatos?

Probablemente éste haya sido el Primero de Mayo sindical más triste de los últimos años porque los sindicatos han perdido buena parte de la influencia social que han tenido en España desde la reinstauración de la democracia. Hoy, bajo el lema "Así no salimos de la crisis", UGT y CCOO han convocado manifestaciones en 80 localidades españolas, pero sus voces se van a oír menos que nunca. ¿Qué ha ocurrido para que en el momento de más precariedad laboral, con el desempleo todavía desbocado, con un paro juvenil en el 50%, los sindicatos pinten menos que nunca en el panorama económico nacional?

Hay factores, digamos, endógenos, que se refieren a su propio funcionamiento. Los escándalos de UGT en los cursos de formación y en los ERE han terminado por minar su credibilidad y ha arrastrado a la otra gran central, CCOO .

Las informaciones destapadas por este periódico sobre el despilfarro ugetista de dinero público para los parados en Andalucía -cenas con gambas y rebujitos, o regalos de bolsos de marca pirateados, incluidos-, que han tenido ramificaciones en otras federaciones como la extremeña, la madrileña o la balear, han llevado la imagen sindical a mínimos históricos, que dirían los analistas. Tampoco ha ayudado la aparición de destacados dirigentes de los dos sindicatos en procesos penales un tanto vergonzosos como el caso de las tarjetas black de la antigua Caja Madrid. Y, en estos tiempos en los que se exige claridad en las cuentas públicas y en las organizaciones, las centrales tampoco han sido un adalid de la transparencia.

Pero también hay otras razones externas que explican esta caída de la influencia de los sindicatos. España es de los países de la OCDE con menos afiliación sindical, que nunca ha superado el 15,9% de los trabajadores. En 2014, por ejemplo, UGT y CCOO decían que contaban entre ambos con dos millones de afiliados. Sobre una población activa de 22,8 millones de personas, supone apenas un 8,7% del total. Es posible que el fuerte aumento del paro haya provocado una salida masiva de afiliados, pero en ningún caso el nivel de representación se corresponde con el inmenso poder que han tenido UGT y CCOO en la política española.

¿De dónde viene, pues, esa tremenda influencia? Básicamente, de un sistema de negociación colectiva en el que los sindicatos han llevado la voz cantante. El modelo en cascada, que otorgaba más peso al convenio nacional o general que a los acuerdos que alcanzaran los comités en cada empresa, dejaba en manos de las cúpulas sindicales -más alejadas como de la realidad concreta de cada compañía- decisiones clave para la vida empresarial como las subidas salariales, la remuneración de la productividad o la flexibilidad de la jornada laboral. A esto se añade la ultraactividad de los convenios, que es la aplicación automática de un convenio vencido o denunciado más allá de la vigencia prevista en los acuerdos, lo que podía prolongar sine die unas condiciones laborales pactadas dos o tres años antes pero a lo mejor ya no válidas cuando había que negociar uno nuevo.

La reforma laboral de 2012 decretada por el PP terminó con este modelo al primar los convenios de empresa sobre cualquier otro, con lo que se facilitó el denominado descuelgue; es decir, la posibilidad de no aplicar en una compañía las condiciones pactadas en el convenio colectivo sectorial o territorial aduciendo simplemente causas económicas. Además, la reforma de Báñez rebajó considerablemente la ultraactividad de los convenios, al reducir a un año la renovación automática de las condiciones pactadas. Probablemente estos dos cambios son mucho más determinantes para el mercado laboral que el abaratamiento del despido o los nuevos tipos de contratos. Y el objetivo de esas dos medidas ha sido restar poder a los sindicatos. Se entiende así que una de las medidas clave de las propuestas laborales de Pedro Sánchez es devolver a la negociación colectiva el poder que le ha quitado el PP.

A las consecuencias de la reforma laboral se unirá la pérdida del control sindical -y también empresarial- de los fondos de formación, que como se ha comprobado en los últimos años, ha nutrido de forma fraudulenta las cuentas de las centrales sindicales. Sin la negociación colectiva y sin fondos de la formación los sindicatos no son lo que fueron.

Twitter: @vicentelozano

(Publicado en El Mundo el 1 de mayo de 2015. La foto es de El Norte de Castilla)

Un fracaso que debe ser una lección

Quizá sin darnos cuenta, los medios de comunicación -lo que queda de ellos- estamos narrando día a día la crónica de un fracaso. El de una forma de hacer política en España. Esa manera de gobernar que casi nunca ha tenido un horizonte más lejano que los cuatro años que dura una legislatura. Que ha colocado la ideología como patrón de comportamiento, impidiendo así acuerdos en las cuestiones básicas para la sociedad. Que, por eso, fue incapaz de predecir que el milagro de crecimiento español de los 90 se basó en el dinero que llegó de Bruselas y en la construcción, sin pensar en lo que llegaría después.

