La nueva, y buena, ley de Formación Profesional

Isabel Celaá dejó preparada antes de abandonar el Ministerio de Educación una ley que, aunque parezca mentira, fue bien acogida por la comunidad educativa: la Ley de Formación Profesional, cuyo proyecto aprobó el Consejo de Ministros el pasado 7 de septiembre.

Hay que ponerlo en el haber de currículum de la ex ministra, que tantos debes ha sumado en su trayectoria política. Porque parece que, al fin, se ha dado con la tecla para organizar en España un sistema de formación profesional (FP) homologable a los europeos. Algo fundamental en España porque somos los que peor aprovechamos la formación profesional entre los grandes países de la UE.

«Es una ley muy ambiciosa. Describe un sistema innovador, flexible, que responde a las necesidades de cualificación de la población tanto joven como adulta, y se adecua a las necesidades del mercado laboral», ha afirmado a la revista especializada Actualidad Docente Santiago García, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) -la principal organización empresarial del sector educativo, que reúne a miles de centros privados y concertados de toda España-, y uno de los expertos que mejor conoce los modelos de formación profesional en Europa. Aunque, por ser tan ambiciosa e innovadora, García reconoce que va a necesitar grandes esfuerzos por parte de todos para ponerla en práctica.

Algo no funciona en nuestro país cuando, con tasas de desempleo juvenil en el entorno del 40%, sólo el 12% de los jóvenes cursa algún tipo de formación profesional reglada. La media de la OCDE es del 29% y de la Unión Europea, del 25%. Otras cifras también muestran nuestro retraso: mientras que en España sólo el 34% de los estudiantes que finalizan la enseñanza obligatoria cursan formación profesional, en Alemania es el 48% y en Italia, el 56%.

La ley pone patas arriba, para bien, el actual modelo de formación profesional. Entre otras medidas, tiene el acierto de la estructuración de una nueva formación profesional dual, en la que empresa y centro educativo se corresponsabilizan de la formación del alumno, con contrato y cotización a la Seguridad Social incluidos en el caso de la FP dual avanzada. Algo que si se estructura bien facilitará el paso al mundo laboral de los estudiantes.

Lo mejor de esta nueva ley es la coordinación que establece entre el sector público -escuela- y la iniciativa privada -empresas- imprescindible para llevar a cabo ese proyecto de formación profesional dual y que es la clave del éxito para acoplar la oferta de trabajadores a la demanda de puestos de trabajo.

Que esta vez parece el Gobierno ha dado en el clavo lo atestigua que la firma de capital riesgo KKR comprara el pasado mes de agosto la empresa malagueña Medac, que gestiona 30 centros de FP, por 200 millones de euros para crear la mayor red de FP de España. Medac estaba valorada en 30 millones hace tres años: si los inversores entran en el sector significa que ven rendimientos.

Es una pena que el Gobierno proponga esa participación público-privada para la formación profesional y la niegue para la enseñanza obligatoria en la infausta Lomloe. Pero bueno, esperemos que, esta vez de verdad, al menos la FP empiece a funcionar en España.

(Publicado en El Mundo el 23 de septiembre de 2021)

El principio del fin de los 'haters'... o eso nos gustaría

¿Qué pasaría si la Justicia declarara que los medios de comunicación son responsables de los comentarios que hacen los lectores sobre las informaciones que suben a sus páginas de Facebook, Twitter y otras redes sociales? Sería un fastidio para los medios, pero es muy posible que también un paso importante para amortiguar el ruido agresivo que en demasiadas ocasiones se oye en las redes.

Pues ya ha ocurrido; muy lejos, en Australia, pero tiene toda la pinta de que se podría acercar hacia nosotros en poco tiempo. El hecho es el siguiente: en 2016, una investigación de la cadena ABC destapó casos de maltrato a los internos en el centro de detención de jóvenes de Don Dale, en Northern Territory.

Dos periódicos, 'The Australian' y 'The Sydney Morning Herald', se hicieron eco de algunos casos concretos. Denunciaron la situación de Dylan Voller, un recluso que había aparecido en fotos sentado en una silla con una bolsa negra cubriendo su cabeza. Al contar su historia se dijo que Voller había protagonizado más de 200 incidentes en el centro.

Los dos periódicos subieron a las páginas que tienen en Facebook la noticia y, a la vista del currículum de Voller, los comentarios peyorativos y difamatorios de los lectores no se hicieron esperar. Los 'haters' y los'trolls' encontraron terreno abonado: poco le habían hecho para lo que merecía, venían a decir.

Voller, listo además de delincuente, demandó a los periódicos en los que se habían vertido esos comentarios. Los medios alegaron que ellos no habían publicado difamaciones y que no podían hacerse responsables de los comentarios que los lectores hacían en sus noticias subidas a Facebook.

El proceso llegó al Tribunal Supremo australiano y la semana pasada sentenció que, en efecto, los medios de comunicación son también legalmente responsables de los comentarios que hacen los lectores a las informaciones que suben a sus redes sociales. Los jueces consideran en el fallo que, a pesar de que no elaboran esos comentarios, sí facilitan la publicación de los mismos.

El mensaje del Supremo es claro: si un medio quiere tener presencia en las redes sociales se tiene que encargar de moderar todo el contenido de sus publicaciones. Y ese todo incluye los comentarios.

En realidad, como explica la propia sentencia, el Supremo conmina a los medios de comunicación no tanto a tener que moderar los comentarios de los lectores -«nosotros estamos para generar contenidos, no para desperdiciar recursos revisando respuestas», han afirmado en News Corp., la editora de The Australian- sino a que tengan cuidado en la redacción de sus informaciones -y de sus titulares- para evitar inflamar intencionadamente a las masas en sus respuestas: si los comentarios difamatarios de los lectores se pueden vincular a una incitación a esa respuesta agresiva por parte del medio, ese medio puede exponerse a un proceso penal. Ni que decir tiene que ante esta posibilidad los medios mirarán con lupa los comentarios.

El Supremo australiano pisa terreno pantanoso porque, más allá de la mera moderación de comentarios, su decisión afecta directamente a la libertad de información, pero a la vez abre un debate oportuno sobre una cuestión socialmente muy preocupante: cómo reducir el odio y la agresividad que circulan casi sin trabas por las redes sociales.

(Publicado en El Mundo el 16 de septiembre de 2021)