Mostrando entradas con la etiqueta política. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta política. Mostrar todas las entradas

miércoles, 27 de julio de 2022

La honradez no tiene compartimentos estancos

 

La condena a los expresidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán ha caído como una bomba de racimo en el socialismo nacional, aunque estuviera ya 'descontada'. Ni el voto discrepante de dos de los cinco magistrados que han elaborado la sentencia ha dulcificado el hecho de que ambos altísimos dirigentes del PSOE han sido condenados de forma firme y lo normal es que ya no puedan dejar de cumplir esas condenas, salvo indulto del Gobierno... socialista.

Las justificaciones del partido y del Gobierno para defender, sobre todo, a José Antonio Griñán, de la entrada en la cárcel -seis años le pide el fallo judicial- es que se trata de un político honrado y honesto que no se lucró personalmente del desfalco producido por los ERE fraudulentos. Es cierto -al menos ningún juez lo ha probado- que Griñán no se enriqueció con ese sistema de desvío de dinero, pero el fallo prueba que lo consintió. Que sabía que existía y que no hizo nada por eliminarlo. 

Es decir, es muy posible que fuera honrado con su dinero, pero no lo fue con el de los demás. Y, por lo tanto, no se puede decir que Griñán es un político honesto, porque en la honestidad y en la honradez no caben compartimentos estancos. Como no es honrado quien trata perfectamente a sus amigos, pero maltrata a su pareja y a sus hijos -"quien lo diría, parecía un hombre normal", se suele oír en esos casos desafortunados de violencia de género-- O el empresario que crea una fundación de ayuda a la investigación médica a la vez que no paga los impuestos correspondientes a Hacienda. O el dueño de un negocio que medra a costa de los derechos de sus trabajadores. Ninguna de estos tres ejemplos reflejan comportamientos de personas honestas por mucho que en alguna de las facetas de su vida puedan ser, incluso, ejemplares.

El hombre es un todo. Es imposible ser bueno por la noche y malo por la mañana. Si eres honrado, eres honrado siempre y en todas las circunstancias, porque en cuanto dejas de serlo en una de ellas, dejas de serlo en el conjunto. Por eso, a tenor del fallo del Supremo, Griñán no fue un político honrado. Otra cuestión es que estemos de acuerdo o no con la severidad de la pena impuesta.

lunes, 23 de mayo de 2022

Dos ocurrencias de Moreno Bonilla y de Arrimadas

 Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, acaba de manifestar que está dispuesto a repetir las elecciones si no tiene mayoría suficiente para gobernar. El presidente andaluz está diciendo que si los votantes no lo eligen con un margen suficiente, seguirán votando ¿hasta cuándo? Pues, es lógico pensar que hasta que Moreno Bonilla considere que han votado ‘bien’, es decir, que hayan elegido al PP sin adherencias inoportunas como Vox.

Si Moreno hubiera pensado un poco su planteamiento, no lo habría expresado. Porque, sencillamente, se está cargando la razón de ser de unas elecciones políticas, que es precisamente que los ciudadanos expresen su opinión con el voto y se conforme así una cámara legislativa y fruto de la composición de esa cámara, se forme un Gobierno lo más estable posible. Votar hasta que salga lo que me conviene es propio de un régimen totalitario.


La otra ocurrencia de estos días es la de Inés Arrimadas, que quiere terminar con el debate nacionalista… eliminando el término ‘nacionalidades’ del artículo 2 de la Constitución. Dejemos de lado el casi imposible proceso necesario para llevar a cabo un cambio de este tipo: aprobación del principio por mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado. Disolución inmediata de las Cortes. Convocatoria de elecciones. Ratificación por las Cámaras elegidas. Aprobación del principio por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobación por las Cortes Generales. Referéndum para su ratificación.

El asunto es que pensar que porque se elimine de la Constitución el término ‘nacionalidades’ se acaba -o se le ponen trabas- con los nacionalismos en España es una ilusión propia de adolescente que acude a su primera fiesta en busca de su pareja ideal. Aunque solo sea porque es cambiar una Constitución que los nacionalistas se quieren cargar. Y. entonces, ¿qué más da que el texto diga ‘nacionalidades’ o no?

Y por último. ¿sabe Inés Arrimadas por qué los redactores de la Constitución decidieron incluir “nacionalidades y regiones” y hacerlo en el artículo 2? Precisamente, para diferenciar las nacionalidades de las regiones. 

sábado, 16 de enero de 2021

Zuckerberg no debió callar a Trump


En la tarde del 3 de noviembre, cuando todavía se estaban contando votos en algunas zonas de Estados Unidos y el escrutinio se empezaba a decantar hacia Joe Biden, el presidente Donald Trump compareció desde la Casa Blanca para denunciar que "si contamos los votos legales, ganamos fácilmente. Si cuentas los ilegales nos van a tratar de robar". Era una acusación tan grave al sistema electoral del país -base de la democracia- que tres grandes cadenas de televisión, CNN, ABC y CBS, decidieron interrumpir la rueda de prensa y dar paso a los presentadores de esos especiales informativos, que denunciaron acto seguido el ataque sin base probatoria que estaba haciendo el presidente contra los pilares democráticos de Estados Unidos.

La decisión fue aplaudida por muchos periodistas, profesores de comunicación y analistas. ¿Para qué servir de altavoz de un político que mentía flagrantemente y podía soliviantar a sus seguidores? En cambio, otros muchos criticaron el corte, al considerar que la misión informativa de un medio de comunicación es, precisamente, dar voz a los protagonistas de la actualidad. Luego vendrá la opinión para criticar o alabar lo que ese protagonista ha dicho.

Este debate sobre la libertad de expresión de un político no es nuevo, pero la brutalidad -llamémosle así- de las declaraciones de Trump, que se ha saltado todas la barreras en estos cuatro años de mandato, lo ha enardecido de tal forma que ha llegado al final de su presidencia, no ya criticado por la mayoría de los medios de comunicación, sino expulsado de las redes sociales, como ha ocurrido con Facebook e Instagram. Una decisión que conviene preguntarse si tiene razón de ser, por muy Trump que sea Trump.

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y dueño de Instagram, nunca había sido partidario de controlar los contenidos que circulaban por sus redes sociales. "No queremos ser árbitros de la verdad ni desalentar el intercambio de opiniones", decía cuanto empezó a plantearse cambios en Facebook. Zuckerberg, creo que con razón, quería que Facebook siguiera siendo una herramienta para "compartir todo con todos" y no tener que vigilar el incontrolable flujo de comunicaciones que circula por la red. Fueron precisamente las críticas que surgieron a raíz del papel de Facebook y otras redes sociales en la ascensión y victoria de Donald Trump en 2016 -escándalo Cambridge Analytica incluido- lo que hizo cambiar de opinión al fundador.

En los primeros días de enero de cada año, Zuckerberg escribe un post sobre lo que espera de Facebook para ese año. En 2018, acosado ya por las críticas, incluyó que su propósito era "arreglar Facebook": "Mi desafío personal para 2018 es centrarme en solucionar estos problemas importantes. No evitaremos todos los fallos o abusos al aplicar nuestras políticas y evitar el uso indebido de nuestras herramientas pero ahora cometemos demasiados errores". Y decidió crear un consejo asesor compuesto por 20 personalidades de todo el mundo que se encargan de vigilar la libertad de expresión en Facebook, nada menos. Entre esos expertos está uno de los periodistas más relevantes de los últimos años, Alan Rusbridger, director de The Guardian durante veinte años.

