La libertad, según Celaá

Quizá no fuera sólo un ataque a la libertad de enseñanza en España el desafortunado comentario sobre la no constitucionalidad de la libre elección de colegio por las familias. Quizá hay algo más detrás de esas palabras, que fueron tomadas por una agresión por quienes habían invitado a la ministra de Educación a su congreso. Porque el discurso de Celaá estaba perfectamente pensado y seguro que la ministra era consciente de sus consecuencias.
Quizá la clave esté en la explicación que ofreció al día siguiente, desde la mesa del Consejo de Ministros: que nadie tema, la libertad de elección de centro docente no está en la Constitución, pero sí en las leyes; recordó que los conciertos son producto de la primera ley de educación socialista de esta etapa democrática y «de momento» -lo repitió dos veces- no peligran.
Lo que hace Celaá es rebajar de precepto constitucional a exigencia legal la libertad de elección de colegio por los padres. Con este planteamiento, bastaría con que otra ley decretase lo contrario para eliminar esa libertad porque el nuevo texto legal no sería anticonstitucional, ya que la Carta Magna no concreta que la libertad de enseñanza suponga la libre elección de colegio. De esta forma, una ley educativa que eliminara los conciertos podría ser perfectamente constitucional.
Apliquemos el mismo discurso de Celaá al artículo 20 de la Constitución, que recoge el derecho a la libertad de información y expresión. En ninguno de sus puntos este artículo clave habla de la libertad de creación de empresas informativas, condición indispensable para que exista libertad de información. Con el criterio Celaá, podríamos decir que la creación de empresas informativas no emana de la Constitución, aunque sí esté recogido en la legislación posterior, basada en la Carta Magna.
Así, con el razonamiento que emplea la ministra de Educación para la enseñanza, de una Constitución que protege y ampara la libertad de información también podrían emanar unas leyes que constriñan o prohíban el establecimiento de empresas informativas. Puede sonar a desmesurado, pero no hago más que trasladar al artículo 20 lo que Celaá piensa del artículo 27.
Lo que da miedo es que este Gobierno, que nunca había atacado así la libertad educativa, haga público este razonamiento falaz apenas horas después de anunciarse el preacuerdo entre el PSOE y Podemos, la izquierda radical y populista poco amante de libertades como la de enseñanza y la de información.

(Publicado en El Mundo el 19 de noviembre de 2019)

Esa obsesión por la educación concertada

LA MINISTRA de Educación, Isabel Celaá, trató de recular el viernes de su antidemocrática propuesta para estrangular la educación concertada. Pero sus declaraciones anteriores en el Congreso de los Diputados volvieron a ese mantra de la izquierda que atenta contra libertad de los españoles y afecta especialmente a las clases medias y bajas. Porque allí donde se cierren centros concertados, las familias adineradas que quieran ese tipo de educación para sus hijos podrán llevarlos a la red privada, mientras que las que tengan pocos recursos se quedan sin opción. Es una forma de discriminar como otra cualquiera.

Se trata de una cuestión de libertad. La Constitución contempla el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos y fue el socialismo el que propuso los conciertos escolares en su primera ley educativa de 1985. Es un modelo que funciona, pero cada vez que el PSOE llega al poder amenaza con eliminarlo. Ocurrió con Zapatero en 2004 y vuelve a pasar ahora.

Esta vez, además, retorciendo sus principios. Porque el PSOE es un partido atento a las demandas sociales. La lucha por la igualdad de género o las acciones en favor de la diversidad son dos ejemplos de cómo los socialistas han hecho suyas -y plasmado en leyes cuando han gobernado- legítimas aspiraciones sociales.

Por eso, el Gobierno debe explicar mejor por qué quiere eliminar de la ley de educación el concepto de «demanda social» con el objetivo de estrangular los colegios concertados. Es decir a esas familias que piden plazas en ellos para sus hijos que no se les va a hacer caso. ¿Se imaginan lo mismo con el impulso del movimiento feminista nacido tras el 8 de marzo?

La enseñanza concertada es un modelo adecuado en el sistema educativo español. Atiende a más de dos millones de alumnos y cuenta con unos 130.000 profesores en unos 3.500 centros, de los que, al contrario de lo que puede pensarse, el 40% no tiene ya nada que ver con la Iglesia católica.

No es complicado de entender: es constitucional, la quieren muchos españoles, ahorra dinero al Estado y favorece sobre todo a las familias con menos poder adquisitivo. ¿Por qué acabar con ella?

(Publicado en El Mundo el 17 de julio de 2018)

