¿Sabía que los CEO de Google, IBM, Microsoft, Nokia, Deloitte... y en breve Twitter son indios?

Esta lista es muy interesante, aunque resulte repetitiva: Sundar Pichai, consejero delegado de Google, es indio. Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft, es indio. Shantanu Narayen, presidente y consejero delegado de Adobe, es indio. Ajaypal Singh Banga, presidente ejecutivo de Mastercard, es indio. Rajeev Suri, presidente y consejero delegado de Nokia, es indio. Arvind Krishna, presidente y consejero delegado de IBM, es indio. Punit Renjen, consejero delegado de Deloitte, es indio. Rakesh Kapoor, primer ejecutivo de NetApp, es indio. Y se acaba de incorporar a este selecto grupo Parag Agrawal, que en mayo sucederá a Jack Dorsey como primer ejecutivo de Twitter.

Algunos de ellos iniciaron sus estudios universitarios de ingeniería en Estados Unidos, pero otros llegaron a ese país a trabajar o a realizar estudios de posgrado tras terminar en India. Universidades e institutos de ese país. Han estudiado en el Indian Institute of Management de Ahmedabad; en el Manipal Academy of Higher Education de la Universidad de Mangalore; en el Xavier School of Management de Jamshedpur, una escuela de negocios fundada por los jesuitas. Y, excepto Nokia, todas esas grandes multinacionales son estadounidenses.

En India hay más de 15.000 facultades de ingeniería que lanzan al mercado laboral unos 500.000 profesionales cada año, según datos de la National Association of Software and Service Companies (Nasscom) de ese país.

Todos estos datos hablan muy bien del sistema educativo indio y del modelo laboral de Estados Unidos, sobre todo también por la acogida de talento allá de donde venga.

En este número dedicamos un amplio reportaje a la estrategia de digitalización de las pymes españolas, con entrevista incluida a Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y responsable de llevarla a cabo. Dispone de 4.656 millones de euros para ello para los cuatro años y la propia Artigas reconoce que digitalizar las pymes españolas puede aumentar entre un 15% y un 20% los ratios españoles de productividad.

¿Qué tiene que ver la potencia de un país de 1.380 millones de habitantes, que exporta talento a las grandes multinacionales con las pequeñas y medianas empresas de un país de 47 millones de personas? Pues recordarnos que cualquier impulso a la digitalización del sector empresarial debe ir acompañado del esfuerzo por la formación de los trabajadores en esas competencias digitales. De nada sirve inundar de dinero a las pymes si en ellas no hay quien gestione objetivos claros, concretos y factibles para acometer la revolución digital.

(Publicado en Actualidad Económica el 5 de diciembre de 2021)

La nueva, y buena, ley de Formación Profesional

Isabel Celaá dejó preparada antes de abandonar el Ministerio de Educación una ley que, aunque parezca mentira, fue bien acogida por la comunidad educativa: la Ley de Formación Profesional, cuyo proyecto aprobó el Consejo de Ministros el pasado 7 de septiembre.

Hay que ponerlo en el haber de currículum de la ex ministra, que tantos debes ha sumado en su trayectoria política. Porque parece que, al fin, se ha dado con la tecla para organizar en España un sistema de formación profesional (FP) homologable a los europeos. Algo fundamental en España porque somos los que peor aprovechamos la formación profesional entre los grandes países de la UE.

«Es una ley muy ambiciosa. Describe un sistema innovador, flexible, que responde a las necesidades de cualificación de la población tanto joven como adulta, y se adecua a las necesidades del mercado laboral», ha afirmado a la revista especializada Actualidad Docente Santiago García, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) -la principal organización empresarial del sector educativo, que reúne a miles de centros privados y concertados de toda España-, y uno de los expertos que mejor conoce los modelos de formación profesional en Europa. Aunque, por ser tan ambiciosa e innovadora, García reconoce que va a necesitar grandes esfuerzos por parte de todos para ponerla en práctica.

Algo no funciona en nuestro país cuando, con tasas de desempleo juvenil en el entorno del 40%, sólo el 12% de los jóvenes cursa algún tipo de formación profesional reglada. La media de la OCDE es del 29% y de la Unión Europea, del 25%. Otras cifras también muestran nuestro retraso: mientras que en España sólo el 34% de los estudiantes que finalizan la enseñanza obligatoria cursan formación profesional, en Alemania es el 48% y en Italia, el 56%.

La ley pone patas arriba, para bien, el actual modelo de formación profesional. Entre otras medidas, tiene el acierto de la estructuración de una nueva formación profesional dual, en la que empresa y centro educativo se corresponsabilizan de la formación del alumno, con contrato y cotización a la Seguridad Social incluidos en el caso de la FP dual avanzada. Algo que si se estructura bien facilitará el paso al mundo laboral de los estudiantes.

