A la espera de la 'gran reforma'

¿Cómo es posible que los mercados reaccionen tan mal si el Gobierno está acometiendo los ajustes que le piden? ¿Por qué la prima de riesgo sigue en zona de peligro y la bolsa en niveles de hace tres años? En gran medida porque estas reformas -como las de educación y sanidad que aprobó ayer el Gobierno- son necesarias, pero siguen sin solucionar los problemas profundos de España. No renuevan de verdad el país, porque sólo rozan una cuestión clave: el enorme peso del Estado en la economía y la desmesura de la Administración. Un ejemplo servirá para explicarlo.

     Imaginemos que Villagrande es una ciudad en la que es necesario crear una red de guarderías. El ayuntamiento tiene varias formas de hacerlo. Primera: el alcalde llama al concejal de Educación para que gestione el tema. El edil elige entonces a un equipo de funcionarios que se meten de lleno a la tarea: trámites legales, búsqueda de locales, realización de las oposiciones para cubrir los nuevos empleos -maestros, cocineros-, convocatoria del concurso para la realización de las obras... Y, más adelante, la información a los ciudadanos, la oferta de plazas y su adjudicación.
    Segunda opción. Un asesor del alcalde toma las riendas y decide que la mejor forma de gestionar la creación de esa red es a través de una sociedad pública, Guarderías Municipales de Villagrande S.A (Gumuvsa), que lleve adelante el proceso. Gumuvsa se constituye con un presidente -el concejal de Educación- y un consejo de administración compuesto por siete miembros. Un director general llevará la gestión, y para ello se necesita contratar a 10 o 12 empleados administrativos, que no tienen por qué ser funcionarios de carrera al tratarse de una empresa y no de un organismo oficial. Por supuesto, Gumuvsa tendrá su sede fuera de las dependencias municipales que habrá que alquilar. Alguien de la nueva empresa buscará -quizá no demasiado lejos de su entorno- los locales necesarios; deberá conseguir un contratista que haga las obras, los maestros, otros puestos de trabajo y las contratas de comedor, material escolar, etcétera... Es posible que si para la primera opción bastaría un presupuesto de 10 millones de euros, la segunda no se llevaría a cabo por menos de 20 millones.
     Pero un alcalde con sentido común pensaría de otra forma. Si no tengo las competencias de educación, ¿por qué meterme en un tinglado en el que no tengo experiencia y me puede a resultar muy caro? Entonces, ese alcalde, que quiere solucionar las deficiencias de su ciudad en este aspecto, se dirige a la Consejería de Educación de su comunidad autónoma y le explica la situación. Y será desde allí desde donde se ponga en marcha el proceso: la consejería sólo tendrá que sumar a su red las guarderías que hagan falta en ese municipio, pero si su sistema es eficaz tendrá ya organizados los trámites administrativos, la contratación de personal, de licitación y desarrollo de las obras...
    ¿Y cuál será la labor del ayuntamiento? Facilitar al máximo las cosas: informar a los ciudadanos, pilotar los procesos de admisión, aportar locales municipales o facilitar una línea de becas si es necesario. Con toda seguridad, el ayuntamiento habrá resuelto el problema con uno coste 5 veces menor que con Gumuvsa. Cierto que el Gobierno regional asume más gastos, pero la suma de inversión de las dos administraciones será muy inferior.
    Y esto es extrapolable a otros servicios como la sanidad. Por ejemplo, ¿para qué queremos los madrileños un Samur municipal si ya existe el Summa autonómico? ¿No será mucho más barato apoyar desde el Ayuntamiento -con recursos o subvenciones- para que los servicios sanitarios de la comunidad lleguen hasta el último rincón de la ciudad sin tener que duplicar equipos y esfuerzos?

    Ésta es la gran reforma que necesita el país. Y la sensatez del tercer caso es lo que piden los españoles y exigen los mercados financieros a todas las fuerzas políticas, porque cambiar esto no es sólo cuestión del Gobierno.

Por qué no nos creen fuera.

