Zuckerberg no debió callar a Trump

En la tarde del 3 de noviembre, cuando todavía se estaban contando votos en algunas zonas de Estados Unidos y el escrutinio se empezaba a decantar hacia Joe Biden, el presidente Donald Trump compareció desde la Casa Blanca para denunciar que "si contamos los votos legales, ganamos fácilmente. Si cuentas los ilegales nos van a tratar de robar". Era una acusación tan grave al sistema electoral del país -base de la democracia- que tres grandes cadenas de televisión, CNN, ABC y CBS, decidieron interrumpir la rueda de prensa y dar paso a los presentadores de esos especiales informativos, que denunciaron acto seguido el ataque sin base probatoria que estaba haciendo el presidente contra los pilares democráticos de Estados Unidos.

La decisión fue aplaudida por muchos periodistas, profesores de comunicación y analistas. ¿Para qué servir de altavoz de un político que mentía flagrantemente y podía soliviantar a sus seguidores? En cambio, otros muchos criticaron el corte, al considerar que la misión informativa de un medio de comunicación es, precisamente, dar voz a los protagonistas de la actualidad. Luego vendrá la opinión para criticar o alabar lo que ese protagonista ha dicho.

Este debate sobre la libertad de expresión de un político no es nuevo, pero la brutalidad -llamémosle así- de las declaraciones de Trump, que se ha saltado todas la barreras en estos cuatro años de mandato, lo ha enardecido de tal forma que ha llegado al final de su presidencia, no ya criticado por la mayoría de los medios de comunicación, sino expulsado de las redes sociales, como ha ocurrido con Facebook e Instagram. Una decisión que conviene preguntarse si tiene razón de ser, por muy Trump que sea Trump.

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y dueño de Instagram, nunca había sido partidario de controlar los contenidos que circulaban por sus redes sociales. "No queremos ser árbitros de la verdad ni desalentar el intercambio de opiniones", decía cuanto empezó a plantearse cambios en Facebook. Zuckerberg, creo que con razón, quería que Facebook siguiera siendo una herramienta para "compartir todo con todos" y no tener que vigilar el incontrolable flujo de comunicaciones que circula por la red. Fueron precisamente las críticas que surgieron a raíz del papel de Facebook y otras redes sociales en la ascensión y victoria de Donald Trump en 2016 -escándalo Cambridge Analytica incluido- lo que hizo cambiar de opinión al fundador.

En los primeros días de enero de cada año, Zuckerberg escribe un post sobre lo que espera de Facebook para ese año. En 2018, acosado ya por las críticas, incluyó que su propósito era "arreglar Facebook": "Mi desafío personal para 2018 es centrarme en solucionar estos problemas importantes. No evitaremos todos los fallos o abusos al aplicar nuestras políticas y evitar el uso indebido de nuestras herramientas pero ahora cometemos demasiados errores". Y decidió crear un consejo asesor compuesto por 20 personalidades de todo el mundo que se encargan de vigilar la libertad de expresión en Facebook, nada menos. Entre esos expertos está uno de los periodistas más relevantes de los últimos años, Alan Rusbridger, director de The Guardian durante veinte años.

Y el último paso de ese "arreglar Facebook" ha sido el cierre temporal de las cuentas de Donald Trump, tras su vergonzoso alentamiento del asalto al Capitolio. Esta decisión es trascendental en la historia de Facebook, porque por primera vez aplica la censura previa a un líder político mundial democráticamente elegido. Se puede discrepar sobre la eliminación del post o del tuit de un político si incita al odio o la violencia, pero ¿qué papel se arroga una red social cuando decide aplicar esa censura previa a un presidente de EEUU, por muy peligroso que sea ese presidente de EEUU? ¿Ha dejado de ser esa red social una plataforma para "compartir todo con todos" para convertirse en medio de comunicación al uso, con una línea ideológica predeterminada? ¿Terminará la cosa en Trump, o seguirá con otros líderes populistas -como Bolsonaro, Orban, Maduro o Correa- o no populistas pero cuyas opiniones disgusten a una determinada red social?

