Ahora, licencias también para Uber

El Tribunal de Justicia Europeo ha sentenciado que Uber es un servicio de transporte -que no una empresa- y no una simple aplicación que sirve para poner en contacto a conductores y clientes con el fin realizar un trayecto determinado con una contraprestación de por medio.

Es una decisión importante porque supone que Uber tiene que adaptarse a las legislaciones de los países miembros como si fuera, en este caso, un servicio de taxi más. Es decir, deberá obtener las preceptivas licencias para operar, y los conductores deberán cumplir con todos los requisitos que se pide a cualquier trabajador, sea éste asalariado o autónomo, como cotizar a la Seguridad Social o pagar los preceptivos impuestos por su actividad.

Bien. En realidad, lo que la justicia europea ha echado para atrás era el agresivo servicio Uberpop, con el que la plataforma llegó a las principales ciudades europeas hace años y que provocó las protestas, sobre todo, de los taxistas. Pero Uberpop ya no operaba como tal ni en España ni en otros países de la UE. Hoy, en España Uber es ya un servicio legal, como Cabify y otros servicios similares.

Muchos consideran la sentencia un acierto porque, dicen, evita la suprema precarización del trabajo. Otros pensamos que -siempre dentro de la normativa- la economía colaborativa es una oportunidad para incorporarse al mercado laboral o al mercado de servicios -en el caso de las aplicaciones de pisos compartidos- y de generar riqueza con algo hasta entonces improductivo -un coche parado o un apartamento-. Veremos cómo afecta esta resolución sobre el transporte a otros sectores como el turismo.

Por eso, una vez que la justicia se ha pronunciado y están claras las reglas del juego para todos, lo que hay que pedir a los gobiernos es que, efectivamente, sea así. Es decir, que Uber, como Cabify y otros servicios que han surgido en los últimos años, puedan competir con el taxi con libertad y con las mismas condiciones. La tecnología permite que entren nuevos actores en un mercado hasta ahora cerrado y esto revoluciona todo. Habrá que preguntarse si siguen haciendo falta licencias para operar -quizá baste con una autorización- y, en todo caso, cualquier servicio, sea Uber, Cabify o los que vengan, deberían tener las mismas condiciones de acceso al servicio de transporte de pasajeros que el taxi. Redundaría en beneficio de los ciudadanos, que es de lo que se trata.

Y esto ya no es cuestión de la justicia, sino de que cada Gobierno adapte la normativa y la abra a los nuevos negocios que genera la economía digital. En nuestro caso, eso lo que propone la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia y lo que no le gusta al Ejecutivo de Rajoy. Pero el caso Uber -mejor, el caso Uberpop- es otra muestra de la diferencia que existe entre la forma de entender la economía digital en Estados Unidos y en la UE. Y así nos va.

@vicentelozano

(Publicado en El Mundo el 22 de diciembre de 2017: http://www.elmundo.es/economia/2017/12/22/5a3bfdae22601de6498b45e4.html)

Renta básica o renta mínima universal

El Congreso ha debatido esta semana la posible introducción de una renta básica de 426 euros mensuales para las familias sin recursos. El secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, fue radical para rechazarla: calculó que su coste podría elevarse hasta 15.000 millones, lo que significaría la quiebra de Hacienda y del estado del bienestar. A pesar de ello, el debate está planteado y hay quien considera esa renta básica necesaria para evitar un incremento de la pobreza y de la desigualdad que, a la postre, supone también un enorme coste para el Estado.
Pero lo que ahora está sobre la mesa de las propuestas sociales en el mundo desarrollado no es esa renta básica temporal para quien no tenga otros recursos, sino una renta mínima universal que se repartiría entre todos los ciudadanos de un país por el mero hecho de vivir y durante toda la vida. Así como suena.
Los partidarios de esta propuesta dicen que los cambios que va a traer la tecnología en el mundo laboral harán necesaria esa renta para evitar un crecimiento de la desigualdad y la aparición de enormes bolsas de pobreza en esas sociedades avanzadas. Un estudio de la Universidad de Oxford de 2016 concluía que el 57% de la fuerza laboral de los países de la OCDE está en riesgo de desaparecer por los nuevos procesos tecnológicos. Y hay quien dice que para preservar la cohesión social con tanta gente sin trabajo será más efectiva esa renta mínima que las subvenciones al desempleo y otros gastos sociales, que se convertirían en perpetuos ante la práctica imposibilidad del parado de encontrar otro trabajo.
Hay que hacer números, pero sus defensores explican que con la renta mínima el Estado se ahorraría mucho dinero en otras prestaciones. Finlandia comenzó en enero un proyecto piloto de dos años y distribuyó una renta de 560 euros a 2.000 ciudadanos, que seguirán recibiendo aunque encuentren un trabajo. Veremos, porque aún no hay conclusiones.
Es significativo ver quiénes defienden esa renta universal. Gente tan poco sospechosa como Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates o Pierre Omidyar. Todos millonarios de la nueva economía, sí, pero también conocedores de los cambios sociales que se avecinan. ¿Tendrán razón?
@vicentelozano
(Publicado en El Mundo el 1 de diciembre de 2017)