Y el último paso de ese "arreglar Facebook" ha sido el cierre temporal de las cuentas de Donald Trump, tras su vergonzoso alentamiento del asalto al Capitolio. Esta decisión es trascendental en la historia de Facebook, porque por primera vez aplica la censura previa a un líder político mundial democráticamente elegido. Se puede discrepar sobre la eliminación del post o del tuit de un político si incita al odio o la violencia, pero ¿qué papel se arroga una red social cuando decide aplicar esa censura previa a un presidente de EEUU, por muy peligroso que sea ese presidente de EEUU? ¿Ha dejado de ser esa red social una plataforma para "compartir todo con todos" para convertirse en medio de comunicación al uso, con una línea ideológica predeterminada? ¿Terminará la cosa en Trump, o seguirá con otros líderes populistas -como Bolsonaro, Orban, Maduro o Correa- o no populistas pero cuyas opiniones disgusten a una determinada red social?

¿Se admitirán desde ahora comentarios como el que hacía el hoy ministro Alberto Garzón en Twitter en enero de 2013: "Hay opciones no parlamentarias: materializar en la calle la deslegitimación de este sistema. Forzar la dimisión y nuevas elecciones" ¿Quedará esa censura previa en las incitaciones a la violencia y al odio o tratarán también las mentiras? Porque aquí no habrá político que resista un análisis de su página o de su timeline.

Un ejemplo de ayer. Twitter eliminó los tuits de Trump en los que atizaba la rebelión y el asalto al Capitolio del pasado miércoles. Sin embargo, ayer sí dejó que Trump publicara su declaración sobre la condena de los hechos, sabiendo, como sabemos todos dentro y fuera de Estados Unidos, que esa condena es una flagrante mentira.

Es el problema de convertirse en un censor-moderador de los contenidos: la delgadísima línea roja entre la censura y la libertad. No es la razón de ser de una red social, por mucho que nos molesten las opiniones de algunos usuarios. Sobre todo, porque alguien tiene que decidir qué se publica y qué no y quién puede escribir libremente y a quién hay que censurar. Y eso, en un servicio que ha enganchado a miles de millones de ciudadanos es muy muy peligroso.

(Publicado en El Mundo el 9 de enero de 2021)

martes, 25 de agosto de 2020

A finales de agosto casi todo llega tarde

La segunda ola de la pandemía, que todo el mundo sabía que se iba a producir tarde o temprano, ha llegado en verano y ha pillado a los gobernantes de improviso. Y esto debería ser considerado un delito. La primera vez, puede pasar que se tarde en reaccionar; la segunda denota dejadez, falta de previsión y, por lo tanto, ineptitud. Llevamos con la pandemia desde el comienzo de 2020 y estamos terminando el octavo mes del año. 

A estas alturas de la película, a finales de agosto, los españoles no tienen claro quién lleva el timón de la operación, si el Gobierno o las comunidades autónomas porque, a finales de agosto, el Gobierno descarga en las autonomías la responsabilidad en el control de la pandemia, posibilidad de solicitar el estado de alarma en su territorio incluido. A finales de agosto, cuando llevamos semanas con los casos de contagio disparados, el presidente del Gobierno anuncia que el Ejército se pone a disposición de las CCAA para los rastreos.  A finales de agosto no sabemos los planes de contingencia que tienen preparados las autonomías si en unas semanas se disparan las hospitalizaciones y los ingresos en las UCI. 

A finales de agosto todavía se están anunciando apresuradamente planes para el curso escolar... que empieza en menos de dos semanas, a la espera de una conferencia autonómica sobre Educación que todavía no se ha producido. A finales de agosto, los ministros de Educación  de Universidades no han dado una sola explicación pública sobre el inicio del curso. 

A finales de agosto el presidente del Gobierno propone una reunión con los líderes políticos para coordinar no se sabe qué y determinar una estrategia común ante unos Presupuestos... que en apenas un mes deberían entrar en el Parlamento. 

Por eso, a finales de agosto Bloomberg y The Wall Street Journal nos vuelven a poner como ejemplo de improvisación  y de mala gestión en la lucha contra el coronavirus. Porque, a finales de agosto, volvemos a estar entre los países más castigados del mundo en términos de contagiados por habitante.

No es cuestión de culpar ahora al Gobierno o a las autonomías  de la falta de respuesta adecuada y puntuial. Me parece que se trata de algo más profundo, porque esta crisis ha dejado al descubierto que las costuras del Estado nacido en 1978 se han empezado a descoser. Pero eso puede ser bueno si se aprovecha para reforzarlas.


lunes, 10 de agosto de 2020

Los rastreadores 'privados' de Ayuso

El asunto de la contratación del grupo Quirón por 194.000 euros en tres meses para que 22 personas se encarguen de hacer los imprescindibles rastreos de contagiados para prevenir la extensión de la pandemia en cuatro comentarios:

1. Contratar a una empresa privada para un servicio público está a la orden del día en cualquier administración. El tema es que se haga con transparencia, que sea eficaz y que salga más barato al erario.

2. Otra cosa es analizar cómo se llega a ello y por qué la Comunidad de Madrid no ha podido por sí misma proporcionar ese servicio clave para luchar contra la pandemia. La semana pasada no logró voluntarios que trabajaran gratuitamente. 

3. Y si no he hecho mal los números, la Comunidad pagará 2.939 euros por rastreador y mes (lo que no quiere decir que sea su sueldo).

4. Lo que tiene difícil explicación es que la Comunidad justifique esta contratación apresurada de rastreadores en el sector privado en que "no ha tenido tiempo" de organizarla desde el sector público. Porque esta 'segunda ola' o rebrote de los contagios se sabía que sucedería desde mayo.

Y 5. El Gobierno del PSOE y Podemos a través de Aena ya contrató al mismo grupo -junto a otra empresa-  en junio para reforzar los controles en Barajas: el importe en esta ocasión fue de 20 millones de euros. Era imprescindible y lo hizo, como lo ha hecho hoy la Comunidad de Madrid 



jueves, 2 de julio de 2020

Concertada: cuando la ideología prima sobre la reconstrucción

Lo peor que puede pasar es que en este tiempo de la mal llamada reconstrucción, el Gobierno de coalición socialista y populista aprovechara la situación para imbuir de su ideología el proceso. Un proceso en el que se necesita el concurso de todos en la política, en lo económico y en lo social para que esta etapa sea lo más breve y lo menos pernicioso posible para el país, es decir, para los españoles.

Y el Gobierno no lo ha empezado bien. El ataque a la enseñanza concertada es el ejemplo más claro de que está anteponiendo la ideología a la, repito, mal llamada reconstrucción Porque el Congreso, con los votos del PSOE y de Podemos y la oposición del PP, Cs, JxCat y el PNV, ha aprobado que las ayudas públicas necesarias para adecuar los centros a la nueva etapa poscovid-19 solo se repartan entre los colegios e institutos públicos y no llegue nada a los concertados. La ausencia de ese dinero supone un grado más en el ahogamiento financiero de estos centros, sin ninguna razón.

Se da paradoja de que, por ejemplo, colegios públicos situados en zonas con alto nivel adquisitivo sí tendrán acceso a las ayudas, mientras que centros concertados ubicados en zonas más deprimidas -los hay, y muchos- se quedarán sin esa posibilidad. Esto deja a las familias que eligen este tipo de educación para sus hijos como ciudadanos de segunda, porque pagan sus impuestos como los demás y no reciben las mismas ayudas. Además, esa discriminación no se produce en el ámbito estrictamente educativo, sino en una cuestión que afecta directamente a la seguridad sanitaria de los trabajadores, profesores y alumnos de esos colegios. 

