¿Salvarán PNV y CiU al Estado?

Cualquiera que analice el Estado de las Autonomías debe basarse en tres claves sin las que no se entiende por qué hemos llegado a la trágica situación en la que nos encontramos. La primera y fundamental es que en España hay dos comunidades autónomas cuyo objetivo -mejor, el objetivo de las mayorías políticas dominantes- es su separación del Estado central. Es decir, la búsqueda de la independencia, con un horizonte más o menos lejano.
La segunda es que PNV y CiU, parte de esas mayorías políticas dominantes, han sido los asideros a los que se han agarrado los ejecutivos centrales cuando han necesitado apoyos para asegurar la gobernabilidad del Estado. Esto ha supuesto que en legislaturas con gobiernos en minoría, esos partidos regionales han sacado todo el jugo posible a su apoyo institucional consiguiendo para sus regiones -y por ende, para todas las demás- unas dosis de autogobierno y de capacidad legislativa que muchos analistas consideran que superan el mandato constitucional.
La tercera clave muestra a la perfección nuestra particular forma de ser: si el Ejecutivo de una comunidad autónoma no es del mismo signo político que el Gobierno central, inmediatamente pasa a gestionar su región como si fuera oposición: lo normal es que haga lo contrario de lo que llegue desde Madrid. Son tres principios que, juntos, no encontramos en ningún estado federal o confederal del mundo desarrollado. Ni en la Canadá del Quebec independentista. Ningún estado de EEUU aspira a independizarse de Washington y no sabemos de ningún land alemán que haga de la oposición a Angela Merkel la bandera de su política económica.
Esto significa que cualquier intento de reforma profunda del Estado necesita, claro, el acuerdo entre el PP y PSOE, que debe extenderse a todos los gobiernos autonómicos que cada uno mantiene. Pero también es indispensable la participación del PNV -en las próximas elecciones vascas veremos si también de la izquierda abertzale- y de CiU en el proceso. Y como nadie se imagina que estos partidos estén dispuestos a devolver una sola de las competencias asumidas en estos casi cuarenta años de democracia, esa reforma sólo tiene dos caminos: la desaparición del café para todos en las autonomías, de forma que en el futuro las comunidades no históricas -las que no cuentan con partidos nacionalistas fuertes, no nos engañemos- rebajen considerablemente su autogobierno, o que ese «repensar» el Estado autonómico, que dice Rajoy, sea una redistribución de funciones administrativas para conseguir una mayor eficiencia y eficacia del sector público.
En estos momentos cruciales, España necesita para su supervivencia financiera a los dos partidos que más interés manifiestan por debilitarla. Es una paradoja. Pero es nuestra paradoja. La que nos hemos dado.