¿Salvarán PNV y CiU al Estado?

Cualquiera que analice el Estado de las Autonomías debe basarse en tres claves sin las que no se entiende por qué hemos llegado a la trágica situación en la que nos encontramos. La primera y fundamental es que en España hay dos comunidades autónomas cuyo objetivo -mejor, el objetivo de las mayorías políticas dominantes- es su separación del Estado central. Es decir, la búsqueda de la independencia, con un horizonte más o menos lejano.
La segunda es que PNV y CiU, parte de esas mayorías políticas dominantes, han sido los asideros a los que se han agarrado los ejecutivos centrales cuando han necesitado apoyos para asegurar la gobernabilidad del Estado. Esto ha supuesto que en legislaturas con gobiernos en minoría, esos partidos regionales han sacado todo el jugo posible a su apoyo institucional consiguiendo para sus regiones -y por ende, para todas las demás- unas dosis de autogobierno y de capacidad legislativa que muchos analistas consideran que superan el mandato constitucional.
La tercera clave muestra a la perfección nuestra particular forma de ser: si el Ejecutivo de una comunidad autónoma no es del mismo signo político que el Gobierno central, inmediatamente pasa a gestionar su región como si fuera oposición: lo normal es que haga lo contrario de lo que llegue desde Madrid. Son tres principios que, juntos, no encontramos en ningún estado federal o confederal del mundo desarrollado. Ni en la Canadá del Quebec independentista. Ningún estado de EEUU aspira a independizarse de Washington y no sabemos de ningún land alemán que haga de la oposición a Angela Merkel la bandera de su política económica.
Esto significa que cualquier intento de reforma profunda del Estado necesita, claro, el acuerdo entre el PP y PSOE, que debe extenderse a todos los gobiernos autonómicos que cada uno mantiene. Pero también es indispensable la participación del PNV -en las próximas elecciones vascas veremos si también de la izquierda abertzale- y de CiU en el proceso. Y como nadie se imagina que estos partidos estén dispuestos a devolver una sola de las competencias asumidas en estos casi cuarenta años de democracia, esa reforma sólo tiene dos caminos: la desaparición del café para todos en las autonomías, de forma que en el futuro las comunidades no históricas -las que no cuentan con partidos nacionalistas fuertes, no nos engañemos- rebajen considerablemente su autogobierno, o que ese «repensar» el Estado autonómico, que dice Rajoy, sea una redistribución de funciones administrativas para conseguir una mayor eficiencia y eficacia del sector público.
En estos momentos cruciales, España necesita para su supervivencia financiera a los dos partidos que más interés manifiestan por debilitarla. Es una paradoja. Pero es nuestra paradoja. La que nos hemos dado.

Un fracaso que debe ser una lección

Quizá sin darnos cuenta, los medios de comunicación -lo que queda de ellos- estamos narrando día a día la crónica de un fracaso. El de una forma de hacer política en España. Esa manera de gobernar que casi nunca ha tenido un horizonte más lejano que los cuatro años que dura una legislatura. Que ha colocado la ideología como patrón de comportamiento, impidiendo así acuerdos en las cuestiones básicas para la sociedad. Que, por eso, fue incapaz de predecir que el milagro de crecimiento español de los 90 se basó en el dinero que llegó de Bruselas y en la construcción, sin pensar en lo que llegaría después.

Sin entrar en la corrupción política, esta historia cotidiana del fracaso se escribe con palabras como imprudencia, despilfarro, deudas, déficit..., en todos los ámbitos de la Administración y en todos los territorios. Incluso ahora, cuando la crisis parece no tocar fondo, el paro parece desbocado y todavía no se otean signos de crecimiento, los políticos son incapaces de ponerse de acuerdo para ofrecer a esta sociedad deprimida algo más profundo que reformas económicas: una solución conjunta a los problemas reales del país. Al contrario, hemos visto cómo mientras la prima de riesgo amenazaba con desestabilizar la economía del país, la respuesta de los principales partidos ha sido lanzarse mutuamente unos vídeos cuyo único argumento es el infantil ¡y tú más!

Y que cuando el Gobierno popular dice que no se creará empleo en los próximos cuatro o cinco años, los responsables socialistas se lanzan a su yugular, olvidándose de que abandonaron el poder con una tasa de paro del 22% en la legislatura que ellos mismos bautizaron -cartel electoral incluido- como la «del pleno empleo». Los españoles no entienden que el ministro de Economía se niegue a pronunciar la palabra IVA cuando anuncia una subida de los «impuestos al consumo». Y también preguntan qué tipo de política responsable hará Izquierda Unida en Andalucía si pierde el trasero para aliarse en el poder con los que tildaba de corruptos hace apenas unos días.

