La nueva, y buena, ley de Formación Profesional

Isabel Celaá dejó preparada antes de abandonar el Ministerio de Educación una ley que, aunque parezca mentira, fue bien acogida por la comunidad educativa: la Ley de Formación Profesional, cuyo proyecto aprobó el Consejo de Ministros el pasado 7 de septiembre.

Hay que ponerlo en el haber de currículum de la ex ministra, que tantos debes ha sumado en su trayectoria política. Porque parece que, al fin, se ha dado con la tecla para organizar en España un sistema de formación profesional (FP) homologable a los europeos. Algo fundamental en España porque somos los que peor aprovechamos la formación profesional entre los grandes países de la UE.

«Es una ley muy ambiciosa. Describe un sistema innovador, flexible, que responde a las necesidades de cualificación de la población tanto joven como adulta, y se adecua a las necesidades del mercado laboral», ha afirmado a la revista especializada Actualidad Docente Santiago García, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) -la principal organización empresarial del sector educativo, que reúne a miles de centros privados y concertados de toda España-, y uno de los expertos que mejor conoce los modelos de formación profesional en Europa. Aunque, por ser tan ambiciosa e innovadora, García reconoce que va a necesitar grandes esfuerzos por parte de todos para ponerla en práctica.

Algo no funciona en nuestro país cuando, con tasas de desempleo juvenil en el entorno del 40%, sólo el 12% de los jóvenes cursa algún tipo de formación profesional reglada. La media de la OCDE es del 29% y de la Unión Europea, del 25%. Otras cifras también muestran nuestro retraso: mientras que en España sólo el 34% de los estudiantes que finalizan la enseñanza obligatoria cursan formación profesional, en Alemania es el 48% y en Italia, el 56%.

La ley pone patas arriba, para bien, el actual modelo de formación profesional. Entre otras medidas, tiene el acierto de la estructuración de una nueva formación profesional dual, en la que empresa y centro educativo se corresponsabilizan de la formación del alumno, con contrato y cotización a la Seguridad Social incluidos en el caso de la FP dual avanzada. Algo que si se estructura bien facilitará el paso al mundo laboral de los estudiantes.

Lo mejor de esta nueva ley es la coordinación que establece entre el sector público -escuela- y la iniciativa privada -empresas- imprescindible para llevar a cabo ese proyecto de formación profesional dual y que es la clave del éxito para acoplar la oferta de trabajadores a la demanda de puestos de trabajo.

Que esta vez parece el Gobierno ha dado en el clavo lo atestigua que la firma de capital riesgo KKR comprara el pasado mes de agosto la empresa malagueña Medac, que gestiona 30 centros de FP, por 200 millones de euros para crear la mayor red de FP de España. Medac estaba valorada en 30 millones hace tres años: si los inversores entran en el sector significa que ven rendimientos.

Es una pena que el Gobierno proponga esa participación público-privada para la formación profesional y la niegue para la enseñanza obligatoria en la infausta Lomloe. Pero bueno, esperemos que, esta vez de verdad, al menos la FP empiece a funcionar en España.

(Publicado en El Mundo el 23 de septiembre de 2021)

"Los contribuyentes nos pagan para solucionar problemas"

La tasa de paro EPA pasó del 26,94% de la población activa en el primer trimestre de 2013 al 13,78% de final de 2019 gracias a la reforma laboral de 2012. ¿Han sido empleos precarios? Sí, pero probablemente no mucho más que los creados antes de la modificación. Por ejemplo, la temporalidad de la contratación no está en los niveles más altos de la historia reciente. Y según las estadísticas oficiales, el salario medio anual en España ha pasado de 24.160 euros en 2009 a 25.537 en 2019. 

Es cierto que se ha producido una devaluación de sueldos en trabajos menos cualificados y que, en una etapa de mucho paro, algunos salarios tienden a descender por el exceso de demanda. Pero la reforma laboral de Fátima Báñez no ha sido un fracaso. Claro que admite correcciones, pero pedir su derogación cuando ha conseguido una etapa de crecimiento del empleo como nunca en nuestro país es una irresponsabilidad. 

Como ha dicho el vicepresidente de lo social, en el acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE se hablaba de la derogación de la reforma laboral. Y, a continuación se especificaban los aspectos más urgentes para empezar:

"Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos.
En concreto y con carácter urgente:
-Derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad.
-Derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.
-Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

Asimismo,
-Modificaremos el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.
-Limitaremos la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa.
-Revisaremos el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.

El documento no hablaba de la urgencia de eliminar, por ejemplo, la reducción de las indemnizaciones por despido, sino que hacía hincapié en la negociación colectiva, que quitaba poder a las cúpulas sindicales en la negociación de los convenios y lo trasladaba a los comités de empresa -o a las representaciones de los trabajadores donde no los hubiera-. Al menos, a ello hay que remitirnos porque, como dice Pablo Iglesias, está "cristalino" en el acuerdo. Ahí está para la izquierda el aspecto más lesivo de la reforma: la pérdida de poder, no de los sindicatos, sino de las cúpulas sindicales -sectoriales y territoriales- en el proceso de negociación colectiva.

Además de cargarse lo de "impulsaremos en el marco del diálogo social", el acuerdo entre el Gobierno y Bildu supone meterse en un berenjenal de cambios legislativos en el mercado de trabajo en un momento clave para España que es infantil. Cuando el 40% de la población activa -nueve millones de españoles- está en situación de paro, bien por que no tienen trabajo o porque se encuentran inmersos en expedientes temporales de regulación de empleo, es de suicidas plantear de forma unilateral una revisión total del mercado laboral.

