Pedro Sánchez no perdió ni un solo segundo cuando fue elegido por primera vez secretario general del PSOE en anunciar qué pensaba sobre la reforma laboral del PP de 2012. Fue en julio de 2014: «La primera medida que tomará el próximo Gobierno socialista será la de derogar la reforma laboral de Rajoy, para recuperar cuanto antes los derechos de los trabajadores». Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno en junio de 2018 y la reforma laboral se mantiene impoluta en la legislación.
En este tiempo, ha promovido leyes tan complicadas, por lo que exigen de diálogo político y social, como la de educación o de eutanasia, pero no ha tumbado algo de lo que había hecho bandera y que, además, se incorporó al acuerdo de Gobierno con Podemos. «Derogaremos la reforma laboral», se lee en el punto 1.3: «Con carácter urgente derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo» y «a prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales». Ese acuerdo no contempla terminar con la fuerte reducción de las indemnizaciones por despido, por cierto.
La realidad es que la denostada reforma laboral de Fátima Báñez sigue vigente casi cuatro años después de que Pedro Sánchez alcanzara la presidencia del Gobierno. Aquel «derogar la reforma laboral» fue aguado por los socialistas por un «derogar los aspectos más lesivos» de la misma y, en estas semanas, todavía se ha diluido más en el concepto de «modernizarla».
Que siga vigente la legislación laboral del PP no es malo para la economía ni para los trabajadores. Ha logrado que en España se creara empleo neto por primera vez creciendo por debajo del 2% del PIB, y en los años de bonanza puso el caldo de cultivo para generar más de tres millones de puestos de trabajo más de 400.000 al año, algo nunca visto. Además, y al contrario de lo que podía parecer, en estos años ha aumentado el peso del empleo fijo sobre el temporal.
Por eso, es una imprudencia intentar cargarse lo que está funcionando y, sobre todo, es una temeridad hacerlo cuando España y los españoles necesitan que se cree empleo. Cuatro millones de parados, más de un millón de autónomos en cese de actividad y casi 900.000 trabajadores en ERTE son razones suficientes.
Por eso hay que ponerse de parte de los empresarios, que consideran que no es el momento de tocar lo que ha funcionado y lo que volverá a funcionar cuando llegue la recuperación. Poner trabas a la contratación o dificultar la negociación colectiva en estos momentos es colocar palos en las ruedas del empleo. Es así, por mucho que los sindicatos y Podemos digan lo contrario, en especial las cúpulas sindicales no los comités de empresa, mucho más pragmáticos por moverse en la realidad de las compañías que continúan defendiendo al empleado con trabajo fijo y dejan de lado al que quiere incorporarse al mercado laboral, como los jóvenes y los parados.
Tiene razón Nadia Calviño al afirmar ayer en Onda Cero que hay que mirar al futuro del mercado laboral con dos líneas fuerza inexcusables: la reducción de la dualidad en los empleos entre fijos y temporales y el insoportable paro juvenil, que supera el 40%. Eso tiene poco que ver con la derogación de la reforma laboral del PP.