No tiene ningún sentido que cuando los partidos nacionales deberían estar negociando las grandes reformas que a medio y largo plazo necesita el país -educación, investigación, modelo de Estado, servicios públicos...-, no sean capaces ni de ponerse de acuerdo en la persona que dirigirá RTVE. O que por safisfacer meros intereses personales, Asturias, una de las autonomías menos desarrolladas de España, lleve más de un año sin un Gobierno estable.

Hoy, más que nunca, la sociedad necesita referencias y no las encuentra en la mayoría de los líderes políticos. Porque pierden su prestigio día a día con decisiones inexplicables y los ciudadanos no les ven con derecho a pedirles esfuerzos si ellos no están dispuestos a sacrificar sus intereses personales y de partido. Dirigentes que no aceptan, digan lo que digan, que la única forma de salir de este tornado debe ser la de empujar todos juntos para alejarse del vórtice.

Conmemorar este Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo -con perdón- con más de 5,6 millones de parados en España -y subiendo- es un buen momento para reflexionar. Si los políticos tuvieran esa decencia profesional que se les supone deberían empezar a aplicar una nueva forma de administrar la cosa pública, distinta a la que ha regido hasta ahora y que nos ha colocado al borde del abismo. La solución de esta crisis va mucho más allá de un plan de ajuste y de la aplicación de unas reformas. Hace falta una regeneración de la clase dirigente en España. Si al menos aprenden esta lección...

A la espera de la 'gran reforma'

¿Cómo es posible que los mercados reaccionen tan mal si el Gobierno está acometiendo los ajustes que le piden? ¿Por qué la prima de riesgo sigue en zona de peligro y la bolsa en niveles de hace tres años? En gran medida porque estas reformas -como las de educación y sanidad que aprobó ayer el Gobierno- son necesarias, pero siguen sin solucionar los problemas profundos de España. No renuevan de verdad el país, porque sólo rozan una cuestión clave: el enorme peso del Estado en la economía y la desmesura de la Administración. Un ejemplo servirá para explicarlo.

     Imaginemos que Villagrande es una ciudad en la que es necesario crear una red de guarderías. El ayuntamiento tiene varias formas de hacerlo. Primera: el alcalde llama al concejal de Educación para que gestione el tema. El edil elige entonces a un equipo de funcionarios que se meten de lleno a la tarea: trámites legales, búsqueda de locales, realización de las oposiciones para cubrir los nuevos empleos -maestros, cocineros-, convocatoria del concurso para la realización de las obras... Y, más adelante, la información a los ciudadanos, la oferta de plazas y su adjudicación.
    Segunda opción. Un asesor del alcalde toma las riendas y decide que la mejor forma de gestionar la creación de esa red es a través de una sociedad pública, Guarderías Municipales de Villagrande S.A (Gumuvsa), que lleve adelante el proceso. Gumuvsa se constituye con un presidente -el concejal de Educación- y un consejo de administración compuesto por siete miembros. Un director general llevará la gestión, y para ello se necesita contratar a 10 o 12 empleados administrativos, que no tienen por qué ser funcionarios de carrera al tratarse de una empresa y no de un organismo oficial. Por supuesto, Gumuvsa tendrá su sede fuera de las dependencias municipales que habrá que alquilar. Alguien de la nueva empresa buscará -quizá no demasiado lejos de su entorno- los locales necesarios; deberá conseguir un contratista que haga las obras, los maestros, otros puestos de trabajo y las contratas de comedor, material escolar, etcétera... Es posible que si para la primera opción bastaría un presupuesto de 10 millones de euros, la segunda no se llevaría a cabo por menos de 20 millones.
     Pero un alcalde con sentido común pensaría de otra forma. Si no tengo las competencias de educación, ¿por qué meterme en un tinglado en el que no tengo experiencia y me puede a resultar muy caro? Entonces, ese alcalde, que quiere solucionar las deficiencias de su ciudad en este aspecto, se dirige a la Consejería de Educación de su comunidad autónoma y le explica la situación. Y será desde allí desde donde se ponga en marcha el proceso: la consejería sólo tendrá que sumar a su red las guarderías que hagan falta en ese municipio, pero si su sistema es eficaz tendrá ya organizados los trámites administrativos, la contratación de personal, de licitación y desarrollo de las obras...
    ¿Y cuál será la labor del ayuntamiento? Facilitar al máximo las cosas: informar a los ciudadanos, pilotar los procesos de admisión, aportar locales municipales o facilitar una línea de becas si es necesario. Con toda seguridad, el ayuntamiento habrá resuelto el problema con uno coste 5 veces menor que con Gumuvsa. Cierto que el Gobierno regional asume más gastos, pero la suma de inversión de las dos administraciones será muy inferior.
    Y esto es extrapolable a otros servicios como la sanidad. Por ejemplo, ¿para qué queremos los madrileños un Samur municipal si ya existe el Summa autonómico? ¿No será mucho más barato apoyar desde el Ayuntamiento -con recursos o subvenciones- para que los servicios sanitarios de la comunidad lleguen hasta el último rincón de la ciudad sin tener que duplicar equipos y esfuerzos?