¿Qué pasará en septiembre si un centro no puede hacer frente a las exigencias de la nueva situación -que puede suponer incluso contratar nuevos profesores- y las familias de ese colegio no tienen recursos para costearlas? ¿No sería más social repartir esos recursos -si no hay dinero para todos- por los colegios según el nivel de renta de las familias que están en ellos, sean estos públicos o concertados?

El Mundo publica hoy un buen editorial sobre el tema. Y también hay hoy una acertada tribuna sobre la concertada y la libertad de educación en El País.

lunes, 22 de junio de 2020

La 'verdad socialista', una forma trapacera de hacer política

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno ha inaugurado este fin de semana la precampaña electoral de Galicia para el PSOE con una afirmación que recogió el propio partido en un tuit: "Todas las CCAA mantuvieron sus competencias. Que no nos engañen. Este Gobierno hizo acopio material sanitario, lo entregó a las CCAA, porque era muy complicado encontrar material en plena pandemia". 
Se refería Montero, en concreto a la polémica sobre la nefasta gestión que se ha realizado en las residencias de ancianos, donde gobiernos autonómicos- sobre todo el de Madrid- y el central se echan las culpas y, lo que es triste, se tiran los muertos a la cabeza. 
La frase de Montero hay que cogerla con pinzas, porque es cierto que no se retiraron competencias a las CCAA, pero también lo es que durante el estado de alarma éstas se subordinaron a lo que dispusiera el Gobierno central. Si no, no se explica, sin ir más lejos, que el propio presidente del Gobierno anunciara el 31 de mayo que "la capacidad de decisión en esta última fase 3 corresponde a cada autonomía". Si Sánchez devolvía esa "capacidad de decisión" a las autonomías es porque antes no la tenían, ¿no? ¿Para qué si no el estado de alarma?
La ministra portavoz conocía todo esto, pero no le importó faltar a la verdad o, mejor, inventarse una verdad. Y me recordó a aquella Carmen Calvo que a finales de 2018 distinguió entre la forma de pensar del Pedro líder de la oposición con la del presidente Sánchez al cambiar de criterio sobre el delito de rebelión de los líderes políticos catalanes encausados por el 1-0. En definitiva, se puede apoyar una cosa y la contraria según las necesidades de cada momento. El discurso del político deja de ser veraz -deja de ajustarse a la realidad- para atenerse a lo que le interese en cada momento. 
No es nueva esta estrategia. Escribí sobre el tema en El Mundo cuando lo de Calvo: "La sorprendente salida de la vicepresidenta del Gobierno el pasado viernes para intentar justificar el cambio de criterio del presidente del Gobierno sobre el delito de rebelión para los encausados por el procés es mucho más que una desgraciada anécdota de quien se queda sin recursos para explicar lo inexplicable. Tiene una inmensa carga de profundidad, por la que Calvo está dispuesta incluso a hacer el ridículo ante los periodistas en la sala de prensa de La Moncloa y ante la sociedad entera. Es el concepto de que no hay más realidad que la que yo creo y, por tanto, la verdad es relativa en función de esa realidad artificialmente creada.
Porque si aceptamos ese cambio de criterio entre lo que en mayo era un delito de rebelión para el líder de la oposición no lo sea cinco meses después para el presidente del Gobierno sólo por el hecho de que ahora es presidente del Gobierno se abre una forma de hacer política sobre la que no se puede objetar nada, salvo su reducción al absurdo".
"Decimos que estamos en la era de la posverdad y de la desinformación -no son conceptos sinónimos- y echamos la culpa a algunos medios o a las redes sociales, como si éstas tuvieran vida propia. Pero también hay muchos gobernantes que intentan tergiversar la realidad para acomodarla a sus intereses. Y esto no es sólo propio de Trump, Bolsonaro, Salvini, Farage o Le Pen. Calvo quiso distorsionar la verdad con el Vaticano y le salió mal. Y el viernes lo volvió a intentar. No son anécdotas. Es una forma trapacera de hacer política". Montero lo ha vuelto a hacer.

sábado, 9 de mayo de 2020

El tuit de la revancha

A Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, no le han salido bien las cosas desde el punto de vista político en los últimos días. Ha tenido que rectificar lo que en un principio fue uno de sus éxitos: dar comida a los niños de la familias necesitadas que se habían quedado la del colegio, y le ha dimitido su directora general de Salud, Yolanda Fuertes, porque no estaba dispuesta a firmar la petición de la Comunidad de pasar a la Fase 1 de la desescalada.

La razón es que Ayuso consideraba que estaba en condiciones de controlar un posible repunte de la pandemia y prefería que la región volviera cuanto antes a la actividad económica. Fuentes decía que no, que todavía había que fortalecer el sistema sanitario antes que dar el siguiente paso. Al final, el propio consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, reconoció que Madrid no podía pasar el día 11 a la fase 1 del plan de desescalada. Como ha ocurrido.

Y al PSOE, el partido del Gobierno, le ha faltado tiempo para politizar de forma rastrera este tema y caer en la misma actitud que critica desde el Ejecutivo a los partidos de la oposición: tirarse a la cara los muertos. Ese "el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ejemplo de gestión ineficaz e irresponsable ante la crisis del Covid" suena a revancha, ante una gestión que desde los ciudadanos era mucho mejor vista que la del propio Gobierno. El PSOE quiere hacer del grave error de Ayuso un arma de revancha para tapar las propias miserias. Las que lleva acumulando desde el inicio de la crisis. Y cae en el error del que deberíamos salir todos: la politización del dolor.

Sí. Lo hacen casi todos los partidos contra el Gobierno. Pero ahora sería muy cínico que el propio Gobierno lo criticara.

