Porque el Consorcio de Transportes de Madrid recibe unos 900 millones de euros al año del presupuesto de la Comunidad de Madrid para hacer frente al déficit que le causan esas ayudas; porque ese tramo de alta velocidad ha costado 1.620 millones de euros y si no estuviera subvencionado por el Estado, esa inversión no estaría costeada hasta que, por ejemplo, cada uno de los 420.000 habitantes de Valladolid y León hubiera realizado el trayecto en 3.700 ocasiones. Eso, sin incluir los trenes y el mantenimiento de la infraestructura. Y si los libros de texto fueran gratis, sencillamente, ya no habría editoriales para elaborarlos. Nada es gratis, pues, como concluye uno de los principios básicos de la economía.
Las ayudas y subvenciones las pagamos todos los... iba a decir españoles, pero no, todos los contribuyentes españoles, que no es lo mismo. Me dirán que es lo lógico en cualquier Estado con una economía social de mercado, como el nuestro. Que precisamente para esto existen los impuestos, para repartir las cargas. Cada ciudadano contribuye según su capacidad y con ese dinero salimos ganando todos a través de los servicios que proporciona el Estado -infraestructuras, sanidad, educación,...-. En unas ocasiones ese reparto es beneficioso para los que menos tienen, cuando se exigen unos requisitos para acceder a las ayudas, como en el caso de los libros. En otras, ese beneficio es para todos, pero mayor para los ricos: el abono joven cuesta igual para un estudiante sin recursos que para el hijo del consejero delegado de una gran empresa.
Al final, esas subvenciones provienen de las opciones para financiar un servicio público: que lo pague quien lo usa y le sale muy caro, o que lo sufraguemos entre todos, de forma que sale mucho más barato al usuario directo -el billete del AVE es asumible para el leonés que viaja a Valladolid-, pero continúa siendo caro para quien no lo utiliza, porque el gaditano que nunca va a ir en tren a Valladolid también costea esa infraestructura subvencionada.
Es conveniente detenerse en estas cuestiones, sobre todo en vísperas de una campaña electoral. Porque si un Gobierno no gestiona bien los recursos públicos podemos hacernos trampas en el solitario. Es decir, ¿de qué sirve que un Gobierno autonómico pague a una familia los 300 euros que cuestan los libros de texto si por la corrupción o por el despilfarro en el gasto público esos 300 euros van incluidos en unos impuestos que deberían ser más bajos?
Sería de idiotas que el dinero que se ahorra un padre o una madre al pagar sólo 20 euros por el abono del transporte de su hijo se destinara a sufragar la deuda que han dejado la Caja Mágica de Madrid o la Ciudad de la Cultura de Santiago al contribuir con más impuestos de los debidos por la ineficiencia de la Administración. Y, en el peor de los casos, se dedicara a pagar las facturas de Urdangarin o las mariscadas de UGT en Andalucía. De idiotas. Por eso es muy importante para nuestros bolsillos la regeneración de la política.
(Publicado en El Mundo el 1 de octubre de 2015)
