A finales de agosto casi todo llega tarde

La segunda ola de la pandemía, que todo el mundo sabía que se iba a producir tarde o temprano, ha llegado en verano y ha pillado a los gobernantes de improviso. Y esto debería ser considerado un delito. La primera vez, puede pasar que se tarde en reaccionar; la segunda denota dejadez, falta de previsión y, por lo tanto, ineptitud. Llevamos con la pandemia desde el comienzo de 2020 y estamos terminando el octavo mes del año. 

A estas alturas de la película, a finales de agosto, los españoles no tienen claro quién lleva el timón de la operación, si el Gobierno o las comunidades autónomas porque, a finales de agosto, el Gobierno descarga en las autonomías la responsabilidad en el control de la pandemia, posibilidad de solicitar el estado de alarma en su territorio incluido. A finales de agosto, cuando llevamos semanas con los casos de contagio disparados, el presidente del Gobierno anuncia que el Ejército se pone a disposición de las CCAA para los rastreos.  A finales de agosto no sabemos los planes de contingencia que tienen preparados las autonomías si en unas semanas se disparan las hospitalizaciones y los ingresos en las UCI. 

A finales de agosto todavía se están anunciando apresuradamente planes para el curso escolar... que empieza en menos de dos semanas, a la espera de una conferencia autonómica sobre Educación que todavía no se ha producido. A finales de agosto, los ministros de Educación  de Universidades no han dado una sola explicación pública sobre el inicio del curso. 

A finales de agosto el presidente del Gobierno propone una reunión con los líderes políticos para coordinar no se sabe qué y determinar una estrategia común ante unos Presupuestos... que en apenas un mes deberían entrar en el Parlamento. 

Por eso, a finales de agosto Bloomberg y The Wall Street Journal nos vuelven a poner como ejemplo de improvisación  y de mala gestión en la lucha contra el coronavirus. Porque, a finales de agosto, volvemos a estar entre los países más castigados del mundo en términos de contagiados por habitante.

No es cuestión de culpar ahora al Gobierno o a las autonomías  de la falta de respuesta adecuada y puntuial. Me parece que se trata de algo más profundo, porque esta crisis ha dejado al descubierto que las costuras del Estado nacido en 1978 se han empezado a descoser. Pero eso puede ser bueno si se aprovecha para reforzarlas.

Los rastreadores 'privados' de Ayuso

El asunto de la contratación del grupo Quirón por 194.000 euros en tres meses para que 22 personas se encarguen de hacer los imprescindibles rastreos de contagiados para prevenir la extensión de la pandemia en cuatro comentarios:

1. Contratar a una empresa privada para un servicio público está a la orden del día en cualquier administración. El tema es que se haga con transparencia, que sea eficaz y que salga más barato al erario.

2. Otra cosa es analizar cómo se llega a ello y por qué la Comunidad de Madrid no ha podido por sí misma proporcionar ese servicio clave para luchar contra la pandemia. La semana pasada no logró voluntarios que trabajaran gratuitamente. 

3. Y si no he hecho mal los números, la Comunidad pagará 2.939 euros por rastreador y mes (lo que no quiere decir que sea su sueldo).

4. Lo que tiene difícil explicación es que la Comunidad justifique esta contratación apresurada de rastreadores en el sector privado en que "no ha tenido tiempo" de organizarla desde el sector público. Porque esta 'segunda ola' o rebrote de los contagios se sabía que sucedería desde mayo.

Y 5. El Gobierno del PSOE y Podemos a través de Aena ya contrató al mismo grupo -junto a otra empresa-  en junio para reforzar los controles en Barajas: el importe en esta ocasión fue de 20 millones de euros. Era imprescindible y lo hizo, como lo ha hecho hoy la Comunidad de Madrid 

Concertada: cuando la ideología prima sobre la reconstrucción

Lo peor que puede pasar es que en este tiempo de la mal llamada reconstrucción, el Gobierno de coalición socialista y populista aprovechara la situación para imbuir de su ideología el proceso. Un proceso en el que se necesita el concurso de todos en la política, en lo económico y en lo social para que esta etapa sea lo más breve y lo menos pernicioso posible para el país, es decir, para los españoles.

