65 directivos y consejeros de
Caja Madrid y de Bankia se sientan en el banquillo de los acusados por el
uso fraudulento de unas tarjetas de crédito opacas a Hacienda.
37 políticos, empresarios y buscones adosados a ambos colectivos lo hacen por haberse quedado con
millones de euros de dinero público: bien para uso personal, bien para dárselo al PP con el fin de intentar asegurar su éxito en las campañas electorales y así perpetuar el latrocinio.
Ha dado la casualidad de que las
dos vistas orales de los procesos más representativos que juzgan aquellos maravillosos años en el ámbito político y en el financiero coincidan en el tiempo. Y en los interrogatorios y en las declaraciones vamos asistir al
sriptease de esos comportamientos indeseables. Como si fuera la
vomitona de los excesos de un banquete sin límites, que eso fue aquello. Y como ocurre en estos casos la escena no va a ser atractiva.
Dos ejemplos de estos días. El primero es de la Gürtel. El fiscal calcula que el considerado cabecilla de la trama, Francisco Correa, tiene unos 20 millones de euros en Suiza, producto de sus presuntos robos en comunidades autónomas y ayuntamientos. ¿No chirría al sentido común que Correa haya pedido autorización para
reembolsar dos de esos 20 millones como gesto de buena voluntad de su intención de colaborar con la Justicia? ¿Se puede aceptar un 10% del producto de su latrocinio -siempre presunto- si con ello está reconociendo su culpabilidad y sigue manteniendo el 90% restante? Es cierto que Correa tiene bloqueado ese dinero, pero su gesto de calculada generosidad suena obsceno a la opinión pública: si se reconoce culpable y quiere colaborar, que renuncie a todo el dinero distraído y lo devuelva.
Tan sangrante o más es lo de las tarjetas
black. Al fin y al cabo, Correa es un aprovechado que se acercó con éxito a los umbrales del sistema y entró en él tras engatusar con el dinero fácil a cómplices sin escrúpulos que estaban dentro y le abrieron las puertas de par en par. En cambio, quienes están acusados por el uso ilegal de las tarjetas eran los a
dministradores legítimos que, en la mayoría de los casos, abdicaron de sus deberes profesionales y de sus principios éticos personales por unos miles de euros. Triste, pero así fue.
Es el segundo ejemplo.
Rodrigo Rato y Estanislao Rodríguez Ponga se han defendido diciendo que esa tarjeta no era una dádiva, producto de una gestión tramposa y del aprovechamiento ilícito -los jueces determinarán si hubo delito-, sino que
formaba parte de su retribución. ¿Es posible de verdad que quien fue vicepresidente económico de un Gobierno o un ex secretario de Estado de Hacienda confundan un medio de pago con una nómina?
Una tarjeta de crédito legal nunca será una retribución: no es más que un medio de pago que se usa para gastar la retribución pactada. Si alguien te da una tarjeta para que hagas con ella lo que quieras sin dar cuenta a nadie -ni a la pareja, como se intuye a la vista de algunos cargos- queda claro que se trata de algo ilegal. Y si eres gestor de una caja de ahorros lo sabes.
Evidentemente, los acusados tienen todo el derecho a defenderse como crean más oportuno. Pero produce náuseas la obscenidad con la que tratan de explicar lo inexplicable quienes tenían la obligación de haber custodiado los ahorros de los clientes de Caja Madrid y de Bankia, y se dedicaron a gastarlo en lencería, cacerías, cenas y puros... o a sacar dinero de madrugada en cajeros sospechosamente cercanos a lujosos locales con "mujeres en situación de prostitución", como quiere Manuela Carmena que digamos. Lo dicho,
contemplar la vomitona no va a ser agradable.
(Publicado en El Mundo el 7 de octubre de 2016)