Sin entrar en la corrupción política, esta historia cotidiana del fracaso se escribe con palabras como imprudencia, despilfarro, deudas, déficit..., en todos los ámbitos de la Administración y en todos los territorios. Incluso ahora, cuando la crisis parece no tocar fondo, el paro parece desbocado y todavía no se otean signos de crecimiento, los políticos son incapaces de ponerse de acuerdo para ofrecer a esta sociedad deprimida algo más profundo que reformas económicas: una solución conjunta a los problemas reales del país. Al contrario, hemos visto cómo mientras la prima de riesgo amenazaba con desestabilizar la economía del país, la respuesta de los principales partidos ha sido lanzarse mutuamente unos vídeos cuyo único argumento es el infantil ¡y tú más!

Y que cuando el Gobierno popular dice que no se creará empleo en los próximos cuatro o cinco años, los responsables socialistas se lanzan a su yugular, olvidándose de que abandonaron el poder con una tasa de paro del 22% en la legislatura que ellos mismos bautizaron -cartel electoral incluido- como la «del pleno empleo». Los españoles no entienden que el ministro de Economía se niegue a pronunciar la palabra IVA cuando anuncia una subida de los «impuestos al consumo». Y también preguntan qué tipo de política responsable hará Izquierda Unida en Andalucía si pierde el trasero para aliarse en el poder con los que tildaba de corruptos hace apenas unos días.

No tiene ningún sentido que cuando los partidos nacionales deberían estar negociando las grandes reformas que a medio y largo plazo necesita el país -educación, investigación, modelo de Estado, servicios públicos...-, no sean capaces ni de ponerse de acuerdo en la persona que dirigirá RTVE. O que por safisfacer meros intereses personales, Asturias, una de las autonomías menos desarrolladas de España, lleve más de un año sin un Gobierno estable.

Hoy, más que nunca, la sociedad necesita referencias y no las encuentra en la mayoría de los líderes políticos. Porque pierden su prestigio día a día con decisiones inexplicables y los ciudadanos no les ven con derecho a pedirles esfuerzos si ellos no están dispuestos a sacrificar sus intereses personales y de partido. Dirigentes que no aceptan, digan lo que digan, que la única forma de salir de este tornado debe ser la de empujar todos juntos para alejarse del vórtice.

Conmemorar este Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo -con perdón- con más de 5,6 millones de parados en España -y subiendo- es un buen momento para reflexionar. Si los políticos tuvieran esa decencia profesional que se les supone deberían empezar a aplicar una nueva forma de administrar la cosa pública, distinta a la que ha regido hasta ahora y que nos ha colocado al borde del abismo. La solución de esta crisis va mucho más allá de un plan de ajuste y de la aplicación de unas reformas. Hace falta una regeneración de la clase dirigente en España. Si al menos aprenden esta lección...

A la espera de la 'gran reforma'

¿Cómo es posible que los mercados reaccionen tan mal si el Gobierno está acometiendo los ajustes que le piden? ¿Por qué la prima de riesgo sigue en zona de peligro y la bolsa en niveles de hace tres años? En gran medida porque estas reformas -como las de educación y sanidad que aprobó ayer el Gobierno- son necesarias, pero siguen sin solucionar los problemas profundos de España. No renuevan de verdad el país, porque sólo rozan una cuestión clave: el enorme peso del Estado en la economía y la desmesura de la Administración. Un ejemplo servirá para explicarlo.

     Imaginemos que Villagrande es una ciudad en la que es necesario crear una red de guarderías. El ayuntamiento tiene varias formas de hacerlo. Primera: el alcalde llama al concejal de Educación para que gestione el tema. El edil elige entonces a un equipo de funcionarios que se meten de lleno a la tarea: trámites legales, búsqueda de locales, realización de las oposiciones para cubrir los nuevos empleos -maestros, cocineros-, convocatoria del concurso para la realización de las obras... Y, más adelante, la información a los ciudadanos, la oferta de plazas y su adjudicación.
    Segunda opción. Un asesor del alcalde toma las riendas y decide que la mejor forma de gestionar la creación de esa red es a través de una sociedad pública, Guarderías Municipales de Villagrande S.A (Gumuvsa), que lleve adelante el proceso. Gumuvsa se constituye con un presidente -el concejal de Educación- y un consejo de administración compuesto por siete miembros. Un director general llevará la gestión, y para ello se necesita contratar a 10 o 12 empleados administrativos, que no tienen por qué ser funcionarios de carrera al tratarse de una empresa y no de un organismo oficial. Por supuesto, Gumuvsa tendrá su sede fuera de las dependencias municipales que habrá que alquilar. Alguien de la nueva empresa buscará -quizá no demasiado lejos de su entorno- los locales necesarios; deberá conseguir un contratista que haga las obras, los maestros, otros puestos de trabajo y las contratas de comedor, material escolar, etcétera... Es posible que si para la primera opción bastaría un presupuesto de 10 millones de euros, la segunda no se llevaría a cabo por menos de 20 millones.
     Pero un alcalde con sentido común pensaría de otra forma. Si no tengo las competencias de educación, ¿por qué meterme en un tinglado en el que no tengo experiencia y me puede a resultar muy caro? Entonces, ese alcalde, que quiere solucionar las deficiencias de su ciudad en este aspecto, se dirige a la Consejería de Educación de su comunidad autónoma y le explica la situación. Y será desde allí desde donde se ponga en marcha el proceso: la consejería sólo tendrá que sumar a su red las guarderías que hagan falta en ese municipio, pero si su sistema es eficaz tendrá ya organizados los trámites administrativos, la contratación de personal, de licitación y desarrollo de las obras...
    ¿Y cuál será la labor del ayuntamiento? Facilitar al máximo las cosas: informar a los ciudadanos, pilotar los procesos de admisión, aportar locales municipales o facilitar una línea de becas si es necesario. Con toda seguridad, el ayuntamiento habrá resuelto el problema con uno coste 5 veces menor que con Gumuvsa. Cierto que el Gobierno regional asume más gastos, pero la suma de inversión de las dos administraciones será muy inferior.
    Y esto es extrapolable a otros servicios como la sanidad. Por ejemplo, ¿para qué queremos los madrileños un Samur municipal si ya existe el Summa autonómico? ¿No será mucho más barato apoyar desde el Ayuntamiento -con recursos o subvenciones- para que los servicios sanitarios de la comunidad lleguen hasta el último rincón de la ciudad sin tener que duplicar equipos y esfuerzos?