El Estado de 'superbienestar' no es bueno

El Estado de bienestar es bueno, y saludable para la sociedad, pero demasiado Estado de bienestar puede ser muy perjudicial. Porque hay casos en los que se produce un desbordamiento de las ayudas y subvenciones públicas a los individuos para acceder a distintos servicios que puede causar más problemas de los que soluciona.

Dinamarca está viviendo en estos años un caso de libro. Allí, los estudios universitarios son gratuitos y los estudiantes gozan de una ayuda pública de unos 1.000 euros mensuales -mensuales, sí- para manutención y vivienda mientras estudian la carrera. Para los socialdemócratas de pro, defensores de lo público, se trataría de una situación ideal: todo el mundo puede optar a un título y hacerlo, además, sin preocuparse de nada más. Ni de qué comer ni de dónde dormir, mientras esté estudiando. Se garantiza, pues, la igualdad de oportunidades. El joven sólo tiene que preocuparse de sacar adelante su carrera independientemente de su condición social.

Pero este supuesto paradigma del Estado de bienestar se ha tornado contraproducente: es tan fácil estudiar en la universidad... que muchos universitarios no estudian. Es lo que se conoce entre los daneses como los estudiantes eternos. Si no tengo que pagar matrícula apruebe o suspenda y cuento con 1.000 euros al mes para gastar sin dar ninguna explicación me puedo dedicar a estirar los estudios todo lo que pueda, porque cuando acabe la carrera ya no tendré este chollo. Así, muchos universitarios dedican cursos enteros a viajar o a hacer de todo menos estudiar, de forma que empezaba a ser normal que carreras de cuatro años se terminaran en cinco o seis cursos. A la postre, parece que aquí hay pocas diferencias entre nórdicos y latinos en la forma de pensar y de actuar.

Esta forma de proceder supone un doble perjuicio para las arcas del Estado: los estudiantes reciben más dinero público del necesario porque se les paga durante más tiempo esa generosa prestación. A la vez, tardan más tiempo en devolver al Estado esa inversión que supone la enseñanza porque empiezan más tarde a trabajar y, por tanto, a pagar impuestos. El Gobierno danés calcula en unos 260 millones de euros el coste anual de los estudiantes eternos.
El Ejecutivo intentó poner remedio en 2015 a esta especie de atropello con una ley que dotaba de más poder a las universidades para exigir resultados académicos a los alumnos, lo que provocó las consiguientes protestas por parte de los estudiantes. Ahora, parece que empieza a revertirse la tendencia y se reduce lo que también se conocía como el curso de la burla. Estado de bienestar, sí; pero el estado de 'superbienestar' puede ser más costoso y, al final, terminarán pagándolo los de siempre

Absurdos boicots

Cuando el Banco Sabadell compró el Atlántico al Arab Banking Corporation y al BBVA, en 2003, cambió el nombre por el de Sabadell Atlántico. Años después, tomó la decisión de eliminar el nombre compuesto y en el consejo de administración hubo un debate que ahora viene al pelo. Había quien prefería que el banco siguiera denominándose Sabadell, como toda la vida. Pero otros consejeros consideraban que se podía aprovechar la ocasión para cambiar definitivamente la denominación de la entidad y llamarla simplemente Banco Atlántico, un n9ombre mucho más aséptico, con marca también asentada y sin connotación territorial. Ganó la primera opción y algunos se acordarán ahora de ello.

