Hay vida tras un rescate, pero menos y más cara

Llevamos dos semanas con los niveles de rentabilidad de la deuda que provocaron los rescates de Grecia, Irlanda y Portugal. Tras el rescate de los bancos, el Gobierno y los analistas pensaban los mercados nos iban a dar una tregua hasta las elecciones griegas. Pero no ha sido así y la rentabilidad del bono ha superado el 7%. Son niveles que propiciaron la intervención de otros países. ¿Qué pasaría si se produce en España?

El rescate o la intervención de un país empieza cuando éste no puede hacer frente a los compromisos de pago asumidos con sus acreedores y tiene que pedir ayuda para que alguien le preste el dinero que no tiene. Como es lógico, el organismo que inyecta los recursos impone sus condiciones para asegurarse de que ese país da el uso adecuado a la ayuda financiera.
Esas condiciones sólo se deciden cuando se ha solicitado la ayuda y antes de concederla, por lo que no sabemos exactamente qué pedirían la UE, el BCE y el FMI a España en el caso de que nos encontráramos en esa situación. Pero a la vista de lo último que han ido recetando al Gobierno español podemos esperarnos algo como lo que sigue.
El panorama que viene a continuación puede parecernos desolador, por eso, antes de seguir leyendo hay que tener presente que esto es una hipótesis. Que el Gobierno está haciendo los deberes y es apoyado por la Comisión Europea, el BCE y el FMI. Y estos organismos son los primeros interesados en que España no quiebre.
Los campos de batalla se centrarán en lo que nos llevan exigiendo desde mayo de 2010: reformas estructurales, control de las cuentas públicas y reestructuración del sector financiero. Podemos pensar que ya estamos sufriendo los recortes con el Gobierno, pero no debemos engañarnos. No es lo mismo que el adolescente travieso sea corregido por sus padres que por el director de lo que antes se llamaba reformatorio. Y las exigencias concretas podrían ser de este tenor:

1. Control de las cuentas públicas.

• Subida de impuestos: el IVA, de inmediato. En Grecia, por ejemplo, está en el 23% y nosotros lo tenemos en el 18%. También podrían aumentar los impuestos especiales -tabaco, gasolinas-. Lógicamente, se producirían subidas en tasas y tributos autonómicos y municipales.
• Se eliminaría la deducción por vivienda habitual. En un principio no nos obligarían a tocar más la tributación directa -Impuesto sobre la Renta, Patrimonio...- aunque el Gobierno o las CCAA podrían hacer uso de ellos para aumentar sus ingresos.
• Examen riguroso del gasto de las comunidades y los ayuntamientos. Las condiciones del rescate llegarían lo más lejos que permita la ley en el vaciamiento de competencias a las comunidades autónomas con el fin de crear un Estado más racional.
• Rebaja de las prestaciones por desempleo: España es de los países de la OCDE que más paga y por más tiempo el subsidio por desempleo, que supone unos 35.000 millones de euros al año.
• Reducción de funcionarios y personal laboral de la Administración, para eliminar gastos. Apenas se ha iniciado en España. Control exhaustivo de los salarios públicos.

2. Reestructuración financiera.

Como en Irlanda, el rescate español, si se produce, tendrá que estar íntimamente ligado a la reforma del sector financiero. Buena parte del proceso de reestructuración financiera se ha empezado a recorrer ya con la línea de crédito de 100.000 millones de euros aprobada por el Eurogrupo el pasado sábado. Ahora falta concretar el saneamiento de los bancos y la disolución de algunos.

3. Reformas estructurales.

El Gobierno ya ha iniciado las más importantes, pero los 'rescatadores' exigirían profundizar en ellas y acelerarlas. Sobre todo en dos campos:

• Mercado laboral: para eliminar la dualidad entre contratos temporales e indefinidos. Reducir más el coste del despido para los trabajadores fijos. Eliminar las rigideces que todavía quedan en la negociación colectiva.
• Sistema de pensiones. Se exigiría adelantar considerablemente el proceso de retraso de la edad de jubilación y reducir el periodo de cómputo para cobrar la pensión.