¿Se admitirán desde ahora comentarios como el que hacía el hoy ministro Alberto Garzón en Twitter en enero de 2013: "Hay opciones no parlamentarias: materializar en la calle la deslegitimación de este sistema. Forzar la dimisión y nuevas elecciones" ¿Quedará esa censura previa en las incitaciones a la violencia y al odio o tratarán también las mentiras? Porque aquí no habrá político que resista un análisis de su página o de su timeline.

Un ejemplo de ayer. Twitter eliminó los tuits de Trump en los que atizaba la rebelión y el asalto al Capitolio del pasado miércoles. Sin embargo, ayer sí dejó que Trump publicara su declaración sobre la condena de los hechos, sabiendo, como sabemos todos dentro y fuera de Estados Unidos, que esa condena es una flagrante mentira.

Es el problema de convertirse en un censor-moderador de los contenidos: la delgadísima línea roja entre la censura y la libertad. No es la razón de ser de una red social, por mucho que nos molesten las opiniones de algunos usuarios. Sobre todo, porque alguien tiene que decidir qué se publica y qué no y quién puede escribir libremente y a quién hay que censurar. Y eso, en un servicio que ha enganchado a miles de millones de ciudadanos es muy muy peligroso.

(Publicado en El Mundo el 9 de enero de 2021)

De Eurovegas a BCN World

Ha muerto Sheldon Adelson. El magnate de los casinos de Las Vegas, republicano en Estados Unidos y uno de los principales financiadores de Donald Trump. Adelson protagonizó un episodio en España hace apenas nueve años sobre el que hay cosas que comentar. Buscaba un lugar en Europa para expandir su lucrativo negocio y pensó en España.

La idea era crear un macrocomplejo de juego y turismo en el que invertiría 35.000 millones de dólares para construir seis grandes casinos y doce zonas vacacionales con 3.000 habitaciones hoteleras cada una. Se trataba de levantar un nuevo Las Vegas, que, según las estimaciones de los impulsores, atraería unos 11 millones de turistas cada año, que dejarían unos 15.000 millones de euros anuales. Y generaría más de 200.000 puestos de trabajo. Eso sí, allí donde colocara su proyecto, las autoridades deberían ofrecerle unas condiciones tributarias que hacían del complejo casi un paraíso fiscal.

Era 2012. Se fijó primero en Cataluña, pero allí se desechó la cosa a las primeras de cambio, sobre todo por discrepancias con la Generalitat -con Artur Mas a la cabeza- en la ubicación del complejo. Y el proyecto llegó a Madrid, donde fue acogido con entusiasmo por la Comunidad, presidida en esa etapa por Ignacio González. El Gobierno regional eligió los terrenos en Alcorcón, cuyo alcalde era el hoy consejero de Vivienda, David Pérez.

El entonces consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano decía que Madrid era idónea para acoger el proyecto por su "entorno fiscal favorable". Pero Adelson quería más: la práctica exención fiscal de las actividades que se desarrollaran en su complejo, como reconocía el propio Manglano: "No se ha puesto encima de la mesa que no se pague ningún tipo de impuesto. Se van a pagar impuestos si esta inversión se hace en España, lo que no está cerrado todavía es de qué tipos estaríamos hablando".

Al final, el macrocomplejo que tanto quería la Comunidad de Madrid y para el que ya tenía casi comprometidos los terrenos se vino abajo porque el Gobierno de Mariano Rajoy entendió que no se podía crear un paraíso fiscal dentro de España y, sobre todo, dentro de la Unión Europea. El sueño apenas duró dos años: Adelson renunciaba al mismo a finales de 2013.

Pero hay más. Madrid estuvo tan cerca de hacerse con los casinos que a la Generalitat de Cataluña le entró envidia y se decidió a poner en marcha su propio macrocomplejo de ocio. En 2012 encargó a al otrora empresario inmobiliario valenciano Enrique Bañuelos -se hizo de oro con Astroc en los años del boom, cayó y se levantó invirtiendo otros países- que liderara junto a La Caixa y la propia Generalitat un proyecto similar al de Adelson, BCN World, que, a pesar del nombre, se situaría en Tarragona, junto al parque de atracciones Port Aventura.

