Educar también es invertir para obtener un rendimiento

Ya sé que es un reduccionismo, pero si miramos el sistema educativo de un país desde un punto de vista estrictamente economicista, éste no es más que la inversión -el gasto- que hace la sociedad -familias y administraciones públicas- en la formación de las nuevas generaciones para que éstas, una vez instruidas, puedan devolver a esa sociedad esa inversión en forma de producción que genere ingresos para el país y, así, incrementar su riqueza. Esos ingresos se traducen en rentas privadas, en impuestos y en cotizaciones sociales.

Si nos ponemos en el mejor de los casos, lo ideal sería que todo alumno que hubiera recibido esa inversión durante su etapa educativa estuviera en condiciones de devolver a la sociedad lo que ha invertido en él con un puesto de trabajo acorde a su preparación. Devolver no lo vean como el crédito al que hay que hacer frente, sino la participación de ese profesional en la generación de riqueza del país con su trabajo, sus impuestos y sus cotizaciones.

Una sociedad que no consiga incorporar al mercado laboral a quienes terminan su etapa de aprendizaje, no sólo estará perdiendo posibilidades de crecer, sino que habrá malgastado su dinero. Y no es poco. Para hacernos una idea, y según los datos del Ministerio de Educación, en 2018 el Estado destinó 35.000 millones de euros a la enseñanza no universitaria para los 7,4 millones de estudiantes de esas etapas, lo que supone unos 4.700 euros por alumno. (A propósito, la media es de 5.300 euros en la pública y de 3.000 en la concertada, pero eso da para otro comentario). En los trece años que dura la educación obligatoria, pues, supone una inversión de más de 60.000 euros por alumno.

También por esta razón hay que pedir eficiencia al sistema educativo: que sea capaz de revertir a la sociedad lo que la sociedad le proporciona. Por eso, cuando todavía tenemos un 17,3% de abandono escolar temprano -en 2009 era del 30%-, la más alta todavía de la Unión Europea, cuya media se sitúa en el 10%, o cuando la tasa de desempleo juvenil es de un insoportable 40%, también récord entre los países de nuestro entorno, hay que deducir que algo no funciona en la preparación de las nuevas generaciones para ejercer en el mundo profesional.

Lo decía también el Banco de España hace unos días, refiriéndose a la Universidad: el alto desempleo de españoles entre 30 y 34 años que han estudiado una carrera en España -del 9,8%, frente al 5,8% de media en Europa- se debe a «una menor calidad de la educación superior».

Cuando somos los campeones de Europa, y de forma sostenible en el tiempo, en abandono escolar temprano, en desempleo juvenil y en paro de los licenciados hay que plantearse que nuestro modelo educativo, tanto en la enseñanza obligatoria como en la superior, no funciona. Lo que con una reducción economicista -repito- supone cientos de millones de euros que la sociedad no recupera.

Esto debería formar parte también del debate sobre el cambio de modelo de enseñanza en España y, para ello, es fundamental el concurso de todas las partes implicadas en el proceso educativo. Todas. Este Gobierno ha perdido otra oportunidad. Con la Lomloe de Isabel Celaá nada hace pensar que vayamos a salir de los puestos de cola en Europa. Porque esta ley es más de lo mismo que nos ha llevado hasta ahí abajo con mucha más carga ideológica.

La difícil economía de un país de jubilados

Los economistas José Ignacio Conde-Ruiz y Clarisa I. González acaban de publicar una entrada en el interesante blog Nadaesgratis.es sobre el futuro de la población española cuyo título ya previene para lo que va a pasar: «España ante un futuro demográfico envejecido por la longevidad». Los autores comparan los últimos estudios oficiales publicados por el INE, la AIReF y Eurostat. Los tres informes analizan la evolución demográfica en función de la tasa de fecundidad, de la esperanza de vida y los flujos migratorios. Con buen criterio, los autores consideran que «ser capaces de entender los cambios demográficos del futuro es fundamental para anticipar los principales retos a los que se va a enfrentar la economía en las próximas décadas». Es importante esto de «las próximas décadas», porque los políticos, generalmente, suelen tener la legislatura como unidad de tiempo político.

