La regeneración que no llega

La regeneración política consiste en empadronar a un vitoriano en un pequeño pueblo de Segovia para que pueda ser designado senador autonómico por el Parlamento de Castilla y León y es votado por el PP, que lo propone, y por Ciudadanos, partido representante de la nueva política. Todo ello porque ese senador no logró los votos de los alaveses cuando se presentó a las elecciones generales como candidato a diputado por su circunscripción. Regeneración política es deshacer la legislación por la que el presidente de Castilla-La Mancha -socialista- no podía ser reelegido más de dos mandatos para que pueda presentarse todas las veces que quiera.

Regeneración es que el partido de la alcaldesa de Barcelona, En Comú, le suba el sueldo un 40% -y un 27% a los concejales- porque dedican largas horas a su trabajo y para que puedan conciliar más fácilmente. Todo porque te das cuenta de que la limitación salarial que establece el código ético de ese partido queda bien como propaganda, pero es imposible de aplicar. Regeneración política es colocar al hijo del presidente socialista del Parlament de Baleares como asesor para llevar las redes sociales de la Presidencia del Gobierno autonómico socialista cuando sólo se le conoce un año y medio de vida laboral privada, al margen de otros puestos en la Administración socialista balear.

Regeneración es que decenas de alcaldes se suban el salario de forma desmesurada al tomar el bastón de mando, en algún caso hasta el 160%. Cierto que algunos ayuntamientos llevaban con los sueldos congelados desde el inicio de la crisis, pero ni un solo trabajador de la empresa privada ha podido hacer lo mismo que estos políticos. Regeneración es también que los diputados del Parlamento de Castilla-La Mancha voten unánimemente que se restituya el sueldo que ellos mismos habían decidido eliminarse hace dos legislaturas.

Regeneración política es que la Comunidad Foral de Navarra, con 640.000 habitantes, necesite un Gobierno autonómico -formado por el PSOE, Geroa Bai, Izquierda Unida y Podemos- con 12 consejerías más la presidencia -calculen el número de altos cargos- sólo para que cada formación pueda tener su parte en el pastel del poder, cueste lo que cueste al erario, es decir, al ciudadano.

Todo esto ha ocurrido en los últimos dos meses. Por este repaso han circulado PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y En Comú, Geroa Bai, Izquierda Unida,... más los partidos de los alcaldes. Que tengan un buen y regenerador agosto.

(Publicado en El Mundo el 30 de julio de 2019)

Las listas electorales

En estos momentos hay unas pocas personas en España -no más de dos o tres por partido político- a quienes se les puede calificar como las más poderosas del país: los encargados de confeccionar las listas electorales de cada una de las formaciones. Porque de esas listas salen los grupos políticos que aprueban las leyes en el Congreso y en el Senado. Unas leyes que, en mayor o menor medida, modifican comportamientos individuales y sociales.

Por eso, el proceso de elección de una persona u otra en una lista es una decisión trascendente en democracia. Para que nos entendamos: el martes pasado publicábamos en este periódico que ningún parlamentario del PP que se ha manifestado en este tiempo a favor de la reforma de la ley del aborto de Alberto Ruiz-Gallardón va a repetir en las candidaturas populares: ya se intuye, pues, que en la próxima legislatura el Grupo Popular no tiene intención de menear más este espinoso asunto.

Así funciona nuestro sistema electoral. Incluso a veces, es el jefe -y su camarilla- el que coloca a quien considera oportuno por encima de los órganos del partido, que se limitan a dar el visto bueno después. Tenemos casos en las últimas semanas. Uno es la irrupción de Irene Lozano como 'número cuatro' del PSOE por Madrid, aupada por Pedro Sánchez. Otro más reciente: Cristóbal Montoro está en la lista de la capital del PP porque lo quiere Mariano Rajoy y a pesar de Esperanza Aguirre. Hemos visto a ministros que han recorrido la mitad de la geografía nacional hasta dar con un paradero aceptable -para él y para el partido- aunque al final hayan conseguido, iba a decir la prebenda, del número uno en una circunscripción casi desconocida para ellos. Y los partidos jóvenes van aprendiendo esta costumbre de sus mayores. Ahí está la dimisión en bloque de la dirección de Podemos en el País Vasco como protesta por los colocados en las candidaturas desde el aparato central del partido.

Éste es el modelo que nos hemos dado en España desde 1978. Quizá porque por entonces era necesario fortalecer unos partidos políticos, neonatos unos, hibernados durante décadas otros, para que fueran desde el primer momento pilares firmes de la democracia naciente. Pero ahora esos partidos -sus cúpulas- acumulan demasiado poder, en detrimento en la práctica de la soberanía popular.

