El Estado de 'superbienestar' no es bueno

El Estado de bienestar es bueno, y saludable para la sociedad, pero demasiado Estado de bienestar puede ser muy perjudicial. Porque hay casos en los que se produce un desbordamiento de las ayudas y subvenciones públicas a los individuos para acceder a distintos servicios que puede causar más problemas de los que soluciona.

Dinamarca está viviendo en estos años un caso de libro. Allí, los estudios universitarios son gratuitos y los estudiantes gozan de una ayuda pública de unos 1.000 euros mensuales -mensuales, sí- para manutención y vivienda mientras estudian la carrera. Para los socialdemócratas de pro, defensores de lo público, se trataría de una situación ideal: todo el mundo puede optar a un título y hacerlo, además, sin preocuparse de nada más. Ni de qué comer ni de dónde dormir, mientras esté estudiando. Se garantiza, pues, la igualdad de oportunidades. El joven sólo tiene que preocuparse de sacar adelante su carrera independientemente de su condición social.

Pero este supuesto paradigma del Estado de bienestar se ha tornado contraproducente: es tan fácil estudiar en la universidad... que muchos universitarios no estudian. Es lo que se conoce entre los daneses como los estudiantes eternos. Si no tengo que pagar matrícula apruebe o suspenda y cuento con 1.000 euros al mes para gastar sin dar ninguna explicación me puedo dedicar a estirar los estudios todo lo que pueda, porque cuando acabe la carrera ya no tendré este chollo. Así, muchos universitarios dedican cursos enteros a viajar o a hacer de todo menos estudiar, de forma que empezaba a ser normal que carreras de cuatro años se terminaran en cinco o seis cursos. A la postre, parece que aquí hay pocas diferencias entre nórdicos y latinos en la forma de pensar y de actuar.

Esta forma de proceder supone un doble perjuicio para las arcas del Estado: los estudiantes reciben más dinero público del necesario porque se les paga durante más tiempo esa generosa prestación. A la vez, tardan más tiempo en devolver al Estado esa inversión que supone la enseñanza porque empiezan más tarde a trabajar y, por tanto, a pagar impuestos. El Gobierno danés calcula en unos 260 millones de euros el coste anual de los estudiantes eternos.
El Ejecutivo intentó poner remedio en 2015 a esta especie de atropello con una ley que dotaba de más poder a las universidades para exigir resultados académicos a los alumnos, lo que provocó las consiguientes protestas por parte de los estudiantes. Ahora, parece que empieza a revertirse la tendencia y se reduce lo que también se conocía como el curso de la burla. Estado de bienestar, sí; pero el estado de 'superbienestar' puede ser más costoso y, al final, terminarán pagándolo los de siempre

Absurdos boicots

Cuando el Banco Sabadell compró el Atlántico al Arab Banking Corporation y al BBVA, en 2003, cambió el nombre por el de Sabadell Atlántico. Años después, tomó la decisión de eliminar el nombre compuesto y en el consejo de administración hubo un debate que ahora viene al pelo. Había quien prefería que el banco siguiera denominándose Sabadell, como toda la vida. Pero otros consejeros consideraban que se podía aprovechar la ocasión para cambiar definitivamente la denominación de la entidad y llamarla simplemente Banco Atlántico, un n9ombre mucho más aséptico, con marca también asentada y sin connotación territorial. Ganó la primera opción y algunos se acordarán ahora de ello.

Una directora de sucursal madrileña de CaixaBank me comentó que estos días le habían llegado clientes pidiéndole la retirada de sus cuentas. No lo hacían por miedo a que la entidad quebrara y perder sus ahorros. Querían abandonar la entidad simplemente porque era catalana. Cambiar de banco es un auténtico fastidio y hay que estar muy cabreado para hacerlo por motivos políticos. Este movimiento de los clientes es una de las razones que han llevado a CaixaBank y al Sabadell a dejar su sede oficial catalana.