El resumen de los tres análisis es el siguiente: la tasa de fecundidad va a crecer algo de aquí a 2050, hasta 1,4 hijos por mujer fértil, pero seguirá muy lejos de los 2,1 hijos que se necesitan para garantizar el reemplazo generacional. La esperanza de vida seguirá aumentando hasta llegar en 2050 a los 90 años en las mujeres y los 85 años en los hombres. En cuanto a los flujos migratorios, serán las entradas netas de inmigrantes las que soporten el crecimiento de la población ya que «el saldo vegetativo (nacimientos menos fallecimientos) sería negativo en todo el periodo de proyección», es decir, hasta 2050, dicen Conde-Ruiz y González.

De esta forma, la tasa de dependencia a partir de 67 años -la relación entre los mayores de esa edad y la población que tiene entre 16 y 66 años- casi se va a duplicar en los próximos treinta años hasta alcanzar niveles del 50%: habrá casi tanta gente mayor de 67 años como personas entre 16 y 66.

Conde-Ruiz y González concluyen que la economía española se enfrenta a unos retos importantes. El primero es la "sostenibilidad de las finanzas públicas" por el inevitable aumento de las partidas destinadas a las pensiones, a la sanidad y a la dependencia. El segundo tiene que ver con "la productividad de una población cada vez más envejecida". Y el tercero, con la disminución de las tasas de ahorro, lógicamente "menores al aumentar la población de jubilados".

En otras palabras, el envejecimiento de la población va mucho más allá del mero sostenimiento del sistema de pensiones público. Están bien las medidas aprobadas en el Pacto de Toledo o última propuesta de José Luis Escrivá de colocar un plan de pensiones de empresa a cada trabajador. Pero eso es poner parches que no solucionan una situación preocupante.

El envejecimiento de la población afecta a toda la economía del país, desde la reducción de ingresos públicos, porque el Estado recaudará menos impuestos -habrá menos nóminas que coticen y menos consumo-, hasta el aumento constante de las partidas de gasto social con esos ingresos cada vez más escasos. Gasto necesario, pero que va en detrimento del más productivo como la educación, la ciencia, o la inversión industrial. Sin olvidar la paulatina debilitación de una fuerza laboral cada vez más envejecida. En ello hay que pensar fundamentalmente para planificar la España de 2050.

(Publicado en El Mundo el 13 de noviembre de 2020)

Google, contra el gran buscador

Probablemente, la crítica más radical que se puede hacer a la demanda que ha interpuesto un tribunal federal de Washington (EEUU) contra Alphabet, la matriz de Google, por abuso de posición dominante en el negocio de los buscadores es que está fundamentada en la Sherman Antitrust Act, del 2 de julio de ¡1890! 

Esa ley se aprobó con el fin de limitar los acuerdos o los monopolios en distintas industrias para que no terminaran haciendo subir los precios y perjudicando a los consumidores, que pagarían menos por los productos en una situación de concurrencia plena. Fue la primera medida que adoptó el Gobierno estadounidense en este sentido, para defender a la sociedad en el momento en el que empezaban a florecer las grandes empresas en la energía, el tabaco o las telecomunicaciones.

Es lógico que las autoridades traten de evitar perjuicios al ciudadano cuando una compañía se hace con la práctica totalidad de un mercado y, de esa forma, puede poner los precios que quiera a sus productos y servicios. ¿Pero qué pasa cuando esa compañía, como ocurre con Google, no cobra ningún precio a sus usuarios? En los tiempos de internet, quizá haga falta dar una vuelta a unas normativas antimonopolio que se han quedado obsoletas.

