La encrucijada de las pensiones públicas en Europa

¿Están garantizadas en el futuro las pensiones públicas? Absolutamente. ¿Están garantizadas en el futuro unas pensiones públicas como las conocemos ahora? En absoluto.

Éste puede ser el resumen del estado de las prestaciones por jubilación que reciben y recibirán los europeos en los próximos años y decenios. Los sistemas de Seguridad Social, uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar, están haciendo agua, y los gobiernos se afanan ahora –quizá demasiado tarde– en intentar reconducirlos para evitar que ahogue las cuentas públicas. En España, por ejemplo, el pago de las pensiones supone ya el 12% del PIB y sigue creciendo.

El tema es que esa reconducción lleva indefectiblemente a una reducción de las prestaciones a las que tienen derecho los ciudadanos, y estos se resisten a perder sus derechos adquiridos. Esto es lo que tiene levantada en estos días a buena parte de la sociedad francesa, que reclama al Gobierno que retire una reforma que consideran lesiva.

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La difícil economía de un país de jubilados

Los economistas José Ignacio Conde-Ruiz y Clarisa I. González acaban de publicar una entrada en el interesante blog Nadaesgratis.es sobre el futuro de la población española cuyo título ya previene para lo que va a pasar: «España ante un futuro demográfico envejecido por la longevidad». Los autores comparan los últimos estudios oficiales publicados por el INE, la AIReF y Eurostat. Los tres informes analizan la evolución demográfica en función de la tasa de fecundidad, de la esperanza de vida y los flujos migratorios. Con buen criterio, los autores consideran que «ser capaces de entender los cambios demográficos del futuro es fundamental para anticipar los principales retos a los que se va a enfrentar la economía en las próximas décadas». Es importante esto de «las próximas décadas», porque los políticos, generalmente, suelen tener la legislatura como unidad de tiempo político.

El resumen de los tres análisis es el siguiente: la tasa de fecundidad va a crecer algo de aquí a 2050, hasta 1,4 hijos por mujer fértil, pero seguirá muy lejos de los 2,1 hijos que se necesitan para garantizar el reemplazo generacional. La esperanza de vida seguirá aumentando hasta llegar en 2050 a los 90 años en las mujeres y los 85 años en los hombres. En cuanto a los flujos migratorios, serán las entradas netas de inmigrantes las que soporten el crecimiento de la población ya que «el saldo vegetativo (nacimientos menos fallecimientos) sería negativo en todo el periodo de proyección», es decir, hasta 2050, dicen Conde-Ruiz y González.

De esta forma, la tasa de dependencia a partir de 67 años -la relación entre los mayores de esa edad y la población que tiene entre 16 y 66 años- casi se va a duplicar en los próximos treinta años hasta alcanzar niveles del 50%: habrá casi tanta gente mayor de 67 años como personas entre 16 y 66.

Conde-Ruiz y González concluyen que la economía española se enfrenta a unos retos importantes. El primero es la "sostenibilidad de las finanzas públicas" por el inevitable aumento de las partidas destinadas a las pensiones, a la sanidad y a la dependencia. El segundo tiene que ver con "la productividad de una población cada vez más envejecida". Y el tercero, con la disminución de las tasas de ahorro, lógicamente "menores al aumentar la población de jubilados".

En otras palabras, el envejecimiento de la población va mucho más allá del mero sostenimiento del sistema de pensiones público. Están bien las medidas aprobadas en el Pacto de Toledo o última propuesta de José Luis Escrivá de colocar un plan de pensiones de empresa a cada trabajador. Pero eso es poner parches que no solucionan una situación preocupante.

El envejecimiento de la población afecta a toda la economía del país, desde la reducción de ingresos públicos, porque el Estado recaudará menos impuestos -habrá menos nóminas que coticen y menos consumo-, hasta el aumento constante de las partidas de gasto social con esos ingresos cada vez más escasos. Gasto necesario, pero que va en detrimento del más productivo como la educación, la ciencia, o la inversión industrial. Sin olvidar la paulatina debilitación de una fuerza laboral cada vez más envejecida. En ello hay que pensar fundamentalmente para planificar la España de 2050.