Hay otra. La clave del negocio bancario es la prudencia. Y la prudencia de los gestores lleva a considerar un grave riesgo quedarse sin la tutela del BCE y del Banco de España en el supuesto caso de que se llegue a la independencia. Pero eso sería a medio plazo. A corto, lo que pesa para tomar esta decisión es la protección del negocio ante la posible desbandada de clientes. No olvidemos que la puntilla del Banco Popular fue la masiva retirada de fondos de los clientes ante las noticias que surgían sobre el futuro del banco.

¿Tiene sentido ese boicot a La Caixa, Sabadell y a otras empresas catalanas por el hecho ser catalanas? En absoluto. A estas alturas de la globalización, cuesta saber de dónde es cada empresa. Por ejemplo, Seat es de capital alemán, pero tiene su mayor planta en Martorell (Barcelona), con empleados que en su totalidad viven en Cataluña. En cambio, CaixaBank y Sabadell tienen más empleados, más sucursales y más negocio fuera de Cataluña que en esa comunidad. Si la intención es fastidiar a la Generalitat -y que me perdonen en Volkswagen-, haría muchísimo más daño a la economía catalana un boicot a los coches de Seat que una retirada de fondos en esos bancos. Seat genera mucha más actividad directa e indirectamente en Cataluña -y, por lo tanto, más riqueza y más impuestos- aunque sea de capital alemán que los catalanes CaixaBank o Sabadell. Antes de actuar, compensa pensar las decisiones. En pleno siglo XXI, boicotear por sentimientos pseudopolíticos es un absurdo

(Publicado en El Mundo el 5 de octubre)

Hablemos del plurinacionalismo

En condiciones normales -en el sentido químico del término, es decir sin elementos que distorsionen el experimento- lo que el ciudadano debe pedirle a la clase política que gobierna es que le facilite la vida. Con ello entiendo, por una parte, que nos la haga lo más asequible posible, tanto por el lado de los ingresos -trabajo y pensiones dignos...- como por el de los gastos -impuestos, servicios...-. Y, por otra, que nos la haga lo más libre posible, es decir, que tengamos la posibilidad real de elegir en lo fundamental y optar por lo que mejor consideremos desde nuestras propias convicciones. Y junto a ello, que el Estado tenga la obligación y la capacidad de empujar para que nadie se quede atrás en esta búsqueda de progreso y libertad. Por eso me pongo nervioso cuando los políticos se dedican a crear más problemas de los que ya de por sí tenemos los ciudadanos.

Hay que ser pragmáticos. En términos de derecho positivo, que España sea una nación indisoluble, al final, depende de los políticos... y de los ciudadanos. Ahora que recordamos el cuadragésimo aniversario de las primeras elecciones democráticas, es bueno pensar que fueron los políticos y la sociedad quienes cambiaron aquello de que "España es una unidad de destino en lo universal. El servicio a la unidad, grandeza y libertad de la Patria es deber sagrado y tarea colectiva de todos los españoles", de los Principios Fundamentales del Movimiento, por el "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». Y antes que todo esto fuimos aquello de 1931: "España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones". Ahora llega la plurinacionalidad de España, que ha adoptado como doctrina política el partido que más ha gobernado en esta etapa democrática.

El lunes pasado, Carlos Alsina preguntó en Más de Uno de Onda Cero a Adriana Lastra por algún país del mundo en el que se dé ese caracter plurinacional que predica el PSOE. Balbuceó que podría ser Alemania con Baviera, aunque no es el caso. Y sólo pudo acordarse de Bolivia, que efectivamente recoge el término "plurinacional" en la Constitución promovida por Evo Morales. El artículo 1 dice: "Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías...". Bolivia recoge bajo esa definición a varias decenas de pueblos indígenas, algunos con menos de 40 ciudadanos. No sé si el PSOE va por ahí. Me gustaría preguntar a los 1.035 delegados que asistieron al Congreso el pasado fin de semana cómo definen el "Estado plurinacional". Nos íbamos a asombrar.

