Saber de Facebook para regular a Facebook

UNA web estadounidense especializada en tecnología comentó tras los dos días de comparecencias de Mark Zuckerberg en el Congreso de Estados Unidos que en ocasiones daba la impresión de estar delante de unos abuelos que preguntaban a su nieto cómo funcionaba ese juguetito que tenía entre manos.

Y es cierto que quienes siguieron las diez horas de preguntas y respuestas comentan que parecía que Facebook le venía grande y a deshora a la mayoría de los 'lawmakers' estadounidenses. Se trata de un tema complicado, porque si, como reconoció el propio Zuckerberg, internet necesita una regulación expresa, es imprescindible que quienes elaboren la legislación conozcan a la perfección el funcionamiento de la red y en concreto, de las redes sociales.
Decía el semanario 'The Economist' en un editorial que «una de las mayores revelaciones de esas audiencias no fue nada de lo que dijera Zuckerberg, sino lo poco que los políticos estadounidenses parecían saber sobre Facebook y la forma en la que opera el mundo de la comunicación digital».
Es importante, pues, quién haga las leyes que van a afectar a internet en el futuro. Y por ello en su elaboración deberían participar los protagonistas de la red. "El escándalo de Cambridge Analytica le dio a Zuckerberg un curso acelerado de diplomacia política, pero la educación de los políticos sobre el mundo opaco y laberíntico de los datos digitales sólo acaba de comenzar», sentenciaba 'The Economist'
Con todo, la pregunta clave que hay que hacerse ahora es: ¿Ha cambiado la forma de estar de los usuarios en Facebook desde que se descubrió el escándalo? Más que una regulación exhaustiva o la imposición de multas -que llegarán-, si la inmensa mayoría de los usuarios mantiene la misma interacción con la red social -no se da de baja, tampoco reduce su tiempo de estancia,...- Facebook saldrá adelante. O, mejor, Facebook seguirá batallando con los mismos problemas que tenía antes de saltar el escándalo, que ya preocupaban a Zuckerberg y sobre los que se había puesto a trabajar para solucionarlos. No hay que olvidar que la acción ha subido un 8% desde la caída tras conocerse la fuga fraudulenta de datos.

@vicentelozano

(Publicado en El Mundo el 17 de abril de 2018)

Un Trump 'antiamericano'

Éstas son, entre otras, las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos que han sido fundadas por emigrantes, hijos de emigrantes o nietos de emigrantes que llegaron a ese país desde distintas partes del mundo: Apple, Google, Amazon, Facebook, Oracle, IBM, Uber, Airbnb, Yahoo, Intel, EMC, eBay, SpaceX, VMWare, AT&T, Tesla, Qualcomm, Paypal, ADP, Reddit, WeWork, Stripe, Intuit, 3M... La lista casi no tendría fin porque Estados Unidos es un país que se ha hecho gracias a la inmigración. No se entiende la historia norteamericana sin la contribución -desde su nacimiento claro, porque fue fundado por emigrantes, pero también en los últimos tiempos- de los millones de personas que recalaron allí buscando un futuro. No hay nada nuevo en esto, salvo cuando se analiza la nómina de los logros de quienes también llegaron en los últimos decenios. Y ese espectacular listado de empresas es uno de ellos. Sin la emigración no se entiende Estados Unidos, tampoco en el terreno económico.
Como tampoco se entiende sin esa libertad comercial que ha impulsado el crecimiento del país hasta convertirlo en la primera potencia mundial. El éxito de Estados Unidos en el mundo se ha fraguado en la apertura económica que, por una parte ha derribado barreras en la compraventa de materias primas, de productos elaborados y en la comercialización de servicios y, por otra, ha espoleado el desarrollo de las compañías norteamericanas fuera del país y la llegada de empresas de todas las nacionalidades.
El resultado es que los estadounidenses viven tan bien gracias a las fronteras abiertas. Disponen de más productos para elegir -el mercado del automóvil es un ejemplo- y las empresas son más competitivas si les cuesta menos comprar las materias primas con las que fabrican sus productos, lo que favorece su desarrollo y la creación de empleo.
Por eso Donald Trump hace un flaco favor a los estadounidenses con las trabas a la emigración y al libre comercio. No en vano sus medidas para controlarlos son las más rechazadas por la ciudadanía, de los legisladores, de los jueces y de sus colaboradores: la dimisión de su principal consejero económico, Gary Cohn, ante el anuncio de imposición de aranceles al aluminio y al acero muestra la última gran discrepancia en el equipo del presidente.
Los expertos dicen estas materias primas apenas suponen el 2% del comercio internacional estadounidense y, por tanto, no tendrá grandes repercusiones reales, pero sí es muestra de esa creencia del presidente de que el mundo ha vivido estos decenios a costa de Estados Unidos -la economía menos proteccionista del mundo"- y que es hora de terminar con ese agravio. Por eso Trump inicia al ataque, a modo de prueba y si le dejan, en un sector que no tiene demasiada incidencia, pero lo dirige contra sus socios comerciales de siempre, como Canadá, Corea del Sur o la propia UE.
Estados Unidos se ha hecho gracias a los emigrantes y a la libertad económica. Es una verdad incontestable. Legislar contra ello es oponerse a la realidad, a la historia... y al bienestar de la sociedad norteamericana. También en esto, pues, Trump perjudica sobre todo a los ciudadanos estadounidenses.