Eso no es bueno para la democracia. El caso de Ángel Gabilondo en las últimas elecciones autonómicas es muy significativo de lo pernicioso que resulta este modelo. Gabilondo fue un buen ministro de Educación -estuvo a punto de lograr ese ansiado pacto por la enseñanza, por ejemplo-, pero llegó a la candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por el PSOE impuesto por Pedro Sánchez tras desembarazarse de Tomás Gómez, el candidato natural del partido. El PSOE perdió esas elecciones. Se ha quedado sin el gobierno de Madrid y casi sin ejercer la oposición, porque Gabilondo, que debe de ser un magnífico profesor y, como digo, no lo hizo mal como ministro, no reúne las cualidades del líder que necesita morder a quien está en el poder para hacer oír la voz de su partido. Ahora el PSOE apenas suena en Madrid y eso es malo porque la Comunidad necesita una oposición fuerte.

La primera de las 40 propuestas para la regeneración democrática que ha lanzado EL MUNDO de cara al 20-D es una reforma del sistema electoral. Es fundamental lograr que los parlamentarios tengan que rendir cuentas ante sus electores. Porque ahora usted elige al diputado que alguien ha incluido en una candidatura, pero ese diputado no se debe a quien lo elige, sino a quien lo incluye en la lista.

@vicentelozano

(Publicado en El Mundo el 12 de noviembre de 2015)

Ni hay libros gratis ni el AVE cuesta 20 euros

Desde ayer, y por unas semanas, el recién inaugurado trayecto del AVE entre Madrid y León cuesta 20 euros. Desde hoy, los jóvenes de la Comunidad de Madrid -y los ya talluditos, porque la oferta llega hasta los 26 años- pueden usar cuantas veces quieran el transporte público también por 20 euros al mes. Y este curso escolar que acaba de empezar, familias de algunas comunidades autónomas -cada vez menos, es verdad- como Andalucía han conseguido gratis los libros de texto de los estudiantes de enseñanza obligatoria. Pues todo esto es falso. Ni el AVE ni el abono joven cuestan 20 euros, ni los libros de texto son gratuitos.

Porque el Consorcio de Transportes de Madrid recibe unos 900 millones de euros al año del presupuesto de la Comunidad de Madrid para hacer frente al déficit que le causan esas ayudas; porque ese tramo de alta velocidad ha costado 1.620 millones de euros y si no estuviera subvencionado por el Estado, esa inversión no estaría costeada hasta que, por ejemplo, cada uno de los 420.000 habitantes de Valladolid y León hubiera realizado el trayecto en 3.700 ocasiones. Eso, sin incluir los trenes y el mantenimiento de la infraestructura. Y si los libros de texto fueran gratis, sencillamente, ya no habría editoriales para elaborarlos. Nada es gratis, pues, como concluye uno de los principios básicos de la economía.

Las ayudas y subvenciones las pagamos todos los... iba a decir españoles, pero no, todos los contribuyentes españoles, que no es lo mismo. Me dirán que es lo lógico en cualquier Estado con una economía social de mercado, como el nuestro. Que precisamente para esto existen los impuestos, para repartir las cargas. Cada ciudadano contribuye según su capacidad y con ese dinero salimos ganando todos a través de los servicios que proporciona el Estado -infraestructuras, sanidad, educación,...-. En unas ocasiones ese reparto es beneficioso para los que menos tienen, cuando se exigen unos requisitos para acceder a las ayudas, como en el caso de los libros. En otras, ese beneficio es para todos, pero mayor para los ricos: el abono joven cuesta igual para un estudiante sin recursos que para el hijo del consejero delegado de una gran empresa.

Al final, esas subvenciones provienen de las opciones para financiar un servicio público: que lo pague quien lo usa y le sale muy caro, o que lo sufraguemos entre todos, de forma que sale mucho más barato al usuario directo -el billete del AVE es asumible para el leonés que viaja a Valladolid-, pero continúa siendo caro para quien no lo utiliza, porque el gaditano que nunca va a ir en tren a Valladolid también costea esa infraestructura subvencionada.

Es conveniente detenerse en estas cuestiones, sobre todo en vísperas de una campaña electoral. Porque si un Gobierno no gestiona bien los recursos públicos podemos hacernos trampas en el solitario. Es decir, ¿de qué sirve que un Gobierno autonómico pague a una familia los 300 euros que cuestan los libros de texto si por la corrupción o por el despilfarro en el gasto público esos 300 euros van incluidos en unos impuestos que deberían ser más bajos?

Sería de idiotas que el dinero que se ahorra un padre o una madre al pagar sólo 20 euros por el abono del transporte de su hijo se destinara a sufragar la deuda que han dejado la Caja Mágica de Madrid o la Ciudad de la Cultura de Santiago al contribuir con más impuestos de los debidos por la ineficiencia de la Administración. Y, en el peor de los casos, se dedicara a pagar las facturas de Urdangarin o las mariscadas de UGT en Andalucía. De idiotas. Por eso es muy importante para nuestros bolsillos la regeneración de la política.

(Publicado en El Mundo el 1 de octubre de 2015)

@vicentelozano