Menos Ley de Economía Sostenible y más modernización

El Gobierno ha perdido una ocasión de oro para modernizar la economía española, ahora que tanto se habla del cambio de modelo productivo: la trasposición de la Directiva de Servicios -conocida como Directiva Bolkestein- a la legislaciòn nacional. En la práctica, las denominadas Ley Paraguas -que ya ha entrado en vigor- y Ley Omnibus -que se encuentra todavía en trámite parlamentario- que adaptarán la normativa española a la europea, se van a quedar a medio camino en este proceso liberalizador. Y ahora, el Ejecutivo hacernos creer que una Ley de Economía Sostenible será la panacea que solucione todos los males de la economía española.

La experiencia demuestra que, también en el sector servicios, la liberalización del mercado aumenta la competencia, reduce precios y beneficia al consumidor. España ha notado en sus carnes esta situación desde la entrada en el entonces Mercado Común, en 1985: el 'milagro español -¡qué lejos queda ya!- hubiera sido mucho más complicado sin la libre circulación de capitales, productos y personas que trajo consigo la incorporación a Europa. También en sectores tan tradicionales como el ladrillo: ¿hubieran comprado casa en nuestro país los cientos de miles de ciudadanos alemanes, británicos y nórdicos de otra forma?

Pero, el sector terciario no goza de la misma libertad que los capitales y las personas y la Comisión Europea considera que ese retraso impide una modernización efectiva de un gran número de actividades, que van desde el comercio de bienes hasta los servicios profesionales -abogados, notarios, arquitectos- pasando por la comercialización de energía, los transportes o la educación superior. Con esa intención promulgó en 2006 la Directiva Bolkestein que todos los estados deben tener adaptada antes de que finalice este año.

El Gobierno no ha querido afrontar las barreras nacionales, las trabas profesionales y, sobre todo, los obstáculos de las comunidades autónomas y ayuntamientos, a la libre competencia en el sector servicios. ¿Por qué, por ejemplo, hace falta una autorización administrativa para poner en marcha una línea de autobuses entre Madrid y Mérida, mientras que ese mismo servicio entre Madrid y Lisboa sólo exige una comunicación previa? Recomiendo leer las conclusiones de la intervención ante el Consejo Asesor de Expansión del presidente de la Comisión Nacional de Competencia, Luis Berenguer, el pasado mes de julio.

El mismo Gobierno, pues, que se ha echado para atrás ante determinados intereses en un aspecto clave que habría servido para modernizar una buena porción del sistema productivo quiere ahora hacerlo con una Ley de Economía Sostenible de la que, por ahora, sólo se sabe que va a aumentar los impuestos por la introducción de una supuesta 'tributación verde'. Esperemos al Consejo de Ministros del viernes, pero con estos antecedentes no me haría demasiadas ilusiones.

La Ley de Economía Sostenible que ha aprobado el Gobierno no profundiza en las reformas que necesita el país. Algo más de transparencia en los salarios de los altos ejecutivos no aporta nada a la modernización del tejido productivo; ni más agilidad en los reguladores, mientras sigan siendo nombrados como hasta ahora; ni mejorar determinadas condiciones del alquiler si los jóvenes van a seguir teniendo miedo a la inestabilidad laboral. Como se esperaba, la ley se queda en una intención. Lean el comentario que ha publicado hoty mismo el semanario 'The Economist' sobre la economía española: se titula Insustainable.

Economía sostenible, sí. Inversión en las actividades de futuro, sí. Energías renovables, motores eléctricos o de hidrógeno, investigación sobre nuevos cultivos y plantaciones, obras públicas menos dañinas para el medio ambiente, aprovechamiento del agua y de los recursos naturales... Por supuesto, pero quizá baste con que el Gobierno se 'limite' a facilitar y no poner trabas a todo lo que está haciendo ya la iniciativa privada en estos campos.