sábado, 23 de mayo de 2020

Hace falta una entrevista con el presidente

Hay que reconocer que es complicado organizar una rueda de prensa telemática o a control remoto como las que hace el presidente del Gobierno cada semana desde Moncloa La Secretaría de Estado de Comunicación tuvo que admitir las preguntas de los periodistas después de que El Mundo y otros medios se negaran a cubrirlas pero, aún así, todavía dejan mucho que desear, entre otras cosas, porque los informadores no tienen la capacidad de repreguntar. Así, si Pedro Sánchez, no quiere contestar a un asunto, nadie tiene capacidad de reorientarle para que responda a lo que se le ha preguntado. En realidad, eso debería hacerlo el moderador de la rueda de prensa, es decir, Miguel Ángel Oliver, pero claro...

Hoy, sábado 23 de mayo. Han quedado algunas cuestiones pendientes sobre preguntas realizadas. El presidente ha dicho que no hay contradicción entre el "acuerdo cristalino" y el "pacta sunt servanda" del vicepresidente segundo sobre la derogación de la reforma laboral y lo "absurdo y contraproducente" que sería hacerlo, según la vicepresidenta tercera.

Ha hablado en tres ocasiones sobre ese acuerdo firmado por su partido con Bildu... sin citar a Bildu. Ha referido que en el pleno del miércoles pasado sólo se trataba de prorrogar el estado de alarma y por eso hubo que firmar ese pacto con Blidu ,-¡cuyo primer punto trataba sobre la reforma laboral!-.

No ha comentado nada sobre la polémica sobre el uso obligatorio de las mascarillas, que ha estado esta semana en la opinión publica, después de que Fernando Simón dijera que no se recomendó su uso porque no había suficientes para los ciudadanos. Y le ha dado un repaso importante a su ministro de Consumo cuando ha hablado sobre el turismo, sin que haya habido oportunidad de preguntarle sobre el tema.

Las ruedas de prensa no deberían ser fáciles para un político, para cualquier político. Éstas lo están siendo para el presidente del Gobierno y no porque los periodistas no saquen los temas que están en la opinión pública, sino porque no le está siendo complicado escaquearse de las cuestiones incómodas. Ahora que la tormenta parece que empieza a amainar, el país agradecería una entrevista con Pedro Sánchez con dos o tres periodistas avezados. Como las que los políticos suelen conceder en las campañas electorales. Más o menos.

jueves, 21 de mayo de 2020

"Los contribuyentes nos pagan para solucionar problemas"


La tasa de paro EPA pasó del 26,94% de la población activa en el primer trimestre de 2013 al 13,78% de final de 2019 gracias a la reforma laboral de 2012. ¿Han sido empleos precarios? Sí, pero probablemente no mucho más que los creados antes de la modificación. Por ejemplo, la temporalidad de la contratación no está en los niveles más altos de la historia reciente. Y según las estadísticas oficiales, el salario medio anual en España ha pasado de 24.160 euros en 2009 a 25.537 en 2019. 

Es cierto que se ha producido una devaluación de sueldos en trabajos menos cualificados y que, en una etapa de mucho paro, algunos salarios tienden a descender por el exceso de demanda. Pero la reforma laboral de Fátima Báñez no ha sido un fracaso. Claro que admite correcciones, pero pedir su derogación cuando ha conseguido una etapa de crecimiento del empleo como nunca en nuestro país es una irresponsabilidad. 

Como ha dicho el vicepresidente de lo social, en el acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE se hablaba de la derogación de la reforma laboral. Y, a continuación se especificaban los aspectos más urgentes para empezar:


"Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos.
En concreto y con carácter urgente:
-Derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad.
-Derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.
-Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales
.
Asimismo,
-Modificaremos el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.
-Limitaremos la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa.
-Revisaremos el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.


El documento no hablaba de la urgencia de eliminar, por ejemplo, la reducción de las indemnizaciones por despido, sino que hacía hincapié en la negociación colectiva, que quitaba poder a las cúpulas sindicales en la negociación de los convenios y lo trasladaba a los comités de empresa -o a las representaciones de los trabajadores donde no los hubiera-. Al menos, a ello hay que remitirnos porque, como dice Pablo Iglesias, está "cristalino" en el acuerdo. Ahí está para la izquierda el aspecto más lesivo de la reforma: la pérdida de poder, no de los sindicatos, sino de las cúpulas sindicales -sectoriales y territoriales- en el proceso de negociación colectiva.

Además de cargarse lo de "impulsaremos en el marco del diálogo social", el acuerdo entre el Gobierno y Bildu supone meterse en un berenjenal de cambios legislativos en el mercado de trabajo en un momento clave para España que es infantil. Cuando el 40% de la población activa -nueve millones de españoles- está en situación de paro, bien por que no tienen trabajo o porque se encuentran inmersos en expedientes temporales de regulación de empleo, es de suicidas plantear de forma unilateral una revisión total del mercado laboral.