¿Las consecuencias? Escribíamos 'menos vida' en el titular no porque ésta se vaya a acortar -eso lo trata la medicina, no la economía- sino porque perderemos algunos alicientes para disfrutarla, al menos durante unos años. En definitiva, los ciudadanos perderíamos capacidad adquisitiva y prestaciones sociales. Caería el consumo y se incrementaría el paro porque las empresas producirían menos. Los nuevos puestos de trabajo estarían peor remunerados. Y tardaríamos muchos trimestres en salir de la recesión.
¿Y todos estos sacrificios, para qué? Para volver a crecer en cuanto se pueda. Estos recortes y esta disminución del nivel de vida no es más que un ingente proceso de devaluación de un país que no puede hacerlo mediante la pérdida de valor de su moneda. Se trata de colocarnos en el nivel preciso para volver a ser competitivos en nuestro entorno. En una imagen que todo el mundo entiende, es la vomitona que sucede al banquete pantagruélico, tras la cual nos sentimos un poco mejor para continuar la tarea.
De momento, éste es un ejercicio 'virtual'. El Gobierno busca con la UE, el BCE y el FMI otras soluciones que es muy posible que lleguen en breve. La imprevisible evolución de los mercados de los últimos días indica que el problema no está en la banca española, ni siquiera sólo en el arreglo de nuestros desequilibrios. Es una cuestión que atañe a todo el euro que está poniendo en riesgo su futuro.
Pero pensar en lo que nos puede pasar viene bien para que todos pongamos de nuestra parte y portarnos lo mejor posible.

'Papá, ¿por qué somos españoles?'

La agencia de publicidad Sra. Rushmore ideó un genial anuncio de televisión para promocionar el club Atlético de Madrid en 2001. El famosísimo «Papá, ¿por qué somos del Atleti?», que un niño dirigía a su padre, sin que éste fuera capaz de contestarle. Esa pregunta refleja la actitud de quien ha vivido en un mundo ideal y, de repente, se da cuenta de que lo suyo no es lo mejor. Que la realidad ha puesto en su sitio parte de sus sueños, aunque durante un tiempo se hubiera creído el rey del universo. Es posible que muchos españoles se sientan así, especialmente en las dos últimas semanas. Cuando parecía que con ajustes y sacrificios la cosa se iba encarrilando, da la sensación de que hemos retrocedido buena parte de lo avanzado; no sólo desde que Rajoy tomara las riendas de este tinglado, sino desde aquel fin de semana de mayo de 2010 en el que Zapatero recibió su baño de realidad.

La crisis de Bankia dice que la reforma del sistema financiero no ha terminado y la desviación de los déficits de Madrid y la Comunidad Valenciana ponen en duda los logros del Consejo de Política Fiscal y Financiera. No es de extrañar, pues, que la prima de riesgo se haya olvidado estos días de la reforma laboral, de la bancaria, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de los ajustes o de las subidas de impuestos. El marcapasos está disparado mientras que el país se encuentra al borde de la depresión social.

Es lógico que cuando los mercados nos colocan más cerca que nunca de Grecia o de Portugal que de Francia o Alemania sintamos un cierto desasosiego interior . ¿No estuvimos a punto de formar parte del agraciado club del G-8? ¿No protagonizamos durante veinte años lo que se denominó milagro económico español? ¿No fuimos la sensación del mundo cuando el 70% del empleo que se creaba en la UE se generaba en España? ¿Cómo se ha desintegrado como un azucarillo en agua casi todo lo conseguido? Sencillamente, porque la etapa del esplendor no sirvió para poner las bases que necesitaba una economía sólida y moderna. Por eso, puede parecer obsceno pedir al Gobierno que piense también a 25 años vista cuando tiene que estar apagando incendios cada cinco minutos, pero es la única forma de poner los cimientos para construir con firmeza el futuro. Y para eso le pagamos.

Un ejemplo puede ilustrarlo. Entre 2000 y el tercer timestre de 2007 se crearon en España un millón de puestos de trabajo en la construcción. Un auténtico récord, sí, pero en su momento nadie cayó en que cientos de miles de estos empleos fueron para jóvenes que dejaron sus estudios porque en las obras se ganaba mucho dinero. Desde esa fecha se han perdido 1,5 millones de empleos y cientos de miles de ellos corresponden a trabajadores entre 25 y 40 años sin formación porque no acabaron sus estudios y, por tanto, con escasas posibilidades de encontrar trabajos estables.

