Zuckerberg no debió callar a Trump

En la tarde del 3 de noviembre, cuando todavía se estaban contando votos en algunas zonas de Estados Unidos y el escrutinio se empezaba a decantar hacia Joe Biden, el presidente Donald Trump compareció desde la Casa Blanca para denunciar que "si contamos los votos legales, ganamos fácilmente. Si cuentas los ilegales nos van a tratar de robar". Era una acusación tan grave al sistema electoral del país -base de la democracia- que tres grandes cadenas de televisión, CNN, ABC y CBS, decidieron interrumpir la rueda de prensa y dar paso a los presentadores de esos especiales informativos, que denunciaron acto seguido el ataque sin base probatoria que estaba haciendo el presidente contra los pilares democráticos de Estados Unidos.

La decisión fue aplaudida por muchos periodistas, profesores de comunicación y analistas. ¿Para qué servir de altavoz de un político que mentía flagrantemente y podía soliviantar a sus seguidores? En cambio, otros muchos criticaron el corte, al considerar que la misión informativa de un medio de comunicación es, precisamente, dar voz a los protagonistas de la actualidad. Luego vendrá la opinión para criticar o alabar lo que ese protagonista ha dicho.

Este debate sobre la libertad de expresión de un político no es nuevo, pero la brutalidad -llamémosle así- de las declaraciones de Trump, que se ha saltado todas la barreras en estos cuatro años de mandato, lo ha enardecido de tal forma que ha llegado al final de su presidencia, no ya criticado por la mayoría de los medios de comunicación, sino expulsado de las redes sociales, como ha ocurrido con Facebook e Instagram. Una decisión que conviene preguntarse si tiene razón de ser, por muy Trump que sea Trump.

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y dueño de Instagram, nunca había sido partidario de controlar los contenidos que circulaban por sus redes sociales. "No queremos ser árbitros de la verdad ni desalentar el intercambio de opiniones", decía cuanto empezó a plantearse cambios en Facebook. Zuckerberg, creo que con razón, quería que Facebook siguiera siendo una herramienta para "compartir todo con todos" y no tener que vigilar el incontrolable flujo de comunicaciones que circula por la red. Fueron precisamente las críticas que surgieron a raíz del papel de Facebook y otras redes sociales en la ascensión y victoria de Donald Trump en 2016 -escándalo Cambridge Analytica incluido- lo que hizo cambiar de opinión al fundador.

En los primeros días de enero de cada año, Zuckerberg escribe un post sobre lo que espera de Facebook para ese año. En 2018, acosado ya por las críticas, incluyó que su propósito era "arreglar Facebook": "Mi desafío personal para 2018 es centrarme en solucionar estos problemas importantes. No evitaremos todos los fallos o abusos al aplicar nuestras políticas y evitar el uso indebido de nuestras herramientas pero ahora cometemos demasiados errores". Y decidió crear un consejo asesor compuesto por 20 personalidades de todo el mundo que se encargan de vigilar la libertad de expresión en Facebook, nada menos. Entre esos expertos está uno de los periodistas más relevantes de los últimos años, Alan Rusbridger, director de The Guardian durante veinte años.

Y el último paso de ese "arreglar Facebook" ha sido el cierre temporal de las cuentas de Donald Trump, tras su vergonzoso alentamiento del asalto al Capitolio. Esta decisión es trascendental en la historia de Facebook, porque por primera vez aplica la censura previa a un líder político mundial democráticamente elegido. Se puede discrepar sobre la eliminación del post o del tuit de un político si incita al odio o la violencia, pero ¿qué papel se arroga una red social cuando decide aplicar esa censura previa a un presidente de EEUU, por muy peligroso que sea ese presidente de EEUU? ¿Ha dejado de ser esa red social una plataforma para "compartir todo con todos" para convertirse en medio de comunicación al uso, con una línea ideológica predeterminada? ¿Terminará la cosa en Trump, o seguirá con otros líderes populistas -como Bolsonaro, Orban, Maduro o Correa- o no populistas pero cuyas opiniones disgusten a una determinada red social?

¿Se admitirán desde ahora comentarios como el que hacía el hoy ministro Alberto Garzón en Twitter en enero de 2013: "Hay opciones no parlamentarias: materializar en la calle la deslegitimación de este sistema. Forzar la dimisión y nuevas elecciones" ¿Quedará esa censura previa en las incitaciones a la violencia y al odio o tratarán también las mentiras? Porque aquí no habrá político que resista un análisis de su página o de su timeline.

Un ejemplo de ayer. Twitter eliminó los tuits de Trump en los que atizaba la rebelión y el asalto al Capitolio del pasado miércoles. Sin embargo, ayer sí dejó que Trump publicara su declaración sobre la condena de los hechos, sabiendo, como sabemos todos dentro y fuera de Estados Unidos, que esa condena es una flagrante mentira.

Es el problema de convertirse en un censor-moderador de los contenidos: la delgadísima línea roja entre la censura y la libertad. No es la razón de ser de una red social, por mucho que nos molesten las opiniones de algunos usuarios. Sobre todo, porque alguien tiene que decidir qué se publica y qué no y quién puede escribir libremente y a quién hay que censurar. Y eso, en un servicio que ha enganchado a miles de millones de ciudadanos es muy muy peligroso.