Lo mejor de esta nueva ley es la coordinación que establece entre el sector público -escuela- y la iniciativa privada -empresas- imprescindible para llevar a cabo ese proyecto de formación profesional dual y que es la clave del éxito para acoplar la oferta de trabajadores a la demanda de puestos de trabajo.

Que esta vez parece el Gobierno ha dado en el clavo lo atestigua que la firma de capital riesgo KKR comprara el pasado mes de agosto la empresa malagueña Medac, que gestiona 30 centros de FP, por 200 millones de euros para crear la mayor red de FP de España. Medac estaba valorada en 30 millones hace tres años: si los inversores entran en el sector significa que ven rendimientos.

Es una pena que el Gobierno proponga esa participación público-privada para la formación profesional y la niegue para la enseñanza obligatoria en la infausta Lomloe. Pero bueno, esperemos que, esta vez de verdad, al menos la FP empiece a funcionar en España.

(Publicado en El Mundo el 23 de septiembre de 2021)

¿Qué fue de los sindicatos?

Probablemente éste haya sido el Primero de Mayo sindical más triste de los últimos años porque los sindicatos han perdido buena parte de la influencia social que han tenido en España desde la reinstauración de la democracia. Hoy, bajo el lema "Así no salimos de la crisis", UGT y CCOO han convocado manifestaciones en 80 localidades españolas, pero sus voces se van a oír menos que nunca. ¿Qué ha ocurrido para que en el momento de más precariedad laboral, con el desempleo todavía desbocado, con un paro juvenil en el 50%, los sindicatos pinten menos que nunca en el panorama económico nacional?

Hay factores, digamos, endógenos, que se refieren a su propio funcionamiento. Los escándalos de UGT en los cursos de formación y en los ERE han terminado por minar su credibilidad y ha arrastrado a la otra gran central, CCOO .

Las informaciones destapadas por este periódico sobre el despilfarro ugetista de dinero público para los parados en Andalucía -cenas con gambas y rebujitos, o regalos de bolsos de marca pirateados, incluidos-, que han tenido ramificaciones en otras federaciones como la extremeña, la madrileña o la balear, han llevado la imagen sindical a mínimos históricos, que dirían los analistas. Tampoco ha ayudado la aparición de destacados dirigentes de los dos sindicatos en procesos penales un tanto vergonzosos como el caso de las tarjetas black de la antigua Caja Madrid. Y, en estos tiempos en los que se exige claridad en las cuentas públicas y en las organizaciones, las centrales tampoco han sido un adalid de la transparencia.

Pero también hay otras razones externas que explican esta caída de la influencia de los sindicatos. España es de los países de la OCDE con menos afiliación sindical, que nunca ha superado el 15,9% de los trabajadores. En 2014, por ejemplo, UGT y CCOO decían que contaban entre ambos con dos millones de afiliados. Sobre una población activa de 22,8 millones de personas, supone apenas un 8,7% del total. Es posible que el fuerte aumento del paro haya provocado una salida masiva de afiliados, pero en ningún caso el nivel de representación se corresponde con el inmenso poder que han tenido UGT y CCOO en la política española.

¿De dónde viene, pues, esa tremenda influencia? Básicamente, de un sistema de negociación colectiva en el que los sindicatos han llevado la voz cantante. El modelo en cascada, que otorgaba más peso al convenio nacional o general que a los acuerdos que alcanzaran los comités en cada empresa, dejaba en manos de las cúpulas sindicales -más alejadas como de la realidad concreta de cada compañía- decisiones clave para la vida empresarial como las subidas salariales, la remuneración de la productividad o la flexibilidad de la jornada laboral. A esto se añade la ultraactividad de los convenios, que es la aplicación automática de un convenio vencido o denunciado más allá de la vigencia prevista en los acuerdos, lo que podía prolongar sine die unas condiciones laborales pactadas dos o tres años antes pero a lo mejor ya no válidas cuando había que negociar uno nuevo.

La reforma laboral de 2012 decretada por el PP terminó con este modelo al primar los convenios de empresa sobre cualquier otro, con lo que se facilitó el denominado descuelgue; es decir, la posibilidad de no aplicar en una compañía las condiciones pactadas en el convenio colectivo sectorial o territorial aduciendo simplemente causas económicas. Además, la reforma de Báñez rebajó considerablemente la ultraactividad de los convenios, al reducir a un año la renovación automática de las condiciones pactadas. Probablemente estos dos cambios son mucho más determinantes para el mercado laboral que el abaratamiento del despido o los nuevos tipos de contratos. Y el objetivo de esas dos medidas ha sido restar poder a los sindicatos. Se entiende así que una de las medidas clave de las propuestas laborales de Pedro Sánchez es devolver a la negociación colectiva el poder que le ha quitado el PP.

