La honradez no tiene compartimentos estancos

 

La condena a los expresidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán ha caído como una bomba de racimo en el socialismo nacional, aunque estuviera ya 'descontada'. Ni el voto discrepante de dos de los cinco magistrados que han elaborado la sentencia ha dulcificado el hecho de que ambos altísimos dirigentes del PSOE han sido condenados de forma firme y lo normal es que ya no puedan dejar de cumplir esas condenas, salvo indulto del Gobierno... socialista.

Las justificaciones del partido y del Gobierno para defender, sobre todo, a José Antonio Griñán, de la entrada en la cárcel -seis años le pide el fallo judicial- es que se trata de un político honrado y honesto que no se lucró personalmente del desfalco producido por los ERE fraudulentos. Es cierto -al menos ningún juez lo ha probado- que Griñán no se enriqueció con ese sistema de desvío de dinero, pero el fallo prueba que lo consintió. Que sabía que existía y que no hizo nada por eliminarlo. 

Es decir, es muy posible que fuera honrado con su dinero, pero no lo fue con el de los demás. Y, por lo tanto, no se puede decir que Griñán es un político honesto, porque en la honestidad y en la honradez no caben compartimentos estancos. Como no es honrado quien trata perfectamente a sus amigos, pero maltrata a su pareja y a sus hijos -"quien lo diría, parecía un hombre normal", se suele oír en esos casos desafortunados de violencia de género-- O el empresario que crea una fundación de ayuda a la investigación médica a la vez que no paga los impuestos correspondientes a Hacienda. O el dueño de un negocio que medra a costa de los derechos de sus trabajadores. Ninguna de estos tres ejemplos reflejan comportamientos de personas honestas por mucho que en alguna de las facetas de su vida puedan ser, incluso, ejemplares.

El hombre es un todo. Es imposible ser bueno por la noche y malo por la mañana. Si eres honrado, eres honrado siempre y en todas las circunstancias, porque en cuanto dejas de serlo en una de ellas, dejas de serlo en el conjunto. Por eso, a tenor del fallo del Supremo, Griñán no fue un político honrado. Otra cuestión es que estemos de acuerdo o no con la severidad de la pena impuesta.

Hablemos del plurinacionalismo

En condiciones normales -en el sentido químico del término, es decir sin elementos que distorsionen el experimento- lo que el ciudadano debe pedirle a la clase política que gobierna es que le facilite la vida. Con ello entiendo, por una parte, que nos la haga lo más asequible posible, tanto por el lado de los ingresos -trabajo y pensiones dignos...- como por el de los gastos -impuestos, servicios...-. Y, por otra, que nos la haga lo más libre posible, es decir, que tengamos la posibilidad real de elegir en lo fundamental y optar por lo que mejor consideremos desde nuestras propias convicciones. Y junto a ello, que el Estado tenga la obligación y la capacidad de empujar para que nadie se quede atrás en esta búsqueda de progreso y libertad. Por eso me pongo nervioso cuando los políticos se dedican a crear más problemas de los que ya de por sí tenemos los ciudadanos.

Hay que ser pragmáticos. En términos de derecho positivo, que España sea una nación indisoluble, al final, depende de los políticos... y de los ciudadanos. Ahora que recordamos el cuadragésimo aniversario de las primeras elecciones democráticas, es bueno pensar que fueron los políticos y la sociedad quienes cambiaron aquello de que "España es una unidad de destino en lo universal. El servicio a la unidad, grandeza y libertad de la Patria es deber sagrado y tarea colectiva de todos los españoles", de los Principios Fundamentales del Movimiento, por el "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». Y antes que todo esto fuimos aquello de 1931: "España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones". Ahora llega la plurinacionalidad de España, que ha adoptado como doctrina política el partido que más ha gobernado en esta etapa democrática.

El lunes pasado, Carlos Alsina preguntó en Más de Uno de Onda Cero a Adriana Lastra por algún país del mundo en el que se dé ese caracter plurinacional que predica el PSOE. Balbuceó que podría ser Alemania con Baviera, aunque no es el caso. Y sólo pudo acordarse de Bolivia, que efectivamente recoge el término "plurinacional" en la Constitución promovida por Evo Morales. El artículo 1 dice: "Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías...". Bolivia recoge bajo esa definición a varias decenas de pueblos indígenas, algunos con menos de 40 ciudadanos. No sé si el PSOE va por ahí. Me gustaría preguntar a los 1.035 delegados que asistieron al Congreso el pasado fin de semana cómo definen el "Estado plurinacional". Nos íbamos a asombrar.

En nuestro convulso siglo XX fuimos una "república democrática de trabajadores", después -y a la fuerza- una "unidad de destino en lo universal", y más tarde un "estado social y democrático de Derecho". Incluso podrá llegar el momento en el que, impulsados por los gobernantes -como siempre-, los ciudadanos aprobemos que España sea un "Estado plurinacional". Recuerdo aquel programa de El mundo por montera de Fernando Sánchez Dragó en el que un Fernando Arrabal un tanto perjudicado interrumpía constantemente con su "hablemos del milenarismo". A eso me suena todo esto. De momento, hablemos del plurinacionalismo... y generemos otro problema.

El problema no es Sánchez, es el socialismo

(Publicado en El Mundo el 29-9-2016. Antes de la caída, pero sigue vigente).