(Publicado en El Mundo el 13 de noviembre de 2020)

Responsabilidad con las pensiones

• acabar con el trato de favor a lospensionistas y fijar el copago farmacéutico según la renta

Todos los organismos nacionales e internacionales, públicos y privados, han advertido sobre el futuro de las pensiones en España. La OCDE, el FMI, la Comisión Europea, el Banco de España, Fedea, la AIReF, CEOE, los servicios de estudios... Todos... menos los partidos y el Gobierno que en su momento ha estado en el poder. Y es de una grave irresponsabilidad. Porque esos políticos irresponsables saben, como los economistas que alertan, que las pensiones públicas no dan para más tal y como están ahora constituidas.

Quizá, el momento en el que más cerca se estuvo de lograr una reforma sensata fue la que propuso la comisión encargada por Cristóbal Montoro y presidida por Manuel Lagares... pero el propio Gobierno popular metió en un cajón la propuesta.

Este periódico se hizo eco de un estudio de la AIReF que debería preocupar. El organismo fiscalizador concluía, a la vista de importe medio de las pensiones y de los salarios, que es absurdo continuar distinguiendo para reducir el pago de las medicinas entre jubilados y trabajadores, sencillamente porque, en estos momentos en España, el poder adquisitivo de las pensiones es mayor que el de muchos salarios. ¿Por qué tiene que dejar de pagar una medicina un pensionista que vive solo y recibe 2.000 euros mensuales y sí lo tiene que hacer un funcionario que gana 1.800 y tiene dos hijos? ¿No es más lógico establecer el copago en función de la renta y no según el modo en el que ésta se obtiene?

Es un ejemplo más del galimatías en el que se ha convertido nuestro modelo de Seguridad Social porque todavía nadie se ha puesto a reformarlo en la profundidad que necesita. Cierto que en las últimas décadas se han puesto algunos remedios -elevación del número de años de cotización, cambios en el cómputo para recibir la pensión máxima...- pero otras han caído en saco roto, cuando no se han retirado incluso tras entrar en vigor, como el modo de cálculo de la revalorización anual.

El Banco de España acaba de advertir de nuevo sobre la obsolescencia del modelo y la imperiosa necesidad de que los partidos inicien cuanto antes su reforma. En este punto hay que criticar especialmente la irresponsabilidad del PSOE, porque cuando el reto está en la reducción de la factura de las pensiones, continúa incrementándola. Algo electoralmente muy agradecido, pero que es pan para hoy y hambre para mañana: en estos meses, la factura mensual de las jubilaciones está creciendo a un ritmo mensual del 5% -hasta niveles históricos- y para pagarla hay que recurrir a la deuda. Pero como la deuda también hay que pagarla, queda menos dinero para dedicarlo a la política social. ¿Ven la contradicción?

El futuro de las pensiones pasa inexorablemente por una reducción de las mismas en el futuro porque no hay -ni va a haber- suficientes trabajadores activos para sustentar a los pensionistas. Eso significa que hoy ya es tarde para dejarse de parches y diseñar un modelo sostenible que diversifique los ingresos y controle los gastos. Si leen el último informe anual del Banco de España se darán cuenta de que el Gobierno socialista ha hecho todo lo contrario de lo que allí recomienda el supervisor. Y en este tema, de verdad, es mejor hacer caso al Banco de España. Sobre todo si eres más o menos joven.