Elon Musk y la libertad de emprender

El visionario -y a la vez con los pies bien anclados en el suelo- Elon Musk ha cumplido uno de sus sueños: poner en órbita un cohete que puede llegar a Marte. El lanzamiento del 'Falcon Heavy' fue la transmisión en directo más vista en la historia de Youtube, y 'The Wall Street Journal' comentó que había vuelto a poner la carrera espacial ante los ojos de la sociedad, como en los mejores momentos de la conquista de la Luna. Space X, la empresa de Musk que ha diseñado el cohete, ha logrado por primera vez que los propulsores volvieran a la tierra para ser reutilizados, lo que va a abaratar posteriores lanzamientos. Musk ha marcado un hito en la historia de la navegación espacial, y este contrato con la NASA le ha proporcionado recursos para seguir investigando. Está cumpliendo un sueño, pero no es el único que tiene en la cabeza.

Musk es el dueño de Tesla Motors, que fabrica coches eléctricos. Aquí pierde mucho dinero porque comercializa vehículos demasiado caros, pero que ya se ha hecho un hueco en este mercado. En materia de energías renovables, su último invento es la creación de la mayor planta de energía solar del mundo conectando 50.000 viviendas en el estado de Australia del Sur (Australia). Esta región se quedó sin suministro en 2016 por una gran tormenta, y el Gobierno regional no quiere que se repita esta catástrofe. El proyecto consiste en la instalación de paneles en los tejados, conectados a baterías recargables que irán en cada hogar. Las casas tendrán así suministro gratuito y la fuente de ingresos vendrá de la venta a terceros de la energía sobrante. A la vez, Musk es el dueño de Hyperloop, la empresa que investiga -y tiene ya en pruebas- un modelo de transporte terrestre que podría circular a 1.000 kilómetros por hora, es decir, reduciría el tiempo del viaje entre Barcelona y Madrid a 45 minutos, por las dos horas y media del Ave.

Este sistema se basa en una cápsula de pasajeros que navega dentro de un tubo de gravedad mínima. Hay un equipo de ingenieros de la Universidad Politécnica de Valencia trabajando en él. Sería, además, mucho más barato que la alta velocidad, porque necesitaría menos energía y un menor mantenimiento. El modelo ha provocado suspicacias, pero las pruebas han sido exitosas y ya hay gobiernos interesados en él.

