Realismo en Figueruelas

El acuerdo que han alcanzado Opel, ahora propiedad del grupo francés PSA, y los trabajadores por el que éstos sacrifican parte de sus ingresos futuros a cambio de que la empresa aumente la producción de la planta de Figueruelas es una muestra más del realismo que ha caracterizado las relaciones laborales en la industria de la automoción en España. Y esto ha sido y sigue siendo muy positivo para la economía.

Ese realismo empresarial y sindical ha hecho de España un país muy competitivo en este sector, algo especialmente importante porque en los últimos años se han sumado a la producción de automóviles países con mano de obra más barata que han puesto en dificultades el mantenimiento de las fábricas en España. Que las multinacionales del motor acepten mantener su producción en nuestro país con mejores condiciones laborales que en otros es porque la productividad de las plantas españolas es superior a la de nuestros competidores. Un responsable de Opel recordaba el miércoles que en Europa hay más de 200 factorías similares a las españolas, muchas de ellas con costes laborales más bajos.

El automóvil es imprescindible para España porque es clave para nuestro sector industrial. El peso de la industria en el PIB ha caído desde el 29% de 2008 al 23% en 2017. Pues bien, casi la mitad de ese 23% -un 11%-, procede de los coches. España cuenta con 19 factorías, emplea directa e indirectamente a unos 200.000 trabajadores y las exportaciones de vehículos representan alrededor del 15% del total de las ventas a exterior. Aquí están Volkswagen, Peugeot-Citroen, Ford, Daimler Benz, Nissan, Renault..., empresas que han inyectado en sus factorías más de 4.000 millones de euros en los últimos años. Los fabricantes dicen que aportan cada año al Estado en impuestos unos 25.000 millones de euros. Son cifras que avalan la importancia del sector de la automoción en España, un país, como decimos, que se desindustrializa por momentos, con la repercusión que tiene este proceso en la estabilidad de los empleos.

Las relaciones laborales en el sector automovilístico han sido modélicas casi siempre, pero especialmente en los años de la crisis. En todas las plantas, sindicatos y trabajadores han sido capaces de llegar a acuerdos en las retribuciones y en las condiciones laborales con los que han sorteado la recesión con resultados muy positivos, como se ve. Ha habido despidos -en condiciones aceptables-, desde luego, pero también se ha logrado conservar la carga de trabajo en las fábricas, lo que ha significado el mantenimiento de la mayoría de los puestos de trabajo y, lo que es muy importante, asegurarse la producción para los próximos años.

En el caso de la factoría de Figueruelas, los trabajadores han renunciado a algunas subidas y complementos salariales y, a cambio, la empresa se ha comprometido a llevar nuevos proyectos, de forma que la planta pueda colocarse a pleno rendimiento, lo que supone fabricar unos 478.000 vehículos al año. En 2017, Figueruelas puso en el mercado 387.000. Hay que felicitarse, pues, por el acuerdo y abogar porque se cumpla.

¿Qué fue de los sindicatos?

Probablemente éste haya sido el Primero de Mayo sindical más triste de los últimos años porque los sindicatos han perdido buena parte de la influencia social que han tenido en España desde la reinstauración de la democracia. Hoy, bajo el lema "Así no salimos de la crisis", UGT y CCOO han convocado manifestaciones en 80 localidades españolas, pero sus voces se van a oír menos que nunca. ¿Qué ha ocurrido para que en el momento de más precariedad laboral, con el desempleo todavía desbocado, con un paro juvenil en el 50%, los sindicatos pinten menos que nunca en el panorama económico nacional?

Hay factores, digamos, endógenos, que se refieren a su propio funcionamiento. Los escándalos de UGT en los cursos de formación y en los ERE han terminado por minar su credibilidad y ha arrastrado a la otra gran central, CCOO .