Hay que recordar cuando el entonces ministro de Trabajo Jesús Caldera volvía de Bruselas muy ufano porque sus colegas le habían felicitado al ver las impresionantes cifras de la creación de empleo en España durante su mandato. Pero aquel Gobierno -y los anteriores y los posteriores- cometió el inmenso error de creérselo y de no modificar un sistema educativo que registraba tasas inaceptables de abandono escolar y de un mercado de trabajo absolutamente volátil, que creaba empleos temporales y sin cualificación que han desaparecido con más rapidez que con la que se crearon. Hoy vemos las consecuencias.

Este Gobierno parte con la ventaja de conocer los errores pasados y ha dado muestras de querer acometer esas reformas profundas. Lo grave es que tiene que ocuparse de lo urgente sin olvidar lo importante. Y lograr que los hijos de nuestros hijos puedan decir, sin patrioterismos, «Papá, ¡somos españoles!».

Banca y poder, amistades peligrosas

En Too big to fail -posiblemente la mejor crónica que se ha escrito sobre la crisis bancaria en EEUU tras la quiebra de Lehman-, el periodista de The New York Times Andrew R. Sorkin narra el momento clave que, sin duda, salvó al mundo del colapso financiero. Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal, y Henry Paulson, secretario del Tesoro, habían aceptado lo que sólo unos días antes consideraban una propuesta indecente de un asesor de ese departamento: la nacionalización de la banca norteamericana.

Así, convocan a Jamie Dimon, presidente de JP Morgan; Lloyd Blankfein, de Goldman; John Mack, de Morgan Stanley; John Thain, de Merrill y Vikram Pandit, de Citi. Cuando están sentados en la mesa y los tienen enfrente, les distribuyen un folio y les dicen que escriban qué cantidad de dinero necesitan recibir del Estado para sanear sus balances.

El estupor entre los banqueros es mayúsculo y las reticencias iniciales, brutales. Pero cuando firmó el primero, todos acabaron aceptando la propuesta, con sus consecuencias: el Estado entraría en el consejo y los convocados perderían el control de sus bancos mientras no devolvieran lo solicitado. Los EEUU del neocon Bush acababan de nacionalizar su sistema financiero.

En España, Elena Salgado, ministra de Economía, y Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, en ningún momento llamaron a Emilio Botín, Francisco González, Isidro Fainé, Miguel Blesa, Ángel Ron, Narcís Serra, José Luis Olivas para plantearles algo similar. Pero si se hubiera celebrado esa reunión -como si ahora la convocara Luis de Guindos- ¿creen que los banqueros españoles aceptarían el ultimátum del Gobierno y del Banco de España?

Lo he hablado con analistas y todos me han dicho que no. Porque ni Salgado, ni Ordóñez ni Guindos tendrán nunca la ascendencia de Paulson y Bernanke. Porque banca y poderes públicos tienen en España unas relaciones demasiado intrincadas. Y porque, como escribía Simon Nixon en The Wall Street Journal al analizar la última reforma, el Gobierno se ha visto influido por la presión ejercida por los grandes bancos, para los cuales «cualquier recapitalización con dinero público podría provocar el fin de sus imperios». Quizá el problema actual de la banca española no sea sólo culpa de los políticos. Y Rato y otros nacionalizados no eran banqueros.

@vicentelozano

¿Salvarán PNV y CiU al Estado?