En nuestro convulso siglo XX fuimos una "república democrática de trabajadores", después -y a la fuerza- una "unidad de destino en lo universal", y más tarde un "estado social y democrático de Derecho". Incluso podrá llegar el momento en el que, impulsados por los gobernantes -como siempre-, los ciudadanos aprobemos que España sea un "Estado plurinacional". Recuerdo aquel programa de El mundo por montera de Fernando Sánchez Dragó en el que un Fernando Arrabal un tanto perjudicado interrumpía constantemente con su "hablemos del milenarismo". A eso me suena todo esto. De momento, hablemos del plurinacionalismo... y generemos otro problema.

Tres apuntes sobre el paro

Todo indica que el mercado de trabajo ha tomado velocidad de crucero, al hilo del crecimiento de la actividad. La destrucción de empleo durante la crisis fue insoportable y ahora, fruto de la reforma laboral, de un cierto cambio en el modelo económico que ha propulsado las exportaciones y del viento favorable que sopla desde el exterior -en forma de bajos tipos de interés, caída del euro y reducidos precios del petróleo- España está creando empleo con intensidad.

No será el de mejor calidad del mundo, cierto, pero si no se empieza así no hay forma de recuperar la calidad en el empleo. Igual que en las épocas de despidos, quienes primero salen de las empresas son los temporales, cuando se da la vuelta la tortilla, los primeros empleos que se crean también son temporales. Si el mercado de trabajo está adaptado a lo que necesitan las empresas y la economía, esos puestos se irán consolidando. La eficiencia de un modelo laboral consiste en conseguir que esa transición sea lo más breve posible.

En este sentido, y al hilo de la EPA del primer trimestre que conocimos hace unos días, merece la pena pararse en algunos detalles que pueden condicionar la evolución del empleo en nuestro país en los próximos años.

El primero es el descenso de la población activa. Miguel Valverde recordaba en el diario Expansión que en los últimos cinco años la población activa en España ha caído en casi 800.000 personas. La población activa la conforman quienes tienen trabajo más los parados que buscan empleo. Una reducción de la misma supone perder fuerza laboral, aunque maquille las cifras del paro, pues con menos población activa y la misma gente trabajando, la tasa de desempleo baja. Es grave que parte de esta reducción se deba al envejecimiento de la población. Es decir, personas que dejan la actividad porque se jubilan, sin que haya jóvenes suficientes para reemplazarlas. Aunque sea mejor para las estadísticas, un país que va perdiendo fuerza laboral joven -especialmente en una época de acelerados cambios tecnológicos- desaprovecha condiciones para competir.

El segundo apunte es la estrecha correlación que existe entre el paro y el nivel educativo en España. Veamos. En el tercer trimestre de 2007, cuando el empleo alcanzó su máximo histórico con esos 20 millones de personas trabajando, la tasa de paro de quienes habían abandonado los estudios antes de terminar la enseñanza obligatoria era del 10%. Muchos de ellos encontraban trabajos sin cualificar en la construcción o el turismo. En ese año, el paro entre quienes habían terminado la segunda etapa de la Educación Secundaria era del 9,9%, mientras que los que tenían una carrera universitaria disfrutaban de pleno empleo: sólo un 3,9% de los licenciados estaba sin trabajo. Hoy, según la última EPA, el paro de quienes han abandonado los estudios casi se ha cuadruplicado -es del 37,6%-, el de quien ha terminado Secundaria se ha triplicado -del 19,3%- mientras que el de los universitarios ha pasado de ese 3,9 al 10,9%. Una cuestión clave ante el alto grado de abandono escolar que tenemos.

El tercer apunte es una reflexión. España ha alcanzado este trimestre el mismo nivel de Producto Interior Bruto (PIB) -es decir, de producción, de actividad total- que antes de la crisis. Pero lo ha conseguido con 1,5 millones de empleos menos. ¿Qué tipo de trabajo era aquél que su desaparición no ha impedido este incremento de la actividad? Habrá que plantearse también la creación de puestos de trabajo cualificados que generen valor añadido. Y para ello hace falta trabajadores jóvenes y con estudios (ver los dos apuntes anteriores).

