Reforma laboral: Calviño tiene razón, miremos al futuro y no al pasado

Pedro Sánchez no perdió ni un solo segundo cuando fue elegido por primera vez secretario general del PSOE en anunciar qué pensaba sobre la reforma laboral del PP de 2012. Fue en julio de 2014: «La primera medida que tomará el próximo Gobierno socialista será la de derogar la reforma laboral de Rajoy, para recuperar cuanto antes los derechos de los trabajadores». Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno en junio de 2018 y la reforma laboral se mantiene impoluta en la legislación.

En este tiempo, ha promovido leyes tan complicadas, por lo que exigen de diálogo político y social, como la de educación o de eutanasia, pero no ha tumbado algo de lo que había hecho bandera y que, además, se incorporó al acuerdo de Gobierno con Podemos. «Derogaremos la reforma laboral», se lee en el punto 1.3: «Con carácter urgente derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo» y «a prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales». Ese acuerdo no contempla terminar con la fuerte reducción de las indemnizaciones por despido, por cierto.

La realidad es que la denostada reforma laboral de Fátima Báñez sigue vigente casi cuatro años después de que Pedro Sánchez alcanzara la presidencia del Gobierno. Aquel «derogar la reforma laboral» fue aguado por los socialistas por un «derogar los aspectos más lesivos» de la misma y, en estas semanas, todavía se ha diluido más en el concepto de «modernizarla».

Que siga vigente la legislación laboral del PP no es malo para la economía ni para los trabajadores. Ha logrado que en España se creara empleo neto por primera vez creciendo por debajo del 2% del PIB, y en los años de bonanza puso el caldo de cultivo para generar más de tres millones de puestos de trabajo más de 400.000 al año, algo nunca visto. Además, y al contrario de lo que podía parecer, en estos años ha aumentado el peso del empleo fijo sobre el temporal.

Por eso, es una imprudencia intentar cargarse lo que está funcionando y, sobre todo, es una temeridad hacerlo cuando España y los españoles necesitan que se cree empleo. Cuatro millones de parados, más de un millón de autónomos en cese de actividad y casi 900.000 trabajadores en ERTE son razones suficientes.

Por eso hay que ponerse de parte de los empresarios, que consideran que no es el momento de tocar lo que ha funcionado y lo que volverá a funcionar cuando llegue la recuperación. Poner trabas a la contratación o dificultar la negociación colectiva en estos momentos es colocar palos en las ruedas del empleo. Es así, por mucho que los sindicatos y Podemos digan lo contrario, en especial las cúpulas sindicales no los comités de empresa, mucho más pragmáticos por moverse en la realidad de las compañías que continúan defendiendo al empleado con trabajo fijo y dejan de lado al que quiere incorporarse al mercado laboral, como los jóvenes y los parados.

Tiene razón Nadia Calviño al afirmar ayer en Onda Cero que hay que mirar al futuro del mercado laboral con dos líneas fuerza inexcusables: la reducción de la dualidad en los empleos entre fijos y temporales y el insoportable paro juvenil, que supera el 40%. Eso tiene poco que ver con la derogación de la reforma laboral del PP.

(Publicado el El Mundo el 19 de marzo de 2021)

"Los contribuyentes nos pagan para solucionar problemas"

La tasa de paro EPA pasó del 26,94% de la población activa en el primer trimestre de 2013 al 13,78% de final de 2019 gracias a la reforma laboral de 2012. ¿Han sido empleos precarios? Sí, pero probablemente no mucho más que los creados antes de la modificación. Por ejemplo, la temporalidad de la contratación no está en los niveles más altos de la historia reciente. Y según las estadísticas oficiales, el salario medio anual en España ha pasado de 24.160 euros en 2009 a 25.537 en 2019. 

Es cierto que se ha producido una devaluación de sueldos en trabajos menos cualificados y que, en una etapa de mucho paro, algunos salarios tienden a descender por el exceso de demanda. Pero la reforma laboral de Fátima Báñez no ha sido un fracaso. Claro que admite correcciones, pero pedir su derogación cuando ha conseguido una etapa de crecimiento del empleo como nunca en nuestro país es una irresponsabilidad. 