Musk, de padre sudafricano y madre canadiense, tiene 46 años y es millonario. Hizo dinero con la venta de las primeras empresas que fundó: Zip2, que desarrollaba páginas web y que vendió a Compaq en 1999 por 300 millones de dólares, y el sistema de pagos electrónicos Paypal, que fue comprado en 2002 por eBay por 1.600 millones.

Es uno de esos hombres que luchan por hacernos la vida más fácil y encuentra en EEUU el ecosistema empresarial e inversor adecuado para llevar a cabo sus sueños. Ha tenido fracasos -muchos de ellos con Space X- pero consigue lo que se propone, también porque, allí, el fracaso se ve como un aprendizaje y porque, allí, el Estado deja hacer a los emprendedores. Llegaremos a Marte, viajaremos a 1.000 kilómetros por hora, conseguiremos una energía limpia y barata... y tendremos que acordarnos de Musk y de algunos como él, y de lo que supone la libertad de y para emprender.

Realismo en Figueruelas

El acuerdo que han alcanzado Opel, ahora propiedad del grupo francés PSA, y los trabajadores por el que éstos sacrifican parte de sus ingresos futuros a cambio de que la empresa aumente la producción de la planta de Figueruelas es una muestra más del realismo que ha caracterizado las relaciones laborales en la industria de la automoción en España. Y esto ha sido y sigue siendo muy positivo para la economía.

Ese realismo empresarial y sindical ha hecho de España un país muy competitivo en este sector, algo especialmente importante porque en los últimos años se han sumado a la producción de automóviles países con mano de obra más barata que han puesto en dificultades el mantenimiento de las fábricas en España. Que las multinacionales del motor acepten mantener su producción en nuestro país con mejores condiciones laborales que en otros es porque la productividad de las plantas españolas es superior a la de nuestros competidores. Un responsable de Opel recordaba el miércoles que en Europa hay más de 200 factorías similares a las españolas, muchas de ellas con costes laborales más bajos.

El automóvil es imprescindible para España porque es clave para nuestro sector industrial. El peso de la industria en el PIB ha caído desde el 29% de 2008 al 23% en 2017. Pues bien, casi la mitad de ese 23% -un 11%-, procede de los coches. España cuenta con 19 factorías, emplea directa e indirectamente a unos 200.000 trabajadores y las exportaciones de vehículos representan alrededor del 15% del total de las ventas a exterior. Aquí están Volkswagen, Peugeot-Citroen, Ford, Daimler Benz, Nissan, Renault..., empresas que han inyectado en sus factorías más de 4.000 millones de euros en los últimos años. Los fabricantes dicen que aportan cada año al Estado en impuestos unos 25.000 millones de euros. Son cifras que avalan la importancia del sector de la automoción en España, un país, como decimos, que se desindustrializa por momentos, con la repercusión que tiene este proceso en la estabilidad de los empleos.

Las relaciones laborales en el sector automovilístico han sido modélicas casi siempre, pero especialmente en los años de la crisis. En todas las plantas, sindicatos y trabajadores han sido capaces de llegar a acuerdos en las retribuciones y en las condiciones laborales con los que han sorteado la recesión con resultados muy positivos, como se ve. Ha habido despidos -en condiciones aceptables-, desde luego, pero también se ha logrado conservar la carga de trabajo en las fábricas, lo que ha significado el mantenimiento de la mayoría de los puestos de trabajo y, lo que es muy importante, asegurarse la producción para los próximos años.

En el caso de la factoría de Figueruelas, los trabajadores han renunciado a algunas subidas y complementos salariales y, a cambio, la empresa se ha comprometido a llevar nuevos proyectos, de forma que la planta pueda colocarse a pleno rendimiento, lo que supone fabricar unos 478.000 vehículos al año. En 2017, Figueruelas puso en el mercado 387.000. Hay que felicitarse, pues, por el acuerdo y abogar porque se cumpla.