Una directora de sucursal madrileña de CaixaBank me comentó que estos días le habían llegado clientes pidiéndole la retirada de sus cuentas. No lo hacían por miedo a que la entidad quebrara y perder sus ahorros. Querían abandonar la entidad simplemente porque era catalana. Cambiar de banco es un auténtico fastidio y hay que estar muy cabreado para hacerlo por motivos políticos. Este movimiento de los clientes es una de las razones que han llevado a CaixaBank y al Sabadell a dejar su sede oficial catalana.

Hay otra. La clave del negocio bancario es la prudencia. Y la prudencia de los gestores lleva a considerar un grave riesgo quedarse sin la tutela del BCE y del Banco de España en el supuesto caso de que se llegue a la independencia. Pero eso sería a medio plazo. A corto, lo que pesa para tomar esta decisión es la protección del negocio ante la posible desbandada de clientes. No olvidemos que la puntilla del Banco Popular fue la masiva retirada de fondos de los clientes ante las noticias que surgían sobre el futuro del banco.

¿Tiene sentido ese boicot a La Caixa, Sabadell y a otras empresas catalanas por el hecho ser catalanas? En absoluto. A estas alturas de la globalización, cuesta saber de dónde es cada empresa. Por ejemplo, Seat es de capital alemán, pero tiene su mayor planta en Martorell (Barcelona), con empleados que en su totalidad viven en Cataluña. En cambio, CaixaBank y Sabadell tienen más empleados, más sucursales y más negocio fuera de Cataluña que en esa comunidad. Si la intención es fastidiar a la Generalitat -y que me perdonen en Volkswagen-, haría muchísimo más daño a la economía catalana un boicot a los coches de Seat que una retirada de fondos en esos bancos. Seat genera mucha más actividad directa e indirectamente en Cataluña -y, por lo tanto, más riqueza y más impuestos- aunque sea de capital alemán que los catalanes CaixaBank o Sabadell. Antes de actuar, compensa pensar las decisiones. En pleno siglo XXI, boicotear por sentimientos pseudopolíticos es un absurdo

(Publicado en El Mundo el 5 de octubre)

Hablemos del plurinacionalismo

En condiciones normales -en el sentido químico del término, es decir sin elementos que distorsionen el experimento- lo que el ciudadano debe pedirle a la clase política que gobierna es que le facilite la vida. Con ello entiendo, por una parte, que nos la haga lo más asequible posible, tanto por el lado de los ingresos -trabajo y pensiones dignos...- como por el de los gastos -impuestos, servicios...-. Y, por otra, que nos la haga lo más libre posible, es decir, que tengamos la posibilidad real de elegir en lo fundamental y optar por lo que mejor consideremos desde nuestras propias convicciones. Y junto a ello, que el Estado tenga la obligación y la capacidad de empujar para que nadie se quede atrás en esta búsqueda de progreso y libertad. Por eso me pongo nervioso cuando los políticos se dedican a crear más problemas de los que ya de por sí tenemos los ciudadanos.

Hay que ser pragmáticos. En términos de derecho positivo, que España sea una nación indisoluble, al final, depende de los políticos... y de los ciudadanos. Ahora que recordamos el cuadragésimo aniversario de las primeras elecciones democráticas, es bueno pensar que fueron los políticos y la sociedad quienes cambiaron aquello de que "España es una unidad de destino en lo universal. El servicio a la unidad, grandeza y libertad de la Patria es deber sagrado y tarea colectiva de todos los españoles", de los Principios Fundamentales del Movimiento, por el "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». Y antes que todo esto fuimos aquello de 1931: "España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones". Ahora llega la plurinacionalidad de España, que ha adoptado como doctrina política el partido que más ha gobernado en esta etapa democrática.