Como ha dicho el vicepresidente de lo social, en el acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE se hablaba de la derogación de la reforma laboral. Y, a continuación se especificaban los aspectos más urgentes para empezar:

"Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos.
En concreto y con carácter urgente:
-Derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad.
-Derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.
-Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

Asimismo,
-Modificaremos el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.
-Limitaremos la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa.
-Revisaremos el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.

El documento no hablaba de la urgencia de eliminar, por ejemplo, la reducción de las indemnizaciones por despido, sino que hacía hincapié en la negociación colectiva, que quitaba poder a las cúpulas sindicales en la negociación de los convenios y lo trasladaba a los comités de empresa -o a las representaciones de los trabajadores donde no los hubiera-. Al menos, a ello hay que remitirnos porque, como dice Pablo Iglesias, está "cristalino" en el acuerdo. Ahí está para la izquierda el aspecto más lesivo de la reforma: la pérdida de poder, no de los sindicatos, sino de las cúpulas sindicales -sectoriales y territoriales- en el proceso de negociación colectiva.

Además de cargarse lo de "impulsaremos en el marco del diálogo social", el acuerdo entre el Gobierno y Bildu supone meterse en un berenjenal de cambios legislativos en el mercado de trabajo en un momento clave para España que es infantil. Cuando el 40% de la población activa -nueve millones de españoles- está en situación de paro, bien por que no tienen trabajo o porque se encuentran inmersos en expedientes temporales de regulación de empleo, es de suicidas plantear de forma unilateral una revisión total del mercado laboral.

Tiene razón la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, al calificar de "absurda" la derogación de la reforma laboral y explicar que "los contribuyentes nos pagan para solucionar problemas, no para crearlos". A la espera de que se pronuncie Pedro Sánchez sobre el asunto, Calviño 'for president', si no es otro miembro del Gobierno que miente, claro.

¿Qué fue de los sindicatos?

Probablemente éste haya sido el Primero de Mayo sindical más triste de los últimos años porque los sindicatos han perdido buena parte de la influencia social que han tenido en España desde la reinstauración de la democracia. Hoy, bajo el lema "Así no salimos de la crisis", UGT y CCOO han convocado manifestaciones en 80 localidades españolas, pero sus voces se van a oír menos que nunca. ¿Qué ha ocurrido para que en el momento de más precariedad laboral, con el desempleo todavía desbocado, con un paro juvenil en el 50%, los sindicatos pinten menos que nunca en el panorama económico nacional?

Hay factores, digamos, endógenos, que se refieren a su propio funcionamiento. Los escándalos de UGT en los cursos de formación y en los ERE han terminado por minar su credibilidad y ha arrastrado a la otra gran central, CCOO .

Las informaciones destapadas por este periódico sobre el despilfarro ugetista de dinero público para los parados en Andalucía -cenas con gambas y rebujitos, o regalos de bolsos de marca pirateados, incluidos-, que han tenido ramificaciones en otras federaciones como la extremeña, la madrileña o la balear, han llevado la imagen sindical a mínimos históricos, que dirían los analistas. Tampoco ha ayudado la aparición de destacados dirigentes de los dos sindicatos en procesos penales un tanto vergonzosos como el caso de las tarjetas black de la antigua Caja Madrid. Y, en estos tiempos en los que se exige claridad en las cuentas públicas y en las organizaciones, las centrales tampoco han sido un adalid de la transparencia.

Pero también hay otras razones externas que explican esta caída de la influencia de los sindicatos. España es de los países de la OCDE con menos afiliación sindical, que nunca ha superado el 15,9% de los trabajadores. En 2014, por ejemplo, UGT y CCOO decían que contaban entre ambos con dos millones de afiliados. Sobre una población activa de 22,8 millones de personas, supone apenas un 8,7% del total. Es posible que el fuerte aumento del paro haya provocado una salida masiva de afiliados, pero en ningún caso el nivel de representación se corresponde con el inmenso poder que han tenido UGT y CCOO en la política española.

