¿Sabía que los CEO de Google, IBM, Microsoft, Nokia, Deloitte... y en breve Twitter son indios?

Esta lista es muy interesante, aunque resulte repetitiva: Sundar Pichai, consejero delegado de Google, es indio. Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft, es indio. Shantanu Narayen, presidente y consejero delegado de Adobe, es indio. Ajaypal Singh Banga, presidente ejecutivo de Mastercard, es indio. Rajeev Suri, presidente y consejero delegado de Nokia, es indio. Arvind Krishna, presidente y consejero delegado de IBM, es indio. Punit Renjen, consejero delegado de Deloitte, es indio. Rakesh Kapoor, primer ejecutivo de NetApp, es indio. Y se acaba de incorporar a este selecto grupo Parag Agrawal, que en mayo sucederá a Jack Dorsey como primer ejecutivo de Twitter.

Algunos de ellos iniciaron sus estudios universitarios de ingeniería en Estados Unidos, pero otros llegaron a ese país a trabajar o a realizar estudios de posgrado tras terminar en India. Universidades e institutos de ese país. Han estudiado en el Indian Institute of Management de Ahmedabad; en el Manipal Academy of Higher Education de la Universidad de Mangalore; en el Xavier School of Management de Jamshedpur, una escuela de negocios fundada por los jesuitas. Y, excepto Nokia, todas esas grandes multinacionales son estadounidenses.

En India hay más de 15.000 facultades de ingeniería que lanzan al mercado laboral unos 500.000 profesionales cada año, según datos de la National Association of Software and Service Companies (Nasscom) de ese país.

Todos estos datos hablan muy bien del sistema educativo indio y del modelo laboral de Estados Unidos, sobre todo también por la acogida de talento allá de donde venga.

En este número dedicamos un amplio reportaje a la estrategia de digitalización de las pymes españolas, con entrevista incluida a Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y responsable de llevarla a cabo. Dispone de 4.656 millones de euros para ello para los cuatro años y la propia Artigas reconoce que digitalizar las pymes españolas puede aumentar entre un 15% y un 20% los ratios españoles de productividad.

¿Qué tiene que ver la potencia de un país de 1.380 millones de habitantes, que exporta talento a las grandes multinacionales con las pequeñas y medianas empresas de un país de 47 millones de personas? Pues recordarnos que cualquier impulso a la digitalización del sector empresarial debe ir acompañado del esfuerzo por la formación de los trabajadores en esas competencias digitales. De nada sirve inundar de dinero a las pymes si en ellas no hay quien gestione objetivos claros, concretos y factibles para acometer la revolución digital.

(Publicado en Actualidad Económica el 5 de diciembre de 2021)

Google domina el mercado porque es el mejor

Ha ganado la vicepresidenta Magrethe Vestager, el azote de los GAFA. Le hacía falta una victoria tras el varapalo que sufrió el año pasado, cuando el Tribunal General de la UE anuló la devolución de 13.000 millones a Irlanda por parte de Apple, impuesta por la Comisión Europea, al considerar que ésta se había beneficiado de ayudas fiscales ilegales.

Ahora, ese mismo tribunal ha dado la razón a la Comisión en su demanda contra Alphabet, la matriz del buscador, por abuso de posición dominante en su servicio de compras por internet. Bruselas abrió esta investigación en 2010 y Vestager la cogió cuando asumió la cartera de Competencia. La Comisión consideraba que Google se beneficiaba al colocar mejor posicionados en el buscador los servicios de su comparador de precios, relegando a la competencia.

De esta forma, quienes buscaban un producto tenían de primera mano los que quería Google y no los, en principio, más favorables para el comprador. Se perjudicaba así a los compradores y a los vendedores que no estaban bajo el paraguas de la empresa de Mountain View. Algo muy significativo si tenemos en cuenta que Google tiene alrededor del 90% de las búsquedas en la mayoría de los países europeos.

La multa es cuantiosa: 2.420 millones de euros. Pero si tenemos en cuenta que Google facturó 151.000 millones de euros en 2020 y obtuvo un beneficio neto de 33.400 millones, la importancia del palo -si lo confirma el Tribunal de la UE- es relativa. Google tiene pendiente de resolución otros dos expedientes, también por abuso de posición dominante.