lunes, 24 de febrero de 2020

Entre el rigor y la propaganda

La parte de Podemos en el Gobierno, sobre todo, ha alardeado esta semana de haber empezado a derogar la reforma laboral del PP al evitar el despido por baja médica justificada. «Las bajas médicas, que justifican las ausencias cuando estamos enfermas y somos más vulnerables, ya no son causa de despido», ha dicho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Y el vicepresidente de lo social, Pablo Iglesias, tuiteó el miércoles que hay una medida que ha tomado este Gobierno de la que se siente «especialmente orgulloso: ningún compatriota tendrá que volver a elegir entre ir a trabajar enfermo o ser despedido». Lo malo es que tanto la ministra de Trabajo como el vicepresidente saben que esto no es así.
Porque lo que acaba de derogar el Ejecutivo es el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que decía que puede extinguirse el contrato de trabajo «por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el veinticinco por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce». Un artículo que, es cierto, fue modificado por el PP en la reforma laboral de 2012, eliminando las referencias a la empresa -las condiciones variaban en función del número de trabajadores de la compañía- y, por tanto, hizo más fácil el despido del trabajador.
Pero lo que la propaganda oficial lleva a creer es que gracias al Gobierno de coalición, los trabajadores enfermos ya no podrán ser despedidos en este país. Y eso es falso. Lo que hace la derogación de ese artículo es dejar de considerar la concatenación de bajas una «causa objetiva» para extinguir el contrato laboral.
Esto significa que el despido se considera improcedente y en vez de indemnizar al trabajador con 20 días por año trabajado, obliga a pagar 33 días por año. No tienen razón, pues, ni Iglesias, ni Díaz, ni toda la propaganda oficial: el trabajador enfermo puede ser despedido ahora igual que antes, solo que al empleador le sale más caro. Es bueno que se diga la verdad al ciudadano para que no se enfade cuando se tope con la realidad.
Algo similar ha pasado con el expediente que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha abierto a siete intermediarios de alquileres como Idealista, conocido el miércoles. En esta ocasión ha sido el ministro de Consumo, Alberto Garzón, también de la parte gubernamental de Podemos, uno de los que ha comentado el asunto: «Incrementar beneficios especulando con el derecho a la vivienda. La CNMC estudia si Look & Find, Idealista y Remax inflaron con algoritmos el precio de la vivienda». Tampoco es así, con lo que el ministro, como mínimo, se ha precipitado.
Lo que la CNMC estudia es si ha habido concertación de precios en el servicio de intermediación de estos portales inmobiliarios: «Se ha inspeccionado la sede de varias empresas que prestan servicios de intermediación inmobiliaria y empresas proveedoras de software inmobiliario, por la fijación de comisiones para la venta y el alquiler de inmuebles», decía la CNMC cuando abrió el expediente.
Es decir, las empresas no «inflaron con algoritmos el precio de la vivienda», sino que se ponían de acuerdo en las comisiones que cobraban, restringían la competencia y obligaban al comprador a pagar más por su servicio. Una práctica que hay que perseguir si se confirma, pero ni Idealista ni los demás inflaron los precios de los pisos, como nos quieren hacer ver, sino los de sus comisiones. La repercusión en el mercado de la vivienda de esta práctica, insana desde luego, es mucho menor.
A los ministros hay que exigirles más rigor y menos propaganda fácil. Incluso si son de Unidas Podemos.

(Publicado el 21 de febrero de 2020 en El Mundo)

jueves, 30 de enero de 2020

Principios

Una de las cosas enternecedoras de este nuevo Gobierno de coalición es ver cómo desde Podemos se intentan justificar comportamientos de ministros que en circunstancias anteriores supondrían una crítica feroz. Esto decía Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, echando barro a diestra y siniestra, ante la todavía inexplicada visita del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez: «Lo más brutal de la máquina del fango hoy disparando todo el día contra Ábalos desde teles, radios y digitales no es ya el olor a fosa séptica y el 'modus operandi' protogolpista. Lo más brutal es el mensaje implícito ultra-autoritario: Hablar es un crimen. Está prohibido hablar». En su defensa del ministro, Echenique acusaba de «protogolpistas» y «ultra-totalitarios» a las «teles, radios y digitales». Es decir, a todos los medios.

Con razón Echenique ha tenido que borrar todos sus tuits escritos antes del 10 de noviembre. Porque no soportarían la más mínima comparación con los posteriores. Echenique no es más que un ejemplo de cómo una determinada coyuntura política -un Gobierno de coalición- puede hacer variar 180 grados la valoración de una actuación como mínimo controvertida sobre la que un ministro cuatro versiones distintas en 24 horas sólo porque el que miente ahora es de los tuyos.

No es una cuestión anecdótica que un político, cualquier político, no pueda aguantar su discurso de siempre porque las circunstancias han cambiado. Y, aunque desafortunadamente nos estemos acostumbrando, estos vaivenes hacen mucho mal a la política porque lo que ven los ciudadanos es que los principios, los valores de cada uno, no existen.

Una cosa es ceder en una negociación para llegar a un acuerdo -la reciente subida del salario mínimo a 950 euros mensuales en vez de los 1.000 prometidos es un ejemplo- y otra abdicar de tus propios principios por mantener el poder cuando lo has alcanzado con postulados totalmente contrarios: la intención de reformar el Código Penal defendida por el presidente del Gobierno para rebajar las penas a los condenados por el 'procés', cuando hace dos meses el propio Sánchez defendía lo contrario. La política no es borrar tuits que ya no valen, porque llegarán nuevas elecciones en las que el ciudadano no sabrá a qué atenerse. O sí. Puede buscar opciones que le ofrezcan claridad en las propuestas y firmeza en los planteamientos, aunque estén equivocados. Y así se van nutriendo de votos los partidos radicales.

(Publicado en El Mundo el 28 de enero de 2020)

jueves, 1 de agosto de 2019

La regeneración que no llega

La regeneración política consiste en empadronar a un vitoriano en un pequeño pueblo de Segovia para que pueda ser designado senador autonómico por el Parlamento de Castilla y León y es votado por el PP, que lo propone, y por Ciudadanos, partido representante de la nueva política. Todo ello porque ese senador no logró los votos de los alaveses cuando se presentó a las elecciones generales como candidato a diputado por su circunscripción. Regeneración política es deshacer la legislación por la que el presidente de Castilla-La Mancha -socialista- no podía ser reelegido más de dos mandatos para que pueda presentarse todas las veces que quiera.

Regeneración es que el partido de la alcaldesa de Barcelona, En Comú, le suba el sueldo un 40% -y un 27% a los concejales- porque dedican largas horas a su trabajo y para que puedan conciliar más fácilmente. Todo porque te das cuenta de que la limitación salarial que establece el código ético de ese partido queda bien como propaganda, pero es imposible de aplicar. Regeneración política es colocar al hijo del presidente socialista del Parlament de Baleares como asesor para llevar las redes sociales de la Presidencia del Gobierno autonómico socialista cuando sólo se le conoce un año y medio de vida laboral privada, al margen de otros puestos en la Administración socialista balear.

Regeneración es que decenas de alcaldes se suban el salario de forma desmesurada al tomar el bastón de mando, en algún caso hasta el 160%. Cierto que algunos ayuntamientos llevaban con los sueldos congelados desde el inicio de la crisis, pero ni un solo trabajador de la empresa privada ha podido hacer lo mismo que estos políticos. Regeneración es también que los diputados del Parlamento de Castilla-La Mancha voten unánimemente que se restituya el sueldo que ellos mismos habían decidido eliminarse hace dos legislaturas.

Regeneración política es que la Comunidad Foral de Navarra, con 640.000 habitantes, necesite un Gobierno autonómico -formado por el PSOE, Geroa Bai, Izquierda Unida y Podemos- con 12 consejerías más la presidencia -calculen el número de altos cargos- sólo para que cada formación pueda tener su parte en el pastel del poder, cueste lo que cueste al erario, es decir, al ciudadano.

Todo esto ha ocurrido en los últimos dos meses. Por este repaso han circulado PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y En Comú, Geroa Bai, Izquierda Unida,... más los partidos de los alcaldes. Que tengan un buen y regenerador agosto.

(Publicado en El Mundo el 30 de julio de 2019)

lunes, 15 de julio de 2019

Políticos insensatos



La economía de un país necesita un rumbo para progresar. Ese rumbo puede estar dirigido por un Gobierno de izquierdas, que buscará más avanzar mediante un gasto público suficiente que asegure el crecimiento del bienestar social, o por uno de derechas, que pretenderá dar más libertad económica a los ciudadanos -dejando más dinero en sus bolsillos, fundamentalmente- para su desarrollo. Hablo grosso modo. Los dos caminos son válidos. Pero nadie duda de que una economía para crecer necesita una dirección y alguien que vigile que no se desvíe.