A las consecuencias de la reforma laboral se unirá la pérdida del control sindical -y también empresarial- de los fondos de formación, que como se ha comprobado en los últimos años, ha nutrido de forma fraudulenta las cuentas de las centrales sindicales. Sin la negociación colectiva y sin fondos de la formación los sindicatos no son lo que fueron.

Twitter: @vicentelozano

(Publicado en El Mundo el 1 de mayo de 2015. La foto es de El Norte de Castilla)

El preocupante desvarío de Zapatero

La intervención de Zapatero en la conferencia organizada por el Fondo Monetario Internacional en Oslo fue muy, muy preocupante. Que el presidente del Gobierno acuda a una reunión internacional sobre el el crecimiento y el emoleo y no se le ocurra proponer más que las ideas peregrínas del ofrecer España como "laboratorio" de ideas contra el desempleo y de la "formación como trabajo" indica que ya no sabe qué hacer para reducir el paro en nuestro país.

Esto es lo más grave de lo ocurrido en Oslo. España se presentó allí con la tasa de paro más alta de los países desarrollados, con un desempleo juvenil que alcanza el 40% de la población de esa edad, con más de 2,7 millones de puestos de trabajo destruidos en tres años... y el presidente fue incapaz de aportar una sola idea o iniciativa que ayude a revertir la situación.

Dicen que Zapatero improvisó. Si es así, la reacción de la opinión públida de hoy le tiene que hacer reconsiderar que hay temas serios que hay que llevar estudiados a las reuniones internacionales. Porque ayer los analistas estaban pendientes de las recetas que podría aportar Zapatero contra el paro, de alguna idea -no hacía falta que fuera propia- que proporcionarac pistas de lo que el Gobierno considera que hay que hacer para reactivar el mercado de trabajo en España. Al margen, claro de ese abaratamiento del despido que ha supuesto la reforma laboral.

Pero el presidente no dijo nada interesante sobre la movilidad laboral, sobre la negociación colectiva, sobre estímulos fiscales a las empresas, sobre planes de reconversión de sectores agotados, sobre innovación y formación -la idea de los parados se califica por sí misma-, sobre inversión en I+D,...

Efectivamente, el mercado laboral español pasa por una situación muy complicada. Vivía de la construcción, del turismo y de otros sectores -como el automovilístico- que no volverán a ser como antes, Y muchos empleos que se han perdido en los servicios -sector financiero, por ejemplo- tampoco tienen visos de recuperación a corto plazo. Pero el Gobierno no puede dar la impresión de haber tirado la toalla como hizo ayer Zapatero. Hay solución, seguro. Pero, al menos hay que crear el clima para ello. Ni el presidente ni sus ministros están en condiciones de hacerlo.

No pagar al que no quiera trabajar

"Gano 1.200 euros en el paro y me quedan quince meses. Ya me plantaré trabajar cuando llegue el momento". Me lo decía casualmente alguien con quien he coincidido este verano pocos días antes de que el Gobierno hiciera pública su intención de retirar las prestaciones por desempleo a los parados que no acepten un trabajo o no acudan a los cursos de formación que les proporcione el servicio estatal de empleo.

Quizá sea una de las medidas más acertadas que pueda tomar el Ejecutivo para intentar poner remedio un anquilosado sistema de protección del desempleo que se ha basado -con todos los Gobiernos- simplemente en dar un dinero al que no tiene trabajo en lugar de promover de forma activa su reincorporación al mundo laboral, bien con un nuevo trabajo o bien facilitando su reinserción con cursos de formación específicos.

Pero no olvidemos que ése es ya el objetivo principal del Servicio Público de Empleo Estatal –el antiguo INEM- y los resultados prácticos defraudan absolutamente: como publica hoy Elmundo.es, sólo el 3% de los contratos que se firman en España se sellan gracias a la gestión del servicio público; es decir, se encuentra absolutamente al margen de la realidad del mercado laboral español.

Algo lógico, por otra parte, si tenemos en cuenta por ejemplo, como señala el mismo reportaje de Begoña P. Ramírez, que de los 39.000 millones de euros que gestionan los Servicios Público Estatal de Empleo, 31.000 millones se destinan al pago de las prestaciones de los parados y sólo 941 millones se dedican a cursos de formación para desempleados.

Es muy positivo que el Gobierno haya bajado a la realidad en un tema espinoso y no se haya dejado llevar por el electoralismo. Pero todavia hay que ver con qué recursos va a contar el Ministerio de Trabajo para va a llevar a cabo esta propuesta. En definitiva, el antiguo INEM tendrá que gestionar en serio los curriculum de 4,6 millones de parados -esperemos que menos cuando entre en viigor el nuevo sistema- si quiere convertirse en una verdadera agencia de colocación. Imposible con los medios actuales. Veremos con la reforma.