El primero, por el sistema Android, que utiliza el 80% de los móviles en el mundo. Android es un sistema operativo de Google y, según la Comisión, obliga a las empresas que lo adquieren a preinstalar aplicaciones como Google Search o Google Chrome, en detrimento de las de la competencia, por ejemplo. Vestager pide 4.800 millones de euros en este proceso.

Y tiene otro por el mismo motivo, con multa de 1.800 millones, esta vez en el mercado de la publicidad con su servicio Adsense. Estos dos últimos están pendientes de resolución por los tribunales europeos. En total 8.000 millones de euros, la cuarta parte de lo que Google ganó en 2020.

El problema no es de dinero, sino de concepto: si en la época de internet puede haber abuso de posición dominante cuando todo el mundo tiene todo al alcance de un clic. Y cuando sólo el buen hacer de una compañía es capaz de crear un ecosistema tan eficiente que es utilizado por la mayoría de la población.

El modelo Google, en el buscador, en la publicidad y en las compras, beneficia notablemente a los ciudadanos, a los anunciantes y a los vendedores de productos y servicios. Crea sus herramientas y las utiliza, pero no anula las de sus competidores, que tienen las suyas propias: nadie los echa del mercado.

Los jueces sustentan la necesidad de la multa en tres factores. El alcance del tráfico que genera Google; la actitud de los usuarios, que miran sólo los primeros resultados que les ofrece el buscador, y, por último, que la audiencia que lleva Google no puede ser sustituida. Todo ello, dicen, debilita la competencia. Si lo miramos bien, ninguno de los tres son culpa de Google. Al menos habría que considerar esta cuestión. 

(Publicado en El Mundo el 11 de noviembre de 2021)

Diez advertencias al Gobierno del gobernador del Banco de España

Esta columna la va a escribir el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Son algunas frases del discurso que pronunció el pasado lunes 25 de octubre en la Comisión de Presupuestos del Congreso. El discurso completo está disponible en la web del Banco de España (www.bde.es).

Crecimiento económico: «La recuperación de la actividad es todavía claramente incompleta». (Pág. 4).

Inflación: «Este aumento [de precios] se ha trasladado a los precios finales pagados por los hogares y las empresas, lo que comprime sus rentas reales y, por tanto, afecta negativamente al ritmo de la recuperación». (Pág. 9).

Solvencia empresarial: «Se ha observado un cierto deterioro de la calidad crediticia en algunas carteras de préstamos de los bancos y un repunte en el número de empresas que se encuentran en concurso de acreedores». (Pág. 12).

Ajuste fiscal: «Para el conjunto de las Administraciones Públicas este aumento del gasto entre 2019 y 2022 sería del 11,7%, de acuerdo al Plan Presupuestario, frente al incremento del 7% de los ingresos. Estas cifras ilustran la magnitud del reto del proceso de consolidación fiscal que habrá que acometer una vez se consolide la recuperación en la medida que este incremento del gasto tenga un componente estructural importante, es decir, que no esté ligado a gastos cíclicos o relacionados con la pandemia». (Pág. 24).

Deuda: «La implementación en el medio plazo de este plan de ajuste resulta indispensable. En este sentido, distintos ejercicios de simulación realizados por el Banco de España sugieren que, en los próximos 15 años, esta ratio permanecería en niveles cercanos al 115% del PIB si, durante este periodo, no se adoptaran medidas de consolidación presupuestaria adicionales». (Pág. 29).

Déficit: «Este deterioro de las finanzas públicas exige diseñar con rigor y comunicar con prontitud un plan de consolidación fiscal para su ejecución gradual una vez superada la crisis, que permita reducir de forma paulatina los elevados desequilibrios presupuestarios actuales reforzando la sostenibilidad de las cuentas públicas». (Pág. 29)

Pensiones: «Dada la evolución de la tasa de dependencia, en ausencia de medidas adicionales que permitan aumentar los ingresos del sistema y/o contener el incremento de los gastos como reducciones de la tasa de beneficio o aumentos de la edad efectiva de jubilación, el déficit estructural del sistema volverá a ampliarse en los próximos años. En este contexto, sigue siendo necesaria una revisión del sistema público de pensiones que garantice su sostenibilidad». (Pág. 34).

Fondos europeos (1): «La evolución de la economía española dependerá crucialmente de la movilización y asignación de los fondos del programa Next Generation EU (NGEU)». (Pág. 13).

Fondos europeos (2): «Si se quiere potenciar la capacidad transformadora de los NGEU, sería necesario que su ejecución se viera acompañada de la adopción de un amplio conjunto de reformas estructurales». (Pág. 37).