Ni Eurovegas existe porque a aquella Comunidad de Madrid no le dejaron llevar al límite sus propuestas de rebajas de impuestos. Ni se espera tampoco a BCN World, cuyo proyecto no tuvo ninguna razón económica -ha enterrado millones de euros y todavía hay quien quiere resucitarlo- sino simplemente que Madrid no adelantara en riqueza y en exposición internacional a Cataluña. Ninguno de los dos proyectos tenían sentido tal y como se plantearon. Y todo ocurrió hace menos de diez años.

Europa no tiene GAFAs

En este mundo del siglo XXI, los grandes vencedores desde el punto de vista empresarial son las grandes empresas tecnológicas, encarnadas en lo que se conoce con el acrónimo GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple), felizmente puesto por los analistas de un banco de inversión, creo que fue Morgan Stanley, en el inicio de la década pasada. Después se añadieron otras, como Microsoft (GAFAM) y Netflix (FANGAM). Todas se sitúan ahora entre las que tienen más valor bursátil del mundo, fundamentalmente porque sus fundadores y gestores han sabido adelantarse a lo que iban a necesitar los ciudadanos. Ahí radica exclusivamente su éxito, al margen de que hayan bordeado o no la ley para acaparar mercado. Y todas tienen otra cosa en común: son estadounidenses.

Pero hay otras GAFA, menos conocidas. China tiene su Google, que se llama Baidu. China tiene su Amazon, el gigante Alibaba, China cuenta con su Facebook, WeChat, la red social propiedad del gigante Tencent. Y China tiene sus Apple, como Huawei o Xiaomi. Todas son empresas de éxito, que cotizan en Bolsa con buenos resultados y con capitalizaciones importantes. Tencent y Alibaba, por ejemplo, valen más de 500.000 millones de dólares -5.000 zendales que diría Ayuso-: similar a lo que capitalizan las 35 empresas del español Ibex.

Lo malo para nosotros es que Europa no tiene un Amazon ni un Alibaba, un Google ni un Baidu, un Facebook ni un WeChat. Y esto es grave porque si los europeos no hemos sabido o no hemos podido posicionarnos en los sectores punteros de la economía actual nos arriesgamos a perder influencia en el planeta. Es cierto que ahora el mundo está globalizado y estas grandes multinacionales operan y generan empleo y riqueza allí donde están, pero qué duda cabe que la nacionalidad cuenta mucho a la hora de tomar decisiones. Véase los litigios que tienen casi todas con el pago de impuestos en la Unión Europea, algo que no se produciría si Facebook o Google fueran de capital europeo.

La OCDE acaba de publicar sus estimaciones de crecimiento económico para los países que forman parte de la organización. Sólo hay uno que va a terminar este año en positivo: China, cuyo PIB avanzará un 1,78%. Estados Unidos ocupa la décima posición en la clasificación, con una caída del 3,7%. En el otro lado, de los diez países que se van a ver afectados por la pandemia, siete son europeos: Austria, Portugal, Italia, Francia, Grecia, Reino Unido y España. Todos con descensos del PIB entre el 8% del país alpìno, y el 11,6% del nuestro.

Evidentemente, hay muchas razones que explican las diferencias de crecimiento entre países y zonas geográficas, pero da que pensar que entre las economías que mejor se comportan en estos momentos de grave crisis son las más dinámicas en los sectores tecnológicos --incluso en países sin libertad política- mientras que los rezagados en este campo sufren mucho más y pierden riqueza y empleo. El hecho es que Europa va a salir de la pandemia mucho más retrasada respecto a los dos gigantes.

(Publicado en El Mundo el 4 de diciembre de 2020)

Educar también es invertir para obtener un rendimiento

Ya sé que es un reduccionismo, pero si miramos el sistema educativo de un país desde un punto de vista estrictamente economicista, éste no es más que la inversión -el gasto- que hace la sociedad -familias y administraciones públicas- en la formación de las nuevas generaciones para que éstas, una vez instruidas, puedan devolver a esa sociedad esa inversión en forma de producción que genere ingresos para el país y, así, incrementar su riqueza. Esos ingresos se traducen en rentas privadas, en impuestos y en cotizaciones sociales.