El lunes pasado, Carlos Alsina preguntó en Más de Uno de Onda Cero a Adriana Lastra por algún país del mundo en el que se dé ese caracter plurinacional que predica el PSOE. Balbuceó que podría ser Alemania con Baviera, aunque no es el caso. Y sólo pudo acordarse de Bolivia, que efectivamente recoge el término "plurinacional" en la Constitución promovida por Evo Morales. El artículo 1 dice: "Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías...". Bolivia recoge bajo esa definición a varias decenas de pueblos indígenas, algunos con menos de 40 ciudadanos. No sé si el PSOE va por ahí. Me gustaría preguntar a los 1.035 delegados que asistieron al Congreso el pasado fin de semana cómo definen el "Estado plurinacional". Nos íbamos a asombrar.

En nuestro convulso siglo XX fuimos una "república democrática de trabajadores", después -y a la fuerza- una "unidad de destino en lo universal", y más tarde un "estado social y democrático de Derecho". Incluso podrá llegar el momento en el que, impulsados por los gobernantes -como siempre-, los ciudadanos aprobemos que España sea un "Estado plurinacional". Recuerdo aquel programa de El mundo por montera de Fernando Sánchez Dragó en el que un Fernando Arrabal un tanto perjudicado interrumpía constantemente con su "hablemos del milenarismo". A eso me suena todo esto. De momento, hablemos del plurinacionalismo... y generemos otro problema.

Tres apuntes sobre el paro

Todo indica que el mercado de trabajo ha tomado velocidad de crucero, al hilo del crecimiento de la actividad. La destrucción de empleo durante la crisis fue insoportable y ahora, fruto de la reforma laboral, de un cierto cambio en el modelo económico que ha propulsado las exportaciones y del viento favorable que sopla desde el exterior -en forma de bajos tipos de interés, caída del euro y reducidos precios del petróleo- España está creando empleo con intensidad.

No será el de mejor calidad del mundo, cierto, pero si no se empieza así no hay forma de recuperar la calidad en el empleo. Igual que en las épocas de despidos, quienes primero salen de las empresas son los temporales, cuando se da la vuelta la tortilla, los primeros empleos que se crean también son temporales. Si el mercado de trabajo está adaptado a lo que necesitan las empresas y la economía, esos puestos se irán consolidando. La eficiencia de un modelo laboral consiste en conseguir que esa transición sea lo más breve posible.

En este sentido, y al hilo de la EPA del primer trimestre que conocimos hace unos días, merece la pena pararse en algunos detalles que pueden condicionar la evolución del empleo en nuestro país en los próximos años.

El primero es el descenso de la población activa. Miguel Valverde recordaba en el diario Expansión que en los últimos cinco años la población activa en España ha caído en casi 800.000 personas. La población activa la conforman quienes tienen trabajo más los parados que buscan empleo. Una reducción de la misma supone perder fuerza laboral, aunque maquille las cifras del paro, pues con menos población activa y la misma gente trabajando, la tasa de desempleo baja. Es grave que parte de esta reducción se deba al envejecimiento de la población. Es decir, personas que dejan la actividad porque se jubilan, sin que haya jóvenes suficientes para reemplazarlas. Aunque sea mejor para las estadísticas, un país que va perdiendo fuerza laboral joven -especialmente en una época de acelerados cambios tecnológicos- desaprovecha condiciones para competir.

El segundo apunte es la estrecha correlación que existe entre el paro y el nivel educativo en España. Veamos. En el tercer trimestre de 2007, cuando el empleo alcanzó su máximo histórico con esos 20 millones de personas trabajando, la tasa de paro de quienes habían abandonado los estudios antes de terminar la enseñanza obligatoria era del 10%. Muchos de ellos encontraban trabajos sin cualificar en la construcción o el turismo. En ese año, el paro entre quienes habían terminado la segunda etapa de la Educación Secundaria era del 9,9%, mientras que los que tenían una carrera universitaria disfrutaban de pleno empleo: sólo un 3,9% de los licenciados estaba sin trabajo. Hoy, según la última EPA, el paro de quienes han abandonado los estudios casi se ha cuadruplicado -es del 37,6%-, el de quien ha terminado Secundaria se ha triplicado -del 19,3%- mientras que el de los universitarios ha pasado de ese 3,9 al 10,9%. Una cuestión clave ante el alto grado de abandono escolar que tenemos.