Fondos europeos (3): «La elección de los proyectos en los que emplear los recursos del NGEU debería descansar sobre un proceso apropiado y transparente de selección que conduzca a la implementación de los que presenten una mayor capacidad impulsora de la economía». (Pág. 37).

Todo queda dicho.

(Publicada en El Mundo el 28 de octubre de 2021)

La nueva, y buena, ley de Formación Profesional

Isabel Celaá dejó preparada antes de abandonar el Ministerio de Educación una ley que, aunque parezca mentira, fue bien acogida por la comunidad educativa: la Ley de Formación Profesional, cuyo proyecto aprobó el Consejo de Ministros el pasado 7 de septiembre.

Hay que ponerlo en el haber de currículum de la ex ministra, que tantos debes ha sumado en su trayectoria política. Porque parece que, al fin, se ha dado con la tecla para organizar en España un sistema de formación profesional (FP) homologable a los europeos. Algo fundamental en España porque somos los que peor aprovechamos la formación profesional entre los grandes países de la UE.

«Es una ley muy ambiciosa. Describe un sistema innovador, flexible, que responde a las necesidades de cualificación de la población tanto joven como adulta, y se adecua a las necesidades del mercado laboral», ha afirmado a la revista especializada Actualidad Docente Santiago García, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) -la principal organización empresarial del sector educativo, que reúne a miles de centros privados y concertados de toda España-, y uno de los expertos que mejor conoce los modelos de formación profesional en Europa. Aunque, por ser tan ambiciosa e innovadora, García reconoce que va a necesitar grandes esfuerzos por parte de todos para ponerla en práctica.

Algo no funciona en nuestro país cuando, con tasas de desempleo juvenil en el entorno del 40%, sólo el 12% de los jóvenes cursa algún tipo de formación profesional reglada. La media de la OCDE es del 29% y de la Unión Europea, del 25%. Otras cifras también muestran nuestro retraso: mientras que en España sólo el 34% de los estudiantes que finalizan la enseñanza obligatoria cursan formación profesional, en Alemania es el 48% y en Italia, el 56%.

La ley pone patas arriba, para bien, el actual modelo de formación profesional. Entre otras medidas, tiene el acierto de la estructuración de una nueva formación profesional dual, en la que empresa y centro educativo se corresponsabilizan de la formación del alumno, con contrato y cotización a la Seguridad Social incluidos en el caso de la FP dual avanzada. Algo que si se estructura bien facilitará el paso al mundo laboral de los estudiantes.

Lo mejor de esta nueva ley es la coordinación que establece entre el sector público -escuela- y la iniciativa privada -empresas- imprescindible para llevar a cabo ese proyecto de formación profesional dual y que es la clave del éxito para acoplar la oferta de trabajadores a la demanda de puestos de trabajo.

Que esta vez parece el Gobierno ha dado en el clavo lo atestigua que la firma de capital riesgo KKR comprara el pasado mes de agosto la empresa malagueña Medac, que gestiona 30 centros de FP, por 200 millones de euros para crear la mayor red de FP de España. Medac estaba valorada en 30 millones hace tres años: si los inversores entran en el sector significa que ven rendimientos.

Es una pena que el Gobierno proponga esa participación público-privada para la formación profesional y la niegue para la enseñanza obligatoria en la infausta Lomloe. Pero bueno, esperemos que, esta vez de verdad, al menos la FP empiece a funcionar en España.

(Publicado en El Mundo el 23 de septiembre de 2021)

El principio del fin de los 'haters'... o eso nos gustaría

¿Qué pasaría si la Justicia declarara que los medios de comunicación son responsables de los comentarios que hacen los lectores sobre las informaciones que suben a sus páginas de Facebook, Twitter y otras redes sociales? Sería un fastidio para los medios, pero es muy posible que también un paso importante para amortiguar el ruido agresivo que en demasiadas ocasiones se oye en las redes.

Pues ya ha ocurrido; muy lejos, en Australia, pero tiene toda la pinta de que se podría acercar hacia nosotros en poco tiempo. El hecho es el siguiente: en 2016, una investigación de la cadena ABC destapó casos de maltrato a los internos en el centro de detención de jóvenes de Don Dale, en Northern Territory.