    Ésta es la gran reforma que necesita el país. Y la sensatez del tercer caso es lo que piden los españoles y exigen los mercados financieros a todas las fuerzas políticas, porque cambiar esto no es sólo cuestión del Gobierno.

Por qué no nos creen fuera.

Nos quejamos de que Monti o Sarkozy identifiquen a España como la mala de la película económica. Fastidia, pero quizá tengan un poco de razón porque...

Porque el jefe de los funcionarios tilda de gandules e indolentes a todos los empleados públicos ante la sociedad y sin ningún pudor al amenazar con ese «se ha acabado el cafelito y el leer el periódico». Porque el despacho del alcalde en el Ayuntamiento de Madrid, ahora ocupado por Ana Botella, es mucho más grande que el del presidente de Estados Unidos. Porque una entrada de fútbol cuesta dos veces más en España que en Alemania, con un nivel de vida en nuestro país claramente inferior. Porque hemos invertido 1.700 millones en 18 desaladoras y sólo cinco se han puesto en funcionamiento. Porque esas desaladoras producen el agua casi cinco veces más cara, los agricultores no pueden pagarla y se sigue invirtiendo en ellas.

Porque en España existen 77 universidades. Porque los 77 rectores de esas universidades no tienen que dar cuenta a nadie de cómo gestionan sus 77 presupuestos. Porque mientras que en todo Estados Unidos hay sólo 2 institutos de nanotecnología, en España existen 7: creó uno una comunidad autónoma, y otro la de al lado, y otro, y otro... Porque Castilla-La Mancha es la única región ¡del mundo! que tiene todas sus capitales de provincia conectadas por AVE.

Porque alguien proyectó cinco autopistas radiales de peaje en Madrid que no tienen tráfico y ahora el erario tendrá que asumir las pérdidas. Porque el Estado licita una autopista de peaje y cuando está construida una autonomía construye una autovía en paralelo y le hunde el tráfico. Porque el recientemente remozado Aeropuerto de Huesca registró un tráfico de ¡18 pasajeros! en un mes. Porque el Aeropuerto de Ciudad Real, privado pero costeado con dinero público, acaba de cerrar sus pistas. Porque el de Castellón ni siquiera las ha abierto. Porque un español que vive en el País Vasco no puede ser atendido en un hospital de La Rioja aunque viva a unos cientos de metros del mismo.

Porque el gobernador del Banco de España dice en público sin ponerse colorado que la CAM es «lo peor de lo peor» cuando su obligación era evitar que lo fuera. Porque el propio Banco de España permite que los consejos de administración de las nuevas cajas de ahorros estén compuestos casi por las mismas personas que las llevaron a la ruina. Porque el Ministerio de Cultura subvenciona películas de cine que no se llegan a estrenar. Y otras se estrenan y recaudan menos que la propia subvención que han recibido.

Porque un grupo de pilotos se pone de huelga y el Estado no tiene resortes para evitar que tomen como rehenes a los ciudadanos y a todo un sector estratégico como el turismo. Porque a nadie se le ocurre que una caída del 25% en el presupesto público en I+D se puede compensar con el incremento de las aportaciones del sector privado. Porque una simple llamada del inspector de Trabajo al domicilio sirve para que cientos de funcionarios vuelvan a sus puestos de trabajo al día siguiente.

Porque las promesas oficiales del Gobierno de inversión en infraestructuras en una región son directamente proporcionales a la cercanía de unas elecciones autonómicas. Porque el expresidente que deja una comunidad autónoma en la bancarrota responde que «soy un político, no un contable» cuando se le piden explicaciones por su nefasta gestión.

Porque un ayuntamiento organiza un referéndum para cultivar marihuana y así reducir su déficit con la venta de la plantita. Porque todo un ministro de Asuntos Exteriores deja que un presidente extranjero insulte a su país con la excusa de que como se refiere a un Gobierno anterior...

Porque un recorte de 10.000 millones de euros -el 1% del PIB- se anuncia mediante una simple nota de prensa y se presenta apenas diez días después de la elaboración de los Presupuestos. Porque la presidenta de una comunidad autónoma reconoce que las ineficiencias en las administraciones le cuestan al Estado 48.000 millones de euros. Porque... (incluir aquí alguna experiencia particular).