La acusación contra Google se basa en que ha obligado a los fabricantes de teléfonos móviles que usan el sistema Android -de Google- a que instalen el buscador de la propia compañía. Ha conseguido así el 90% del mercado. De esta forma, las empresas que quieran anunciarse en buscadores no tendrán más remedio que ir al gigante, porque los demás apenas tienen audiencia. La demanda, además, recoge también el acuerdo con Apple, por el que el buscador de Google es instalado por defecto en los iPhone a cambio de dinero. 

En definitiva, una empresa que quiera anunciarse en Internet, o lo hace a través del Google o tendrá muy difícil dar a conocer sus productos. Google es «la puerta de entrada a internet, un gigante de las búsquedas y de la publicidad que ha mantenido su poder de monopolio a través de prácticas que dañan la competencia», ha dicho Jeffrey Rosen, del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El problema llega cuando esas supuestas prácticas monopolísticas no solo no perjudican al consumidor, sino que le facilitan la vida. Google ha creado todo un sistema de información que él pone el canal -el buscador- y sienta las bases para su difusión -los acuerdos con fabricantes de móviles- que dificulta el acceso al mercado de sus competidores. ¿Y qué si lo consigue porque lo hace mejor? Además, su modelo proporciona a muchas empresas unas capacidades de venta y de desarrollo impensables antes de la llegada de internet. Es la primera respuesta que dio la compañía fundada por Larry Page y Sundai Pichar a la demanda: «Es profundamente errónea. La gente usa Google porque así lo desea, no porque se vea obligada a hacerlo o porque no pueda encontrar alternativas».

Las autoridades estadounidenses han estado un año estudiando la demanda. Tiene que de estar fundamentada, pero si los monopolios se persiguen porque perjudican al consumidor, la paradoja está en que con Google se acusa de una posición de dominio que, al contrario, le hace la vida más fácil y más barata al ciudadano.

La ministra de Hacienda improvisa o miente

"El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". Es el punto 3 del artículo 134 de la Constitución, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a incumplir. Esto significa que, con toda probabilidad, habrá que prorrogar en 2021, aunque sea unas semanas, los Presupuestos que Cristóbal Montoro elaboró para el año 2018, en una situación totalmente distinta a la actual, sin pandemia y con una economía en crecimiento.

El recorrido de las cuentas públicas durante el pasado septiembre en boca de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue el siguiente. El miércoles 23 declaraba que "la semana que viene o la siguiente estaremos en condiciones de traer el techo de gasto para que sus señorías puedan empezar el debate sobre la tramitación de los Presupuestos". Según esta afirmación todavía estaríamos a tiempo, porque la segunda semana desde aquel miércoles se cumple el 11 de octubre.

Pero es que el martes 29 de septiembre Montero, tras comentar que "mantenemos el calendario", añadía: "Es pretensión del Gobierno traer en las próximas semanas la aprobación del techo de gasto". Es decir, del ese 11 de octubre que finalizaba la primera fecha que ella misma se dio, Montero retrasó a "las próximas semanas", empezando a contar desde el 29 de septiembre. Un plazo mucho más difuso que podía extenderse sin problemas hasta noviembre, por ejemplo.

A más a más, el miércoles 30 -un día después-, cuando vencía el plazo que da la Constitución para que los Presupuestos lleguen al Congreso, Montero decidía suspender las reglas fiscales para 2020 y 2021, es decir, dejar sin efecto el techo de gasto y los objetivos de déficit y deuda pública de todas las administraciones. Es decir, esas "próximas semanas" del martes se pasó a un nunca en apenas 24 horas. Con la suspensión de las reglas fiscales Montero consigue agilizar el trámite parlamentario de los Presupuestos porque se quita de en medio el debate de la senda del déficit y del techo de gasto, pero somete a la economía española a un riesgo que no debería asumir.

Hay que decir que el Gobierno cuenta con la laxitud que ha aprobado Bruselas a causa de los estragos económicos que está provocando la pandemia para permitir un cierto descontrol de las cuentas públicas en esta etapa. Pero lo podía haber programado antes, como han hecho muchos de los países de la UE, no cuando se le ha echado el tiempo encima.