(Publicado en El Mundo el 9 de enero de 2021)

Tics autoritarios en el Gobierno con el periodismo

Es cierto que la prensa -y el periodismo- no pasa por su mejor momento. Es cierto que hay una crisis de lectores y de publicidad que desestabilizan las cuentas de las empresas periodísticas y provocan una cierta precariedad en el ejercicio de la profesión. Es cierto que internet y sus nuevos canales de comunicación perjudican al oficio periodístico al colocar casi al mismo nivel a piratas pagados que a profesionales que intentan ejercer su profesión con ese sentido ético que da saber que estás sirviendo a la sociedad como depositario del ejercicio de un derecho fundamental -no se rían, los hay-.
Pero esos no son motivos suficiente para que desde el poder se nos fustigue, como si no tuviéramos derecho a nada. Ya lo hacen con fruición los ciudadanos desde las redes sociales cada vez que nos equivocamos, o creen que nos hemos equivocado, aunque no nos hayamos equivocado.
Porque fustigarnos es lo que hizo el secretario de Estado de Comunicación, el periodista Miguel Ángel Oliver, en su intervención en la jornada sobre ética y periodismo organizada por KPMG la semana pasada. Fue una bronquilla más que un discurso. Nos llamó -bueno, en principio solo a los colegas que siguen al presidente- “tertulianos” y me quedó la duda si el desprecio para éstos o para los periodistas. Pero, sobre todo, se quejó de que los periodistas quisieran hacer más de dos preguntas por intervención al presidente del Gobierno, algo que Oliver tomó con una provocación: “¿Alguien puede imaginar esas intervenciones sin un límite, como una sucesión interminable de cuestiones?”. Entre dos y una “sucesión interminable” de preguntas hay un justo medio que es lo que pedían los compañeros.
Lo grave es que el tema de las preguntas no es más que el síntoma de una forma de ver el periodismo muy peligrosa: la de creer que está al servicio del poder. Por eso me chocó más que Oliver se asombrara, como dijo, de que los periodistas nos estuviéramos “convirtiendo en fiscales que reconvenimos a los políticos”. (Reconvenir (DRAE: reprender a alguien por lo que ha hecho o dicho) ¡Si eso es precisamente lo que debemos hacer!, sobre todo si esos políticos son los que mandan. Como supongo que Oliver haría cuando ejercía el oficio. Como esa decisión de prohibir que los informadores gráficos hicieran fotografías de la reunión entre el PSOE y Bildu para que a los ciudadanos sólo llegaran las que quisiera el partido -caras de funeral de Simancas y Lastra incluidas-. Son tics autoritarios, no lo llamen de otra forma. 

La libertad, según Celaá

Quizá no fuera sólo un ataque a la libertad de enseñanza en España el desafortunado comentario sobre la no constitucionalidad de la libre elección de colegio por las familias. Quizá hay algo más detrás de esas palabras, que fueron tomadas por una agresión por quienes habían invitado a la ministra de Educación a su congreso. Porque el discurso de Celaá estaba perfectamente pensado y seguro que la ministra era consciente de sus consecuencias.
Quizá la clave esté en la explicación que ofreció al día siguiente, desde la mesa del Consejo de Ministros: que nadie tema, la libertad de elección de centro docente no está en la Constitución, pero sí en las leyes; recordó que los conciertos son producto de la primera ley de educación socialista de esta etapa democrática y «de momento» -lo repitió dos veces- no peligran.
Lo que hace Celaá es rebajar de precepto constitucional a exigencia legal la libertad de elección de colegio por los padres. Con este planteamiento, bastaría con que otra ley decretase lo contrario para eliminar esa libertad porque el nuevo texto legal no sería anticonstitucional, ya que la Carta Magna no concreta que la libertad de enseñanza suponga la libre elección de colegio. De esta forma, una ley educativa que eliminara los conciertos podría ser perfectamente constitucional.
Apliquemos el mismo discurso de Celaá al artículo 20 de la Constitución, que recoge el derecho a la libertad de información y expresión. En ninguno de sus puntos este artículo clave habla de la libertad de creación de empresas informativas, condición indispensable para que exista libertad de información. Con el criterio Celaá, podríamos decir que la creación de empresas informativas no emana de la Constitución, aunque sí esté recogido en la legislación posterior, basada en la Carta Magna.
Así, con el razonamiento que emplea la ministra de Educación para la enseñanza, de una Constitución que protege y ampara la libertad de información también podrían emanar unas leyes que constriñan o prohíban el establecimiento de empresas informativas. Puede sonar a desmesurado, pero no hago más que trasladar al artículo 20 lo que Celaá piensa del artículo 27.
Lo que da miedo es que este Gobierno, que nunca había atacado así la libertad educativa, haga público este razonamiento falaz apenas horas después de anunciarse el preacuerdo entre el PSOE y Podemos, la izquierda radical y populista poco amante de libertades como la de enseñanza y la de información.

(Publicado en El Mundo el 19 de noviembre de 2019)