No nos podemos dejar llevar por el espejismo de que sin Gobierno seguimos creciendo, como está ocurriendo en estos últimos años, porque es la inercia de una maquinaria que tarde o temprano se frenará si nadie le pega un acelerón. Ocurre en el desempleo, que continúa al alza, pero cada vez más despacio. Y comprobamos también lo pernicioso de estar sin Gobierno en la evolución de las ventas de coches, que empezaron a caer tras las nefastas declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre los «días contados» del diésel y no se recuperan porque nadie sabe qué política va a seguir con el automóvil éste o el Gobierno que llegue.

El país necesita cada año unos Presupuestos que concreten la política económica del Ejecutivo. Y precisa también un Gobierno que sea capaz de pensar más allá y emprenda reformas que nos hagan más competitivos. La educación en todos sus niveles, las pensiones públicas, el mercado de trabajo, la digitalización, la transición energética... son asuntos que precisan de un Gobierno decidido a tomar medidas que duren más de una legislatura.

Por eso es inexplicable el espectáculo que están dando los líderes políticos en las negociaciones para formar gobiernos. No tiene ningún sentido que 75 días después de unas elecciones generales hayan sido incapaces de lograr ni el más mínimo acuerdo para empezar una legislatura en condiciones. No hay excusas. Ni siquiera que en España no estamos acostumbrados a negociar acuerdos de gobierno, gobiernos de coalición, de cooperación o medio pensionistas. Dice mucho de la talla política de los líderes actuales que sean incapaces de sentarse para pactar. Y produce vergüenza ajena ver que los mismos que por su mirada de bajo vuelo bloquean una investidura propongan un cambio de leyes -incluso de la Constitución-para... evitar bloqueos en las investiduras, ¿lo entienden?

(Publicado en El Mundo el  12 de julio de 2019)

lunes, 3 de junio de 2019

Responsabilidad con las pensiones

Todos los organismos nacionales e internacionales, públicos y privados, han advertido sobre el futuro de las pensiones en España. La OCDE, el FMI, la Comisión Europea, el Banco de España, Fedea, la AIReF, CEOE, los servicios de estudios... Todos... menos los partidos y el Gobierno que en su momento ha estado en el poder. Y es de una grave irresponsabilidad. Porque esos políticos irresponsables saben, como los economistas que alertan, que las pensiones públicas no dan para más tal y como están ahora constituidas.

Quizá, el momento en el que más cerca se estuvo de lograr una reforma sensata fue la que propuso la comisión encargada por Cristóbal Montoro y presidida por Manuel Lagares... pero el propio Gobierno popular metió en un cajón la propuesta.

Este periódico se hizo eco de un estudio de la AIReF que debería preocupar. El organismo fiscalizador concluía, a la vista de importe medio de las pensiones y de los salarios, que es absurdo continuar distinguiendo para reducir el pago de las medicinas entre jubilados y trabajadores, sencillamente porque, en estos momentos en España, el poder adquisitivo de las pensiones es mayor que el de muchos salarios. ¿Por qué tiene que dejar de pagar una medicina un pensionista que vive solo y recibe 2.000 euros mensuales y sí lo tiene que hacer un funcionario que gana 1.800 y tiene dos hijos? ¿No es más lógico establecer el copago en función de la renta y no según el modo en el que ésta se obtiene?

Es un ejemplo más del galimatías en el que se ha convertido nuestro modelo de Seguridad Social porque todavía nadie se ha puesto a reformarlo en la profundidad que necesita. Cierto que en las últimas décadas se han puesto algunos remedios -elevación del número de años de cotización, cambios en el cómputo para recibir la pensión máxima...- pero otras han caído en saco roto, cuando no se han retirado incluso tras entrar en vigor, como el modo de cálculo de la revalorización anual.

El Banco de España acaba de advertir de nuevo sobre la obsolescencia del modelo y la imperiosa necesidad de que los partidos inicien cuanto antes su reforma. En este punto hay que criticar especialmente la irresponsabilidad del PSOE, porque cuando el reto está en la reducción de la factura de las pensiones, continúa incrementándola. Algo electoralmente muy agradecido, pero que es pan para hoy y hambre para mañana: en estos meses, la factura mensual de las jubilaciones está creciendo a un ritmo mensual del 5% -hasta niveles históricos- y para pagarla hay que recurrir a la deuda. Pero como la deuda también hay que pagarla, queda menos dinero para dedicarlo a la política social. ¿Ven la contradicción?

El futuro de las pensiones pasa inexorablemente por una reducción de las mismas en el futuro porque no hay -ni va a haber- suficientes trabajadores activos para sustentar a los pensionistas. Eso significa que hoy ya es tarde para dejarse de parches y diseñar un modelo sostenible que diversifique los ingresos y controle los gastos. Si leen el último informe anual del Banco de España se darán cuenta de que el Gobierno socialista ha hecho todo lo contrario de lo que allí recomienda el supervisor. Y en este tema, de verdad, es mejor hacer caso al Banco de España. Sobre todo si eres más o menos joven.

miércoles, 15 de mayo de 2019

Rubalcaba y Rajoy


La despedida que dedicó en un artículo que se publicó en varios periódicos, entre otros EL MUNDO, Mariano Rajoy a Alfredo Pérez Rubalcaba fue tan buena que parecía de otra época. En realidad, tuvieron unas vidas en cierto sentido paralelas. Entraron en política casi a la vez y tras más de treinta años de desempeño público, los dos la abandonaron también más o menos a la vez. Apenas un par de años de diferencia.

Hay un hecho común en los dos que me parece importante en estos momentos de la vida política española: Rajoy y Rubalcaba tuvieron una profesión a la que volver cuando consideraron que su tiempo en la cosa pública había pasado, aunque tuvieran fuerzas para seguir aportando a la sociedad. Y los dos volvieron al oficio que habían tenido antes de la política. Rajoy, al registro; Rubalcaba, a la universidad.

Y aquí quiero detenerme. Porque ambos fueron dos políticos profesionales -hicieron de la política su profesión mientras estuvieron en ella-, pero no fueron profesionales de la política -políticos que nunca han ejercido otra profesión que la política-. Y perdón por las repeticiones.

Lo primero te da una cierta libertad de espíritu. Porque tienes algo con lo que ganarte la vida si por cualquier razón se tuerce la carrera política. Si hay algo en el partido al que perteneces que te violenta la conciencia o ves comportamientos que no son lícitos o claramente ilegales tienes la posibilidad de denunciarlo, dejarlo y volver a tu profesión.

En caso contrario, tu vida de depende de la política y no tendrás más remedio que hacer lo que sea por mantenerte en ella y en cargos que te aseguren unos ciertos ingresos. Te será mucho más difícil denunciar las irregularidades. Necesitarás estar en las listas electorales o tener cargos públicos y, para ello, si no estás en la dirección del partido, necesitarás pensar exactamente como quienes están. Y si no queda sitio para ti en una formación, harás todo lo que esté en tu mano por buscarte la vida en otra. Hay demasiados ejemplos de esto último en la política de ahora. Son aquellos y aquellas que llegaron a un partido jóvenes, casi mientras estudiaban, y sin apenas conocer el mundo laboral hicieron carrera en él, ascendiendo hasta conseguir llegar a puestos de relevancia simplemente porque estuvieron cerca de quien había que estar. Son políticos de laboratorio porque, cuando están arriba, no saben vivir fuera del partido que proporciona el escaño o el cargo.

