El espíritu constitucional queda, pues, muy claro: en España la educación es un derecho fundamental y por eso la enseñanza básica es gratuita y existe la libertad de elección del modelo que los padres quieren para sus hijos. En este cuadro hay que enmarcar el nacimiento de la enseñanza concertada.
En el inicio de esta etapa constitucional, la red de centros públicos no podía asumir el volumen de alumnos que hubiera dejado la privada y el PSOE ideó este modelo: los centros privados podrían acceder al presupuesto del Estado con su ideario propio a cambio de que admitieran los mismos requisitos legales que los públicos. De esta forma, el Estado se hacía cargo de la enseñanza -y únicamente de la enseñanza- de los alumnos que continuaran en esos colegios que se sumaran al sistema de conciertos. Como efecto colateral, con este sistema se favorecía el punto 3 del artículo 27 de la Carta Magna, puesto que la mayoría de las escuelas privadas que se sumaron a los conciertos fueron centros regentados por instituciones religiosas que habían proliferado en el franquismo. Los conciertos aseguraban que los padres que quisieran enseñanza religiosa -católica en este caso- pudieran pedirla también en el ámbito de la educación básica y gratuita.
Se trata de centros que tienen libertad de gestión y de ideario siempre que se adapten a ciertos condicionantes establecidos por el Estado, como el límite de alumnos por clase, el calendario lectivo o unas reglas para las admisiones similares a las de la enseñanza pública. Financian su oferta educativa con las subvenciones de la Administración y el resto -las actividades extraescolares, por ejemplo- es cubierto por las familias. La ley impone que esos colegios no pueden cobrar nada por la enseñanza y que cualquier pago para sostener el centro debe ser voluntario.
Hoy día existen muchos colegios concertados laicos, creados por cooperativas de padres, de profesores o por empresas educativas privadas, pero en su momento, casi todas las escuelas que se acogieron al sistema de conciertos fueron los de las congregaciones religiosas. Por eso, entre otras razones, la enseñanza concertada ha estado en el punto de mira de sectores que tienen una visión estatalista de la educación. Se preguntan por qué un Estado aconfesional tiene que subvencionar con fondos públicos la enseñanza religiosa, olvidando el espíritu y la letra de la Constitución, como he recordado al inicio de esta columna.
La enseñanza concertada -sea laica, religiosa o mediopensionista- aunque imperfecta, es el modo más práctico que tenemos de cumplir el artículo 27 de la Constitución. Intentar ahogarla reduciendo sus presupuestos o pretender eliminarla como proponen Podemos e IU es atentar contra la libertad de enseñanza que rige en España desde 1978. Es decir, contra el derecho que tienen los padres a elegir la educación -gratuita- que quieren para sus hijos.
@vicentelozano
