jueves, 21 de mayo de 2020

"Los contribuyentes nos pagan para solucionar problemas"


La tasa de paro EPA pasó del 26,94% de la población activa en el primer trimestre de 2013 al 13,78% de final de 2019 gracias a la reforma laboral de 2012. ¿Han sido empleos precarios? Sí, pero probablemente no mucho más que los creados antes de la modificación. Por ejemplo, la temporalidad de la contratación no está en los niveles más altos de la historia reciente. Y según las estadísticas oficiales, el salario medio anual en España ha pasado de 24.160 euros en 2009 a 25.537 en 2019. 

Es cierto que se ha producido una devaluación de sueldos en trabajos menos cualificados y que, en una etapa de mucho paro, algunos salarios tienden a descender por el exceso de demanda. Pero la reforma laboral de Fátima Báñez no ha sido un fracaso. Claro que admite correcciones, pero pedir su derogación cuando ha conseguido una etapa de crecimiento del empleo como nunca en nuestro país es una irresponsabilidad. 

Como ha dicho el vicepresidente de lo social, en el acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE se hablaba de la derogación de la reforma laboral. Y, a continuación se especificaban los aspectos más urgentes para empezar:


"Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos.
En concreto y con carácter urgente:
-Derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad.
-Derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.
-Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales
.
Asimismo,
-Modificaremos el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.
-Limitaremos la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa.
-Revisaremos el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.


El documento no hablaba de la urgencia de eliminar, por ejemplo, la reducción de las indemnizaciones por despido, sino que hacía hincapié en la negociación colectiva, que quitaba poder a las cúpulas sindicales en la negociación de los convenios y lo trasladaba a los comités de empresa -o a las representaciones de los trabajadores donde no los hubiera-. Al menos, a ello hay que remitirnos porque, como dice Pablo Iglesias, está "cristalino" en el acuerdo. Ahí está para la izquierda el aspecto más lesivo de la reforma: la pérdida de poder, no de los sindicatos, sino de las cúpulas sindicales -sectoriales y territoriales- en el proceso de negociación colectiva.

Además de cargarse lo de "impulsaremos en el marco del diálogo social", el acuerdo entre el Gobierno y Bildu supone meterse en un berenjenal de cambios legislativos en el mercado de trabajo en un momento clave para España que es infantil. Cuando el 40% de la población activa -nueve millones de españoles- está en situación de paro, bien por que no tienen trabajo o porque se encuentran inmersos en expedientes temporales de regulación de empleo, es de suicidas plantear de forma unilateral una revisión total del mercado laboral.

Tiene razón la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, al calificar de "absurda" la derogación de la reforma laboral y explicar que "los contribuyentes nos pagan para solucionar problemas, no para crearlos". A la espera de que se pronuncie Pedro Sánchez sobre el asunto, Calviño 'for president', si no es otro miembro del Gobierno que miente, claro.

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