No es pesimismo ni derrotismo. Es el realismo de reconocer dónde estamos para empezar a rectificar.

La credibilidad de Rajoy

Mariano Rajoy ha reaparecido ante la opinión pública en una entrevista 'de aliño' concedida a la Agencia Efe. De aliño, como los toreros que sólo buscan salir del paso, porque del presidente del Gobierno cabe esperar que informe más y mejor de los temas candentes para los ciudadanos. Máxime cuando sus últimas decisiones han desconcertado a muchos de ellos y no sólo en la izquierda, como dijo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer en la Cope.

Despachar la mayor subida del IRPF en muchos años con un "era dolorosa pero no había otra opción" sin explicar por qué se ha desautorizado a sí mismo no se entiende. Porque cuando Rajoy afirmaba durante la campaña electoral que no aumentaría los impuestos ya conocía que el déficit de 2011 sería muy superior al 6% previsto. Y en aquel momento ni insinuó la posibilidad de un incremento de la fiscalidad.

Como suena a sarcasmo que el presidente afirme que "va a dar la cara y no se va a "esconder" cuando es la primera vez que aparece ante los medios -mejor, ante un medio- desde que está al frente del Ejecutivo, hace ya veinte días, y no ha salido hasta ahora a dar explicaciones por las "dolorosas" decisiones que ha tenido que adoptar.

Pero lo más preocupante para el país, sobre todo en este crucial momento, es que Mariano Rajoy empieza a perder parte de su credibilidad. En una respuesta a Alex Grijelmo manifiesta que no entra en las previsiones del Gobierno subir el IVA. El problema es que, tras ver lo que ha pasado con el IRPF, muchos ciudadanos piensan que esas previsiones cambiarán si se modifican algunas circunstancias y, al final, subirá el IVA.

El ciudadano puede comulgar o no con un Gobierno y su presidente. Estará de acuerdo o no con la política que desarrolla, pero lo que nunca puede ocurrir es que el líder pierda la credibilidad ante la sociedad. Rajoy ha empezado a recorrer el camino de conseguirlo si no rectifica. Por descontado que no se le puede criticar por un cambio de opinión, pero los ciudadanos tienen derecho a conocer las causas que le han llevado a ello. Al menos, para intentar conocer algo tan importante para un político como su 'previsibilidad'. Para ello, tan importante como las decisiones que tome es cómo las comunique a la opiniòn pública.

Todavía estamos dentro de los cien días de gracia que se conceden a todo nuevo gobernante para que explique y ponga en marcha sus propuestas, pero es posible que el presidente del Gobierno haya desperdiciado ya los veinte primeros.

Subidón de sueldos en Volkswagen: una lección

La empresa automovilística alemana Volkswagen va a subir el sueldo este año un 4,2% a sus 100.000 empleados. Ha sido una negociación rápida del convenio que se ha saldado con un aumento del 3,2% a partir de mayo para los próximos 16 meses más una paga extra del 1% del salario anual o un mínimo de 500 euros.

Tanto la empresa como el todopoderoso sindicato IG Metall han afirmado que se trata de un acuerdo justo que “supone una buena subida salarial y que es compatible con nuestra competitividad”.

El ejemplo viene al pelo ahora que en España se ha abierto el debate sobre los salarios, la inflación y la productividad. Evidentemente, no todo lo que ocurre en el sistema productivo alemán es traspasable a nuestro país, pero Volkswagen es un buen ejemplo de lo que supone ligar salarios a la productividad.

Veamos. La inflación alemana fue del 1,6% en 2010, el nivel más alto en dos años, pero todavía baja. En cambio, los beneficios de Volkswagen se multiplicaron por seis en los nueve primeros meses del ejercicio –últimos datos oficiales disponibles- y sus ventas subieron un 20% en el mismo periodo, hasta 92.500 millones de euros. VW se ha consolidado como el primer productor europeo del sector.

¿Qué quiere decir esto? Que ligar salarios a la productividad perjudica a los trabajadores… de las empresas poco productivas. En cambio, los empleados de compañías competitivas que crecen y, por lo tanto ganan más, tienen más posibilidades de aumentar su poder adquisitivo.

Si un negocio va bien, es previsible que una negociación directa entre el empresario y los sindicatos sin tener que someterse a convenios sectoriales o territoriales consiga un buen acuerdo para las dos partes. Y si no es así, está claro que el sistema no funciona y hay que cambiarlo. Si la compañía va mal, obligarla a subir salarios por encima de su capacidad en virtud de acuerdos ajenos a la empresa no hace más que hundirla.

Es verdad que el modelo de negociación colectiva alemán es muy diferente del español. Es cierto que los sindicatos alemanes están en los consejos de vigilancia de las grandes empresas. Está claro que allí los empleados participan más de los beneficios empresariales… Pero ahora que estamos de reformas y, en concreto, de los cambios en la negociación colectiva, sería bueno plantearse de lleno estas cuestiones. Desde luego, a los alemanes les va muy bien así.