Cualquiera que analice el Estado de las Autonomías debe basarse en tres claves sin las que no se entiende por qué hemos llegado a la trágica situación en la que nos encontramos. La primera y fundamental es que en España hay dos comunidades autónomas cuyo objetivo -mejor, el objetivo de las mayorías políticas dominantes- es su separación del Estado central. Es decir, la búsqueda de la independencia, con un horizonte más o menos lejano.
La segunda es que PNV y CiU, parte de esas mayorías políticas dominantes, han sido los asideros a los que se han agarrado los ejecutivos centrales cuando han necesitado apoyos para asegurar la gobernabilidad del Estado. Esto ha supuesto que en legislaturas con gobiernos en minoría, esos partidos regionales han sacado todo el jugo posible a su apoyo institucional consiguiendo para sus regiones -y por ende, para todas las demás- unas dosis de autogobierno y de capacidad legislativa que muchos analistas consideran que superan el mandato constitucional.
La tercera clave muestra a la perfección nuestra particular forma de ser: si el Ejecutivo de una comunidad autónoma no es del mismo signo político que el Gobierno central, inmediatamente pasa a gestionar su región como si fuera oposición: lo normal es que haga lo contrario de lo que llegue desde Madrid. Son tres principios que, juntos, no encontramos en ningún estado federal o confederal del mundo desarrollado. Ni en la Canadá del Quebec independentista. Ningún estado de EEUU aspira a independizarse de Washington y no sabemos de ningún land alemán que haga de la oposición a Angela Merkel la bandera de su política económica.
Esto significa que cualquier intento de reforma profunda del Estado necesita, claro, el acuerdo entre el PP y PSOE, que debe extenderse a todos los gobiernos autonómicos que cada uno mantiene. Pero también es indispensable la participación del PNV -en las próximas elecciones vascas veremos si también de la izquierda abertzale- y de CiU en el proceso. Y como nadie se imagina que estos partidos estén dispuestos a devolver una sola de las competencias asumidas en estos casi cuarenta años de democracia, esa reforma sólo tiene dos caminos: la desaparición del café para todos en las autonomías, de forma que en el futuro las comunidades no históricas -las que no cuentan con partidos nacionalistas fuertes, no nos engañemos- rebajen considerablemente su autogobierno, o que ese «repensar» el Estado autonómico, que dice Rajoy, sea una redistribución de funciones administrativas para conseguir una mayor eficiencia y eficacia del sector público.
En estos momentos cruciales, España necesita para su supervivencia financiera a los dos partidos que más interés manifiestan por debilitarla. Es una paradoja. Pero es nuestra paradoja. La que nos hemos dado.

Un fracaso que debe ser una lección

Quizá sin darnos cuenta, los medios de comunicación -lo que queda de ellos- estamos narrando día a día la crónica de un fracaso. El de una forma de hacer política en España. Esa manera de gobernar que casi nunca ha tenido un horizonte más lejano que los cuatro años que dura una legislatura. Que ha colocado la ideología como patrón de comportamiento, impidiendo así acuerdos en las cuestiones básicas para la sociedad. Que, por eso, fue incapaz de predecir que el milagro de crecimiento español de los 90 se basó en el dinero que llegó de Bruselas y en la construcción, sin pensar en lo que llegaría después.

Sin entrar en la corrupción política, esta historia cotidiana del fracaso se escribe con palabras como imprudencia, despilfarro, deudas, déficit..., en todos los ámbitos de la Administración y en todos los territorios. Incluso ahora, cuando la crisis parece no tocar fondo, el paro parece desbocado y todavía no se otean signos de crecimiento, los políticos son incapaces de ponerse de acuerdo para ofrecer a esta sociedad deprimida algo más profundo que reformas económicas: una solución conjunta a los problemas reales del país. Al contrario, hemos visto cómo mientras la prima de riesgo amenazaba con desestabilizar la economía del país, la respuesta de los principales partidos ha sido lanzarse mutuamente unos vídeos cuyo único argumento es el infantil ¡y tú más!

Y que cuando el Gobierno popular dice que no se creará empleo en los próximos cuatro o cinco años, los responsables socialistas se lanzan a su yugular, olvidándose de que abandonaron el poder con una tasa de paro del 22% en la legislatura que ellos mismos bautizaron -cartel electoral incluido- como la «del pleno empleo». Los españoles no entienden que el ministro de Economía se niegue a pronunciar la palabra IVA cuando anuncia una subida de los «impuestos al consumo». Y también preguntan qué tipo de política responsable hará Izquierda Unida en Andalucía si pierde el trasero para aliarse en el poder con los que tildaba de corruptos hace apenas unos días.

No tiene ningún sentido que cuando los partidos nacionales deberían estar negociando las grandes reformas que a medio y largo plazo necesita el país -educación, investigación, modelo de Estado, servicios públicos...-, no sean capaces ni de ponerse de acuerdo en la persona que dirigirá RTVE. O que por safisfacer meros intereses personales, Asturias, una de las autonomías menos desarrolladas de España, lleve más de un año sin un Gobierno estable.

Hoy, más que nunca, la sociedad necesita referencias y no las encuentra en la mayoría de los líderes políticos. Porque pierden su prestigio día a día con decisiones inexplicables y los ciudadanos no les ven con derecho a pedirles esfuerzos si ellos no están dispuestos a sacrificar sus intereses personales y de partido. Dirigentes que no aceptan, digan lo que digan, que la única forma de salir de este tornado debe ser la de empujar todos juntos para alejarse del vórtice.