Dos periódicos, 'The Australian' y 'The Sydney Morning Herald', se hicieron eco de algunos casos concretos. Denunciaron la situación de Dylan Voller, un recluso que había aparecido en fotos sentado en una silla con una bolsa negra cubriendo su cabeza. Al contar su historia se dijo que Voller había protagonizado más de 200 incidentes en el centro.

Los dos periódicos subieron a las páginas que tienen en Facebook la noticia y, a la vista del currículum de Voller, los comentarios peyorativos y difamatorios de los lectores no se hicieron esperar. Los 'haters' y los'trolls' encontraron terreno abonado: poco le habían hecho para lo que merecía, venían a decir.

Voller, listo además de delincuente, demandó a los periódicos en los que se habían vertido esos comentarios. Los medios alegaron que ellos no habían publicado difamaciones y que no podían hacerse responsables de los comentarios que los lectores hacían en sus noticias subidas a Facebook.

El proceso llegó al Tribunal Supremo australiano y la semana pasada sentenció que, en efecto, los medios de comunicación son también legalmente responsables de los comentarios que hacen los lectores a las informaciones que suben a sus redes sociales. Los jueces consideran en el fallo que, a pesar de que no elaboran esos comentarios, sí facilitan la publicación de los mismos.

El mensaje del Supremo es claro: si un medio quiere tener presencia en las redes sociales se tiene que encargar de moderar todo el contenido de sus publicaciones. Y ese todo incluye los comentarios.

En realidad, como explica la propia sentencia, el Supremo conmina a los medios de comunicación no tanto a tener que moderar los comentarios de los lectores -«nosotros estamos para generar contenidos, no para desperdiciar recursos revisando respuestas», han afirmado en News Corp., la editora de The Australian- sino a que tengan cuidado en la redacción de sus informaciones -y de sus titulares- para evitar inflamar intencionadamente a las masas en sus respuestas: si los comentarios difamatarios de los lectores se pueden vincular a una incitación a esa respuesta agresiva por parte del medio, ese medio puede exponerse a un proceso penal. Ni que decir tiene que ante esta posibilidad los medios mirarán con lupa los comentarios.

El Supremo australiano pisa terreno pantanoso porque, más allá de la mera moderación de comentarios, su decisión afecta directamente a la libertad de información, pero a la vez abre un debate oportuno sobre una cuestión socialmente muy preocupante: cómo reducir el odio y la agresividad que circulan casi sin trabas por las redes sociales.

(Publicado en El Mundo el 16 de septiembre de 2021)

Reforma laboral: Calviño tiene razón, miremos al futuro y no al pasado

Pedro Sánchez no perdió ni un solo segundo cuando fue elegido por primera vez secretario general del PSOE en anunciar qué pensaba sobre la reforma laboral del PP de 2012. Fue en julio de 2014: «La primera medida que tomará el próximo Gobierno socialista será la de derogar la reforma laboral de Rajoy, para recuperar cuanto antes los derechos de los trabajadores». Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno en junio de 2018 y la reforma laboral se mantiene impoluta en la legislación.

En este tiempo, ha promovido leyes tan complicadas, por lo que exigen de diálogo político y social, como la de educación o de eutanasia, pero no ha tumbado algo de lo que había hecho bandera y que, además, se incorporó al acuerdo de Gobierno con Podemos. «Derogaremos la reforma laboral», se lee en el punto 1.3: «Con carácter urgente derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo» y «a prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales». Ese acuerdo no contempla terminar con la fuerte reducción de las indemnizaciones por despido, por cierto.

La realidad es que la denostada reforma laboral de Fátima Báñez sigue vigente casi cuatro años después de que Pedro Sánchez alcanzara la presidencia del Gobierno. Aquel «derogar la reforma laboral» fue aguado por los socialistas por un «derogar los aspectos más lesivos» de la misma y, en estas semanas, todavía se ha diluido más en el concepto de «modernizarla».

Que siga vigente la legislación laboral del PP no es malo para la economía ni para los trabajadores. Ha logrado que en España se creara empleo neto por primera vez creciendo por debajo del 2% del PIB, y en los años de bonanza puso el caldo de cultivo para generar más de tres millones de puestos de trabajo más de 400.000 al año, algo nunca visto. Además, y al contrario de lo que podía parecer, en estos años ha aumentado el peso del empleo fijo sobre el temporal.