Educación y competitividad: una comparación

El World Economic Forum publica todos los años el Índice de Competitividad Global (GCI) en el mundo. Una clasificación que mide la capacidad de un país para proveer de altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos. Analiza cuestiones como el funcionamiento de las instituciones públicas, la fortaleza de las empresas y del sistema financiero, el grado de corrupción, la burocracia, las infraestructuras o el sistema educativo de cada país. En función de los resultados de cada estado se elabora un ránking que se publica anualmente.

Actualmente es el indicador más fiable y más usado por los economistas para comparar la capacidad de competir de un país, las posibilidades de desarrollo de sus ciudadanos en comparación con los de otros estados.

Es muy bueno comparar estos resultados con el Informe PISA que conocimos ayer. Este estudio sólo afecta a una de las variables que analiza el GCI, -el de la educación y en un momento determinado del ciclo- y no incluye el mismo universo de países, pero ofrece una enseñanza muy significativa, sobre todo para España: la inmensa mayoría de los países que están por delante de nosotros la clasificación del Informe PISA también lo están en el Índice de Competitividad.

Un país con un sistema educativo deficiente es también deficiente en productividad y en competitividad. Probablemente ya lo sabíamos, pero cuando lo ves negro sobre blanco asusta un poco pensar en nuestro futuro.

Doy los nombres de los quince primeros países en las dos clasificaciones. Están todos en la página del World Economic Forum y en la de la OCDE.

GCI 2010

1. Suiza
2. Suecia
3. Singapur
4. Estados Unidos
5. Alemania
6. Japón
7. Finlandia.
8. Holanda.
9. Dinamarca
10. Canadá
11. Hong Kong
12. Reino Unido
13. Taiwán
14. Noruega
15. Francia
…
42. España

PISA 2009 (Competencia científica)

1.Shanghai
2. Finlandia
3. Hong Kong
4. Singapur
5. Japón
6. Corea del Sur
7. Nueva Zelanda
8. Canadá
9. Estonia
10. Australia
11. Holanda
12. Taiwán
13 Alemania
14. Liechtchestein
15. Suiza
…
36. España

La peligrosa guerra de las divisas

No es la de las galaxias, pero casi. Desde luego, es el tema estrella de la reunión del FMI: el director gerente del organismo, Dominique Strauss-Kahn acaba de alertar del riesgo que supone para la recuperación que los países utilicen sus monedas para intentar capear por su cuenta el temporal.

En los últimos días, varios países han utilizado de forma unilateral su política monetaria como herramienta contra el estancamiento económico, lo que ha provocado tensiones en los mercados. El Banco de Japón ha reducido sus tipos a cero y ha vendido yenes por primera vez en seis años para evitar una apreciación de la moneda y, por lo tanto, una pérdida de competitividad de sus productos; Brasil ha amenazado con intervenir para rebajar también el tipo de cambio del real. La Reserva Federal de Estados Unidos ha anticipado que podría aplicar nuevas medidas de expansión económica para estimular el crecimiento y el mero anuncio ha tumbado el dólar frente al yen y al euro. Hoy, por ejemplo, la moneda europea ha rozado los 1,40 dólares, máximos de ocho meses.

A todo esto se une la negativa de China a revaluar el yuan, que en gran medida es lo que está ocasionando este convulso movimiento de las divisas. En cierta forma, China se está comportando con su moneda de forma similar a como lo hace en las actividades industriales: compite haciendo dumping. Mientras que el empresario occidental tiene que regirse por unas reglas –laborales, fiscales, medioambientales,..- que le suponen costes añadidos al producir, el chino no tiene ninguno de ellos, por lo que le cuesta menos fabricar y, por lo tanto, puede colocar mucho más baratos en el mercado. Lo mismo ocurre con el yuan: lo mantiene artificialmente bajo para vender mejor sus productos en el extranjero.

Si, además, el Gobierno chino interviene en el mercado de divisas comprando dólares, euros y yenes, con lo que consigue subir la cotización de estas monedas, tenemos el cóctel perfecto. La semana pasada, por ejemplo, China anunció que empezaba a comprar bonos griegos y lo justificó como prueba de su confianza en la economía de ese país. La verdad era que con la compra de deuda griega lo que pretendía era fortalecer el euro.

Desde luego, en el FMI todas las miradas se han dirigido a China. Se le ha pedido que revalúe el yuan, pero el Gobierno se niega porque considera que una pérdida de competitividad –lo que supondría vender menos porque sus productos serían más caros- provocaría una revolución social en el país.

La guerra está declarada. El mundo necesita que se firme la paz y para ello hace falta consenso por parte de los principales actores internacionales. Es urgente porque unos trimestres más con los niveles de crecimiento actual pueden llevar a que cada país haga la guerra por su cuenta utilizando su moneda como arma. Y el FMI tiene razón: nadie sale de la crisis por libre y, además, corre el peligro de conducir a los demás al abismo.

El preocupante desvarío de Zapatero

La intervención de Zapatero en la conferencia organizada por el Fondo Monetario Internacional en Oslo fue muy, muy preocupante. Que el presidente del Gobierno acuda a una reunión internacional sobre el el crecimiento y el emoleo y no se le ocurra proponer más que las ideas peregrínas del ofrecer España como "laboratorio" de ideas contra el desempleo y de la "formación como trabajo" indica que ya no sabe qué hacer para reducir el paro en nuestro país.