¿De dónde viene, pues, esa tremenda influencia? Básicamente, de un sistema de negociación colectiva en el que los sindicatos han llevado la voz cantante. El modelo en cascada, que otorgaba más peso al convenio nacional o general que a los acuerdos que alcanzaran los comités en cada empresa, dejaba en manos de las cúpulas sindicales -más alejadas como de la realidad concreta de cada compañía- decisiones clave para la vida empresarial como las subidas salariales, la remuneración de la productividad o la flexibilidad de la jornada laboral. A esto se añade la ultraactividad de los convenios, que es la aplicación automática de un convenio vencido o denunciado más allá de la vigencia prevista en los acuerdos, lo que podía prolongar sine die unas condiciones laborales pactadas dos o tres años antes pero a lo mejor ya no válidas cuando había que negociar uno nuevo.

La reforma laboral de 2012 decretada por el PP terminó con este modelo al primar los convenios de empresa sobre cualquier otro, con lo que se facilitó el denominado descuelgue; es decir, la posibilidad de no aplicar en una compañía las condiciones pactadas en el convenio colectivo sectorial o territorial aduciendo simplemente causas económicas. Además, la reforma de Báñez rebajó considerablemente la ultraactividad de los convenios, al reducir a un año la renovación automática de las condiciones pactadas. Probablemente estos dos cambios son mucho más determinantes para el mercado laboral que el abaratamiento del despido o los nuevos tipos de contratos. Y el objetivo de esas dos medidas ha sido restar poder a los sindicatos. Se entiende así que una de las medidas clave de las propuestas laborales de Pedro Sánchez es devolver a la negociación colectiva el poder que le ha quitado el PP.

A las consecuencias de la reforma laboral se unirá la pérdida del control sindical -y también empresarial- de los fondos de formación, que como se ha comprobado en los últimos años, ha nutrido de forma fraudulenta las cuentas de las centrales sindicales. Sin la negociación colectiva y sin fondos de la formación los sindicatos no son lo que fueron.

Twitter: @vicentelozano

(Publicado en El Mundo el 1 de mayo de 2015. La foto es de El Norte de Castilla)

No pagar al que no quiera trabajar

"Gano 1.200 euros en el paro y me quedan quince meses. Ya me plantaré trabajar cuando llegue el momento". Me lo decía casualmente alguien con quien he coincidido este verano pocos días antes de que el Gobierno hiciera pública su intención de retirar las prestaciones por desempleo a los parados que no acepten un trabajo o no acudan a los cursos de formación que les proporcione el servicio estatal de empleo.

Quizá sea una de las medidas más acertadas que pueda tomar el Ejecutivo para intentar poner remedio un anquilosado sistema de protección del desempleo que se ha basado -con todos los Gobiernos- simplemente en dar un dinero al que no tiene trabajo en lugar de promover de forma activa su reincorporación al mundo laboral, bien con un nuevo trabajo o bien facilitando su reinserción con cursos de formación específicos.

Pero no olvidemos que ése es ya el objetivo principal del Servicio Público de Empleo Estatal –el antiguo INEM- y los resultados prácticos defraudan absolutamente: como publica hoy Elmundo.es, sólo el 3% de los contratos que se firman en España se sellan gracias a la gestión del servicio público; es decir, se encuentra absolutamente al margen de la realidad del mercado laboral español.

Algo lógico, por otra parte, si tenemos en cuenta por ejemplo, como señala el mismo reportaje de Begoña P. Ramírez, que de los 39.000 millones de euros que gestionan los Servicios Público Estatal de Empleo, 31.000 millones se destinan al pago de las prestaciones de los parados y sólo 941 millones se dedican a cursos de formación para desempleados.

Es muy positivo que el Gobierno haya bajado a la realidad en un tema espinoso y no se haya dejado llevar por el electoralismo. Pero todavia hay que ver con qué recursos va a contar el Ministerio de Trabajo para va a llevar a cabo esta propuesta. En definitiva, el antiguo INEM tendrá que gestionar en serio los curriculum de 4,6 millones de parados -esperemos que menos cuando entre en viigor el nuevo sistema- si quiere convertirse en una verdadera agencia de colocación. Imposible con los medios actuales. Veremos con la reforma.