A la espera de la 'gran reforma'

¿Cómo es posible que los mercados reaccionen tan mal si el Gobierno está acometiendo los ajustes que le piden? ¿Por qué la prima de riesgo sigue en zona de peligro y la bolsa en niveles de hace tres años? En gran medida porque estas reformas -como las de educación y sanidad que aprobó ayer el Gobierno- son necesarias, pero siguen sin solucionar los problemas profundos de España. No renuevan de verdad el país, porque sólo rozan una cuestión clave: el enorme peso del Estado en la economía y la desmesura de la Administración. Un ejemplo servirá para explicarlo.

     Imaginemos que Villagrande es una ciudad en la que es necesario crear una red de guarderías. El ayuntamiento tiene varias formas de hacerlo. Primera: el alcalde llama al concejal de Educación para que gestione el tema. El edil elige entonces a un equipo de funcionarios que se meten de lleno a la tarea: trámites legales, búsqueda de locales, realización de las oposiciones para cubrir los nuevos empleos -maestros, cocineros-, convocatoria del concurso para la realización de las obras... Y, más adelante, la información a los ciudadanos, la oferta de plazas y su adjudicación.
    Segunda opción. Un asesor del alcalde toma las riendas y decide que la mejor forma de gestionar la creación de esa red es a través de una sociedad pública, Guarderías Municipales de Villagrande S.A (Gumuvsa), que lleve adelante el proceso. Gumuvsa se constituye con un presidente -el concejal de Educación- y un consejo de administración compuesto por siete miembros. Un director general llevará la gestión, y para ello se necesita contratar a 10 o 12 empleados administrativos, que no tienen por qué ser funcionarios de carrera al tratarse de una empresa y no de un organismo oficial. Por supuesto, Gumuvsa tendrá su sede fuera de las dependencias municipales que habrá que alquilar. Alguien de la nueva empresa buscará -quizá no demasiado lejos de su entorno- los locales necesarios; deberá conseguir un contratista que haga las obras, los maestros, otros puestos de trabajo y las contratas de comedor, material escolar, etcétera... Es posible que si para la primera opción bastaría un presupuesto de 10 millones de euros, la segunda no se llevaría a cabo por menos de 20 millones.
     Pero un alcalde con sentido común pensaría de otra forma. Si no tengo las competencias de educación, ¿por qué meterme en un tinglado en el que no tengo experiencia y me puede a resultar muy caro? Entonces, ese alcalde, que quiere solucionar las deficiencias de su ciudad en este aspecto, se dirige a la Consejería de Educación de su comunidad autónoma y le explica la situación. Y será desde allí desde donde se ponga en marcha el proceso: la consejería sólo tendrá que sumar a su red las guarderías que hagan falta en ese municipio, pero si su sistema es eficaz tendrá ya organizados los trámites administrativos, la contratación de personal, de licitación y desarrollo de las obras...
    ¿Y cuál será la labor del ayuntamiento? Facilitar al máximo las cosas: informar a los ciudadanos, pilotar los procesos de admisión, aportar locales municipales o facilitar una línea de becas si es necesario. Con toda seguridad, el ayuntamiento habrá resuelto el problema con uno coste 5 veces menor que con Gumuvsa. Cierto que el Gobierno regional asume más gastos, pero la suma de inversión de las dos administraciones será muy inferior.
    Y esto es extrapolable a otros servicios como la sanidad. Por ejemplo, ¿para qué queremos los madrileños un Samur municipal si ya existe el Summa autonómico? ¿No será mucho más barato apoyar desde el Ayuntamiento -con recursos o subvenciones- para que los servicios sanitarios de la comunidad lleguen hasta el último rincón de la ciudad sin tener que duplicar equipos y esfuerzos?

    Ésta es la gran reforma que necesita el país. Y la sensatez del tercer caso es lo que piden los españoles y exigen los mercados financieros a todas las fuerzas políticas, porque cambiar esto no es sólo cuestión del Gobierno.