Esto es lo más grave de lo ocurrido en Oslo. España se presentó allí con la tasa de paro más alta de los países desarrollados, con un desempleo juvenil que alcanza el 40% de la población de esa edad, con más de 2,7 millones de puestos de trabajo destruidos en tres años... y el presidente fue incapaz de aportar una sola idea o iniciativa que ayude a revertir la situación.

Dicen que Zapatero improvisó. Si es así, la reacción de la opinión públida de hoy le tiene que hacer reconsiderar que hay temas serios que hay que llevar estudiados a las reuniones internacionales. Porque ayer los analistas estaban pendientes de las recetas que podría aportar Zapatero contra el paro, de alguna idea -no hacía falta que fuera propia- que proporcionarac pistas de lo que el Gobierno considera que hay que hacer para reactivar el mercado de trabajo en España. Al margen, claro de ese abaratamiento del despido que ha supuesto la reforma laboral.

Pero el presidente no dijo nada interesante sobre la movilidad laboral, sobre la negociación colectiva, sobre estímulos fiscales a las empresas, sobre planes de reconversión de sectores agotados, sobre innovación y formación -la idea de los parados se califica por sí misma-, sobre inversión en I+D,...

Efectivamente, el mercado laboral español pasa por una situación muy complicada. Vivía de la construcción, del turismo y de otros sectores -como el automovilístico- que no volverán a ser como antes, Y muchos empleos que se han perdido en los servicios -sector financiero, por ejemplo- tampoco tienen visos de recuperación a corto plazo. Pero el Gobierno no puede dar la impresión de haber tirado la toalla como hizo ayer Zapatero. Hay solución, seguro. Pero, al menos hay que crear el clima para ello. Ni el presidente ni sus ministros están en condiciones de hacerlo.

¿Ha llegado el momento de empezar a gastar?

Muchos españoles acabamos de regresar al trabajo tras unos días de descanso. Hemos viajado a la montaña, a la playa, a la ciudad o pueblo de origen o al extranjero y, como consecuencia, hemos realizado un gasto extraordinario.

En breve comenzarán a llegar estadísticas y datos -ocupación hotelera, consumo de gasolina, viajes en tren o en avión, pernoctaciones en casas rurales,...- que ayudarán a hacernos una idea sobre el grado de la 'alegría' económica que hemos manifestado los españoles en estos días.

Pero antes, con el primer trimestre de 2010 ya vencido, me gustaría proponer un debate sobre si ha llegado el momento de empezar a aflojar el cinturón que las familias tienen apretado. Hoy hemos conocido que la tasa de ahorro de las familias se situó en el 24,7% de la renta disponible al finalizar el año pasado, la cifra más alta desde que se empezó a confeccionar esta estadística. Este dato muestra que hace tres meses todavía no nos fiábamos de lo que iba a llegar en materia económica.

Los analistas dicen que el desplome del consumo privado en 2009, -casi del 5%, la mayor con diferencia entre los países de nuestro entorno- es la principal causa que explica la profundidad de la recesión y la magnitud del paro en España. Ha sido tan brutal esa caída que las constantes inyecciones de dinero público -planes de financiación a los ayuntamientos, de ayuda a la compra de automóviles, incremento de los subsidios a los parados,...- se han mostrado incapaces de tomar el relevo con la fuerza suficiente para asegurar las ventas de las empresas y, por lo tanto, el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Es lógico pensar pues el consumo privado debería el principal punto de apoyo de la recuperación económica. Y, si la economía se mueve a golpe de expectativas, ¿considera que la situación económica hoy es muy distinta de la de hace un año?; ¿piensa que ya puede permitirse los gastos que llevaba meses retrasando a la espera de un mejor momento? Si está en el paro, ¿nota que se empieza a mover el mercado de trabajo y puede encontrar un empleo en breve?; si está trabajando ¿es más seguro el futuro de su empresa y su puesto en la misma que antes?

Si la mayoría de los españoles contesta que sí, podremos empezar a hablar de final de la crisis.

Es imposible reducir el paro al 8% en cinco años

Por mucho que se empeñe el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. No hay más que hacer un ejercicio de realismo histórico. El gráfico adjunto recoge la evolución anual del Producto Interior Bruto (PIB) desde 1995 y el comportamiento del empleo, medido en términos de EPA en el mismo periodo. Veamos: una tasa de paro similar a la actual -que es del 19% de la población activa- se registró en 1998 y la economía española necesitó nueve años para reducirla al mínimo del periodo: 7,95%. ¿Qué caracterizó a esos once años que propiciaron la más fuerte creación de puestos de trabajo en la historia de España?

En ese periodo -ver de nuevo el gráfico- el Producto Interior Bruto (PIB) aumentó a ritmos superiores al tres por ciento en términos anuales con estas características:

-La construcción creció a ritmos históricos y generó empleos como nunca en la historia de España. Se dieron años en los que se construyeron 700.000 viviendas, que todos los expertos consideran que no volverán nunca. A esto hay que sumar los puestos de trabajo creados por la industria auxiliar de la construcción -electrodomésticos, saneamientos, industria cerámica,...-, también en niveles de récord.