(Publicado en El Mundo el 4 de mayo de 2017)

Libertad de elegir, libertad para ofrecer

Evocando a Charles de Gaulle, cada vez está más claro que la educación es "un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los políticos". Al menos en España, donde es usual plantear el tema como arma ideológica y así no hay forma de avanzar en su desarrollo. Todo por el empeño de los partidos, y por diferentes razones, en tener un sistema de enseñanza que, en la medida de lo posible, no se les escape de las manos.
La inmersión lingüística es uno de esos ejemplos de control de la enseñanza con fines no estrictamente educativos, si se puede hablar así. Ocurre en Cataluña, donde los estudios en castellano prácticamente han desaparecido de la escuela pública obligatoria en aras de la defensa del catalán, a pesar de tantas sentencias judiciales. En el País Vasco y en Galicia la cosa no ha sido igual. Allí se han establecido modelos en los que más o menos conviven las dos lenguas y, la verdad, nadie piensa ahora que el euskera y el gallego estén en peligro de extinción, ni siquiera amenazados, por el castellano.
El desuso es el principal argumento utilizado por el nacionalismo para aplicar esa política de inmersión. Ahora, los gobiernos de izquierda de la Comunidad Valenciana y de Baleares, siguen la estela de Cataluña, suponemos que para hacer del catalán/valenciano y del catalán/balear los únicos idiomas vehiculares en sus regiones. Porque, claro, a estas alturas de la película, hay quien sigue pensando que las imposiciones centralistas hacen peligrar su supervivencia. Pero el camino emprendido lleva, si no se remedia, a que los ciudadanos de esas comunidades autónomas no tengan libertad para elegir en qué idioma estudiar.
Otro caballo de batalla de algunos políticos es la enseñanza concertada, la de los centros de titularidad privada que reciben recursos del Estado y, por tanto, ofrecen la educación gratuitamente -o deben hacerlo- a las familias que acuden a ellos. Estas semanas que se renuevan los conciertos escolares para el próximo curso leemos noticias de gobiernos autonómicos que, con unas u otras razones, tratan de reducir la enseñanza concertada, como un paso previo incluso para eliminarla. Hay otros que, en cambio, reconocen el papel que desarrollan estos centros y el ahorro de costes que supone a las arcas públicas, y los contemplan como un modelo complementario a la educación pública. 
En el sistema educativo que marca nuestra Constitución caben todas las posibilidades porque ésta consagra la libertad de enseñanza. Es decir, los padres tienen derecho a que sus hijos reciban educación gratuita según su forma de pensar, de hablar y de escribir. Se trata de un bien que merece la pena conservar.
Para que ese espíritu constitucional sea real hay que contar con que la libertad de oferta se acomode a la libertad de demanda... Es lo que nos hemos dado y, desde mi punto de vista, está funcionando adecuadamente. En España, la escuela privada, la concertada -religiosa y laica- y la pública conviven sin problemas... y éstos llegan precisamente cuando los políticos se empeñan en cercenar esas libertades. Exactamente igual que ocurre cuando los gobiernos se empeñan en coartar la libertad de quien quiere que sus hijos estudien en un determinado idioma oficial en su comunidad.
Es una torpeza tratar de cargarse por motivos espurios un modelo experimentado durante 30 años -lo implantó el PSOE en la Lode en 1985-, que ahorra recursos al Estado y que se ha demostrado que funciona. Pero existen los torpes. ¿Ven como será imposible llegar a un pacto educativo en España?

(Publicado en El Mundo el 6 de abril de 2017)

"El Estado del Bienestar está en un callejón sin salida"

El economista Juan José Toribio (1940) es optimista, pero plantea con realismo los retos que tienen las sociedades occidentales, desde el difícil mantenimiento de la protección social hasta el populismo, pasando por el proteccionismo y la revolución tecnológica. Liberal formado en Chicago, dice que la creación de empleo es la mejor forma de acabar con la desigualdad que la crisis ha dejado en España.

