Educar también es invertir para obtener un rendimiento

Ya sé que es un reduccionismo, pero si miramos el sistema educativo de un país desde un punto de vista estrictamente economicista, éste no es más que la inversión -el gasto- que hace la sociedad -familias y administraciones públicas- en la formación de las nuevas generaciones para que éstas, una vez instruidas, puedan devolver a esa sociedad esa inversión en forma de producción que genere ingresos para el país y, así, incrementar su riqueza. Esos ingresos se traducen en rentas privadas, en impuestos y en cotizaciones sociales.

Si nos ponemos en el mejor de los casos, lo ideal sería que todo alumno que hubiera recibido esa inversión durante su etapa educativa estuviera en condiciones de devolver a la sociedad lo que ha invertido en él con un puesto de trabajo acorde a su preparación. Devolver no lo vean como el crédito al que hay que hacer frente, sino la participación de ese profesional en la generación de riqueza del país con su trabajo, sus impuestos y sus cotizaciones.

Una sociedad que no consiga incorporar al mercado laboral a quienes terminan su etapa de aprendizaje, no sólo estará perdiendo posibilidades de crecer, sino que habrá malgastado su dinero. Y no es poco. Para hacernos una idea, y según los datos del Ministerio de Educación, en 2018 el Estado destinó 35.000 millones de euros a la enseñanza no universitaria para los 7,4 millones de estudiantes de esas etapas, lo que supone unos 4.700 euros por alumno. (A propósito, la media es de 5.300 euros en la pública y de 3.000 en la concertada, pero eso da para otro comentario). En los trece años que dura la educación obligatoria, pues, supone una inversión de más de 60.000 euros por alumno.

También por esta razón hay que pedir eficiencia al sistema educativo: que sea capaz de revertir a la sociedad lo que la sociedad le proporciona. Por eso, cuando todavía tenemos un 17,3% de abandono escolar temprano -en 2009 era del 30%-, la más alta todavía de la Unión Europea, cuya media se sitúa en el 10%, o cuando la tasa de desempleo juvenil es de un insoportable 40%, también récord entre los países de nuestro entorno, hay que deducir que algo no funciona en la preparación de las nuevas generaciones para ejercer en el mundo profesional.

Lo decía también el Banco de España hace unos días, refiriéndose a la Universidad: el alto desempleo de españoles entre 30 y 34 años que han estudiado una carrera en España -del 9,8%, frente al 5,8% de media en Europa- se debe a «una menor calidad de la educación superior».

Cuando somos los campeones de Europa, y de forma sostenible en el tiempo, en abandono escolar temprano, en desempleo juvenil y en paro de los licenciados hay que plantearse que nuestro modelo educativo, tanto en la enseñanza obligatoria como en la superior, no funciona. Lo que con una reducción economicista -repito- supone cientos de millones de euros que la sociedad no recupera.

Esto debería formar parte también del debate sobre el cambio de modelo de enseñanza en España y, para ello, es fundamental el concurso de todas las partes implicadas en el proceso educativo. Todas. Este Gobierno ha perdido otra oportunidad. Con la Lomloe de Isabel Celaá nada hace pensar que vayamos a salir de los puestos de cola en Europa. Porque esta ley es más de lo mismo que nos ha llevado hasta ahí abajo con mucha más carga ideológica.

La difícil economía de un país de jubilados

Los economistas José Ignacio Conde-Ruiz y Clarisa I. González acaban de publicar una entrada en el interesante blog Nadaesgratis.es sobre el futuro de la población española cuyo título ya previene para lo que va a pasar: «España ante un futuro demográfico envejecido por la longevidad». Los autores comparan los últimos estudios oficiales publicados por el INE, la AIReF y Eurostat. Los tres informes analizan la evolución demográfica en función de la tasa de fecundidad, de la esperanza de vida y los flujos migratorios. Con buen criterio, los autores consideran que «ser capaces de entender los cambios demográficos del futuro es fundamental para anticipar los principales retos a los que se va a enfrentar la economía en las próximas décadas». Es importante esto de «las próximas décadas», porque los políticos, generalmente, suelen tener la legislatura como unidad de tiempo político.

El resumen de los tres análisis es el siguiente: la tasa de fecundidad va a crecer algo de aquí a 2050, hasta 1,4 hijos por mujer fértil, pero seguirá muy lejos de los 2,1 hijos que se necesitan para garantizar el reemplazo generacional. La esperanza de vida seguirá aumentando hasta llegar en 2050 a los 90 años en las mujeres y los 85 años en los hombres. En cuanto a los flujos migratorios, serán las entradas netas de inmigrantes las que soporten el crecimiento de la población ya que «el saldo vegetativo (nacimientos menos fallecimientos) sería negativo en todo el periodo de proyección», es decir, hasta 2050, dicen Conde-Ruiz y González.

De esta forma, la tasa de dependencia a partir de 67 años -la relación entre los mayores de esa edad y la población que tiene entre 16 y 66 años- casi se va a duplicar en los próximos treinta años hasta alcanzar niveles del 50%: habrá casi tanta gente mayor de 67 años como personas entre 16 y 66.

Conde-Ruiz y González concluyen que la economía española se enfrenta a unos retos importantes. El primero es la "sostenibilidad de las finanzas públicas" por el inevitable aumento de las partidas destinadas a las pensiones, a la sanidad y a la dependencia. El segundo tiene que ver con "la productividad de una población cada vez más envejecida". Y el tercero, con la disminución de las tasas de ahorro, lógicamente "menores al aumentar la población de jubilados".

En otras palabras, el envejecimiento de la población va mucho más allá del mero sostenimiento del sistema de pensiones público. Están bien las medidas aprobadas en el Pacto de Toledo o última propuesta de José Luis Escrivá de colocar un plan de pensiones de empresa a cada trabajador. Pero eso es poner parches que no solucionan una situación preocupante.

El envejecimiento de la población afecta a toda la economía del país, desde la reducción de ingresos públicos, porque el Estado recaudará menos impuestos -habrá menos nóminas que coticen y menos consumo-, hasta el aumento constante de las partidas de gasto social con esos ingresos cada vez más escasos. Gasto necesario, pero que va en detrimento del más productivo como la educación, la ciencia, o la inversión industrial. Sin olvidar la paulatina debilitación de una fuerza laboral cada vez más envejecida. En ello hay que pensar fundamentalmente para planificar la España de 2050.

(Publicado en El Mundo el 13 de noviembre de 2020)