Las informaciones destapadas por este periódico sobre el despilfarro ugetista de dinero público para los parados en Andalucía -cenas con gambas y rebujitos, o regalos de bolsos de marca pirateados, incluidos-, que han tenido ramificaciones en otras federaciones como la extremeña, la madrileña o la balear, han llevado la imagen sindical a mínimos históricos, que dirían los analistas. Tampoco ha ayudado la aparición de destacados dirigentes de los dos sindicatos en procesos penales un tanto vergonzosos como el caso de las tarjetas black de la antigua Caja Madrid. Y, en estos tiempos en los que se exige claridad en las cuentas públicas y en las organizaciones, las centrales tampoco han sido un adalid de la transparencia.

Pero también hay otras razones externas que explican esta caída de la influencia de los sindicatos. España es de los países de la OCDE con menos afiliación sindical, que nunca ha superado el 15,9% de los trabajadores. En 2014, por ejemplo, UGT y CCOO decían que contaban entre ambos con dos millones de afiliados. Sobre una población activa de 22,8 millones de personas, supone apenas un 8,7% del total. Es posible que el fuerte aumento del paro haya provocado una salida masiva de afiliados, pero en ningún caso el nivel de representación se corresponde con el inmenso poder que han tenido UGT y CCOO en la política española.

¿De dónde viene, pues, esa tremenda influencia? Básicamente, de un sistema de negociación colectiva en el que los sindicatos han llevado la voz cantante. El modelo en cascada, que otorgaba más peso al convenio nacional o general que a los acuerdos que alcanzaran los comités en cada empresa, dejaba en manos de las cúpulas sindicales -más alejadas como de la realidad concreta de cada compañía- decisiones clave para la vida empresarial como las subidas salariales, la remuneración de la productividad o la flexibilidad de la jornada laboral. A esto se añade la ultraactividad de los convenios, que es la aplicación automática de un convenio vencido o denunciado más allá de la vigencia prevista en los acuerdos, lo que podía prolongar sine die unas condiciones laborales pactadas dos o tres años antes pero a lo mejor ya no válidas cuando había que negociar uno nuevo.

La reforma laboral de 2012 decretada por el PP terminó con este modelo al primar los convenios de empresa sobre cualquier otro, con lo que se facilitó el denominado descuelgue; es decir, la posibilidad de no aplicar en una compañía las condiciones pactadas en el convenio colectivo sectorial o territorial aduciendo simplemente causas económicas. Además, la reforma de Báñez rebajó considerablemente la ultraactividad de los convenios, al reducir a un año la renovación automática de las condiciones pactadas. Probablemente estos dos cambios son mucho más determinantes para el mercado laboral que el abaratamiento del despido o los nuevos tipos de contratos. Y el objetivo de esas dos medidas ha sido restar poder a los sindicatos. Se entiende así que una de las medidas clave de las propuestas laborales de Pedro Sánchez es devolver a la negociación colectiva el poder que le ha quitado el PP.

A las consecuencias de la reforma laboral se unirá la pérdida del control sindical -y también empresarial- de los fondos de formación, que como se ha comprobado en los últimos años, ha nutrido de forma fraudulenta las cuentas de las centrales sindicales. Sin la negociación colectiva y sin fondos de la formación los sindicatos no son lo que fueron.

Twitter: @vicentelozano

(Publicado en El Mundo el 1 de mayo de 2015. La foto es de El Norte de Castilla)

Primero de mayo con 4,6 millones de parados, ¿dónde están los sindicatos?

"¿Tú crees que los sindicatos se dedican sólo a defender a los trabajadores con empleo fijo y pasan de los parados?", me preguntó un amigo la semana pasada. Me pensé poco la respuesta. "Desde luego, si no es así hacen muchos esfuerzos para que lo parezca".
¿Por qué? Porque su negativa a aceptar cualquier propuesta de flexibilización del mercado laboral está retrasando el inicio de la recuperación del empleo en España. Bajo la consigna de no perder ningún derecho social, los sindicatos están consiguiendo que miles de personas, sobre todo jóvenes no puedan ejercer el derecho básico a trabajar.