-¿Qué ha quedado tras la mayor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial? -Seguramente la crisis ya ha pasado, pero nos ha dejado unas consecuencias importantes, una sociedad muy distinta a la de antes. Ahora vivimos en sociedades muy endeudadas, en las que ha desaparecido una parte importante del tejido empresarial que ya no puede renovarse. Como consecuencia, se ha generado desempleo, en unos países más que en otros y en España especialmente. Ello ha creado desigualdad, tensiones sociales y populismo. Y todo esto se refleja en cambios en el pensamiento económico y en las formulaciones políticas.

-Nada de optimismos entonces...
-En el pensamiento económico gana terreno la idea de que el mundo ha entrado en lo que Larry Summers ha definido como «estancamiento secular». Se debe al legado de la crisis y a otras por dos razones. Una es la demografía. La población del mundo crece a un ritmo desacelerado y está envejeciendo. Con una población estancada y envejecida, el consumo no va a ser dinámico. La otra razón es tecnológica. La revolución digital exige muy bajos niveles de inversión, entendida como formación bruta de capital fijo -aunque sí en capital humano-. Si el consumo no despega por la demografía y la inversión tampoco por la tecnología, obviamente el PIB mundial estaría condenado a un estancamiento. Yo no participo de ese pesimismo, pero debemos reflexionar seriamente sobre ello.

-Coincidirá en que el resultado de la crisis ha sido un incremento de la desigualdad social. 
-Sí, pero con matices. La desigualdad en el mundo ha disminuido notablemente: hoy la renta per cápita de los países emergentes se ha acercado a la de los desarrollados y no se ha producido por iniciativas caritativas, sino por la globalización. Dentro de los países avanzados sí ha tenido lugar ese estancamiento de las rentas de las clases medias a la vez que se ha incrementado la de las clases más elevadas que han sabido acomodarse a las exigencias de la globalización: los nombres que hoy están entre las mayores fortunas del mundo no son los de antes, sino los empresarios que han sabido aprovechar esa globalización.

-¿Y en España? 
-España ha sido el país en el que la crisis ha impactado más en el empleo por la rigidez de nuestro mercado laboral. En otros sitios se reflejó en reducciones de salarios, trabajos a tiempo parcial, etc. Aquí no, y eso ha dado lugar a una fuerte caída de las rentas más bajas, que por eso han soportado mucho peor la crisis. Entonces, si el paro es la mayor causa del incremento de la desigualdad, la mejor forma de luchar contra ella es generar empleo. No hay otra.

-Para nivelar esa desigualdad algunos políticos propugnan las rentas básicas.
-La idea de una renta básica viene del liberalismo, de Milton Friedman, en los 60. Pero lo que entonces se preconizaba era una renta generalizada para sustituir a los esquemas de protección: educación y sanidad públicas, etc. Otra cosa muy distinta es una renta básica que se suma a la protección social habitual. Esto es mucho más discutible, porque no es viable. Cuando vivimos en sociedades como la española con un endeudamiento público superior al 100% del PIB e inevitablemente aumentando se impone un cálculo racional y profundo sobre su coste. Además, hay que ver si una renta de ese tipo tiene sentido en una sociedad en la que ya tenemos otras formas de protección social.

-Si eso no es posible, se condena a los de abajo. 
-Algunos hablan de un complemento al salario para los jóvenes -algo así como una subvención al trabajo- para facilitar el empleo. Creo que antes de pensar en subvencionar el trabajo hay que dejar de penalizarlo. En España son tales y tantas las regulaciones en el mercado laboral que generar empleo es difícil, y con un alto paro surgen los problemas de distribución de la renta y los populismos. Por eso el populismo español es distinto al de los países centroeuropeos. Aquél es de clases medias que han sufrido con la globalización y se basa en el nacionalismo. El populismo español es el de los expulsados del mercado de trabajo, que lo son por las distorsiones que tenemos y no por la maldad de los empresarios y de las clases altas. Y no tiene ningún sentido nacionalista.