Y el Gobierno no lo ha empezado bien. El ataque a la enseñanza concertada es el ejemplo más claro de que está anteponiendo la ideología a la, repito, mal llamada reconstrucción Porque el Congreso, con los votos del PSOE y de Podemos y la oposición del PP, Cs, JxCat y el PNV, ha aprobado que las ayudas públicas necesarias para adecuar los centros a la nueva etapa poscovid-19 solo se repartan entre los colegios e institutos públicos y no llegue nada a los concertados. La ausencia de ese dinero supone un grado más en el ahogamiento financiero de estos centros, sin ninguna razón.

Se da paradoja de que, por ejemplo, colegios públicos situados en zonas con alto nivel adquisitivo sí tendrán acceso a las ayudas, mientras que centros concertados ubicados en zonas más deprimidas -los hay, y muchos- se quedarán sin esa posibilidad. Esto deja a las familias que eligen este tipo de educación para sus hijos como ciudadanos de segunda, porque pagan sus impuestos como los demás y no reciben las mismas ayudas. Además, esa discriminación no se produce en el ámbito estrictamente educativo, sino en una cuestión que afecta directamente a la seguridad sanitaria de los trabajadores, profesores y alumnos de esos colegios. 

¿Qué pasará en septiembre si un centro no puede hacer frente a las exigencias de la nueva situación -que puede suponer incluso contratar nuevos profesores- y las familias de ese colegio no tienen recursos para costearlas? ¿No sería más social repartir esos recursos -si no hay dinero para todos- por los colegios según el nivel de renta de las familias que están en ellos, sean estos públicos o concertados?

El Mundo publica hoy un buen editorial sobre el tema. Y también hay hoy una acertada tribuna sobre la concertada y la libertad de educación en El País.

Sánchez habla de una tasa "contra" las grandes empresas tecnológicas

Se le ha escapado -o no- al presidente del Gobierno esta mañana, en la sesión de control al Gobierno. Respondía a Pablo Casado que el PP no ha apoyado al Ejecutivo durante la pandemia y le animaba a aprobar "la tasa digital contra las grandes corporaciones tecnológicas". Es la primera vez que oigo a un presidente reconocer que un impuesto va contra algo. ¿Se imaginan que hubiera dicho que le ayudara a aprobar el impuesto contra las grandes fortunas que también tiene en mente el Gobierno?

Decía que a Sánchez se le ha escapado esa frase, pero creo que no. Sinceramente, pienso que es lo que algunos miembros de este Gobierno piensan de los empresarios: depredadores que buscan todos los subterfugios para obtener más beneficios a costa de los clientes y de los empleados. 

Es lo que se trasluce del comentario de la ministra de Trabajo. Yolanda Díaz, a propósito del teletrabajo. Ese "a las empresas no les va a salir gratis" la nueva situación denota lo mismo, que Díaz piensa en las empresas como aprovechadas que quieren sacar ventaja del cambio de hábitos laborales, aherrojando más a sus empleados.

Puede que en algunos casos sea así y para evitarlo está la legislación, pero que este Gobierno dé esa sensación de que el empresario es el enemigo a batir y a controlar no hace bien a la economía, justo en el momento en que más falta hace para hacer frente a lo que tenemos encima.

La 'verdad socialista', una forma trapacera de hacer política

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno ha inaugurado este fin de semana la precampaña electoral de Galicia para el PSOE con una afirmación que recogió el propio partido en un tuit: "Todas las CCAA mantuvieron sus competencias. Que no nos engañen. Este Gobierno hizo acopio material sanitario, lo entregó a las CCAA, porque era muy complicado encontrar material en plena pandemia". 

Se refería Montero, en concreto a la polémica sobre la nefasta gestión que se ha realizado en las residencias de ancianos, donde gobiernos autonómicos- sobre todo el de Madrid- y el central se echan las culpas y, lo que es triste, se tiran los muertos a la cabeza. 