Me lo ha demostrado esta mañana el secretario general de UGT, Cándido Méndez en unas declaraciones radiofónicas. A ser preguntado sobre la tasa de paro del primer trimestre, que superaría el 20% de la población activa, y las medidas que adoptaría para paliar esta situación, su respuesta ha sido. Lo primero, mantener y en algunos casos aumentar las prestaciones y subsidios por desempleo. Lo segundo, no eliminar los incentivos fiscales que están ayudando a generar empleo. Lo tercero, no empeñarse en reducir el déficit público tan rápidamente como quiere el Gobierno.

No ha hablado para nada de cambios para hacer más ágil la contratación, de modificaciones en un sistema de negociación colectiva nefasto, de medidas concretas para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral, de apoyar al Gobierno y a los empresarios en el tránsito hacia una economía basada en los sectores de futuro...

Las propuestas de Méndez van en la dirección contraria a la que piden los organismos nacionales -el Banco de España- e internacionales -BCE. FMI. Comisión Europea- a la economía española y lo único que conseguirán es más déficit, más deuda y, por lo tanto, más dificultades para salir de la recesión y más paro. Hoy mismo, el Banco Central Europeo ha vuelto a advertir a España sobre el excesivo déficit. El vicepresidente Lucas Papademos ha señalado como "imperativa" la necesidad de ajustar el déficit público al 3% del PIB lo antes posible. Méndez dice que esa reducción, que el Gobierno quiere alcanzar en 2013, debería retrasarse hasta 2020. ¿Lo entienden?

Decía ayer Stephen Hawkings que si vinieran extraterrestres a este mundo lo mejor sería no hacerles caso ni entablar relaciones con ellos. A veces pienso que los extraterrestres están más cerca de lo que se cree y algunos son sindicalistas. Desde luego, parecen de otro planeta.

Tiro al empresario

El demagógico énfasis social que pone un Gobierno a la defensiva en lo económico ha encontrado una diana fácil: el empresariado. Lo escenificó el presidente del Gobierno en julio, cuando CEOE se levantó de la mesa negociadora del diálogo social, y ese discurso se ha endurecido a la vuelta de verano.

El sábado pasado, Zapatero se refería ante la plana mayor del PSOE a los "empresarios de cartón piedra" y abogaba por emprender "una reforma empresarial antes que una reforma laboral", en un discurso tan rancio como el de las centrales sindicales de los inicios del posfranquismo.

Así, se intenta hacer creer que los empresarios avariciosos -y recuérdese que la mayor parte del empleo en España lo generan las pymes y los autónomos- son los causantes de la crisis y que el aumento del paro se debe a la falta de escrúpulos de "los poderosos" a la hora de poner a la gente de patitas en la calle.

Es una vuelta al trasnochado enfrentamiento trabajo-capital que creíamos enterrado hace mucho tiempo. Cierto que puede haber violaciones de la legislación laboral vigente o búsqueda de resquicios con los que sacar un aprovechamiento ilícito, pero en la inmensa mayoría de los casos empresarios y empleados reman en la misma dirección: la generación de riqueza para el país. ¿O nadie se acuerda que los millones de puestos de trabajo que empresarios y autónomos, repito, generaron en la 'quincena prodigiosa' de la economía española. Cierto que muchos de ellos fueron temporales, pero entonces apenas se oyeron voces sindicales criticandolos.

Ha costado mucho esfuerzo entender esto. Y hay que reconocer la labor fundamental de los diarios y revistas económicas en las últimas décadas por dar a conocer y propagar la figura del empresario como creador de riqueza. Por eso es triste que la demagogia política intente enfrentar al empresariado con el resto de la sociedad. ¿Qué ahora hay abusos? Claro, por las dos partes, y es reponsabilidad de la Administración -central, autonómica o local- tratar de evitarlos. El empresario, que también es un trabajador no lo olvidemos, no es ni mejor ni peor que el empleado y 'demonizarlo' es contraproducente porque para que un país crezca económicamente hace falta que alguien se arriesgue para construir.