Conmemorar este Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo -con perdón- con más de 5,6 millones de parados en España -y subiendo- es un buen momento para reflexionar. Si los políticos tuvieran esa decencia profesional que se les supone deberían empezar a aplicar una nueva forma de administrar la cosa pública, distinta a la que ha regido hasta ahora y que nos ha colocado al borde del abismo. La solución de esta crisis va mucho más allá de un plan de ajuste y de la aplicación de unas reformas. Hace falta una regeneración de la clase dirigente en España. Si al menos aprenden esta lección...

A la espera de la 'gran reforma'

¿Cómo es posible que los mercados reaccionen tan mal si el Gobierno está acometiendo los ajustes que le piden? ¿Por qué la prima de riesgo sigue en zona de peligro y la bolsa en niveles de hace tres años? En gran medida porque estas reformas -como las de educación y sanidad que aprobó ayer el Gobierno- son necesarias, pero siguen sin solucionar los problemas profundos de España. No renuevan de verdad el país, porque sólo rozan una cuestión clave: el enorme peso del Estado en la economía y la desmesura de la Administración. Un ejemplo servirá para explicarlo.

     Imaginemos que Villagrande es una ciudad en la que es necesario crear una red de guarderías. El ayuntamiento tiene varias formas de hacerlo. Primera: el alcalde llama al concejal de Educación para que gestione el tema. El edil elige entonces a un equipo de funcionarios que se meten de lleno a la tarea: trámites legales, búsqueda de locales, realización de las oposiciones para cubrir los nuevos empleos -maestros, cocineros-, convocatoria del concurso para la realización de las obras... Y, más adelante, la información a los ciudadanos, la oferta de plazas y su adjudicación.
    Segunda opción. Un asesor del alcalde toma las riendas y decide que la mejor forma de gestionar la creación de esa red es a través de una sociedad pública, Guarderías Municipales de Villagrande S.A (Gumuvsa), que lleve adelante el proceso. Gumuvsa se constituye con un presidente -el concejal de Educación- y un consejo de administración compuesto por siete miembros. Un director general llevará la gestión, y para ello se necesita contratar a 10 o 12 empleados administrativos, que no tienen por qué ser funcionarios de carrera al tratarse de una empresa y no de un organismo oficial. Por supuesto, Gumuvsa tendrá su sede fuera de las dependencias municipales que habrá que alquilar. Alguien de la nueva empresa buscará -quizá no demasiado lejos de su entorno- los locales necesarios; deberá conseguir un contratista que haga las obras, los maestros, otros puestos de trabajo y las contratas de comedor, material escolar, etcétera... Es posible que si para la primera opción bastaría un presupuesto de 10 millones de euros, la segunda no se llevaría a cabo por menos de 20 millones.
     Pero un alcalde con sentido común pensaría de otra forma. Si no tengo las competencias de educación, ¿por qué meterme en un tinglado en el que no tengo experiencia y me puede a resultar muy caro? Entonces, ese alcalde, que quiere solucionar las deficiencias de su ciudad en este aspecto, se dirige a la Consejería de Educación de su comunidad autónoma y le explica la situación. Y será desde allí desde donde se ponga en marcha el proceso: la consejería sólo tendrá que sumar a su red las guarderías que hagan falta en ese municipio, pero si su sistema es eficaz tendrá ya organizados los trámites administrativos, la contratación de personal, de licitación y desarrollo de las obras...
    ¿Y cuál será la labor del ayuntamiento? Facilitar al máximo las cosas: informar a los ciudadanos, pilotar los procesos de admisión, aportar locales municipales o facilitar una línea de becas si es necesario. Con toda seguridad, el ayuntamiento habrá resuelto el problema con uno coste 5 veces menor que con Gumuvsa. Cierto que el Gobierno regional asume más gastos, pero la suma de inversión de las dos administraciones será muy inferior.
    Y esto es extrapolable a otros servicios como la sanidad. Por ejemplo, ¿para qué queremos los madrileños un Samur municipal si ya existe el Summa autonómico? ¿No será mucho más barato apoyar desde el Ayuntamiento -con recursos o subvenciones- para que los servicios sanitarios de la comunidad lleguen hasta el último rincón de la ciudad sin tener que duplicar equipos y esfuerzos?