-¿No se están diluyendo las fronteras entre el liberalismo y la socialdemocracia? 
-A nivel intelectual no, pero sí a la hora de afrontar los problemas. La aplicación de la ideología socialdemócrata en los últimos decenios nos ha llevado a una especie de callejón sin salida. Es muy difícil que podamos avanzar todavía más en el Estado de Bienestar porque requiere más subidas de impuestos. Por otro lado, ya es imposible desmontar la protección social. Así estamos. Los socialdemócratas son incapaces de proponer nada más porque han agotado su ideología y los liberales no encuentran fórmulas que den marcha atrás para hacer viable el sistema. Estamos en un momento de desconcierto. De ahí el Brexit, el proteccionismo, el independentismo...

-Ha citado el 'Brexit', que ya ha cambiado la historia de la UE.
-El problema del Brexit es que se trata de un proceso que nadie quería haber emprendido. No lo quería el Gobierno británico de Cameron y tampoco Europa. Dicho esto, los británicos tienen un punto fuerte en la negociación que es el superávit comercial que tiene la UE con el Reino Unido, de manera que si se cierran mercados sufriríamos más que ellos. Nuestra fortaleza es el sector financiero: el pasaporte único bancario, la libertad de movimientos de capital y de prestación de servicios bancarios. Este sector es casi un 9% del PIB británico. Por eso la City votó no al Brexit. Al Reino Unido le interesa casi exclusivamente el control de la circulación de personas. Para la UE, además, el problema no es sólo la mera negociación con el Reino Unido sino el peligro del contagio. Sobre todo, de que vuelva la desconfianza sobre la continuidad de la eurozona y del euro como moneda.

-Un riesgo que es real. En Francia, Marine Le Pen ya ha anunciado un referéndum para la salida.
-Y en Austria, en Holanda y en Alemania hay movimientos importantes en este sentido... Es un riesgo que para España y los países del sur sería catastrófico porque la simple sospecha de ruptura puede elevar otra vez las primas de riesgo. Debemos analizar qué tipo de Europa queremos. Si lo sabemos hacer bien, el paso siguiente será ir hacia más unión, pero en 2017 y 2018 el riesgo está ahí. Es el problema más importante ahora en la Unión Europea.

-Decía que una de las consecuencias de este callejón sin salida es el proteccionismo. Y Donald Trump es ahora quien mejor lo encarna.
-Sí, pero afortunadamente Trump lo va a tener muy difícil. Pretende instaurar no sólo un proteccionismo arancelario, sino también uno industrial -de localización de obras y servicios-, y un proteccionismo fiscal. Pero el comercio hoy es mucho más complejo de lo que Trump parece creer. Ya no es de bienes y servicios finales. Es un comercio de bienes intermedios llevado a cabo por empresas transnacionales, muchas con sede en Estados Unidos, que han establecido centros de producción en aquellas partes del mundo donde consideran que hacen una mayor contribución a la cadena de valor. Por tanto, lo que llaman importaciones en Estados Unidos son simples transferencias de empresas norteamericanas que están produciendo en el exterior para continuar haciéndolo en su país. Trump perjudicará así a muchas compañías estadounidenses transnacionales.

-¿Pero bajar impuestos es positivo, no? 
-Sí, pero la reducción impositiva de Trump viene acompañada de una fuerte subida del gasto público, sobre todo en infraestructuras, lo que supone un incremento del déficit y del endeudamiento. Esto, junto con la política más disciplinada de la Reserva Federal puede dar lugar a una subida seria de los tipos de interés de mercado y a un alza del tipo de cambio del dólar que puede hacer perder competitividad a los Estados Unidos y yugular la expansión que Trump pretendía con esta política. Así le ocurrió a Reagan.