Si nos ponemos en el mejor de los casos, lo ideal sería que todo alumno que hubiera recibido esa inversión durante su etapa educativa estuviera en condiciones de devolver a la sociedad lo que ha invertido en él con un puesto de trabajo acorde a su preparación. Devolver no lo vean como el crédito al que hay que hacer frente, sino la participación de ese profesional en la generación de riqueza del país con su trabajo, sus impuestos y sus cotizaciones.

Una sociedad que no consiga incorporar al mercado laboral a quienes terminan su etapa de aprendizaje, no sólo estará perdiendo posibilidades de crecer, sino que habrá malgastado su dinero. Y no es poco. Para hacernos una idea, y según los datos del Ministerio de Educación, en 2018 el Estado destinó 35.000 millones de euros a la enseñanza no universitaria para los 7,4 millones de estudiantes de esas etapas, lo que supone unos 4.700 euros por alumno. (A propósito, la media es de 5.300 euros en la pública y de 3.000 en la concertada, pero eso da para otro comentario). En los trece años que dura la educación obligatoria, pues, supone una inversión de más de 60.000 euros por alumno.

También por esta razón hay que pedir eficiencia al sistema educativo: que sea capaz de revertir a la sociedad lo que la sociedad le proporciona. Por eso, cuando todavía tenemos un 17,3% de abandono escolar temprano -en 2009 era del 30%-, la más alta todavía de la Unión Europea, cuya media se sitúa en el 10%, o cuando la tasa de desempleo juvenil es de un insoportable 40%, también récord entre los países de nuestro entorno, hay que deducir que algo no funciona en la preparación de las nuevas generaciones para ejercer en el mundo profesional.

Lo decía también el Banco de España hace unos días, refiriéndose a la Universidad: el alto desempleo de españoles entre 30 y 34 años que han estudiado una carrera en España -del 9,8%, frente al 5,8% de media en Europa- se debe a «una menor calidad de la educación superior».

Cuando somos los campeones de Europa, y de forma sostenible en el tiempo, en abandono escolar temprano, en desempleo juvenil y en paro de los licenciados hay que plantearse que nuestro modelo educativo, tanto en la enseñanza obligatoria como en la superior, no funciona. Lo que con una reducción economicista -repito- supone cientos de millones de euros que la sociedad no recupera.

Esto debería formar parte también del debate sobre el cambio de modelo de enseñanza en España y, para ello, es fundamental el concurso de todas las partes implicadas en el proceso educativo. Todas. Este Gobierno ha perdido otra oportunidad. Con la Lomloe de Isabel Celaá nada hace pensar que vayamos a salir de los puestos de cola en Europa. Porque esta ley es más de lo mismo que nos ha llevado hasta ahí abajo con mucha más carga ideológica.

La difícil economía de un país de jubilados

Los economistas José Ignacio Conde-Ruiz y Clarisa I. González acaban de publicar una entrada en el interesante blog Nadaesgratis.es sobre el futuro de la población española cuyo título ya previene para lo que va a pasar: «España ante un futuro demográfico envejecido por la longevidad». Los autores comparan los últimos estudios oficiales publicados por el INE, la AIReF y Eurostat. Los tres informes analizan la evolución demográfica en función de la tasa de fecundidad, de la esperanza de vida y los flujos migratorios. Con buen criterio, los autores consideran que «ser capaces de entender los cambios demográficos del futuro es fundamental para anticipar los principales retos a los que se va a enfrentar la economía en las próximas décadas». Es importante esto de «las próximas décadas», porque los políticos, generalmente, suelen tener la legislatura como unidad de tiempo político.

El resumen de los tres análisis es el siguiente: la tasa de fecundidad va a crecer algo de aquí a 2050, hasta 1,4 hijos por mujer fértil, pero seguirá muy lejos de los 2,1 hijos que se necesitan para garantizar el reemplazo generacional. La esperanza de vida seguirá aumentando hasta llegar en 2050 a los 90 años en las mujeres y los 85 años en los hombres. En cuanto a los flujos migratorios, serán las entradas netas de inmigrantes las que soporten el crecimiento de la población ya que «el saldo vegetativo (nacimientos menos fallecimientos) sería negativo en todo el periodo de proyección», es decir, hasta 2050, dicen Conde-Ruiz y González.