    Ésta es la gran reforma que necesita el país. Y la sensatez del tercer caso es lo que piden los españoles y exigen los mercados financieros a todas las fuerzas políticas, porque cambiar esto no es sólo cuestión del Gobierno.

Por qué no nos creen fuera.

Nos quejamos de que Monti o Sarkozy identifiquen a España como la mala de la película económica. Fastidia, pero quizá tengan un poco de razón porque...

Porque el jefe de los funcionarios tilda de gandules e indolentes a todos los empleados públicos ante la sociedad y sin ningún pudor al amenazar con ese «se ha acabado el cafelito y el leer el periódico». Porque el despacho del alcalde en el Ayuntamiento de Madrid, ahora ocupado por Ana Botella, es mucho más grande que el del presidente de Estados Unidos. Porque una entrada de fútbol cuesta dos veces más en España que en Alemania, con un nivel de vida en nuestro país claramente inferior. Porque hemos invertido 1.700 millones en 18 desaladoras y sólo cinco se han puesto en funcionamiento. Porque esas desaladoras producen el agua casi cinco veces más cara, los agricultores no pueden pagarla y se sigue invirtiendo en ellas.

Porque en España existen 77 universidades. Porque los 77 rectores de esas universidades no tienen que dar cuenta a nadie de cómo gestionan sus 77 presupuestos. Porque mientras que en todo Estados Unidos hay sólo 2 institutos de nanotecnología, en España existen 7: creó uno una comunidad autónoma, y otro la de al lado, y otro, y otro... Porque Castilla-La Mancha es la única región ¡del mundo! que tiene todas sus capitales de provincia conectadas por AVE.

Porque alguien proyectó cinco autopistas radiales de peaje en Madrid que no tienen tráfico y ahora el erario tendrá que asumir las pérdidas. Porque el Estado licita una autopista de peaje y cuando está construida una autonomía construye una autovía en paralelo y le hunde el tráfico. Porque el recientemente remozado Aeropuerto de Huesca registró un tráfico de ¡18 pasajeros! en un mes. Porque el Aeropuerto de Ciudad Real, privado pero costeado con dinero público, acaba de cerrar sus pistas. Porque el de Castellón ni siquiera las ha abierto. Porque un español que vive en el País Vasco no puede ser atendido en un hospital de La Rioja aunque viva a unos cientos de metros del mismo.

Porque el gobernador del Banco de España dice en público sin ponerse colorado que la CAM es «lo peor de lo peor» cuando su obligación era evitar que lo fuera. Porque el propio Banco de España permite que los consejos de administración de las nuevas cajas de ahorros estén compuestos casi por las mismas personas que las llevaron a la ruina. Porque el Ministerio de Cultura subvenciona películas de cine que no se llegan a estrenar. Y otras se estrenan y recaudan menos que la propia subvención que han recibido.

Porque un grupo de pilotos se pone de huelga y el Estado no tiene resortes para evitar que tomen como rehenes a los ciudadanos y a todo un sector estratégico como el turismo. Porque a nadie se le ocurre que una caída del 25% en el presupesto público en I+D se puede compensar con el incremento de las aportaciones del sector privado. Porque una simple llamada del inspector de Trabajo al domicilio sirve para que cientos de funcionarios vuelvan a sus puestos de trabajo al día siguiente.

Porque las promesas oficiales del Gobierno de inversión en infraestructuras en una región son directamente proporcionales a la cercanía de unas elecciones autonómicas. Porque el expresidente que deja una comunidad autónoma en la bancarrota responde que «soy un político, no un contable» cuando se le piden explicaciones por su nefasta gestión.

