Más niños para 'cuidar' a más abuelos

La casualidad ha querido que en el mismo día hayamos conocido el acuerdo sobre pensiones y los últimos datos de natalidad de 2010 del Instituto Nacional de Estadística.

La reforma de las pensiones es imprescindible no por el aspecto coyuntural de la crisis económica actual sino por el factor estructural del cambio demográfico. Los cambios en la pirámide de la población son tan profundos que han dado al traste con un sistema que de mediados del siglo pasado.

Por eso se emprende la reforma del sistema de pensiones. Porque es insostenible y se hace necesario conseguir recursos para apuntalarlo. ¿Cómo? ingresando más dinero -al retrasar la edad de jubilación se consiguen dos años más de cotizaciones- y reduciendo los gastos -al ampliar el periodo de cálculo y jubilarse más tarde hay que pagar menos-.

Pero debemos estar de acuerdo en que estas medidas no son más que parches quer sirven durante un tiempo determinado. Es casi seguro que antes de diez años tendremos que olvidarnos de lo aprobado hoy porque ya no servirá.

El problema de las pensiones es demográfico. Es obvio que si se pudiera mantener en los pròximos años el ratio trabajador activo/pensionista en el nivel actual el sistema quedaría fuera de peligro.

Pero no parece que vayamos por ese camino, a tenor de datos difundidos ayer por el INE: la natalidad cayó un 3,2% en el primer trimestre de 2010 por "el efecto combinado de una menor fecundidad y de una reducción progresiva del número de mujeres en edad fértil".

Así, el número de hijos por mujer ha bajado hasta 1,38 y la edad de la primera maternidad ha subido hasta los 31,12 años.Menos nacimientos ahora significa menos activos en los próximos años que, además, tendrán que soportar a más pensionistas.

Bien está que se busquen soluciones para el final del proceso. Pero sería mucho más inteligente intentar enderezar el rumbo desde el inicio: El Gobierno y los agentes sociales tienen que ser conscientes de que una política integral de fomento de la natalidad es la mejor forma de asegurar el futuro del sistema de pensiones. ¿Cómo llevarla a cabo? Eso es tema para otro comentario.

Por qué las cajas tienen que convertirse en bancos

El director financiero de la hipotética CajaIberia viaja a Estados Unidos para entrevistarse con los responsables de un fondo de capital riesgo que está buscando inversiones en el sector financiero. Pero sus gestores no conocen de nada las cajas de ahorros españolas. La misión de nuestro ejecutivo es convencerlos de las bondades de su entidad.

-Vengo a buscar 500 millones de euros para la entidad que represento, CajaIberia. Somos la cuarta entidad financiera española y necesitamos fortalecer nuestro capital para emprender un plan de expansión.

-De acuerdo. Nos pide que entremos en su accionariado. ¿Cómo está constituido actualmente?

-Hombre…, accionistas, lo que se dice accionistas no tenemos. Ustedes entrarían comprando deuda de la entidad, no capital.

-¿Si no hay accionistas, quién manda en la caja?

-Bueno. Tenemos un consejo de administración y una asamblea general, que es como la junta de accionistas de una sociedad anónima.

-¿Me explica lo de la asamblea?

-Es el máximo órgano de representación de la caja. En nuestro caso, tienen representación la comunidad autónoma, los ayuntamientos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las organizaciones de consumidores.

-¿Y qué riesgo corren esos asambleístas si la cosa va mal?

-La verdad es que ninguno. Es cierto que no se juegan su dinero...

-Por lo que dice, me pide dinero para una entidad pública controlada por políticos…

-No exactamente. La ley española establece que no puede haber más del 50% de políticos en los órganos de gobierno, sobre todo en el consejo, y nosotros lo cumplimos.

-¿Y quién forma parte de ese consejo de administración?

-Tenemos un presidente, tres vicepresidentes, doce consejeros, una comisión de nombramientos, una comisión de riesgos… Todo muy profesional y acorde con las normas que marca el Banco de España y los organismos internacionales.

-Ya. Y en su caso, ¿quién es el presidente?

-Bueno, es Fulanito de Tal, fue vicepresidente de nuestra Comunidad Autónoma antes de ocupar el cargo.

-¿Experiencia financiera?

El nudo en la garganta empieza a apretarse.

–Estudió Económicas. Trabajó en la Sociedad de Participaciones de la comunidad y ha estado cuatro legislaturas en el Congreso los Diputados.

-¿Y el vicepresidente?

-Este sí. Es Catedrático de Economía Aplicada. Un experto en la materia.

-¿Ha trabajado en alguna entidad financiera?

Colores que suben y bajan.

-No. Sacó la oposición y se quedó en la universidad.

-¿Y los demás miembros del consejo?

-Está el alcalde de la capital de la comunidad, que tiene mucha experiencia en la gestión pública. Y la secretaria provincial del partido de oposición. Y también hay representantes de los sindicatos: esto es muy positivo porque así nos aseguramos la paz social en la entidad…


-No siga. ¿Me puede decir quién sabe de finanzas en el consejo de su caja?, repite el inversor.

El director financiero trata de distraer la atención.

-Bueno, lo que sí tenemos es un equipo directivo muy competente. El director general viene del Banco Alfa, en el que ha ocupado ese cargo durante 10 años, y el director de negocio y yo mismo hemos trabajado en EEUU, en el Banco Smith.

-Pero, ustedes, ¿qué órdenes obedecen en su trabajo?

-Las que nos marca el consejo de administración…

Adivinen ahora si el director financiero volvió a España con la inversión que fue a buscar.

El filofascismo educativo socialista

Si el Gobierno socialista defiende la asignatura Educación para la Ciudadanía porque, y cito textualmente de un reciente recurso de la abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, "la libertad ideológica del menor no puede quedar abandonada a lo que puedan decidir quienes tienen atribuida su guardia y custodia o su patria potestad", el Ejecutivo acaba de hacer añicos la Constitución en un asunto trascendental referente a los derechos humanos y a la libertad individual.

Porque nada está más lejos de ese planteamiento totalitario que el artículo 27 de la Carta Magna:

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las Leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca.

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades en los términos que la Ley establezca.

Frente a este artículo, incluido con muy buen criterio en la Sección sobre Derechos Individuales y Libertades Públicas, la abogacía del Estado defiende a las claras el mismo sistema educativo totalitario que imperó en España durante el franquismo: el Estado decide cómo se educa –me da igual que sea haciendo obligatoria la religión, la formación del espíritu nacional o la educación para la ciudadanía­- y los padres no tienen cabida en este sistema.

Por el contrario, la Constitución Española consagra una educación libre: libre para que los padres escojan lo que consideran mejor para sus hijos en función de sus convicciones; libre para que cualquiera que esté capacitado pueda erigir centros docentes, libre para impartir las enseñanzas éticas y morales que cada colectivo considere más adecuadas.

El Estado no es neutral cuando impone un determinado estilo educativo. Al contrario, se convierte en el elemento adoctrinador más repelente -por su apabullante capacidad coercitiva- cuando lo hace. El Estado es neutral cuando adopta unas normas básicas ­–el código de circulación en el caso del tráfico- y no se mete en si los ciudadanos marchan en moto, coche o bicicleta o si viajan por autovías, carreteras nacionales o caminos vecinales, siempre que respeten esas normas.

Estoy seguro de que el ministro de Educación habrá dado un salto en su sillón al leer el recurso de la abogacía del Estado y estará haciendo lo posible para arreglar este fiasco que ha llenado de desasosiego a todo español demócrata.