Ahora, licencias también para Uber

El Tribunal de Justicia Europeo ha sentenciado que Uber es un servicio de transporte -que no una empresa- y no una simple aplicación que sirve para poner en contacto a conductores y clientes con el fin realizar un trayecto determinado con una contraprestación de por medio.

Es una decisión importante porque supone que Uber tiene que adaptarse a las legislaciones de los países miembros como si fuera, en este caso, un servicio de taxi más. Es decir, deberá obtener las preceptivas licencias para operar, y los conductores deberán cumplir con todos los requisitos que se pide a cualquier trabajador, sea éste asalariado o autónomo, como cotizar a la Seguridad Social o pagar los preceptivos impuestos por su actividad.

Bien. En realidad, lo que la justicia europea ha echado para atrás era el agresivo servicio Uberpop, con el que la plataforma llegó a las principales ciudades europeas hace años y que provocó las protestas, sobre todo, de los taxistas. Pero Uberpop ya no operaba como tal ni en España ni en otros países de la UE. Hoy, en España Uber es ya un servicio legal, como Cabify y otros servicios similares.

Muchos consideran la sentencia un acierto porque, dicen, evita la suprema precarización del trabajo. Otros pensamos que -siempre dentro de la normativa- la economía colaborativa es una oportunidad para incorporarse al mercado laboral o al mercado de servicios -en el caso de las aplicaciones de pisos compartidos- y de generar riqueza con algo hasta entonces improductivo -un coche parado o un apartamento-. Veremos cómo afecta esta resolución sobre el transporte a otros sectores como el turismo.

Por eso, una vez que la justicia se ha pronunciado y están claras las reglas del juego para todos, lo que hay que pedir a los gobiernos es que, efectivamente, sea así. Es decir, que Uber, como Cabify y otros servicios que han surgido en los últimos años, puedan competir con el taxi con libertad y con las mismas condiciones. La tecnología permite que entren nuevos actores en un mercado hasta ahora cerrado y esto revoluciona todo. Habrá que preguntarse si siguen haciendo falta licencias para operar -quizá baste con una autorización- y, en todo caso, cualquier servicio, sea Uber, Cabify o los que vengan, deberían tener las mismas condiciones de acceso al servicio de transporte de pasajeros que el taxi. Redundaría en beneficio de los ciudadanos, que es de lo que se trata.

Y esto ya no es cuestión de la justicia, sino de que cada Gobierno adapte la normativa y la abra a los nuevos negocios que genera la economía digital. En nuestro caso, eso lo que propone la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia y lo que no le gusta al Ejecutivo de Rajoy. Pero el caso Uber -mejor, el caso Uberpop- es otra muestra de la diferencia que existe entre la forma de entender la economía digital en Estados Unidos y en la UE. Y así nos va.

@vicentelozano

(Publicado en El Mundo el 22 de diciembre de 2017: http://www.elmundo.es/economia/2017/12/22/5a3bfdae22601de6498b45e4.html)