Tiene razón la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, al calificar de "absurda" la derogación de la reforma laboral y explicar que "los contribuyentes nos pagan para solucionar problemas, no para crearlos". A la espera de que se pronuncie Pedro Sánchez sobre el asunto, Calviño 'for president', si no es otro miembro del Gobierno que miente, claro.

miércoles, 20 de mayo de 2020

Echenique no se acuerda de que es Gobierno

El vídeo (de @DavidJar_) se ha hecho viral en Twitter: en la calle Núñez de Balboa de Madrid, núcleo de las primeras manifestaciones contra el Gobierno en el barrio de Salamanca, una señora mayor hurga en los cubos de la basura mientras un grupo de ciudadanos pasa a su lado con cacerolas y banderas de España en la cintura o atadas a modo de capas al grito de "libertad". Según se iba difundiendo, las imágenes recogían comentarios de todo tipo: "la España de hoy". "España en 39 segundos", "la España que quiere la ultraderecha", "la España del Gobierno socialcomunista"...

El que más me ha sorprendido de los que he leído ha sido el de Pablo Echenique, que retuiteaba el vídeo en cuestión con el comentario "En resumen", Es decir, el portavoz parlamentario de Podemos compendiaba en esa imagen -como mucha gente- lo que está pasando estos días en el país. Supongo que quería contraponer la imagen de los 'cayetanos' del centro de la capital con la de la señora -del mismo barrio- que busca comida.

Pero no sé si de dio cuenta de que ese "en resumen" va directamente contra el Gobierno del que su partido forma parte. Porque las protestas -aunque sean de pijos del barrio de Salamanca- se dirigen  contra la gestión del Ejecutivo de Sánchez e Iglesias en la pandemia y porque si la señora del cubo de basura está ahí es porque el Gobierno de Sánchez e Iglesias ha sido incapaz todavía de darle la cobertura social necesaria: la España, pues, que refleja ese vídeo es la España del PSOE y de Podemos.

Decía César Calderón hace unos días en un coloquio que será difícil que Podemos aguante desde el Gobierno la oleada de protestas sociales que vendrán al hilo de la depresión económica. Están empezando a sentirlas y parece que algunos de sus líderes piensan que la cosa no va con ellos.

sábado, 16 de mayo de 2020

Una subida de impuestos de 80.000 millones... para todos

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado en El País que tenemos margen para una subida fiscal: “España tiene una distancia de presión fiscal en la media europea y nuestro país ha de abordarlo. Llegar a esa recaudación nos colocaría casi en 80.000 millones de euros más [al año]”.

Díaz comenta a la vez que, como hay que proteger a las clases trabajadoras, "necesitamos tener margen de actuación para bajar impuestos a clases medias, autónomos y pequeñas empresas", para concluir que en España “hay consciencia de una enorme injusticia fiscal, de que las rentas salariales soportan sustancialmente los recursos tributarios. Los que más tienen, deben aportar más”.

El resumen es: en España hay margen para recaudar 80.000 millones de euros más a través de impuestos, pero no se lo vamos a pedir a la clase trabajadora, sino a los que más tienen. Perfecto. Pero eso es una contradictio in terminis. Para recaudar 80.000 millones más hay que pedírselos a todos los contribuyentes.

Veamos. En 2019, la recaudación por impuestos ascendió a 212.000 millones de euros. De ellos, 86.000 millones de debieron al Impuesto sobre la Renta, 71.000 millones al IVA y 23.000 millones, al Impuesto sobre Sociedades. El resto se lo llevan otros menores.

Conseguir 80.000 millones más al año es como si se recaudara de un año para otro el doble por el IRPF o se multiplicara por cuatro el de Sociedades o se duplicaran los ingresos fiscales por IVA.

Es materialmente imposible aumentar la recaudación en esos 80.000 millones pensando solo en los ricos y en las empresas. Si esa idea se pusiera en marcha, el hachazo fiscal -y qué hachazo- sería para todos los ciudadanos.

miércoles, 13 de mayo de 2020

Facebook como árbitro de la libertad de expresión

En enero de 2018, en el post que sube todos los inicios de año Mark Zuckerberg para los usuarios de la red, incluyó un propósito para el ejercicio que acababa de empezar: “arreglar Facebook” (to fix Facebook): “Mi desafío personal para 2018 es centrarme en solucionar estos problemas importantes. No evitaremos todos los fallos o abusos al aplicar nuestras políticas y evitar el uso indebido de nuestras herramientas, pero ahora cometemos demasiados errores”. Todavía no había saltado el escándalo de Cambridge Analytica, pero la red social por antonomasia ya era criticada por su papel en el ascenso a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump un par de años antes.