De esta forma, la tasa de dependencia a partir de 67 años -la relación entre los mayores de esa edad y la población que tiene entre 16 y 66 años- casi se va a duplicar en los próximos treinta años hasta alcanzar niveles del 50%: habrá casi tanta gente mayor de 67 años como personas entre 16 y 66.

Conde-Ruiz y González concluyen que la economía española se enfrenta a unos retos importantes. El primero es la "sostenibilidad de las finanzas públicas" por el inevitable aumento de las partidas destinadas a las pensiones, a la sanidad y a la dependencia. El segundo tiene que ver con "la productividad de una población cada vez más envejecida". Y el tercero, con la disminución de las tasas de ahorro, lógicamente "menores al aumentar la población de jubilados".

En otras palabras, el envejecimiento de la población va mucho más allá del mero sostenimiento del sistema de pensiones público. Están bien las medidas aprobadas en el Pacto de Toledo o última propuesta de José Luis Escrivá de colocar un plan de pensiones de empresa a cada trabajador. Pero eso es poner parches que no solucionan una situación preocupante.

El envejecimiento de la población afecta a toda la economía del país, desde la reducción de ingresos públicos, porque el Estado recaudará menos impuestos -habrá menos nóminas que coticen y menos consumo-, hasta el aumento constante de las partidas de gasto social con esos ingresos cada vez más escasos. Gasto necesario, pero que va en detrimento del más productivo como la educación, la ciencia, o la inversión industrial. Sin olvidar la paulatina debilitación de una fuerza laboral cada vez más envejecida. En ello hay que pensar fundamentalmente para planificar la España de 2050.

(Publicado en El Mundo el 13 de noviembre de 2020)

Google, contra el gran buscador

Probablemente, la crítica más radical que se puede hacer a la demanda que ha interpuesto un tribunal federal de Washington (EEUU) contra Alphabet, la matriz de Google, por abuso de posición dominante en el negocio de los buscadores es que está fundamentada en la Sherman Antitrust Act, del 2 de julio de ¡1890! 

Esa ley se aprobó con el fin de limitar los acuerdos o los monopolios en distintas industrias para que no terminaran haciendo subir los precios y perjudicando a los consumidores, que pagarían menos por los productos en una situación de concurrencia plena. Fue la primera medida que adoptó el Gobierno estadounidense en este sentido, para defender a la sociedad en el momento en el que empezaban a florecer las grandes empresas en la energía, el tabaco o las telecomunicaciones.

Es lógico que las autoridades traten de evitar perjuicios al ciudadano cuando una compañía se hace con la práctica totalidad de un mercado y, de esa forma, puede poner los precios que quiera a sus productos y servicios. ¿Pero qué pasa cuando esa compañía, como ocurre con Google, no cobra ningún precio a sus usuarios? En los tiempos de internet, quizá haga falta dar una vuelta a unas normativas antimonopolio que se han quedado obsoletas.

La acusación contra Google se basa en que ha obligado a los fabricantes de teléfonos móviles que usan el sistema Android -de Google- a que instalen el buscador de la propia compañía. Ha conseguido así el 90% del mercado. De esta forma, las empresas que quieran anunciarse en buscadores no tendrán más remedio que ir al gigante, porque los demás apenas tienen audiencia. La demanda, además, recoge también el acuerdo con Apple, por el que el buscador de Google es instalado por defecto en los iPhone a cambio de dinero. 