Tiene razón la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, al calificar de "absurda" la derogación de la reforma laboral y explicar que "los contribuyentes nos pagan para solucionar problemas, no para crearlos". A la espera de que se pronuncie Pedro Sánchez sobre el asunto, Calviño 'for president', si no es otro miembro del Gobierno que miente, claro.

Tres apuntes sobre el paro

Todo indica que el mercado de trabajo ha tomado velocidad de crucero, al hilo del crecimiento de la actividad. La destrucción de empleo durante la crisis fue insoportable y ahora, fruto de la reforma laboral, de un cierto cambio en el modelo económico que ha propulsado las exportaciones y del viento favorable que sopla desde el exterior -en forma de bajos tipos de interés, caída del euro y reducidos precios del petróleo- España está creando empleo con intensidad.

No será el de mejor calidad del mundo, cierto, pero si no se empieza así no hay forma de recuperar la calidad en el empleo. Igual que en las épocas de despidos, quienes primero salen de las empresas son los temporales, cuando se da la vuelta la tortilla, los primeros empleos que se crean también son temporales. Si el mercado de trabajo está adaptado a lo que necesitan las empresas y la economía, esos puestos se irán consolidando. La eficiencia de un modelo laboral consiste en conseguir que esa transición sea lo más breve posible.

En este sentido, y al hilo de la EPA del primer trimestre que conocimos hace unos días, merece la pena pararse en algunos detalles que pueden condicionar la evolución del empleo en nuestro país en los próximos años.

El primero es el descenso de la población activa. Miguel Valverde recordaba en el diario Expansión que en los últimos cinco años la población activa en España ha caído en casi 800.000 personas. La población activa la conforman quienes tienen trabajo más los parados que buscan empleo. Una reducción de la misma supone perder fuerza laboral, aunque maquille las cifras del paro, pues con menos población activa y la misma gente trabajando, la tasa de desempleo baja. Es grave que parte de esta reducción se deba al envejecimiento de la población. Es decir, personas que dejan la actividad porque se jubilan, sin que haya jóvenes suficientes para reemplazarlas. Aunque sea mejor para las estadísticas, un país que va perdiendo fuerza laboral joven -especialmente en una época de acelerados cambios tecnológicos- desaprovecha condiciones para competir.

El segundo apunte es la estrecha correlación que existe entre el paro y el nivel educativo en España. Veamos. En el tercer trimestre de 2007, cuando el empleo alcanzó su máximo histórico con esos 20 millones de personas trabajando, la tasa de paro de quienes habían abandonado los estudios antes de terminar la enseñanza obligatoria era del 10%. Muchos de ellos encontraban trabajos sin cualificar en la construcción o el turismo. En ese año, el paro entre quienes habían terminado la segunda etapa de la Educación Secundaria era del 9,9%, mientras que los que tenían una carrera universitaria disfrutaban de pleno empleo: sólo un 3,9% de los licenciados estaba sin trabajo. Hoy, según la última EPA, el paro de quienes han abandonado los estudios casi se ha cuadruplicado -es del 37,6%-, el de quien ha terminado Secundaria se ha triplicado -del 19,3%- mientras que el de los universitarios ha pasado de ese 3,9 al 10,9%. Una cuestión clave ante el alto grado de abandono escolar que tenemos.

El tercer apunte es una reflexión. España ha alcanzado este trimestre el mismo nivel de Producto Interior Bruto (PIB) -es decir, de producción, de actividad total- que antes de la crisis. Pero lo ha conseguido con 1,5 millones de empleos menos. ¿Qué tipo de trabajo era aquél que su desaparición no ha impedido este incremento de la actividad? Habrá que plantearse también la creación de puestos de trabajo cualificados que generen valor añadido. Y para ello hace falta trabajadores jóvenes y con estudios (ver los dos apuntes anteriores).

(Publicado en El Mundo el 4 de mayo de 2017)

El paro cruza su Cabo de Hornos

Buenos datos de paro registrado en febrero, en todos los sentidos. En esta noticia de El Mundo tienen todas las cifras. Es la primera vez que cae el número de desempleados en ese mes desde 2008. Y es muy positivo que crezca la afiliación en una etapa del año más propicia para los despidos, dada la estacionalidad del mercado de trabajo español.

Pero sobre todo es esperanzador porque, por primera vez desde el inicio de la crisis económica, hay más españoles cotizando a la Seguridad Social que un año antes. Al finales de febrero, contribuían 16,212 millones de ciudadanos, un 0,38% más que hace un año. También es significativo el incremento neto de 44.000 autónomos en los últimos doce meses. En términos desestacionalizados -sin contar las variaciones que suponen los distintos momentos del año- llevamos siete meses consecutivos de caída del desempleo.

¿Qué supone este dato? La constatación de que la economía española es capaz ya de crear empleo, con un crecimiento exiguo, que fue del 0,2% del PIB a finales de 2013 y rondara esa cifra en el primer trimestre de este ejercicio.

No es aventurado decir, por tanto, que tambièn en el desempleo, España está cruzando el Cabo de Hornos, tomando la palabra al presidente del Gobierno.

Es cierto que el mercado de trabajo mantiene sus deficiencias, que se manifiestan fundamentalmente en el desmesurado uso de la contratación temporal, pero en estas condiciones, nadie duda de que es mejor trabajar, aunque sea por poco tiempo, que permanecer en el paro

Como siempre habrá que esperar a la EPA para hacer análisis más profundo de la realidad laboral. Y, como afirmaba el mes pasado, todavía tenemos mucho paro para mucho tiempo.  Bajar del 26% actual a tasas más o menos aceptables -en torno al 10%, por ejemplo- va ser cuestión de muchos años. Pero es una alegría que el empleo empiece a espabilarse en España. Este dato debería ser bien recibido por todos, también por la oposición.

@vicentelozano en Twitter