jueves, 8 de noviembre de 2018

La verdad, la realidad y Carmen Calvo

La sorprendente salida de la vicepresidenta del Gobierno el pasado viernes para intentar justificar el cambio de criterio del presidente del Gobierno sobre el delito de rebelión para los encausados por el 'procés' es mucho más que una desgraciada anécdota de quien se queda sin recursos para explicar lo inexplicable. Tiene una inmensa carga de profundidad, por la que Calvo está dispuesta incluso a hacer el ridículo ante los periodistas en la sala de prensa de La Moncloa y ante la sociedad entera. Es el concepto de que no hay más realidad de la que yo creo y, por tanto, la verdad es relativa en función de esa realidad artificialmente creada.
Porque si aceptamos ese cambio de criterio entre lo que en mayo era un delito de rebelión para el líder de la oposición no lo sea cinco meses después para el presidente del Gobierno sólo por el hecho de que ahora es presidente del Gobierno se abre una forma de hacer política sobre la que no se puede objetar nada, salvo su reducción al absurdo.
Porque si seguimos a Calvo se puede justificar ahora que no se derogue la reforma laboral, o que se haya olvidado el famoso impuesto a la banca, o que el PSOE exigiera un pacto por la educación cuando gobernaba el PP y se lo pase por el arco de triunfo ahora que está en el poder.
Porque, según Calvo, da igual que Sánchez dijera cuando estaba en la oposición que nunca pactaría con el independentismo para gobernar y lo hiciera a la menor oportunidad que tuvo para llegar al poder. O que aplaudiese desde la tribuna del Congreso la dimisión de un político alemán por plagiar su tesis y él mismo no dé explicaciones ante su más que flagrante copieteo y sí admita la salida del Gobierno de una de sus ministras por lo mismo.
Decimos que estamos en la era de la posverdad y de la desinformación -no son conceptos sinónimos- y echamos la culpa a algunos medios o a las redes sociales, como si éstas tuvieran vida propia. Pero también hay muchos gobernantes que intentan tergiversar la realidad para acomodarla a sus intereses. Y esto no es sólo propio de Trump, Bolsonaro, Salvini, Farage o Le Pen. Calvo quiso distorsionar la verdad con el Vaticano y le salió mal. Y el viernes lo volvió a intentar. No son anécdotas. Es una forma trapacera de hacer política.

jueves, 13 de septiembre de 2018

La 'verdad política'

DICEN los clásicos que hay dos formas de entender la conducta humana en relación con la verdad. La trascendente y la inmanente. Muy resumido, la primera hace referencia al pensamiento aristotélico, que Antonio Machado resumió en aquel «el ojo que tú ves no es ojo porque lo veas, es ojo porque te ve». Es aquello de que 'la realidad está ahí fuera' y la verdad es adecuarse a ella.

La visión inmanente llegó con el 'cogito ergo sum' del francés René Descartes. Ese 'pienso luego existo' supone colocar a la persona por encima de la realidad, que sólo existe en función de ser pensada.

Es lo contrario del verso de Machado: el ojo es ojo porque tú lo ves. Y tiene muchas repercusiones en la vida cotidiana. Si la realidad se construye según la vamos pensando, los conceptos de verdad y mentira se convierten en términos subjetivos e inestables. La 'verdad política' es el mejor ejemplo de ello.

Da igual decir que tu seña de identidad es bajar impuestos y subirlos a traición en el primer Consejo de Ministros en el que tienes ocasión. O mezclar una verdad objetiva -«Europa no acepta los presos políticos»- con su verdad subjetiva -«en España hay presos políticos»- para concluir que Europa está con el independentismo catalán.

En un momento puedes afirmar que quieres terminar con las puertas giratorias y acto seguido organizar un auténtico carrusel de nombramientos de amiguetes. O prometer que una moción de censura es para convocar elecciones y cuando la has ganado añadir que las elecciones serán «cuando termine la legislatura». O llevar toda una legislatura diciendo que no repetirás en la lista electoral para comunicar finalmente lo contrario cuando llega el momento.

Y hay políticos capaces de dar su apoyo durante tres años y medio a otro partido para que gobierne en una comunidad autónoma y retirárselo diciendo que es el peor Gobierno que ha tenido esa comunidad autónoma en su historia. El grave problema es que quien adecua así la verdad a sus intereses ni siquiera es consciente de que miente porque no entiende la verdad. Y para botón, repasen la entrevista de Quim Torra con Ana Pastor del domingo pasado.

(Publicado en El Mundo el  martes 11 de septiembre. Foto: RTVE)

domingo, 8 de octubre de 2017

Absurdos boicots

Cuando el Banco Sabadell compró el Atlántico al Arab Banking Corporation y al BBVA, en 2003, cambió el nombre por el de Sabadell Atlántico. Años después, tomó la decisión de eliminar el nombre compuesto y en el consejo de administración hubo un debate que ahora viene al pelo. Había quien prefería que el banco siguiera denominándose Sabadell, como toda la vida. Pero otros consejeros consideraban que se podía aprovechar la ocasión para cambiar definitivamente la denominación de la entidad y llamarla simplemente Banco Atlántico, un n9ombre mucho más aséptico, con marca también asentada y sin connotación territorial. Ganó la primera opción y algunos se acordarán ahora de ello.

Una directora de sucursal madrileña de CaixaBank me comentó que estos días le habían llegado clientes pidiéndole la retirada de sus cuentas. No lo hacían por miedo a que la entidad quebrara y perder sus ahorros. Querían abandonar la entidad simplemente porque era catalana. Cambiar de banco es un auténtico fastidio y hay que estar muy cabreado para hacerlo por motivos políticos. Este movimiento de los clientes es una de las razones que han llevado a CaixaBank y al Sabadell a dejar su sede oficial catalana.

Hay otra. La clave del negocio bancario es la prudencia. Y la prudencia de los gestores lleva a considerar un grave riesgo quedarse sin la tutela del BCE y del Banco de España en el supuesto caso de que se llegue a la independencia. Pero eso sería a medio plazo. A corto, lo que pesa para tomar esta decisión es la protección del negocio ante la posible desbandada de clientes. No olvidemos que la puntilla del Banco Popular fue la masiva retirada de fondos de los clientes ante las noticias que surgían sobre el futuro del banco.

¿Tiene sentido ese boicot a La Caixa, Sabadell y a otras empresas catalanas por el hecho ser catalanas? En absoluto. A estas alturas de la globalización, cuesta saber de dónde es cada empresa. Por ejemplo, Seat es de capital alemán, pero tiene su mayor planta en Martorell (Barcelona), con empleados que en su totalidad viven en Cataluña. En cambio, CaixaBank y Sabadell tienen más empleados, más sucursales y más negocio fuera de Cataluña que en esa comunidad. Si la intención es fastidiar a la Generalitat -y que me perdonen en Volkswagen-, haría muchísimo más daño a la economía catalana un boicot a los coches de Seat que una retirada de fondos en esos bancos. Seat genera mucha más actividad directa e indirectamente en Cataluña -y, por lo tanto, más riqueza y más impuestos- aunque sea de capital alemán que los catalanes CaixaBank o Sabadell. Antes de actuar, compensa pensar las decisiones. En pleno siglo XXI, boicotear por sentimientos pseudopolíticos es un absurdo

(Publicado en El Mundo el 5 de octubre)

lunes, 9 de enero de 2017

Mario Soares en 1991






Mario Soares, presidente de Portugal y uno de los políticos con más experiencia de gobierno de los Doce países que integran al Mercado Común, enjuicia en exclusiva para Actualidad Económica los cambios que se están produciendo en Europa y su repercusión en la Comunidad.