LA QUERIDA Actualidad Económica ha dedicado la portada de su número de septiembre a la crisissocialista. Con el título de ¿Cuándo se jodió el PSOE?, poco original pero efectivo, dedica un editorial y cinco páginas llenas de testimonios y de datos sobre la historia reciente del partido.Los autores del reportaje destacan dos momentos importantes en los últimos años de la formación de Ferraz. El primero es un día concreto: el 12 de mayo de 2010. Un Zapatero agobiado ya por las repercusiones de la crisis y apremiado desde casi todas partes del mundo -llamada telefónica del presidente Obama incluida- presenta en el Congreso su plan de recorte de 15.000 millones de euros, con unas medidas que incluyen dos pecados mortales para la moral política socialista, la congelación de las pensiones y bajada de sueldo a los funcionarios. Además de la retirada de una serie de beneficios sociales aprobados poco antes -dispendios les llamarían otros- como el cheque bebé. De repente, el PSOE se derechizó. «Acabamos de perder las próximas elecciones», dicen que dijo un entonces un destacado barón socialista.

El segundo momento clave de esta historia tiene nombre de día, pero es una movilización: el 15-M. Un movimiento que estaba ya larvado, pero que se manifestó justo un año después del «mayor recorte social de la democracia» en forma de concentración asamblearia en la madrileña Puerta del Sol. En el PSOE se vio esa movilización como la posibilidad de congraciarse con la izquierda social tras aquel 12-M de 2010. En la Puerta del Sol estaba «la misma gente que nos había llevado en volandas a La Moncloa después de que le prometiéramos 'no te fallaré'», recuerda José Maria Barreda en el reportaje. Había que aprovechar esa marea. Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro del Interior, permitió que creciera aquella concentración... hasta que a los socialistas se les fue de las manos y apareció Podemos. En ese zigzag a derecha e izquierda entre 2010 y 2011 el PSOE ha perdido casi seis millones de votos: los que van de los 11,28 millones de papeletas de la segunda victoria de Zapatero a los 5,42 millones de la segunda derrota de Sánchez.

Para recuperarlos va a tener que hacer algo mucho más radical que cambiar al secretario general. Porque el problema de fondo del PSOE no es el liderazgo de Sánchez, sino la crisis de identidad de la socialdemocracia desde finales de siglo, que se ha acentuado durante la crisis económica. Es la gran paradoja de la recesión vivida en estos años: una depresión motivada por la desregulación financiera del sistema capitalista ha hecho mucho más daño a la izquierda política que a la derecha. ¿Por qué? Habrá que recordar, por ejemplo, cómo la administración republicana de Bush nacionalizó la banca del país tras la caída de Lehman. Es decir en la cuna del sistema capitalista se aplicaron recetas socialistas para frenar la sangría. Después, muchos gobiernos de izquierda se vieron forzados a aplicar políticas de recortes sociales contrarias a sus planteamientos. Los ciudadanos perdieron las referencias.

En ésas estamos. El espacio político socialista -socialdemócrata, si queremos- se ha comprimido casi hasta el ahogo, apretado por la izquierda y la derecha. La cuestión es mucho más profunda que formar Gobierno con Podemos o dejar gobernar al PP. Es un tema de fondo que no se arregla sólo con el cambio de líder. Tiempo habrá para comprobarlo, pero dudo de que un programa electoral presentado por Susana Díaz difiriera mucho de los de Sánchez. Ése es el verdadero drama del PSOE. Y también de la socialdemocracia europea.

@vicentelozano

El filofascismo educativo socialista

Si el Gobierno socialista defiende la asignatura Educación para la Ciudadanía porque, y cito textualmente de un reciente recurso de la abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, "la libertad ideológica del menor no puede quedar abandonada a lo que puedan decidir quienes tienen atribuida su guardia y custodia o su patria potestad", el Ejecutivo acaba de hacer añicos la Constitución en un asunto trascendental referente a los derechos humanos y a la libertad individual.

Porque nada está más lejos de ese planteamiento totalitario que el artículo 27 de la Carta Magna:

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las Leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca.

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades en los términos que la Ley establezca.

Frente a este artículo, incluido con muy buen criterio en la Sección sobre Derechos Individuales y Libertades Públicas, la abogacía del Estado defiende a las claras el mismo sistema educativo totalitario que imperó en España durante el franquismo: el Estado decide cómo se educa –me da igual que sea haciendo obligatoria la religión, la formación del espíritu nacional o la educación para la ciudadanía­- y los padres no tienen cabida en este sistema.

Por el contrario, la Constitución Española consagra una educación libre: libre para que los padres escojan lo que consideran mejor para sus hijos en función de sus convicciones; libre para que cualquiera que esté capacitado pueda erigir centros docentes, libre para impartir las enseñanzas éticas y morales que cada colectivo considere más adecuadas.

El Estado no es neutral cuando impone un determinado estilo educativo. Al contrario, se convierte en el elemento adoctrinador más repelente -por su apabullante capacidad coercitiva- cuando lo hace. El Estado es neutral cuando adopta unas normas básicas ­–el código de circulación en el caso del tráfico- y no se mete en si los ciudadanos marchan en moto, coche o bicicleta o si viajan por autovías, carreteras nacionales o caminos vecinales, siempre que respeten esas normas.

Estoy seguro de que el ministro de Educación habrá dado un salto en su sillón al leer el recurso de la abogacía del Estado y estará haciendo lo posible para arreglar este fiasco que ha llenado de desasosiego a todo español demócrata.