Y eso es lo preocupante. En primer lugar, porque habría que saber si Montero ha improvisado en estos diez días sus cambios de criterio. Si tenía claro lo que iba a hacer con la regla de gasto, ha estado engañando a la opinión pública. Y eso es grave. Después, porque la decisión de suspender en 2020 y 2021 las reglas fiscales es hacerse trampas en el solitario, ya que el tremendo descuadre de deuda y déficit que tenemos, y que se incrementará, tendremos que pagarlo antes o después.

Porque el hecho constatable es que entramos en octubre sin techo de gasto, sin objetivo de déficit ni de deuda pública actualizado, sin vislumbrar los Presupuestos, con la deuda en un histórico 110% del PIB y con un déficit creciente, que ya supera los 60.000 millones de euros. Y esto acaba de empezar. Si por lo menos lo estuvieran haciendo bien en el plano sanitario...

(Publicado en El Mundo el 2 de octubre de 2020)

Unos Presupuestos que "no gustarán a la derecha"

Los Presupuestos anuales son algo muy serio para tomarlos como un arma contra el adversario político. Siempre son fundamentales para la marcha del país, pero en plena recesión -propia de una guerra- el Gobierno debe hacer un esfuerzo en concitar el máximo consenso posible para poner en marcha la política económica que exige la precaria situación a la que nos ha conducido la pandemia. Sería ideal que todos los partidos, con los dos más votados a la cabeza, contribuyeran a dotar al país de los instrumentos económicos que necesita para salir cuanto antes de esta crisis que, en la más optimista de las previsiones, va a durar toda la legislatura.

Por eso, no puede ser que el vicepresidente de lo social se jacte de que los Presupuestos que prepara el Gobierno "no van a gustar a la derecha". Da la impresión de que Iglesias, que no se baja de sus planteamientos puramente ideológicos, no sabe de qué va el Covid al seguir planteando la pelea contra las consecuencias económicas de la pandemia como esa lucha de clases que tanto le gusta. Es desesperanzador que se siga haciendo politiqueo barato con la crisis. Gobernar contra alguien es no saber gobernar.

No sé si algunos señores del Gobierno son conscientes de que el Producto Interior Bruto se hundió un 17,8% en el segundo trimestre en términos interanuales, que el consumo privado se desplomó un 24,4%, que la inversión cayó un 24,6%, y que las exportaciones se despeñaron un 38,4% y las importaciones un 33,1%, como acaba de hacer público en Instituto Nacional de Estadística. Es cierto que éstas son las cifras del confinamiento, pero ningún analista piensa que se vayan a recuperar a medio plazo.

Se trata de que la economía vuelva a funcionar al mejor ritmo posible y para ello es imprescindible no excluir a nadie en la recuperación. Pero ya sabemos que esto, ni siquiera en estos momentos dramáticos, es imposible en nuestro país. Pablo Iglesias la goza intentando soliviantar a lo que llama derecha. Incluso con sentencias totalitarias como la que pronunció el miércoles en el Congreso dirigiéndose al PP: "No volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país", como si tuviera en mente que en España ya no se van a convocar más elecciones democráticas.

Esta vez, es el Ejecutivo el que tiene la culpa de no llegar a acuerdos. ¿Cómo va a aceptar la derecha española el ofrecimiento de María Jesús Montero a negociar las cuentas públicas si, a la vez, Pablo Iglesias dice que no van a gustar a la propia derecha, Arrimadas incluida?

Estos Presupuestos son clave para que Bruselas -y todos los países del euro- vean plasmados los planes económicos del Gobierno de coalición español. Y este tema es muy serio. Qué mejor aval para Europa que presentar unas cuentas públicas contra la crisis apoyadas por la mayoría del arco parlamentario, capaces de poner los cimientos de las reformas que de verdad necesita el país.