Libertad de elegir, libertad para ofrecer

Evocando a Charles de Gaulle, cada vez está más claro que la educación es "un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los políticos". Al menos en España, donde es usual plantear el tema como arma ideológica y así no hay forma de avanzar en su desarrollo. Todo por el empeño de los partidos, y por diferentes razones, en tener un sistema de enseñanza que, en la medida de lo posible, no se les escape de las manos.
La inmersión lingüística es uno de esos ejemplos de control de la enseñanza con fines no estrictamente educativos, si se puede hablar así. Ocurre en Cataluña, donde los estudios en castellano prácticamente han desaparecido de la escuela pública obligatoria en aras de la defensa del catalán, a pesar de tantas sentencias judiciales. En el País Vasco y en Galicia la cosa no ha sido igual. Allí se han establecido modelos en los que más o menos conviven las dos lenguas y, la verdad, nadie piensa ahora que el euskera y el gallego estén en peligro de extinción, ni siquiera amenazados, por el castellano.
El desuso es el principal argumento utilizado por el nacionalismo para aplicar esa política de inmersión. Ahora, los gobiernos de izquierda de la Comunidad Valenciana y de Baleares, siguen la estela de Cataluña, suponemos que para hacer del catalán/valenciano y del catalán/balear los únicos idiomas vehiculares en sus regiones. Porque, claro, a estas alturas de la película, hay quien sigue pensando que las imposiciones centralistas hacen peligrar su supervivencia. Pero el camino emprendido lleva, si no se remedia, a que los ciudadanos de esas comunidades autónomas no tengan libertad para elegir en qué idioma estudiar.
Otro caballo de batalla de algunos políticos es la enseñanza concertada, la de los centros de titularidad privada que reciben recursos del Estado y, por tanto, ofrecen la educación gratuitamente -o deben hacerlo- a las familias que acuden a ellos. Estas semanas que se renuevan los conciertos escolares para el próximo curso leemos noticias de gobiernos autonómicos que, con unas u otras razones, tratan de reducir la enseñanza concertada, como un paso previo incluso para eliminarla. Hay otros que, en cambio, reconocen el papel que desarrollan estos centros y el ahorro de costes que supone a las arcas públicas, y los contemplan como un modelo complementario a la educación pública. 
En el sistema educativo que marca nuestra Constitución caben todas las posibilidades porque ésta consagra la libertad de enseñanza. Es decir, los padres tienen derecho a que sus hijos reciban educación gratuita según su forma de pensar, de hablar y de escribir. Se trata de un bien que merece la pena conservar.
Para que ese espíritu constitucional sea real hay que contar con que la libertad de oferta se acomode a la libertad de demanda... Es lo que nos hemos dado y, desde mi punto de vista, está funcionando adecuadamente. En España, la escuela privada, la concertada -religiosa y laica- y la pública conviven sin problemas... y éstos llegan precisamente cuando los políticos se empeñan en cercenar esas libertades. Exactamente igual que ocurre cuando los gobiernos se empeñan en coartar la libertad de quien quiere que sus hijos estudien en un determinado idioma oficial en su comunidad.
Es una torpeza tratar de cargarse por motivos espurios un modelo experimentado durante 30 años -lo implantó el PSOE en la Lode en 1985-, que ahorra recursos al Estado y que se ha demostrado que funciona. Pero existen los torpes. ¿Ven como será imposible llegar a un pacto educativo en España?

(Publicado en El Mundo el 6 de abril de 2017)

Una cuestión de libertad

(Publicado en El Mundo el 12 de mayo de 2016)

El artículo 27 de la Constitución, dedicado al derecho a la educación, tiene cuatro referencias explícitas a la libertad. Cuatro, por si no quedaba claro. En el punto 1: "Se reconoce la libertad de enseñanza". En el punto 2: "La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y libertades fundamentales". En el punto 3: "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la religión religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Y en el punto 6: "Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales".

El espíritu constitucional queda, pues, muy claro: en España la educación es un derecho fundamental y por eso la enseñanza básica es gratuita y existe la libertad de elección del modelo que los padres quieren para sus hijos. En este cuadro hay que enmarcar el nacimiento de la enseñanza concertada.
En el inicio de esta etapa constitucional, la red de centros públicos no podía asumir el volumen de alumnos que hubiera dejado la privada y el PSOE ideó este modelo: los centros privados podrían acceder al presupuesto del Estado con su ideario propio a cambio de que admitieran los mismos requisitos legales que los públicos. De esta forma, el Estado se hacía cargo de la enseñanza -y únicamente de la enseñanza- de los alumnos que continuaran en esos colegios que se sumaran al sistema de conciertos. Como efecto colateral, con este sistema se favorecía el punto 3 del artículo 27 de la Carta Magna, puesto que la mayoría de las escuelas privadas que se sumaron a los conciertos fueron centros regentados por instituciones religiosas que habían proliferado en el franquismo. Los conciertos aseguraban que los padres que quisieran enseñanza religiosa -católica en este caso- pudieran pedirla también en el ámbito de la educación básica y gratuita.

Se trata de centros que tienen libertad de gestión y de ideario siempre que se adapten a ciertos condicionantes establecidos por el Estado, como el límite de alumnos por clase, el calendario lectivo o unas reglas para las admisiones similares a las de la enseñanza pública. Financian su oferta educativa con las subvenciones de la Administración y el resto -las actividades extraescolares, por ejemplo- es cubierto por las familias. La ley impone que esos colegios no pueden cobrar nada por la enseñanza y que cualquier pago para sostener el centro debe ser voluntario.

Hoy día existen muchos colegios concertados laicos, creados por cooperativas de padres, de profesores o por empresas educativas privadas, pero en su momento, casi todas las escuelas que se acogieron al sistema de conciertos fueron los de las congregaciones religiosas. Por eso, entre otras razones, la enseñanza concertada ha estado en el punto de mira de sectores que tienen una visión estatalista de la educación. Se preguntan por qué un Estado aconfesional tiene que subvencionar con fondos públicos la enseñanza religiosa, olvidando el espíritu y la letra de la Constitución, como he recordado al inicio de esta columna.

La enseñanza concertada -sea laica, religiosa o mediopensionista- aunque imperfecta, es el modo más práctico que tenemos de cumplir el artículo 27 de la Constitución. Intentar ahogarla reduciendo sus presupuestos o pretender eliminarla como proponen Podemos e IU es atentar contra la libertad de enseñanza que rige en España desde 1978. Es decir, contra el derecho que tienen los padres a elegir la educación -gratuita- que quieren para sus hijos.

@vicentelozano