El pasado 9 de marzo, Mario Alberto Nobre Lopes Soares comenzó oficialmente su segundo mandato como Presidente de la República de Portugal. Su prestigio actual es tal que el Partido Socialdemócrata de Aníbal Cavaco Silva, en el gobierno, no pudo encontrar un candidato con garantías para hacerle frente en la contienda electoral y decidió apoyar al socialista Soares.

Tiene 66 años. Está casado y tiene dos hijos. Mario Soares resume la historia reciente de Portugal, desde el final de la dictatura salazarista, hasta la revolución de los claveles, los primeros gobiernos democráticos y la presidencia de la República. Es uno de los políticos europeos con más experiencia de gobierno y ha estado presente en todos los pasos de la integración portuguesa a la Comunidad Europea.

¿La Europa que se avecina es la que quería Portugal cuando se incorporó? ¿Cómo se ve desde su país lo que se ha venido a llamar la Europa de las dos velocidades? Desde el momento en que nosotros entramos en la Comunidad Europea, el 12 de junio 1985, hasta ahora, las condiciones se han modificado considerablemente. En primer lugar, tenemos el fenómeno de la perestroika y la caída del comunismo en el mundo, lo que comienza a hacer pensar de verdad en algo que no se había planteado en los organismos comunitarios: Europa como una casa común, que vaya desde el Atlántico hasta los Urales.

Cambio vertiginoso
En 1985 nada hacía prever que esto podría suceder tan rápidamente. Europa estaba dividida en dos y la respuesta de una de las partes fue justamente la creación de la Comunidad Europea.  El gran cambio que se ha producido es que se ha comenzado a hablar de Europa en términos institucionales; no sólamente como un espacio económico, sino como algo más que eso, una Europa con instituciones verdaderamente supranacionales, que desarrollen una política económica común y también que piense en común problemas de política externa y de defensa. Eso que se llama la Unión Económica y Monetaria y la Unión Política, dos proyectos que están en marcha. Personalmente... hablo como presidente de la República, pero subrayo que personalmente, soy favorable a que estos dos proyectos se desarrollen rápidamente.

Pero las transformaciones en los países europeos no comunitarios y su interés por adherirse a la Comunidad, ¿no pueden poner en peligro la unidad de la CE, todavía precaria? La caída del sistema comunista y las transformaciones que están ocurriendo en la Unión Soviética y en los países de Europa del Este -especialmente la reunificación de Alemaniapor un lado, y la crisis del Golfo, por otro, han creado una serie de incertidumbres como, por ejemplo, la situación de inestabilidad creada en el Mediterráneo, radicada en el fundamentalismo islámico. Sin embargo, considero que estas dos coordenadas deberían acelerar la unidad comunitaria y su desarrollo institucional y político.

Por otra parte, no niego que existe el problema los países de la EFTA. Ahora quieren negociar con la Comunidad un espacio económico europeo común y, algunos de ellos, como Suecia, acaban de solicitar su adhesión. Eso supone una nueva ampliación de la CE además de la encubierta que ha sido la integración de Alemania del Este en la República Federal de Alemania.

Ampliación de la CE
Hay que tener en cuenta la pretensión de muchos países que se han separado del Pacto de Varsovia, que han entrado en una vía democrática y de economía de mercado, como Hungría, Checoslovaquia o Polonia. También están a las puertas de la CE, quieren entrar y ya tienen las mismas condiciones que los portugueses y españoles cuando solicitamos la adhesión: después de acceder a la democracia han ingresado en el Consejo de Europa, como Checoslovaquia, o han pedido su ingreso en ese organismo.

Con estas perspectivas, se ampliarán las diferencias entre los países miembros y eso sería perjudicial... Europa, tal y como era concebida en 1985 y tal como hoy tiene que ser encarada, es diferente. Como sabe, se ha empezado a hablar de la teoría de los círculos concéntricos. Un primer círculo, sería el núcleo duro europeo, compuesto por los Doce miembros actuales, que debería avanzar más rápidamente hacia la Unión Económica y Monetaria y la Unión Política. Después, habría un segundo círculo formado por los países de la EFTA, con un nivel de desarrollo económico que en ocasiones es superior a ciertos países de la CE y que no plantean ninguna dificultad mayor que la intención política para integrarse en la Comunidad. El tercer círculo estaría compuesto por los países de Europa Central y Oriental que, con niveles de desarrollo muy inferiores y con problemas económicos, que también quieren entrar en Europa.

Por último, habría que hacer frente a otra cuestión: el futuro de las relaciones con la Unión Soviética, con todos los problemas de la independencia de los países bálticos; y en las últimas semanas ha vuelto a renacer el peligro de libanización de los países balcánicos como Yugoslavia o Albania. Así que el futuro se presenta muy problemático y complejo.

Postura discreta
Muchos observadores han comentado que el conflicto del Golfo ha demostrado que la unión política de los Doce está muy lejos. Es verdad que hay trabas, pero también hay progresos. En este momento estamos discutiendo con detalle proyectos para las diferentes fases de la unión económica y monetaria.

Perseguimos una moneda única, un banco o un sistema de bancos comunes y, por tanto, una política económica y financiera y fiscal común.

No quiero ocultar que existen quienes quieren parar este proceso, especialmente en lo que se refiere a la unión política y a la coordinación de las políticas exteriores y de defensa. Me pregunto si la Comunidad Europea tiene ahora una política de defensa común. Por ejemplo, ¿pudo intervenir, como tal Comunidad, en el conflicto del Golfo? En mi opinión, la posición de la Comunidad en la guerra ha sido discreta, demasiado discreta.

En todo caso, no oculto que soy partidario del desarrollo de la Comunidad Europea porque si no Europa nunca tendrá voz en el concierto internacional y quedará perdida entre los grandes: Estados Unidos y Canadá, con un mercado común ampliado hasta México y Japón, que polarizaría toda la economía asiática.

¿Qué papel le quedaría a la OTAN si se desarrolla una política de defensa propiamente europea? La OTAN tiene que mantenerse y continuará existiendo mientras no se desmantelen las fuerzas militares soviéticas. La Unión Soviética, hoy, es un país casi del tercer mundo en el plano económico, con dificultades y carencias manifiestas. Pero en el plano militar es una superpotencia y Estados Unidos es el único país capaz de hacerle frente.

Solidaridad 
Desde España y desde los países del sur de habla de del Espacio Social Europeo, en contraposición a la Unión Económica y Monetaria ¿Cómo se ve desde Portugal? Todos aquellos que, dentro de Europa, son progresistas y próximos al pensamiento socialista, abogan por ese espacio social europeo. Soy partidario de la llamada Europa de los ciudadanos, como Felipe González, como Bettino Craxi en Italia, Willy Brandt en Alemania y como muchos otros.

Somos partidarios de una carta social del trabajo en Europa y de una condición esencial, que serviría de contrabalanza a la Unión Económica y Monetaria, que es la cohesión social de la Europa comunitaria. Europa no debe ser sólo un espacio de libre comercio, de libre tránsito de personas, capitales y mercancías. Tiene que ser también un espacio de solidaridad, que significa que los países más desarrollados de la CE tienen que ayudar a los menos desarrollados, y aquí entran Grecia, Portugal, España, Irlanda y el sur de Italia, que exigen de los otros socios comunitarios un apoyo en esas regiones más atrasadas.

¿Y esto se podrá empezar a conseguir en 1993? Pienso que sí. No nos podemos quedar en las obligaciones que la Comunidad está contrayendo con los países del Este, con Africa y América Latina y con los países de Lomé. La primera línea de solidaridad tiene que mantenerse en la propia Comunidad para lograr un desarrollo armonioso, con una ayuda especial, específica, a los países más necesitados.