Estamos ante una coyuntura histórica y le ha tocado a Sánchez lidiar con ella. Sus primeros Presupuestos deberían ser el punto de partida para modernizar el país. Pero la realidad es que a finales de septiembre, de los Presupuestos de 2021 conocemos que ya están «consensuados al 80%», como ha dicho Montero, que serán "expansionistas" (por expansivos), y también sectarios porque «no le van a gustar a la derecha». Así no se hacen las cosas.

A finales de agosto casi todo llega tarde

La segunda ola de la pandemía, que todo el mundo sabía que se iba a producir tarde o temprano, ha llegado en verano y ha pillado a los gobernantes de improviso. Y esto debería ser considerado un delito. La primera vez, puede pasar que se tarde en reaccionar; la segunda denota dejadez, falta de previsión y, por lo tanto, ineptitud. Llevamos con la pandemia desde el comienzo de 2020 y estamos terminando el octavo mes del año. 

A estas alturas de la película, a finales de agosto, los españoles no tienen claro quién lleva el timón de la operación, si el Gobierno o las comunidades autónomas porque, a finales de agosto, el Gobierno descarga en las autonomías la responsabilidad en el control de la pandemia, posibilidad de solicitar el estado de alarma en su territorio incluido. A finales de agosto, cuando llevamos semanas con los casos de contagio disparados, el presidente del Gobierno anuncia que el Ejército se pone a disposición de las CCAA para los rastreos.  A finales de agosto no sabemos los planes de contingencia que tienen preparados las autonomías si en unas semanas se disparan las hospitalizaciones y los ingresos en las UCI. 

A finales de agosto todavía se están anunciando apresuradamente planes para el curso escolar... que empieza en menos de dos semanas, a la espera de una conferencia autonómica sobre Educación que todavía no se ha producido. A finales de agosto, los ministros de Educación  de Universidades no han dado una sola explicación pública sobre el inicio del curso. 

A finales de agosto el presidente del Gobierno propone una reunión con los líderes políticos para coordinar no se sabe qué y determinar una estrategia común ante unos Presupuestos... que en apenas un mes deberían entrar en el Parlamento. 

Por eso, a finales de agosto Bloomberg y The Wall Street Journal nos vuelven a poner como ejemplo de improvisación  y de mala gestión en la lucha contra el coronavirus. Porque, a finales de agosto, volvemos a estar entre los países más castigados del mundo en términos de contagiados por habitante.

No es cuestión de culpar ahora al Gobierno o a las autonomías  de la falta de respuesta adecuada y puntuial. Me parece que se trata de algo más profundo, porque esta crisis ha dejado al descubierto que las costuras del Estado nacido en 1978 se han empezado a descoser. Pero eso puede ser bueno si se aprovecha para reforzarlas.

Los rastreadores 'privados' de Ayuso

El asunto de la contratación del grupo Quirón por 194.000 euros en tres meses para que 22 personas se encarguen de hacer los imprescindibles rastreos de contagiados para prevenir la extensión de la pandemia en cuatro comentarios:

1. Contratar a una empresa privada para un servicio público está a la orden del día en cualquier administración. El tema es que se haga con transparencia, que sea eficaz y que salga más barato al erario.

2. Otra cosa es analizar cómo se llega a ello y por qué la Comunidad de Madrid no ha podido por sí misma proporcionar ese servicio clave para luchar contra la pandemia. La semana pasada no logró voluntarios que trabajaran gratuitamente. 

3. Y si no he hecho mal los números, la Comunidad pagará 2.939 euros por rastreador y mes (lo que no quiere decir que sea su sueldo).

4. Lo que tiene difícil explicación es que la Comunidad justifique esta contratación apresurada de rastreadores en el sector privado en que "no ha tenido tiempo" de organizarla desde el sector público. Porque esta 'segunda ola' o rebrote de los contagios se sabía que sucedería desde mayo.

Y 5. El Gobierno del PSOE y Podemos a través de Aena ya contrató al mismo grupo -junto a otra empresa-  en junio para reforzar los controles en Barajas: el importe en esta ocasión fue de 20 millones de euros. Era imprescindible y lo hizo, como lo ha hecho hoy la Comunidad de Madrid