(Publicado en El Mundo el 30 de mayo de 2019)

Pensiones: nos engañan a corto o nos engañan a largo

Recordemos algunas noticias sobre las pensiones que hemos leído en los últimos días. No hace falta irse demasiado hacia a atrás en el tiempo. Una: La nómina mensual de las jubilaciones lleva dos meses subiendo a un ritmo anual del 5% y supera los 9,2 millones de euros, debido a que se aplica la revalorización con base en el IPC aprobada por el Gobierno de Rajoy. Dos: Los últimos Ejecutivos se han fumigado ya el préstamo de 15.000 millones de euros solicitado al Tesoro -hacerse trampas en el solitario, se llama- para pagar las pensiones y el Ministerio de Trabajo ha dicho que necesitará tirar del fondo de reserva para pagar los 7.000 millones que suponen la extra de diciembre, con lo que la denominada hucha de las pensiones pasará a mejor vida.
Tres: El déficit de la Seguridad Social va a superar los 18.000 millones de euros este ejercicio. Cuatro: Después de decenios en los que los distintos gobiernos se han cansado de decir que las pensiones están garantizadas, por fin una voz oficial autorizada baja a la realidad y afirma que el modelo actual no es viable más allá de los 10 años: «El sistema tiene arreglo para los próximos 10 años, pero luego habrá que volver a pensarlo», comentaba el miércoles el secretario general de la Seguridad Social, Octavio Granado. Y añadía la causa que éste y otros Ejecutivos se han negado a poner en primer plano hasta ahora: la evolución demográfica en España, que llevará en los próximos años a la jubilación de la generación del baby boom.

En otras palabras, Granado dijo que o se le da la vuelta al sistema o se va al garete. Esto quiere decir que si usted tiene menos de 55 años -y a lo mejor lleva ya 25 cotizando- no tiene garantizada en estos momentos una jubilación digna... por la que ha estado pagando al Estado todos esos años de carrera profesional.
Y cinco: Con todo esto, es decir, con el sistema haciendo agua y con fecha de caducidad puesta ya casi oficialmente, los señores diputados del Pacto de Toledo deciden un acuerdo de revalorización anual que incluye una subida de las pensiones «en base al IPC real». Entre otras razones, porque «no nos ponemos permitir el lujo de tener pensionistas que sean pobres», como decía ayer la portavoz socialista en la comisión del Pacto de Toledo, Mercé Perea.
Pues bien, o esa revalorización «en base al IPC real» esconde alguna triquiñuela para que en la práctica no sea así, y los políticos nos están engañando a corto plazo, o vuelven a colocar otro peso sobre un modelo de pensiones públicas que ya no soporta nuevas cargas y nos están engañando a largo plazo.
Lo que no es de recibo es que, como decimos, a la vez que el Gobierno reconoce que esto no da más de sí, el Pacto de Toledo apruebe una medida que ahoga mucho más el sistema. No se me ocurre otra explicación que la electoral: hay que amarrar los votos de los nueve millones de pensionistas de hoy... ¿Dentro de 10 años? En política eso es un mundo, a pesar de la juventud de nuestros líderes políticos. Repito: si tiene menos de 55 años, póngase un poquito nervioso. Esta vez lo ha dicho el Gobierno, por fin.

(Publicado en El Mundo el 28 de septiembre de 2018: http://www.elmundo.es/economia/2018/09/28/5bad32eb22601dbd168b4679.html)

Más niños para 'cuidar' a más abuelos

La casualidad ha querido que en el mismo día hayamos conocido el acuerdo sobre pensiones y los últimos datos de natalidad de 2010 del Instituto Nacional de Estadística.

La reforma de las pensiones es imprescindible no por el aspecto coyuntural de la crisis económica actual sino por el factor estructural del cambio demográfico. Los cambios en la pirámide de la población son tan profundos que han dado al traste con un sistema que de mediados del siglo pasado.

Por eso se emprende la reforma del sistema de pensiones. Porque es insostenible y se hace necesario conseguir recursos para apuntalarlo. ¿Cómo? ingresando más dinero -al retrasar la edad de jubilación se consiguen dos años más de cotizaciones- y reduciendo los gastos -al ampliar el periodo de cálculo y jubilarse más tarde hay que pagar menos-.