La frase de Montero hay que cogerla con pinzas, porque es cierto que no se retiraron competencias a las CCAA, pero también lo es que durante el estado de alarma éstas se subordinaron a lo que dispusiera el Gobierno central. Si no, no se explica, sin ir más lejos, que el propio presidente del Gobierno anunciara el 31 de mayo que "la capacidad de decisión en esta última fase 3 corresponde a cada autonomía". Si Sánchez devolvía esa "capacidad de decisión" a las autonomías es porque antes no la tenían, ¿no? ¿Para qué si no el estado de alarma?

La ministra portavoz conocía todo esto, pero no le importó faltar a la verdad o, mejor, inventarse una verdad. Y me recordó a aquella Carmen Calvo que a finales de 2018 distinguió entre la forma de pensar del Pedro líder de la oposición con la del presidente Sánchez al cambiar de criterio sobre el delito de rebelión de los líderes políticos catalanes encausados por el 1-0. En definitiva, se puede apoyar una cosa y la contraria según las necesidades de cada momento. El discurso del político deja de ser veraz -deja de ajustarse a la realidad- para atenerse a lo que le interese en cada momento. 

No es nueva esta estrategia. Escribí sobre el tema en El Mundo cuando lo de Calvo: "La sorprendente salida de la vicepresidenta del Gobierno el pasado viernes para intentar justificar el cambio de criterio del presidente del Gobierno sobre el delito de rebelión para los encausados por el procés es mucho más que una desgraciada anécdota de quien se queda sin recursos para explicar lo inexplicable. Tiene una inmensa carga de profundidad, por la que Calvo está dispuesta incluso a hacer el ridículo ante los periodistas en la sala de prensa de La Moncloa y ante la sociedad entera. Es el concepto de que no hay más realidad que la que yo creo y, por tanto, la verdad es relativa en función de esa realidad artificialmente creada.
Porque si aceptamos ese cambio de criterio entre lo que en mayo era un delito de rebelión para el líder de la oposición no lo sea cinco meses después para el presidente del Gobierno sólo por el hecho de que ahora es presidente del Gobierno se abre una forma de hacer política sobre la que no se puede objetar nada, salvo su reducción al absurdo".

"Decimos que estamos en la era de la posverdad y de la desinformación -no son conceptos sinónimos- y echamos la culpa a algunos medios o a las redes sociales, como si éstas tuvieran vida propia. Pero también hay muchos gobernantes que intentan tergiversar la realidad para acomodarla a sus intereses. Y esto no es sólo propio de Trump, Bolsonaro, Salvini, Farage o Le Pen. Calvo quiso distorsionar la verdad con el Vaticano y le salió mal. Y el viernes lo volvió a intentar. No son anécdotas. Es una forma trapacera de hacer política". Montero lo ha vuelto a hacer.

Hace falta una entrevista con el presidente

Hay que reconocer que es complicado organizar una rueda de prensa telemática o a control remoto como las que hace el presidente del Gobierno cada semana desde Moncloa La Secretaría de Estado de Comunicación tuvo que admitir las preguntas de los periodistas después de que El Mundo y otros medios se negaran a cubrirlas pero, aún así, todavía dejan mucho que desear, entre otras cosas, porque los informadores no tienen la capacidad de repreguntar. Así, si Pedro Sánchez, no quiere contestar a un asunto, nadie tiene capacidad de reorientarle para que responda a lo que se le ha preguntado. En realidad, eso debería hacerlo el moderador de la rueda de prensa, es decir, Miguel Ángel Oliver, pero claro...

Hoy, sábado 23 de mayo. Han quedado algunas cuestiones pendientes sobre preguntas realizadas. El presidente ha dicho que no hay contradicción entre el "acuerdo cristalino" y el "pacta sunt servanda" del vicepresidente segundo sobre la derogación de la reforma laboral y lo "absurdo y contraproducente" que sería hacerlo, según la vicepresidenta tercera.