No le apetecía demasiado la idea al fundador. Zuckerberg reconocía que los problemas que tenía enfrente eran complejos “técnica y filosóficamente”, porque afectaban a la razón de ser de Facebook: de ofrecer una herramienta para poder “compartir todo con todos”, a tener que dirigir y controlar ese tremendo flujo de comunicaciones. “No queremos ser árbitros de la verdad ni desalentar el intercambio de opiniones”, decía.

Pero no ha tenido mas remedio que claudicar. Y, además de otras cuestiones importantes en el desarrollo de la red social, su fundador ha creado un consejo editorial/tribunal supremo/consejo asesor compuesto por 20 personalidades de todo el mundo, que se encargarán, nada menos, de vigilar la libertad de expresión en Facebook. Su nombre oficial es oversight board. Es independiente de Facebook, con presupuesto propio -aunque se lo proporciona la propia red social- y está compuesto por personas relevantes del mundo del derecho, de internet y del periodismo. Ellos serán los responsables de decidir qué es libertad de expresión en Facebook.

Alan Rusbridger, director de The Guardian durante una veintena de años, es uno de los miembros de ese consejo. Publicó en su página de Medium las razones que le han llevado a aceptar el nombramiento:

“¿Por qué he aceptado unirme? La crisis mundial de Covid-19 que vivimos ejemplifica los peligros mortales de un mundo de caos informativo. Las sociedades y las comunidades no pueden funcionar a menos que haya un consenso sobre los hechos y la verdad. Y el coronavirus es, de alguna manera, simplemente un ensayo general para los desafíos aún mayores como el cambio climático.

Al mismo tiempo, hay una crisis de libertad de expresión, con oligarcas, líderes populistas y algunas corporaciones que tratan de deslegitimar y reprimir las voces de quienes los desafían. Finalmente, hay una crisis del periodismo: tanto el modelo económico que lo sustenta como los niveles generalmente bajos de confianza que goza en gran medida. Facebook se encuentra en el centro de estas crisis entrelazadas, y no es difícil ver por qué está atado tratando de resolver algunas de ellas”.

“¿Funcionará?”, termina Rusbridger: “En mi opinión, no hay excusa para no intentarlo. El equilibrio entre la libertad de expresión y la necesidad de una plaza pública mejor organizada es una de las causas más urgentes que puedo imaginar”.

Facebook tiene más de 2.000 millones de usuarios registrados en todo el mundo. Junto con Google, concentran más del 60% de la publicidad digital que se mueve en el planeta. Es un monstruo de la comunicación que va a estar asesorado por veinte personas -serán cuarenta en el futuro- sobre qué contenidos se pueden mover libremente por la red y cuáles no. Un grupo de escogidos que va decidir qué pueden contar los ciudadanos y qué no en todo el mundo. El propósito es apasionante, pero suena inquietante y peligroso.
Muchas repercusiones en el mundo de la política y de los medios. Seguiremos comentando.

sábado, 9 de mayo de 2020

El tuit de la revancha

A Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, no le han salido bien las cosas desde el punto de vista político en los últimos días. Ha tenido que rectificar lo que en un principio fue uno de sus éxitos: dar comida a los niños de la familias necesitadas que se habían quedado la del colegio, y le ha dimitido su directora general de Salud, Yolanda Fuertes, porque no estaba dispuesta a firmar la petición de la Comunidad de pasar a la Fase 1 de la desescalada.

La razón es que Ayuso consideraba que estaba en condiciones de controlar un posible repunte de la pandemia y prefería que la región volviera cuanto antes a la actividad económica. Fuentes decía que no, que todavía había que fortalecer el sistema sanitario antes que dar el siguiente paso. Al final, el propio consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, reconoció que Madrid no podía pasar el día 11 a la fase 1 del plan de desescalada. Como ha ocurrido.

Y al PSOE, el partido del Gobierno, le ha faltado tiempo para politizar de forma rastrera este tema y caer en la misma actitud que critica desde el Ejecutivo a los partidos de la oposición: tirarse a la cara los muertos. Ese "el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ejemplo de gestión ineficaz e irresponsable ante la crisis del Covid" suena a revancha, ante una gestión que desde los ciudadanos era mucho mejor vista que la del propio Gobierno. El PSOE quiere hacer del grave error de Ayuso un arma de revancha para tapar las propias miserias. Las que lleva acumulando desde el inicio de la crisis. Y cae en el error del que deberíamos salir todos: la politización del dolor.

Sí. Lo hacen casi todos los partidos contra el Gobierno. Pero ahora sería muy cínico que el propio Gobierno lo criticara.