-Usted es docente de una escuela de negocios. ¿Cómo adecuar el sistema educativo al mercado de trabajo en un modelo productivo como el español? 
-En primer lugar, hay que decir que el sistema productivo español ha sufrido un cambio importante como consecuencia de la crisis. Ahora tenemos una economía basada en la formación de capital y en la exportación. El incremento de las ventas fuera ha sido espectacular y el número de empresas exportadoras es enorme. Todo eso significa competitividad. Pero ha sido un cambio con un enorme coste social. El fuerte aumento de la productividad se ha producido por la caída de los costes laborales unitarios, debido al descenso de los salarios y, sobre todo, al aumento del paro. No podemos quedarnos ahí. Hay que impulsar que el incremento de la productividad, y por tanto de la competitividad, no sea pasivo, por desempleo, sino activo, por generación de nuevo capital humano adaptado a las necesidades de la economía. Y eso pasa inevitablemente por el proceso educativo.

-¿Y cómo se cambia ese modelo de enseñanza tan denostado? 
-La clave está en formar, estimular e impulsar al estamento docente. Los modelos educativos punteros en el mundo, como el finlandés o el coreano, se diferencian en el tratamiento que se hace de los profesores: se les forma, se les retribuye, se les incentiva y se les exige. También deberíamos avanzar mucho más en la educación dual. Parte importante de esa cualificación debe adquirirse dentro de la empresa. Después, hay que reconocer la importancia de la globalización y de la revolución tecnológica, de manera que los estudiantes deben profundizar mucho más en el conocimiento de la tecnología y en la apertura hacia resto del mundo. Nunca he entendido que la salida de jóvenes al extranjero se considere una desgracia.

-El problema está cuando se van obligados...
-Pero eso ha pasado siempre. Eso es lo que movió el sueño americano. Lo que hay que hacer es estar preparados para triunfar en esos nuevos ambientes. Cuando el que emigra no sabe hacer nada y tampoco conoce el idioma lleva una vida miserable y eso sí es una desgracia. Pero si es una persona preparada, seguramente tiene una vida mejor.

-¿Están garantizadas las pensiones públicas? 
-Las pensiones es el mejor ejemplo de ese callejón sin salida hacia donde nos ha llevado la socialdemocracia. El modelo actual es inviable por una simple razón demográfica. Se pueden buscar soluciones pero siempre serán parciales. Ahora las pensiones se financian con las cotizaciones sociales, que son un impuesto al trabajo, y en una sociedad con un 18% de paro y envejeciendo esto no tiene sentido. Otra cosa sería ir hacia un modelo de capitalización, complementado con un sistema de transferencias mínimas para aquellas personas que han alcanzado una cierta edad y no tienen otra fuente de ingresos. Esto último sí puede ser financiado con varios impuestos y no necesariamente con cotizaciones. Este plan de capitalización puede ser voluntario u obligatorio y puede ser gestionado por entidades privadas, concesionarias, o directamente públicas, pero siempre en régimen de capitalización. En Suecia lo han hecho así. Me temo que el debate político aquí no está planteado así.

-¿Hacia dónde lleva la revolución tecnológica?
-La revolución tecnológica no va a cambiar sólo la economía, sino toda la sociedad. Obviamente cambia la economía si sumamos los elementos de una conectividad cada vez mayor, el big data, la inteligencia artificial, las impresoras 3D... todo eso que llamamos economía digital y que se refleja no sólo en distintas fórmulas de comercialización, sino en todos los procesos de negocio. Pero esto está ya cambiando la sociedad, aparecen nuevas formas de trabajo y tendrán que cambiar las leyes laborales, la mentalidad sindical, etc. Un trabajo que los sindicatos llaman de calidad, que quiere decir un empleo de por vida haciendo siempre lo mismo hasta que uno se jubila, ya no se da y no va a volver.

-Usted ha sido asesor de la Asociación Española de Banca. Los bancos tienen ahora un serio problema de reputación.
-Sí, pero es un problema sobrevenido de otras áreas geográficas, como EEUU, y de otras instituciones, como las cajas de ahorros. Los bancos españoles lo han hecho razonablemente bien y no han tenido escándalos. Pero la sociedad no lo ha percibido así, aunque es lógico que los bancos sean populares a la hora de pedir un crédito y muy impopulares al pagar los intereses. No me parece justa la crítica que se hace a los bancos. A lo mejor, la banca no ha tenido la habilidad suficiente para hacer comprender a la sociedad cuál ha sido el verdadero problema. Y si toda la sociedad tiene esa percepción, también la tienen los gobernantes y los jueces, que forman parte de esa sociedad. No estoy de acuerdo en absoluto con algunas de las decisiones judiciales que se han tomado últimamente en relación las cláusulas suelo o las preferentes, por ejemplo. Hay mucho que matizar.