    Ésta es la gran reforma que necesita el país. Y la sensatez del tercer caso es lo que piden los españoles y exigen los mercados financieros a todas las fuerzas políticas, porque cambiar esto no es sólo cuestión del Gobierno.

Por qué no nos creen fuera.

Nos quejamos de que Monti o Sarkozy identifiquen a España como la mala de la película económica. Fastidia, pero quizá tengan un poco de razón porque...

Porque el jefe de los funcionarios tilda de gandules e indolentes a todos los empleados públicos ante la sociedad y sin ningún pudor al amenazar con ese «se ha acabado el cafelito y el leer el periódico». Porque el despacho del alcalde en el Ayuntamiento de Madrid, ahora ocupado por Ana Botella, es mucho más grande que el del presidente de Estados Unidos. Porque una entrada de fútbol cuesta dos veces más en España que en Alemania, con un nivel de vida en nuestro país claramente inferior. Porque hemos invertido 1.700 millones en 18 desaladoras y sólo cinco se han puesto en funcionamiento. Porque esas desaladoras producen el agua casi cinco veces más cara, los agricultores no pueden pagarla y se sigue invirtiendo en ellas.

Porque en España existen 77 universidades. Porque los 77 rectores de esas universidades no tienen que dar cuenta a nadie de cómo gestionan sus 77 presupuestos. Porque mientras que en todo Estados Unidos hay sólo 2 institutos de nanotecnología, en España existen 7: creó uno una comunidad autónoma, y otro la de al lado, y otro, y otro... Porque Castilla-La Mancha es la única región ¡del mundo! que tiene todas sus capitales de provincia conectadas por AVE.

Porque alguien proyectó cinco autopistas radiales de peaje en Madrid que no tienen tráfico y ahora el erario tendrá que asumir las pérdidas. Porque el Estado licita una autopista de peaje y cuando está construida una autonomía construye una autovía en paralelo y le hunde el tráfico. Porque el recientemente remozado Aeropuerto de Huesca registró un tráfico de ¡18 pasajeros! en un mes. Porque el Aeropuerto de Ciudad Real, privado pero costeado con dinero público, acaba de cerrar sus pistas. Porque el de Castellón ni siquiera las ha abierto. Porque un español que vive en el País Vasco no puede ser atendido en un hospital de La Rioja aunque viva a unos cientos de metros del mismo.

Porque el gobernador del Banco de España dice en público sin ponerse colorado que la CAM es «lo peor de lo peor» cuando su obligación era evitar que lo fuera. Porque el propio Banco de España permite que los consejos de administración de las nuevas cajas de ahorros estén compuestos casi por las mismas personas que las llevaron a la ruina. Porque el Ministerio de Cultura subvenciona películas de cine que no se llegan a estrenar. Y otras se estrenan y recaudan menos que la propia subvención que han recibido.

Porque un grupo de pilotos se pone de huelga y el Estado no tiene resortes para evitar que tomen como rehenes a los ciudadanos y a todo un sector estratégico como el turismo. Porque a nadie se le ocurre que una caída del 25% en el presupesto público en I+D se puede compensar con el incremento de las aportaciones del sector privado. Porque una simple llamada del inspector de Trabajo al domicilio sirve para que cientos de funcionarios vuelvan a sus puestos de trabajo al día siguiente.

Porque las promesas oficiales del Gobierno de inversión en infraestructuras en una región son directamente proporcionales a la cercanía de unas elecciones autonómicas. Porque el expresidente que deja una comunidad autónoma en la bancarrota responde que «soy un político, no un contable» cuando se le piden explicaciones por su nefasta gestión.

Porque un ayuntamiento organiza un referéndum para cultivar marihuana y así reducir su déficit con la venta de la plantita. Porque todo un ministro de Asuntos Exteriores deja que un presidente extranjero insulte a su país con la excusa de que como se refiere a un Gobierno anterior...

Porque un recorte de 10.000 millones de euros -el 1% del PIB- se anuncia mediante una simple nota de prensa y se presenta apenas diez días después de la elaboración de los Presupuestos. Porque la presidenta de una comunidad autónoma reconoce que las ineficiencias en las administraciones le cuestan al Estado 48.000 millones de euros. Porque... (incluir aquí alguna experiencia particular).

No es pesimismo ni derrotismo. Es el realismo de reconocer dónde estamos para empezar a rectificar.