Renta básica o renta mínima universal

El Congreso ha debatido esta semana la posible introducción de una renta básica de 426 euros mensuales para las familias sin recursos. El secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, fue radical para rechazarla: calculó que su coste podría elevarse hasta 15.000 millones, lo que significaría la quiebra de Hacienda y del estado del bienestar. A pesar de ello, el debate está planteado y hay quien considera esa renta básica necesaria para evitar un incremento de la pobreza y de la desigualdad que, a la postre, supone también un enorme coste para el Estado.
Pero lo que ahora está sobre la mesa de las propuestas sociales en el mundo desarrollado no es esa renta básica temporal para quien no tenga otros recursos, sino una renta mínima universal que se repartiría entre todos los ciudadanos de un país por el mero hecho de vivir y durante toda la vida. Así como suena.
Los partidarios de esta propuesta dicen que los cambios que va a traer la tecnología en el mundo laboral harán necesaria esa renta para evitar un crecimiento de la desigualdad y la aparición de enormes bolsas de pobreza en esas sociedades avanzadas. Un estudio de la Universidad de Oxford de 2016 concluía que el 57% de la fuerza laboral de los países de la OCDE está en riesgo de desaparecer por los nuevos procesos tecnológicos. Y hay quien dice que para preservar la cohesión social con tanta gente sin trabajo será más efectiva esa renta mínima que las subvenciones al desempleo y otros gastos sociales, que se convertirían en perpetuos ante la práctica imposibilidad del parado de encontrar otro trabajo.
Hay que hacer números, pero sus defensores explican que con la renta mínima el Estado se ahorraría mucho dinero en otras prestaciones. Finlandia comenzó en enero un proyecto piloto de dos años y distribuyó una renta de 560 euros a 2.000 ciudadanos, que seguirán recibiendo aunque encuentren un trabajo. Veremos, porque aún no hay conclusiones.
Es significativo ver quiénes defienden esa renta universal. Gente tan poco sospechosa como Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates o Pierre Omidyar. Todos millonarios de la nueva economía, sí, pero también conocedores de los cambios sociales que se avecinan. ¿Tendrán razón?
@vicentelozano
(Publicado en El Mundo el 1 de diciembre de 2017)

El Estado de 'superbienestar' no es bueno

El Estado de bienestar es bueno, y saludable para la sociedad, pero demasiado Estado de bienestar puede ser muy perjudicial. Porque hay casos en los que se produce un desbordamiento de las ayudas y subvenciones públicas a los individuos para acceder a distintos servicios que puede causar más problemas de los que soluciona.

Dinamarca está viviendo en estos años un caso de libro. Allí, los estudios universitarios son gratuitos y los estudiantes gozan de una ayuda pública de unos 1.000 euros mensuales -mensuales, sí- para manutención y vivienda mientras estudian la carrera. Para los socialdemócratas de pro, defensores de lo público, se trataría de una situación ideal: todo el mundo puede optar a un título y hacerlo, además, sin preocuparse de nada más. Ni de qué comer ni de dónde dormir, mientras esté estudiando. Se garantiza, pues, la igualdad de oportunidades. El joven sólo tiene que preocuparse de sacar adelante su carrera independientemente de su condición social.

Pero este supuesto paradigma del Estado de bienestar se ha tornado contraproducente: es tan fácil estudiar en la universidad... que muchos universitarios no estudian. Es lo que se conoce entre los daneses como los estudiantes eternos. Si no tengo que pagar matrícula apruebe o suspenda y cuento con 1.000 euros al mes para gastar sin dar ninguna explicación me puedo dedicar a estirar los estudios todo lo que pueda, porque cuando acabe la carrera ya no tendré este chollo. Así, muchos universitarios dedican cursos enteros a viajar o a hacer de todo menos estudiar, de forma que empezaba a ser normal que carreras de cuatro años se terminaran en cinco o seis cursos. A la postre, parece que aquí hay pocas diferencias entre nórdicos y latinos en la forma de pensar y de actuar.

Esta forma de proceder supone un doble perjuicio para las arcas del Estado: los estudiantes reciben más dinero público del necesario porque se les paga durante más tiempo esa generosa prestación. A la vez, tardan más tiempo en devolver al Estado esa inversión que supone la enseñanza porque empiezan más tarde a trabajar y, por tanto, a pagar impuestos. El Gobierno danés calcula en unos 260 millones de euros el coste anual de los estudiantes eternos.
El Ejecutivo intentó poner remedio en 2015 a esta especie de atropello con una ley que dotaba de más poder a las universidades para exigir resultados académicos a los alumnos, lo que provocó las consiguientes protestas por parte de los estudiantes. Ahora, parece que empieza a revertirse la tendencia y se reduce lo que también se conocía como el curso de la burla. Estado de bienestar, sí; pero el estado de 'superbienestar' puede ser más costoso y, al final, terminarán pagándolo los de siempre