Porque un ayuntamiento organiza un referéndum para cultivar marihuana y así reducir su déficit con la venta de la plantita. Porque todo un ministro de Asuntos Exteriores deja que un presidente extranjero insulte a su país con la excusa de que como se refiere a un Gobierno anterior...

Porque un recorte de 10.000 millones de euros -el 1% del PIB- se anuncia mediante una simple nota de prensa y se presenta apenas diez días después de la elaboración de los Presupuestos. Porque la presidenta de una comunidad autónoma reconoce que las ineficiencias en las administraciones le cuestan al Estado 48.000 millones de euros. Porque... (incluir aquí alguna experiencia particular).

No es pesimismo ni derrotismo. Es el realismo de reconocer dónde estamos para empezar a rectificar.

Ni EpC ni ECC

La sustitución de Educación para la Ciudadanía por Educación Cívica y Constitucional es de lo que más se habla de la importante reforma de las enseñanzas medias que ayer propuso el ministro de Educación. Es triste por el reduccionismo que eso supone, pero también es lógico que atraiga el interés de la sociedad.

Ahora bien, una asignatura así se puede entender en la estrategia propagandística de una dictadura, pero no tiene demasiasdo sentido en nuestra democracia, llámese como se llame e incluya el temario que incluya. Veamos.

Si se trata de estudiar la Constitución y la organización del Estado, la ESO actual ya tiene la asignatura de Ciencias Sociales, que es obligatoria en el primer curso. Se pueden dedicar perfectamente algunos de los temas de Historia para ello. En esta misma asignatura se podrían incluir también el conocimiento de los derechos y obligaciones que consagra la Carta Magna.

Si lo que se busca con EpC o con ECC es inculcar a los jóvenes los valores, digamos, democráticos y aceptados por la sociedad, como la tolerancia, el respeto al distinto, a los superiores -padres, profesores,...-, el aprender a convivir, la cultura del esfuerzo, el valor del trabajo, lo justo y lo injusto, la equidad,...- ni que decir tiene que eso no se enseña en una materia reglada. Eso se empieza a aprender en la familia y se continúa -aprendiendo y practicando- en el colegio y en las relaciones sociales. Sin este sustrato, la asignatura no tiene ningún sentido.

Además, aunque el ministro Wert habló ayer de que se eliminarán todas las materias conflictivas en la nueva ECC, se trata de una intención prácticamente imposible de llevar a la práctica. Las editoriales no son entes etéreos que no se rozan con el mundo y, en función de sus intereses, hablarán en un sentido u otro de la organización territorial del Estado, de los idiomas cooficiales o de la aconfesionalidad del Estado. Y queda por ver el papel que tendrán las comunidades autónomas en el desarrollo del temario. Es prácticamente imposible ser neutral, como parece que pretende el Gobierno, en estos asuntos.

Evidentemente, ningúna materia educativa es neutral, pero para eso está la libertad de enseñanza y el derecho a los padres a escoger la educación que quieren para los hijos. Por eso, cuantos menos obstáculos haya para ello, mejor.

En la Unión Europea, la educación para la ciudadanía está contemplada como una asignatura curricular en el Reino Unido, Inglaterra, Irlanda, Italia, Suecia Francia, Bélgica, República Checa, Portugal, Luxemburgo, Holanda, Polonia, Eslovenia, Estonia y Grecia. Y como contenido transversal o integrado en otras asignaturas en Dinamarca, Hungría, Alemania, Chipre, Noruega y Finlandia. Por nuestra forma de ser y las caracteristicas propias de nuestro sistema educativo, en España sería mucho más sensato hacerlo de esta segunda forma.

Este estudio de Eurydice, la red europea de información sobre educación creada por la Comisión Europea y los estados miembros, titulado La educación para la ciudadanía en el contexto escolar europeo es lo más completo que he visto sobre el tema. Merece la pena echarle un vistazo

La credibilidad de Rajoy

Mariano Rajoy ha reaparecido ante la opinión pública en una entrevista 'de aliño' concedida a la Agencia Efe. De aliño, como los toreros que sólo buscan salir del paso, porque del presidente del Gobierno cabe esperar que informe más y mejor de los temas candentes para los ciudadanos. Máxime cuando sus últimas decisiones han desconcertado a muchos de ellos y no sólo en la izquierda, como dijo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer en la Cope.