Pero debemos estar de acuerdo en que estas medidas no son más que parches quer sirven durante un tiempo determinado. Es casi seguro que antes de diez años tendremos que olvidarnos de lo aprobado hoy porque ya no servirá.

El problema de las pensiones es demográfico. Es obvio que si se pudiera mantener en los pròximos años el ratio trabajador activo/pensionista en el nivel actual el sistema quedaría fuera de peligro.

Pero no parece que vayamos por ese camino, a tenor de datos difundidos ayer por el INE: la natalidad cayó un 3,2% en el primer trimestre de 2010 por "el efecto combinado de una menor fecundidad y de una reducción progresiva del número de mujeres en edad fértil".

Así, el número de hijos por mujer ha bajado hasta 1,38 y la edad de la primera maternidad ha subido hasta los 31,12 años.Menos nacimientos ahora significa menos activos en los próximos años que, además, tendrán que soportar a más pensionistas.

Bien está que se busquen soluciones para el final del proceso. Pero sería mucho más inteligente intentar enderezar el rumbo desde el inicio: El Gobierno y los agentes sociales tienen que ser conscientes de que una política integral de fomento de la natalidad es la mejor forma de asegurar el futuro del sistema de pensiones. ¿Cómo llevarla a cabo? Eso es tema para otro comentario.

El problema de la jubilación es de fondo: la natalidad

Retrasar la edad de jubilación es necesario. Y se llegará hasta poner el tope legal del retiro a los setenta. No hay más remedio y cualquier oposición a esta medida, de los sindicatos, de los partidos políticos o de otras fuerzas sociales, es demagógica. El Gobierno por fin ha tomado una medida realista, aunque sea impopular.

Pero no nos engañemos. Esto no es más que un parche con el que se pretende tener un tiempo más a algunos trabajadores activos que paguen lo que tienen que cobrar los pasivos. Lo profundo de esta situación no es el debate sobre la edad legal de jubilación, sino el envejecimiento progresivo y acelerado de una sociedad.

Lo reflejaban ayer los datos de población que hacía público el Instituto Nacional de Estadística: a mediados de siglo, media España tendrá que 'cargar' con la otra media y antes, en dos décadas, el 46% de la población estará retirada o será menor de edad.

Es decir: el envejecimiento de la población en España se acelera y no hay indicios de que a corto plazo vaya a cambiar esta tendencia. Esto supone: menos fuerza laboral, menos capacidad de producción, menos educación, menos innovación... En definitiva, pérdida de competitividad como país en el mundo.

Urge que el Gobierno -todos los partidos y fuerzas sociales, porque esto sí que es política de Estado- se plantee una política decidida de fomento de la natalidad con medidas como:

-Rebajas fiscales importantes por los hijos.
-Medidas concretas de apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar.
-Impulso de la incorporación de la mujer al mundo del trabajo.
-Facilitar la emancipación y el acceso a la vivienda de los jóvenes.
-Fomento real de la integración social de los inmigrantes.

Parar el envejecimiento de la población sólo se consigue con nuevos nacimientos o con la llegada de fuerza social y laboral joven de otros países. Es así y así lo han entendido países -Francia, Suecia, Noruega, Alemania...- que llevan muchos más años que nosotros con este problema.

Al margen

El ministro de Trabajo (15-IV 2009):
"Me gustaría que fuese la última vez que tuviera que discrepar con el gobernador del Banco de España. ¿De dónde saca que pueda acabar en déficit? Desmiento la mayor, la Seguridad Social está muy lejos de tener ningún problema".

El mismo ministro de Trabajo (29-IV 2010):
"Las pensiones no tienen ningún problema en los próximos diez años, pero si no hacemos nada, los que se jubilen entre 2020 y 2030 podrían empezar a tener algunos problemas",

Y Celestino Corbacho no ha asistido al Consejo de Ministros que ha aprobado la reforma la propuesta de reforma de la Seguridad Social más importante de los últimos años.