Portugal ocupará la presidencia comunitaria a partir del 1 de enero de 1992. ¿En qué condiciones le gustaría llegar a esa fecha en lo que ahorase está negociando? Evidentemente, me gustaría que se hubiesen realizado avances sustanciales en el campo de la Unión Económica y Monetaria y en la Unión Política, de tal forma que los problemas actuales no recayesen en la presidencia portuguesa.

Por otro lado, deseo que Portugal llegue lo mejor preparada posible para que cumpla de forma prestigiosa sus obligaciones, como ocurrió cuando España ocupó la presidencia, y procuraremos estar a la altura de nuestras responsabilidades.

                                                                                                        Giro copernicano
Cambiando de campo, las relaciones con España han experimentado un cambio radical en los últimos años...  Decisivo. Fue un giro copernicano, de 180 grados. Yo, que estuve en el inicio de este cambio, como amigo de España que soy, me congratulo mucho con eso. España y Portugal ya no están de costas voltadas, sino que buscan la cooperación en todos los dominios, en el campo económico, comercial y quieren la solidaridad interpeninsular.

Tenemos problemas que España tiene que comprender. Los grandes ejes de comunicación hacia Europa pasan por España, y no sólo desde el punto de vista ferroviario o de carreteras, sino también energético. Por ejemplo, queremos una ramificación hasta Portugal en el gaseoducto que viene de Argelia y que entrará a Europa por España.

Todo ello implica una coordinación y, para España, un gran sentido de su propia responsabilidad, porque si es verdad que el espacio europeo tiene que ser solidario, el espacio peninsular lo tiene que ser mucho más. Un desequilibrio grande entre España y Portugal será tan perjudicial para uno como para otro porque supondría el renacer de los resentimientos y de las desconfianzas. Es necesario que nuestros países marchen a un ritmo más o menos semejante y sean capaces de resolver en común sus problemas. No hay que olvidar, además, que las zonas más deprimidas de los dos países son precisamente las zonas fronterizas.

Hace dos o tres años, en España se tenía la impresión de que la inversión extranjera era una invasión. ¿Hay esa sensación en Portugal, sobre todo si se miran las compañías españolas que están cruzando la frontera? Ha habido algunos portugueses que han comentado este problema, sobre todo cuando varios edificios de la Avenida da Liberdade fueron comprados por entidades españolas, o se quejan de que haya demasiadas empresas y bancos españoles importantes que estén operando en Portugal sin grandes contrapartidas. Hay muchos portugueses que ven este hecho con preocupación.

Primer socio
Yo pienso que no hay razón para este tipo de alarma porque una de las consecuencias del desarrollo de la CE es la internacionalización de las economías. Por tanto, es natural que haya una interpenetración, que se creen empresas mixtas, en los dos sentidos, y no solamente españolas, sino de otros países europeos.

También es normal que se haya incrementado tanto el comercio en los dos sentidos. Era prácticamente inexistente durante las dos dictaduras y ahora nuestro principal socio comienza a ser España. Decía Felipe González que las relaciones económicas de España con Portugal tienen una proyección casi idéntica a las de España con todo el mundo latinoamericano.

En España se mira con interés el proceso de reprivatizaciones ¿cómo está ahora la situación? Se está siguiendo el calendario previsto, con algunos atrasos. Hay que andar con algún cuidado en la forma de hacerlas, pero, para mí, es una de las primeras preocupaciones para los próximos años.

¿Y por qué no hay tantas empresas portuguesas en España? Tengo que decir que algunas de las empresas han tenido dificultades. En este momento hay un gran movimiento de compañías de mi país que quieren ir hacia España, tanto de servicios, como industriales y financieras. Como he dicho, la Caixa Geral de Depósitos, que es nuestra principal institución bancaria, está en negociaciones para instalar delegaciones en España. El Banco de Fomento y otros bancos están ya en su país y los clientes de esas instituciones financieras son empresarios que quieren desarrollar sus negocios en España.


sábado, 11 de junio de 2016

La falacia del pacto educativo

La educación. Un asunto recurrente cada vez que llegan unas elecciones, porque los políticos se empeñan en no avanzar para conseguir un modelo de enseñanza en España digno de la mayoría de los países de nuestro entorno. Así, una vez más, la imperiosa necesidad del pacto educativo está en boca de los líderes de todas las formaciones pero, también una vez más, la realidad se da de bruces tozudamente con los deseos.

Siempre he dicho que uno de los males de la enseñanza en nuestro país, en todos los niveles, es su excesiva politización. Recuerdo que en los primeros años de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, durante la Transición, los departamentos se iban formando en función de la tendencia política de sus responsables. Así, se creó la cátedra de Teoría de la Información, de izquierdas, y en paralelo, la de Teoría de la Comunicación, de derechas. Creo que la primera se daba en los cursos pares y la segunda, en los impares. El temario era muy similar en las dos asignaturas, en un caso bajo una perspectiva marxista y en el otro, digamos que liberal. Por supuesto, los profesores se adscribían según sus ideas políticas.

De una forma no tan burda como entonces, y ahora también por endogamia, esos comportamientos se repiten hoy. Así lo explicaba ayer el profesor Enrique Gimbernat en este periódico: «En las oposiciones a puestos de catedrático o de profesor titular, en un 96% de las ocasiones el candidato seleccionado pertenecía al propio Departamento convocante».

¿Por qué creo que va a ser difícil llegar a un gran acuerdo educativo, ya sea en la enseñanza obligatoria como en la universitaria? Lean las noticias sobre el tema de estos últimos días en las webs y en los diarios impresos. Ayer informábamos de que el Gobierno ha apercibido a ocho autonomías y pide explicaciones a otras seis por incumplir la Lomce. Es decir, catorce gobiernos regionales de diecisiete han desobedecido la ley... y de todos los partidos, porque dos de ellos son del PP.

La Lomce es manifiestamente mejorable, pero es la ley educativa vigente y, por tanto, es deber de las autoridades hacer que se cumpla, guardando las competencias autonómicas. No tiene ninguna justificación no hacerlo, pero desde luego es inconcebible esta insumisión en los partidos a cuyos líderes no cesan de hablar del «gran pacto educativo».

Otra información de estos días es la decisión del Gobierno de Cantabria -una coalición entre el Partido Regionalista Cántabro y el PSOE- de cambiar el calendario lectivo y dividir el curso escolar en cinco bimestres con cuatro periodos vacacionales de una semana. No entro a valorar si este modelo es mejor o peor que el vigente, aunque es significativo que haya sido bien recibido por los sindicatos de profesores y mal por las familias. Pero ¿qué necesidad tenía ahora una autonomía de regular al margen del resto de las comunidades y del Gobierno un tema tan importante como el horario escolar? ¿No es esto otra piedra en el camino en la búsqueda de ese acuerdo por la educación?

Hay que situar a los políticos frente a su responsabilidad para que se lo tomen con toda la urgencia que requiere la situación. Estamos inmersos en la Sociedad del Conocimiento. Su desarrollo es la gran ventaja competitiva de un país desarrollado y España está muy retrasada al respecto, aunque despunten ya algunos organismos públicos y privados. Y como las tecnologías avanzan cada vez con más rapidez quedarse en el mismo escalón es retroceder. En román paladino, mantenerse en el turismo y la construcción. Mañana empieza la campaña. Sumen las veces que dirán «pacto educativo».
@vicentelozano

(Publicado en El Mundo el 9 de junio de 2016)