(Publicado en El Mundo el 4 de marzo de 2017)
@vicentelozano

La fuerza o la política en Cataluña

Hay una viñeta de Mafalda, la genial creación de Quino, en la que se ve cómo un trajeado anciano observa asustado a un hippie con melena, flores en el pelo, sandalias y una mochila. "¡Esto es el acabose!", grita el señor. Y Mafalda le mira circunspecta: "No. Es el continuose del empezose de ustedes". Pues eso. Estos días de declaración judicial de Artur Mas y dos ex consejeras nos retrotraen a 1984, cuando Jordi Pujol se envolvió en la senyera para defenderse de un problema personal con la Justicia. El resultado fue que quedó exonerado de sus responsabilidades en el desfalco de Banca Catalana. "Ahí se empezó a atacar el Estado de Derecho, ante el silencio general de la sociedad y de los partidos catalanes, con la complacencia de los dos grandes partidos españoles", escribía el martes Francesc de Carreras en El País. El lunes comprobamos que el discípulo ha aprendido la lección de su maestro... cambiando la senyera por la estelada.

Lo que sí ha cambiado en estos 33 años es que ahora tenemos la sensación de que el temido choque de trenes entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central se acerca inexorablemente. Tarde o temprano, los políticos que ahora dirigen Cataluña tomarán una decisión que el Gobierno de la nación no podrá aceptar.

¿Se podrá buscar una solución segundos antes de ese big bang? ¿Es factible todavía lo que se llama la vía política, es decir, que ambas partes se avengan a negociar? Sólo si la Generalitat, que sabe que sus pretensiones son ilegales, da su brazo a torcer es posible el acuerdo, porque es lógico pensar que ningún representante del Estado va a acordar nada que suponga su desmembramiento. Apelar hoy a la vía política es pedir la rendición de la Generalitat. Quien lo ha apostado todo a la independencia no se va a conformar con un simple cambio constitucional que coloque a Cataluña como un primus inter pares con el resto de las autonomías, que es a lo máximo que puede llevar la solución política ante el proceso.

Por ello hay quien piensa que la negociación ya es una utopía, que tenía que haber empezado antes, aquel 20 de septiembre de 2012, cuando tras la excepcional demostración popular en una Diada perfectamente preparada al efecto, Artur Mas se presentó en La Moncloa con su propuesta de pacto fiscal. Rajoy se negó a considerarla y el entonces presidente de la Generalitat contestó que ese día se iniciaba "un proyecto nuevo para Cataluña".

Desde entonces se intensificaron las voces que pedían la vía de la fuerza para terminar con la deriva secesionista. Es decir, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por la que el Estado central asumiría todas o parte de las competencias autonómicas. Algo que, no nos engañemos, sólo podrá ser eficaz si, en algún momento, las fuerzas del orden -ya sean unos mossos dirigidos desde Interior, o la propia Guardia Civil- impiden el ejercicio de sus funciones a los dirigentes autonómicos. Pero ese big bangsería tan catastrófico para las dos partes que, probablemente, es implanteable. Por eso el independentismo tendrá que claudicar de sus postulados más radicales.

Es una pena este despilfarro de fuerzas, porque a Cataluña le va muy bien dentro de España. Martí Saballs escribía esta semana en el diario Expansión que la economía catalana ha crecido un 3,5%, más que la media española, gracias al incremento de la producción industrial: "Los defensores más acérrimos del proceso independentista aún van por ahí diciendo que los catalanes somos una colonia explotada y avasallada. Que se lo hagan ver, pero que no hagan el ridículo contando su peculiar deformación de la realidad". Tiene razón.

@vicentelozano

(Publicado en El Mundo el 9 de febrero de 2017)