Por eso, es una imprudencia intentar cargarse lo que está funcionando y, sobre todo, es una temeridad hacerlo cuando España y los españoles necesitan que se cree empleo. Cuatro millones de parados, más de un millón de autónomos en cese de actividad y casi 900.000 trabajadores en ERTE son razones suficientes.

Por eso hay que ponerse de parte de los empresarios, que consideran que no es el momento de tocar lo que ha funcionado y lo que volverá a funcionar cuando llegue la recuperación. Poner trabas a la contratación o dificultar la negociación colectiva en estos momentos es colocar palos en las ruedas del empleo. Es así, por mucho que los sindicatos y Podemos digan lo contrario, en especial las cúpulas sindicales no los comités de empresa, mucho más pragmáticos por moverse en la realidad de las compañías que continúan defendiendo al empleado con trabajo fijo y dejan de lado al que quiere incorporarse al mercado laboral, como los jóvenes y los parados.

Tiene razón Nadia Calviño al afirmar ayer en Onda Cero que hay que mirar al futuro del mercado laboral con dos líneas fuerza inexcusables: la reducción de la dualidad en los empleos entre fijos y temporales y el insoportable paro juvenil, que supera el 40%. Eso tiene poco que ver con la derogación de la reforma laboral del PP.

(Publicado el El Mundo el 19 de marzo de 2021)

Un mercado laboral dopado

Decía el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, hace unos días en una entrevista con el diario Financial Times que las previsiones de desempleo de la OCDE y del Banco de España que situaban el paro en España por encima del 20% al finalizar 2020 «habían fallado por completo». Técnicamente tiene razón, porque según la Encuesta de Población Activa (EPA) que conocimos ayer, la tasa de paro al cerrar el ejercicio pasado se situaba en España en el 16,13%, dos puntos y medio más que en 2019, pero muy cerca de la previsión del propio Gobierno y muy alejada de la del Banco de España.


Pero en la práctica la tasa de paro en España es mucho mayor y se acerca más a las estimaciones de la entidad presidida por Pablo Hernández de Cos. Porque, según la propia EPA, al finalizar el año pasado había en España unas 900.000 personas en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que las estadísticas contemplan como ocupados aunque en realidad sean parados temporales: trabajadores que están en el desempleo por una temporada –cobrando del Sepe– hasta que se solucione la situación financiera y de negocio de sus empresas.

Si sumamos esos desempleados temporales que según las estadísticas están ocupados, a la cifra de parados, tenemos que ésta subiría hasta los 4,7 millones de personas y la tasa de paro se situaría en España en el 21%, mucho más cerca de las previsiones del Banco de España que las del Ejecutivo. La realidad del número de parados en España en estos momentos está entre los 3,7 millones de desempleados oficiales y los 4,7 millones de personas que, pudiendo trabajar, no lo hacen.

Tenemos, pues, un mercado laboral dopado por los ERTE, que, por cierto, no son una invención de Yolanda Díaz ni de Fátima Báñez, sino que están regulados desde 1995, cuando José Antonio Griñán era ministro de Trabajo. Nadie sabe cuántos de esos 900.000 trabajadores irán al paro en los próximos meses y cuántos volverán a la actividad, aunque a la vista de la coyuntura no se puede ser optimista, porque la inmensa mayoría de los ERTE se dan en el sector servicios y la evolución de la pandemia hace presagiar que este año no va a ser el de la recuperación de la hostelería y el turismo.

Por ejemplo, la EPA refleja una cierta recuperación del mercado de trabajo en el último trimestre de 2020 gracias al levantamiento de la movilidad antes de que llegara la tercera ola del Covid-19. Una situación que cambiará para mal en el inicio de 2021 con el empeoramiento de las perspectivas sanitarias y el aumento de las restricciones. En unos días veremos la evolución del empleo en enero… y de lo que nos espera al me nos hasta el verano.

Esa es la primera cuestión que hay que preguntarse a la hora de hacer previsiones sobre el comportamiento del mercado de trabajo en 2021: ¿cuántos de los trabajadores en ERTE, los 900.000 actuales y los que vendrán, van a volver a sus empresas? Porque, como su propio nombre indica, son una solución temporal que no se puede prolongar, aunque los ERTE sean necesarios en un primer momento como medida urgente de contención de los despidos. Llegará un momento en el que el empresario tendrá que decidir si rescinde definitivamente los contratos que ahora están en suspenso. Sólo queda que empecemos a notar cuanto antes el efecto de las vacunas.

(Publicado en El Mundo el 29 de enero de 2021)