-Los mejores años en la historia del turismo. Esta actividad aportó cientos de miles de empleos en los sectores directamente relacionados, como la hostelería y la restauración, y sustentó también parte del incremento de ventas, como el automóvil, espoleado por la demanda de vehículos de alquier. La fuerte actividad en el turismo incide también, por ejemplo en el transporte aéreo.

-Auge del consumo. Los bajos tipos de interés impulsaron como nunca, además de la inversión en vivienda, el consumo de todo tipo de bienes. La distribución comercial vivió una de mejores etapas con la creación de centros comerciales y grandes superficies, pequeños establecimientos, etc.

Todo esto es seguro que no se va a volver a repetir de aquí a 2015 y es muy poco probable que ocurra hasta 2020. porque estos sectores motores de la última etapa de crecimiento no van a volver a tirar de la economía en el mismo grado hasta dentro de mucho tiempo, si es que vuelven a esos niveles en algún momento.

Si el Gobierno apenas se ha planteado cómo cambiar el patrón de actividad, porque la Ley de Economia Sostenible se dedica a otras cosas, y ningún analista prevé un crecimiento medio anual superior al 3% de aquí a 2015, es metafísicamente imposible recortar la tasa de paro al 8% en los próximos cinco años, ni siquiera volver al ritmo de creación de empleo de los primeros años del siglo.

Al que esté más interesado en el asunto, recomiendo el trabajo que acaba de publicar Fedea titulado 'Propuesta para la reactivación del mercado de trabajo en España', que podéis encontrar en www.crisis09.es/propuesta.

Krugman dice que España debe bajar los salarios

El Premio Nobel de Economía Paul Krugman, uno de los economistas de cabecera del presidente del Gobierno español, ha escrito en su blog que España no tiene más remedio que reducir los salarios para comenzar la recuperación económica.

El economista norteamericano acaba de escribir una entrada en el blog The Conscience of a liberal que tiene en el diario 'The New York Times' titulada Would cutting the minimun wage raise employment?, sobre el salario mínimo en Estados Unidos. Viene a propósito del debate que se ha abierto en ese país sobre si el Gobierno debe recortar el salario mínimo interprofesional para estimular el mercado de trabajo. De esto se habló en la reunión que tuvo el presidente Obama con empresarios sobre el tema en la Casa Blanca a principios de semana.

La tesis es que el salario mínimo impone un suelo en la negociación de salarios que, irremediablemente, provoca unos costes laborales más altos en los países que lo mantienen respecto a otras que no lo regulan. Krugman sostiene que en Estados Unidos no hace falta rebajar el salario mínimo porque la economía tiene otras palancas para controlar la pérdida de competitividad en caso de aumento de los costes de producción: la fluctuación del dólar, fundamentalmente.

Pero un lector le ha preguntado en el blog si esto sirve también para España. Krugman ha titulado su respuesta Pain in Spain. Y viene a decir: España no puede devaluar su moneda porque forma parte del euro. Sus salarios son demasiado altos en comparación con los de otros miembros de la eurozona, ahora que se han acabado el boom de la construcción y la entrada masiva de capitales. Si la peseta siguiera existiendo, yo aconsejaría una devaluación. Desde que eso no es posible, la rebaja de salarios tiene que tomar el testigo.

El confidencial económico Eurointelligence, del que recojo este asunto, comenta: "Si usted piensa que Paul Krugman estaría más cerca de la izquierda económica, tiene que leer lo que piensa sobre España". ¿Seguirá el Gobierno el consejo del profesor?

El Gobierno admite que las cajas no funcionan

Juan Pedro Hernández Moltó, presidente de Caja Castilla La Mancha (CCM),

ex diputado socialista y ex consejero de Castilla-La Mancha.

CCM ha sido intervenida por el Banco de España y vendida a Cajastur.

El PSOE se ha dado cuenta, después de catorce años de Gobierno de Felipe González y de más de cinco con Rodríguez Zapatero, que la presencia de los políticos en los órganos de gobierno en las cajas es incompatible con los criterios de "eficiencia, racionalidad y solvencia financiera" -así lo ha manifestado la vicepresidenta económica-, que deben regir la gestión de cualquier organismo público y privado.

¡Bienvenidos sean los socialistas, con el presidente del Gobierno a la cabeza, al bando de los que consideramos obsoleta, inadecuada y perjudicial para el mercado la estructura jurídica de las cajas! Reconozco que me alegra sobremanera este anuncio de cambio de planteamiento y espero que llegue a buen puerto.

Escribía hace unos meses que éste era el mejor momento para reformar en profundidad las cajas de ahorros y que ese cambio no se tenía que parar en meras operaciones de concentración que, al fin y al cabo, no iban a conseguir más que dar más poder a los políticos que salieran triunfantes en esas operaciones.

En este tiempo de turbulencia financiera el sector ha vivido algunas situaciones muy significativas:

-Hemos visto la primera quiebra -no legalmente, pero sí en la práctica- de una caja de ahorros en la historia de España: Caja Castilla La Mancha. Presidida, además, por un político 'de profesión': Juan Pedro Hernández Moltó.