Despachar la mayor subida del IRPF en muchos años con un "era dolorosa pero no había otra opción" sin explicar por qué se ha desautorizado a sí mismo no se entiende. Porque cuando Rajoy afirmaba durante la campaña electoral que no aumentaría los impuestos ya conocía que el déficit de 2011 sería muy superior al 6% previsto. Y en aquel momento ni insinuó la posibilidad de un incremento de la fiscalidad.

Como suena a sarcasmo que el presidente afirme que "va a dar la cara y no se va a "esconder" cuando es la primera vez que aparece ante los medios -mejor, ante un medio- desde que está al frente del Ejecutivo, hace ya veinte días, y no ha salido hasta ahora a dar explicaciones por las "dolorosas" decisiones que ha tenido que adoptar.

Pero lo más preocupante para el país, sobre todo en este crucial momento, es que Mariano Rajoy empieza a perder parte de su credibilidad. En una respuesta a Alex Grijelmo manifiesta que no entra en las previsiones del Gobierno subir el IVA. El problema es que, tras ver lo que ha pasado con el IRPF, muchos ciudadanos piensan que esas previsiones cambiarán si se modifican algunas circunstancias y, al final, subirá el IVA.

El ciudadano puede comulgar o no con un Gobierno y su presidente. Estará de acuerdo o no con la política que desarrolla, pero lo que nunca puede ocurrir es que el líder pierda la credibilidad ante la sociedad. Rajoy ha empezado a recorrer el camino de conseguirlo si no rectifica. Por descontado que no se le puede criticar por un cambio de opinión, pero los ciudadanos tienen derecho a conocer las causas que le han llevado a ello. Al menos, para intentar conocer algo tan importante para un político como su 'previsibilidad'. Para ello, tan importante como las decisiones que tome es cómo las comunique a la opiniòn pública.

Todavía estamos dentro de los cien días de gracia que se conceden a todo nuevo gobernante para que explique y ponga en marcha sus propuestas, pero es posible que el presidente del Gobierno haya desperdiciado ya los veinte primeros.

La noria y la empresa

Desde que el bloguero Pablo Herreros puso en marcha su campaña contra el programa de La Fábrica de la Tele tras pagar a la madre de El Cuco por una entrevista algo muy nuevo ha surgido en este país. Porque nos ha recordado que el cliente de la televisión comercial es el anunciante y no el telespectador.Y esto tiene muchas implicaciones empresariales.

Si la condición 'sine qua non' para que un negocio prospere es tener contento a su cliente, el deber de la televisión será fidelizar a los anunciantes antes que a los telespectadores, aunque para conseguir lo primero necesite a éstos últimos.

Desde un punto de vista empresarial, pocos negocios hay como éste. Para ganar dinero, la televisión comercial -como la radio- debe atraer clientes que generen ingresos con los que sufragar sus gastos y conseguir un beneficio. Pero no 'fabrica' sus productos para esos clientes sino para un tercero, que es la audiencia. Esto supone que la intención del programador es contentar a esa audiencia, porque cuanta más consiga, más clientes se acercarán a su cadena.

Es posible, entonces, que la rebelión de anunciantes en La noria sea un primer paso para terminar con la 'dictadura de la programación' que llevaba aparejado que las empresas -es cierto que a través de las centrales de compras- acudieran sin rechistar a los espacios con más telespectadores.

Esto es muy importante al considerar el futuro de algunos programas que se valen del morbo o bordean la legalidad para conseguir aumentar su cuota de audencia. El caso de La noria viene a decir que aunque seas un programa preferido entre los telespectadores semana tras semana, te puedes venir abajo si traspasas unos límites que ofenden... a tus clientes de verdad.

Ahora bien, supongamos que Telecinco decide retirar La Noria de la parrilla ante la falta de anunciantes. ¿Se convierten éstos en los nuevos dictadores al ser capaces de dirigir y controlar determinados programas de televisión? ¿Son menos libres los ciudadanos porque alguien les cierre uno de los canales por los que le llegaba una cierta información? ¿Y están más coaccionados a partir de ahora los responsables de los espacios, sean éstos del tipo que sean? ¿Podrán las empresas llegar a dirigir de algún modo la programación de las cadenas comerciales?

No sabemos hasta dónde puede llegar esta revolución, pero desde luego se ha abierto un camino que va a tener muchas repercusiones en el negocio de la televisivo en España, que va a afectar especialmente a la telebasura. A partir de ahora, todos somos un poco más conscientes de que no todo vale en los medios de comunicación. Y con esa premisa, que cada uno haga en el futuro lo que considere más oportuno. Es el juego de la libertad. También de la libertad de empresa