Ha hablado en tres ocasiones sobre ese acuerdo firmado por su partido con Bildu... sin citar a Bildu. Ha referido que en el pleno del miércoles pasado sólo se trataba de prorrogar el estado de alarma y por eso hubo que firmar ese pacto con Blidu ,-¡cuyo primer punto trataba sobre la reforma laboral!-.

No ha comentado nada sobre la polémica sobre el uso obligatorio de las mascarillas, que ha estado esta semana en la opinión publica, después de que Fernando Simón dijera que no se recomendó su uso porque no había suficientes para los ciudadanos. Y le ha dado un repaso importante a su ministro de Consumo cuando ha hablado sobre el turismo, sin que haya habido oportunidad de preguntarle sobre el tema.

Las ruedas de prensa no deberían ser fáciles para un político, para cualquier político. Éstas lo están siendo para el presidente del Gobierno y no porque los periodistas no saquen los temas que están en la opinión pública, sino porque no le está siendo complicado escaquearse de las cuestiones incómodas. Ahora que la tormenta parece que empieza a amainar, el país agradecería una entrevista con Pedro Sánchez con dos o tres periodistas avezados. Como las que los políticos suelen conceder en las campañas electorales. Más o menos.

"Los contribuyentes nos pagan para solucionar problemas"

La tasa de paro EPA pasó del 26,94% de la población activa en el primer trimestre de 2013 al 13,78% de final de 2019 gracias a la reforma laboral de 2012. ¿Han sido empleos precarios? Sí, pero probablemente no mucho más que los creados antes de la modificación. Por ejemplo, la temporalidad de la contratación no está en los niveles más altos de la historia reciente. Y según las estadísticas oficiales, el salario medio anual en España ha pasado de 24.160 euros en 2009 a 25.537 en 2019. 

Es cierto que se ha producido una devaluación de sueldos en trabajos menos cualificados y que, en una etapa de mucho paro, algunos salarios tienden a descender por el exceso de demanda. Pero la reforma laboral de Fátima Báñez no ha sido un fracaso. Claro que admite correcciones, pero pedir su derogación cuando ha conseguido una etapa de crecimiento del empleo como nunca en nuestro país es una irresponsabilidad. 

Como ha dicho el vicepresidente de lo social, en el acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE se hablaba de la derogación de la reforma laboral. Y, a continuación se especificaban los aspectos más urgentes para empezar:

"Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos.
En concreto y con carácter urgente:
-Derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad.
-Derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.
-Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

Asimismo,
-Modificaremos el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.
-Limitaremos la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa.
-Revisaremos el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.

El documento no hablaba de la urgencia de eliminar, por ejemplo, la reducción de las indemnizaciones por despido, sino que hacía hincapié en la negociación colectiva, que quitaba poder a las cúpulas sindicales en la negociación de los convenios y lo trasladaba a los comités de empresa -o a las representaciones de los trabajadores donde no los hubiera-. Al menos, a ello hay que remitirnos porque, como dice Pablo Iglesias, está "cristalino" en el acuerdo. Ahí está para la izquierda el aspecto más lesivo de la reforma: la pérdida de poder, no de los sindicatos, sino de las cúpulas sindicales -sectoriales y territoriales- en el proceso de negociación colectiva.

Además de cargarse lo de "impulsaremos en el marco del diálogo social", el acuerdo entre el Gobierno y Bildu supone meterse en un berenjenal de cambios legislativos en el mercado de trabajo en un momento clave para España que es infantil. Cuando el 40% de la población activa -nueve millones de españoles- está en situación de paro, bien por que no tienen trabajo o porque se encuentran inmersos en expedientes temporales de regulación de empleo, es de suicidas plantear de forma unilateral una revisión total del mercado laboral.

Tiene razón la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, al calificar de "absurda" la derogación de la reforma laboral y explicar que "los contribuyentes nos pagan para solucionar problemas, no para crearlos". A la espera de que se pronuncie Pedro Sánchez sobre el asunto, Calviño 'for president', si no es otro miembro del Gobierno que miente, claro.