En definitiva, una empresa que quiera anunciarse en Internet, o lo hace a través del Google o tendrá muy difícil dar a conocer sus productos. Google es «la puerta de entrada a internet, un gigante de las búsquedas y de la publicidad que ha mantenido su poder de monopolio a través de prácticas que dañan la competencia», ha dicho Jeffrey Rosen, del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El problema llega cuando esas supuestas prácticas monopolísticas no solo no perjudican al consumidor, sino que le facilitan la vida. Google ha creado todo un sistema de información que él pone el canal -el buscador- y sienta las bases para su difusión -los acuerdos con fabricantes de móviles- que dificulta el acceso al mercado de sus competidores. ¿Y qué si lo consigue porque lo hace mejor? Además, su modelo proporciona a muchas empresas unas capacidades de venta y de desarrollo impensables antes de la llegada de internet. Es la primera respuesta que dio la compañía fundada por Larry Page y Sundai Pichar a la demanda: «Es profundamente errónea. La gente usa Google porque así lo desea, no porque se vea obligada a hacerlo o porque no pueda encontrar alternativas».

Las autoridades estadounidenses han estado un año estudiando la demanda. Tiene que de estar fundamentada, pero si los monopolios se persiguen porque perjudican al consumidor, la paradoja está en que con Google se acusa de una posición de dominio que, al contrario, le hace la vida más fácil y más barata al ciudadano.

La ministra de Hacienda improvisa o miente

"El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". Es el punto 3 del artículo 134 de la Constitución, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a incumplir. Esto significa que, con toda probabilidad, habrá que prorrogar en 2021, aunque sea unas semanas, los Presupuestos que Cristóbal Montoro elaboró para el año 2018, en una situación totalmente distinta a la actual, sin pandemia y con una economía en crecimiento.

El recorrido de las cuentas públicas durante el pasado septiembre en boca de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue el siguiente. El miércoles 23 declaraba que "la semana que viene o la siguiente estaremos en condiciones de traer el techo de gasto para que sus señorías puedan empezar el debate sobre la tramitación de los Presupuestos". Según esta afirmación todavía estaríamos a tiempo, porque la segunda semana desde aquel miércoles se cumple el 11 de octubre.

Pero es que el martes 29 de septiembre Montero, tras comentar que "mantenemos el calendario", añadía: "Es pretensión del Gobierno traer en las próximas semanas la aprobación del techo de gasto". Es decir, del ese 11 de octubre que finalizaba la primera fecha que ella misma se dio, Montero retrasó a "las próximas semanas", empezando a contar desde el 29 de septiembre. Un plazo mucho más difuso que podía extenderse sin problemas hasta noviembre, por ejemplo.

A más a más, el miércoles 30 -un día después-, cuando vencía el plazo que da la Constitución para que los Presupuestos lleguen al Congreso, Montero decidía suspender las reglas fiscales para 2020 y 2021, es decir, dejar sin efecto el techo de gasto y los objetivos de déficit y deuda pública de todas las administraciones. Es decir, esas "próximas semanas" del martes se pasó a un nunca en apenas 24 horas. Con la suspensión de las reglas fiscales Montero consigue agilizar el trámite parlamentario de los Presupuestos porque se quita de en medio el debate de la senda del déficit y del techo de gasto, pero somete a la economía española a un riesgo que no debería asumir.

Hay que decir que el Gobierno cuenta con la laxitud que ha aprobado Bruselas a causa de los estragos económicos que está provocando la pandemia para permitir un cierto descontrol de las cuentas públicas en esta etapa. Pero lo podía haber programado antes, como han hecho muchos de los países de la UE, no cuando se le ha echado el tiempo encima.

Y eso es lo preocupante. En primer lugar, porque habría que saber si Montero ha improvisado en estos diez días sus cambios de criterio. Si tenía claro lo que iba a hacer con la regla de gasto, ha estado engañando a la opinión pública. Y eso es grave. Después, porque la decisión de suspender en 2020 y 2021 las reglas fiscales es hacerse trampas en el solitario, ya que el tremendo descuadre de deuda y déficit que tenemos, y que se incrementará, tendremos que pagarlo antes o después.

Porque el hecho constatable es que entramos en octubre sin techo de gasto, sin objetivo de déficit ni de deuda pública actualizado, sin vislumbrar los Presupuestos, con la deuda en un histórico 110% del PIB y con un déficit creciente, que ya supera los 60.000 millones de euros. Y esto acaba de empezar. Si por lo menos lo estuvieran haciendo bien en el plano sanitario...

(Publicado en El Mundo el 2 de octubre de 2020)