Nos quejamos de que Monti o Sarkozy identifiquen a España como la mala de la película económica. Fastidia, pero quizá tengan un poco de razón porque...

Porque el jefe de los funcionarios tilda de gandules e indolentes a todos los empleados públicos ante la sociedad y sin ningún pudor al amenazar con ese «se ha acabado el cafelito y el leer el periódico». Porque el despacho del alcalde en el Ayuntamiento de Madrid, ahora ocupado por Ana Botella, es mucho más grande que el del presidente de Estados Unidos. Porque una entrada de fútbol cuesta dos veces más en España que en Alemania, con un nivel de vida en nuestro país claramente inferior. Porque hemos invertido 1.700 millones en 18 desaladoras y sólo cinco se han puesto en funcionamiento. Porque esas desaladoras producen el agua casi cinco veces más cara, los agricultores no pueden pagarla y se sigue invirtiendo en ellas.

Porque en España existen 77 universidades. Porque los 77 rectores de esas universidades no tienen que dar cuenta a nadie de cómo gestionan sus 77 presupuestos. Porque mientras que en todo Estados Unidos hay sólo 2 institutos de nanotecnología, en España existen 7: creó uno una comunidad autónoma, y otro la de al lado, y otro, y otro... Porque Castilla-La Mancha es la única región ¡del mundo! que tiene todas sus capitales de provincia conectadas por AVE.

Porque alguien proyectó cinco autopistas radiales de peaje en Madrid que no tienen tráfico y ahora el erario tendrá que asumir las pérdidas. Porque el Estado licita una autopista de peaje y cuando está construida una autonomía construye una autovía en paralelo y le hunde el tráfico. Porque el recientemente remozado Aeropuerto de Huesca registró un tráfico de ¡18 pasajeros! en un mes. Porque el Aeropuerto de Ciudad Real, privado pero costeado con dinero público, acaba de cerrar sus pistas. Porque el de Castellón ni siquiera las ha abierto. Porque un español que vive en el País Vasco no puede ser atendido en un hospital de La Rioja aunque viva a unos cientos de metros del mismo.

Porque el gobernador del Banco de España dice en público sin ponerse colorado que la CAM es «lo peor de lo peor» cuando su obligación era evitar que lo fuera. Porque el propio Banco de España permite que los consejos de administración de las nuevas cajas de ahorros estén compuestos casi por las mismas personas que las llevaron a la ruina. Porque el Ministerio de Cultura subvenciona películas de cine que no se llegan a estrenar. Y otras se estrenan y recaudan menos que la propia subvención que han recibido.

Porque un grupo de pilotos se pone de huelga y el Estado no tiene resortes para evitar que tomen como rehenes a los ciudadanos y a todo un sector estratégico como el turismo. Porque a nadie se le ocurre que una caída del 25% en el presupesto público en I+D se puede compensar con el incremento de las aportaciones del sector privado. Porque una simple llamada del inspector de Trabajo al domicilio sirve para que cientos de funcionarios vuelvan a sus puestos de trabajo al día siguiente.

Porque las promesas oficiales del Gobierno de inversión en infraestructuras en una región son directamente proporcionales a la cercanía de unas elecciones autonómicas. Porque el expresidente que deja una comunidad autónoma en la bancarrota responde que «soy un político, no un contable» cuando se le piden explicaciones por su nefasta gestión.

Porque un ayuntamiento organiza un referéndum para cultivar marihuana y así reducir su déficit con la venta de la plantita. Porque todo un ministro de Asuntos Exteriores deja que un presidente extranjero insulte a su país con la excusa de que como se refiere a un Gobierno anterior...

Porque un recorte de 10.000 millones de euros -el 1% del PIB- se anuncia mediante una simple nota de prensa y se presenta apenas diez días después de la elaboración de los Presupuestos. Porque la presidenta de una comunidad autónoma reconoce que las ineficiencias en las administraciones le cuestan al Estado 48.000 millones de euros. Porque... (incluir aquí alguna experiencia particular).

No es pesimismo ni derrotismo. Es el realismo de reconocer dónde estamos para empezar a rectificar.