El tercer apunte es una reflexión. España ha alcanzado este trimestre el mismo nivel de Producto Interior Bruto (PIB) -es decir, de producción, de actividad total- que antes de la crisis. Pero lo ha conseguido con 1,5 millones de empleos menos. ¿Qué tipo de trabajo era aquél que su desaparición no ha impedido este incremento de la actividad? Habrá que plantearse también la creación de puestos de trabajo cualificados que generen valor añadido. Y para ello hace falta trabajadores jóvenes y con estudios (ver los dos apuntes anteriores).

(Publicado en El Mundo el 4 de mayo de 2017)

Libertad de elegir, libertad para ofrecer

Evocando a Charles de Gaulle, cada vez está más claro que la educación es "un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los políticos". Al menos en España, donde es usual plantear el tema como arma ideológica y así no hay forma de avanzar en su desarrollo. Todo por el empeño de los partidos, y por diferentes razones, en tener un sistema de enseñanza que, en la medida de lo posible, no se les escape de las manos.
La inmersión lingüística es uno de esos ejemplos de control de la enseñanza con fines no estrictamente educativos, si se puede hablar así. Ocurre en Cataluña, donde los estudios en castellano prácticamente han desaparecido de la escuela pública obligatoria en aras de la defensa del catalán, a pesar de tantas sentencias judiciales. En el País Vasco y en Galicia la cosa no ha sido igual. Allí se han establecido modelos en los que más o menos conviven las dos lenguas y, la verdad, nadie piensa ahora que el euskera y el gallego estén en peligro de extinción, ni siquiera amenazados, por el castellano.
El desuso es el principal argumento utilizado por el nacionalismo para aplicar esa política de inmersión. Ahora, los gobiernos de izquierda de la Comunidad Valenciana y de Baleares, siguen la estela de Cataluña, suponemos que para hacer del catalán/valenciano y del catalán/balear los únicos idiomas vehiculares en sus regiones. Porque, claro, a estas alturas de la película, hay quien sigue pensando que las imposiciones centralistas hacen peligrar su supervivencia. Pero el camino emprendido lleva, si no se remedia, a que los ciudadanos de esas comunidades autónomas no tengan libertad para elegir en qué idioma estudiar.
Otro caballo de batalla de algunos políticos es la enseñanza concertada, la de los centros de titularidad privada que reciben recursos del Estado y, por tanto, ofrecen la educación gratuitamente -o deben hacerlo- a las familias que acuden a ellos. Estas semanas que se renuevan los conciertos escolares para el próximo curso leemos noticias de gobiernos autonómicos que, con unas u otras razones, tratan de reducir la enseñanza concertada, como un paso previo incluso para eliminarla. Hay otros que, en cambio, reconocen el papel que desarrollan estos centros y el ahorro de costes que supone a las arcas públicas, y los contemplan como un modelo complementario a la educación pública. 
En el sistema educativo que marca nuestra Constitución caben todas las posibilidades porque ésta consagra la libertad de enseñanza. Es decir, los padres tienen derecho a que sus hijos reciban educación gratuita según su forma de pensar, de hablar y de escribir. Se trata de un bien que merece la pena conservar.
Para que ese espíritu constitucional sea real hay que contar con que la libertad de oferta se acomode a la libertad de demanda... Es lo que nos hemos dado y, desde mi punto de vista, está funcionando adecuadamente. En España, la escuela privada, la concertada -religiosa y laica- y la pública conviven sin problemas... y éstos llegan precisamente cuando los políticos se empeñan en cercenar esas libertades. Exactamente igual que ocurre cuando los gobiernos se empeñan en coartar la libertad de quien quiere que sus hijos estudien en un determinado idioma oficial en su comunidad.
Es una torpeza tratar de cargarse por motivos espurios un modelo experimentado durante 30 años -lo implantó el PSOE en la Lode en 1985-, que ahorra recursos al Estado y que se ha demostrado que funciona. Pero existen los torpes. ¿Ven como será imposible llegar a un pacto educativo en España?

(Publicado en El Mundo el 6 de abril de 2017)