-Hemos asistido a una brutal interferencia política -de dos facciones del PP- para mantener o retomar el control de Caja Madrid mediante el nombramiento de su presidente.

-Estamos viendo con asombro los argumentos que se esgrimen para las distintas operaciones de concentración que están en marcha. Mandan los gobiernos autonómicos y que nadie piense en búsqueda de rentabilidad, eficiencia o en la mera racionalidad de la operación. ¡Ah! y que a ninguna caja extraña se le ocurra plantar sus reales en mi territorio sin mi permiso.

Da la impresión que con la crisis ha aflorado 'lo peor' que las cajas -no todas, es cierto- llevaban dentro, de tal forma que hasta los más recalcitrantes defensores del statu quo se han visto obligados a rectificar su postura.

El Gobierno ha incluido por sorpresa la reforma de los órganos rectores de las cajas de ahorros en la Ley de Economía Sostenible. De momento, como casi todo el texto, no es más que una mera declaración de intenciones, pero no debe dejar pasar esta ocasión para crear unas nuevas entidades financieras radicalmente ajenas a los poderes políticos.

Banco Liberta, la entidad que ha nacido de la compra de Caja Castilla La Mancha por Cajastur puede ser un buen punto de partida.

Menos Ley de Economía Sostenible y más modernización

El Gobierno ha perdido una ocasión de oro para modernizar la economía española, ahora que tanto se habla del cambio de modelo productivo: la trasposición de la Directiva de Servicios -conocida como Directiva Bolkestein- a la legislaciòn nacional. En la práctica, las denominadas Ley Paraguas -que ya ha entrado en vigor- y Ley Omnibus -que se encuentra todavía en trámite parlamentario- que adaptarán la normativa española a la europea, se van a quedar a medio camino en este proceso liberalizador. Y ahora, el Ejecutivo hacernos creer que una Ley de Economía Sostenible será la panacea que solucione todos los males de la economía española.

La experiencia demuestra que, también en el sector servicios, la liberalización del mercado aumenta la competencia, reduce precios y beneficia al consumidor. España ha notado en sus carnes esta situación desde la entrada en el entonces Mercado Común, en 1985: el 'milagro español -¡qué lejos queda ya!- hubiera sido mucho más complicado sin la libre circulación de capitales, productos y personas que trajo consigo la incorporación a Europa. También en sectores tan tradicionales como el ladrillo: ¿hubieran comprado casa en nuestro país los cientos de miles de ciudadanos alemanes, británicos y nórdicos de otra forma?

Pero, el sector terciario no goza de la misma libertad que los capitales y las personas y la Comisión Europea considera que ese retraso impide una modernización efectiva de un gran número de actividades, que van desde el comercio de bienes hasta los servicios profesionales -abogados, notarios, arquitectos- pasando por la comercialización de energía, los transportes o la educación superior. Con esa intención promulgó en 2006 la Directiva Bolkestein que todos los estados deben tener adaptada antes de que finalice este año.

El Gobierno no ha querido afrontar las barreras nacionales, las trabas profesionales y, sobre todo, los obstáculos de las comunidades autónomas y ayuntamientos, a la libre competencia en el sector servicios. ¿Por qué, por ejemplo, hace falta una autorización administrativa para poner en marcha una línea de autobuses entre Madrid y Mérida, mientras que ese mismo servicio entre Madrid y Lisboa sólo exige una comunicación previa? Recomiendo leer las conclusiones de la intervención ante el Consejo Asesor de Expansión del presidente de la Comisión Nacional de Competencia, Luis Berenguer, el pasado mes de julio.

El mismo Gobierno, pues, que se ha echado para atrás ante determinados intereses en un aspecto clave que habría servido para modernizar una buena porción del sistema productivo quiere ahora hacerlo con una Ley de Economía Sostenible de la que, por ahora, sólo se sabe que va a aumentar los impuestos por la introducción de una supuesta 'tributación verde'. Esperemos al Consejo de Ministros del viernes, pero con estos antecedentes no me haría demasiadas ilusiones.

La Ley de Economía Sostenible que ha aprobado el Gobierno no profundiza en las reformas que necesita el país. Algo más de transparencia en los salarios de los altos ejecutivos no aporta nada a la modernización del tejido productivo; ni más agilidad en los reguladores, mientras sigan siendo nombrados como hasta ahora; ni mejorar determinadas condiciones del alquiler si los jóvenes van a seguir teniendo miedo a la inestabilidad laboral. Como se esperaba, la ley se queda en una intención. Lean el comentario que ha publicado hoty mismo el semanario 'The Economist' sobre la economía española: se titula Insustainable.

Economía sostenible, sí. Inversión en las actividades de futuro, sí. Energías renovables, motores eléctricos o de hidrógeno, investigación sobre nuevos cultivos y plantaciones, obras públicas menos dañinas para el medio ambiente, aprovechamiento del agua y de los recursos naturales... Por supuesto, pero quizá baste con que el Gobierno se 'limite' a facilitar y no poner trabas a todo lo que está haciendo ya la iniciativa privada en estos campos.